El gobierno rechaza informe de la CIDH presentado en la OEA

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Contexto de Nodal
El domingo 7 de noviembre se realizarán las elecciones generales en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega busca la reelección frente a otras 5 candidaturas opositoras. También se elegirán 90 diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano. Por fuera del proceso electoral quedaron al menos 5 precandidatos opositores que fueron detenidos este año.

CIDH advierte en la OEA: Ortega “busca perpetuarse en el poder”

A cuatro días de las votaciones en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) su informe Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, en el que detalla la falta de independencia en los diferentes poderes del Estado, denuncia la supresión de las libertades de los nicaragüenses y advierte que Daniel Ortega “busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas”.

“El informe que hoy les presentamos da cuenta de la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y el hostigamiento a organizaciones civiles y de derechos humanos mediante continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Con estas acciones, el Gobierno busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad”, señaló la presidenta de la CIDH y relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola.

La comisión indicó también que “el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua”, es una situación que se viene gestando desde 1999 con el pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán —entonces presidente de Nicaragua—, a través del cual “se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente”.

Previo a la aprobación del orden del día, el representante alterno de Nicaragua ante la OEA, Michael Campbell Hooker, rechazó el informe de la CIDH y lo calificó como “un guion malvado, manipulador y notoriamente sesgado”. El funcionario cuestionó la independencia de la comisión y luego abandonó la sesión virtual.

“La temática a ser conocida el día de hoy, presentada mediante informe de la señora (Antonia) Urrejola, es una réplica ya usada reiteradamente en este foro para tratar de mostrar un caso que solo está en la mente e intereses de los guionistas que la redactan. En el fondo, trata reiteradamente de encubrir los atroces y gravísimos ataques a las instalaciones del Gobierno central, las municipalidades y sobre todo, de la población víctima de los terroristas”, reclamó Campbell.

“No participaremos de esta sesión, pues en ella se quiere implantar una imagen que solo busca legitimar y justificar actos lesivos, promocionar golpes de Estados y alimentar el terrorismo como fórmula para desestabilizar la soberanía nacional”, expresó el diplomático, quien es hijo del embajador nicaragüense en Washington, Francisco Campbell, y sobrino de Lumberto Campbell, magistrado del FSLN en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Estados piden más presión al régimen

Para la representante Costa Rica ante la OEA, Alejandra Solano, es “evidente” que la conducta del Gobierno de Nicaragua ha provocado “una rápida erosión de la institucionalidad democrática”, el quebrantamiento del Estado de derecho y la violación de los derechos humanos, por lo que llamó al régimen de Ortega a acoger las recomendaciones de la CIDH “como única vía para superar la crisis, restablecer la institucionalidad democrática y garantizar las libertades fundamentales”.

Costa Rica “coincide en la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar el actual proceso electoral (de Nicaragua) como transparente, creíble, independiente, justo e inclusivo”, dijo Solano durante su intervención. “Nos sumamos al llamado al Estado de Nicaragua a liberar sin demora a todos los presos políticos” y los “instamos a realizar elecciones libres, transparentes e inclusivas, poner fin a la represión y las detenciones arbitrarias”, agregó.

El representante interino de los Estados Unidos en la OEA, Bradley A. Freden, señaló que las elecciones generales en Nicaragua, se realizarán “en un clima de represión y un cierre de los foros democráticos del país” en el cual las personas que expresaron su intención de participar fueron encarceladas.

“El pueblo de Nicaragua sabe que toda esperanza de que las elecciones del 7 de noviembre sean libres se ha evaporado” y con la decisión del régimen de quitar la personería jurídica a los partidos opositores “las elecciones del domingo han perdido toda credibilidad”, subrayó.

La OEA “debe seguir trabajando para asegurar que haya consecuencias a hacer caso omiso a las resoluciones”, señaló el embajador Freden. “Estados Unidos seguirá usando los medios diplomáticos a su disposición para apoyar la mayor libertad, de rendición de cuentas y elecciones libres y justas. Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene el consentimiento del pueblo nicaragüense para convertir a Nicaragua en una dictadura de un solo partido”, agregó.

Por su parte, el representante de Canadá, Hugh Adsett, llamó a los Estados miembros de la OEA a “no guardar silencio” ante las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. “El evento que está por realizarse el 7 de noviembre es una parodia de elecciones”.

“Nosotros como organización debemos reflexionar sobre la forma de trabajar con Estados que pondrían en peligro los principios democráticos que están en la base de la OEA”, agregó el embajador canadiense.

Adsett adelantó además que, ante la falta de condiciones electorales en Nicaragua, los resultados de la votación serán “ilegítimos”. Por tanto, “Canadá invita a los Estados miembros a oponerse al régimen de Ortega y su desdén por los valores interamericanos”.

El embajador de Uruguay, Manuel Juan Washington Abdala, lamentó que la capacidad de acción de la comunidad internacional sea limitada. “Es muy poquito lo que podemos hacer, pero lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz, reclamar, tener conciencia a nivel de la comunidad internacional e insistir y no doblegarnos porque el dictador lo que va a procurar es la eternización”.

Confidencial


Discurso completo de la presidenta de la CIDH y relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola

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Nicaragua rechaza informe de la CIDH presentado ante la OEA

El Gobierno de Nicaragua rechazó este miércoles el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo calificó “de guion malvado, manipulador y notoriamente sesgado”.

“En ocasiones anteriores hemos mostrado claramente los hechos que se planifican y desarrollan contra nuestro país, y hemos venido denunciando y señalando con total claridad a los elementos usados para cada ocasión”, señaló el documento del Gobierno.

A su vez, denunció que han mostrado pruebas irrebatibles de la maldad mediática orquestadas internacionalmente, algo que es conocido por Naciones Unidas y todas las instancias internacionales de Derechos Humanos.

En este sentido, precisó que “Nicaragua, ha sido, es y aparentemente seguirá siendo, objeto de ataques sostenidos, ya no solo contra la Institucionalidad, Soberanía Nacional e Integridad Territorial, sino contra el Pueblo Humilde y Trabajador, que anhela vivir en Paz”.

Asimismo, reconoció que el informe “Concentración de Poder Político y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, presentado por la titular de la CIDH, Antonia Urreoja, es una réplica usada en varias ocasiones “para tratar de mostrar un caso que solo está en la mente e intereses de los Guionistas que la redactan”.

Por eso, criticaron que intentan reiteradamente encubrir los atroces y gravísimos ataques a las instalaciones del Gobierno Central, las Municipalidades y sobre todo, de la población víctima de los Terroristas, los asesinados por los terroristas golpistas, las humildes viviendas arrasadas e incendiadas.

En contraposición, el documento señala que “para nada se recogen los testimonios de estas personas o entidades que sufrieron en piel y alma la maldad y el odio de estos asesinos”.

Igualmente, apuntaron que desde 2018 se bosquejó la idea central del informe que se usaría para justificar la barbarie y buscar “la excusa para agredir y justificar políticas y acciones interventoras cuyo objetivo fundamental fue y es el de desmantelar la estructura funcional del Estado Democrático” y para separar al pueblo.

El gobierno reiteró que ejerce sus derechos en el marco de las leyes denunció “estos intentos de menoscabar nuestra Soberanía Nacional”, al tiempo que aseguró que las elecciones del venidero 7 de noviembre transcurrirán en paz.

“No es la mentira reiterada, como la que escucharemos aquí, no es la Plataforma mentirosa de campañas terroristas, como las mostradas hasta hoy, por los actores de reparto del Guion malvado, no son las evidentes intenciones de justificar acciones desestabilizadoras, como las que denunciamos en múltiples ocasiones”, subrayó.

“No nos cansamos de señalar que Nicaragua jamás ha aceptado, no acepta, ni aceptará, actos, informes o posicionamientos que ofendan o lesionen su Libertad”, sentenció, mientras insistió en que el informe de la CIDH es “adulterado, manipulado y evidentemente sesgado”.

Telesur


La CIDF, ariete de la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apéndice de la OEA de Luis Almagro, súbdito del poder yanqui, dio a conocer el 28 de octubre de 2021, desde su sede en Washington, D.C., el informe titulado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. No me referiré al informe en sí, ya que es una reiteración, como si fuera una caja de resonancia, de lo que ha venido diciendo contra el proceso electoral, legítimo, legal y democrático, la oposición pro yanqui y ultraderechista de Nicaragua. Lo interesante es que el informe la llama la sociedad civil, el eufemismo moderno para referirse a los todos los ciudadanos, sin distinción alguna, ya sea el pueblo llano o las burguesías locales. En este caso hace eco de lo que reclama la burguesía nicaragüense y los grupos opositores al FSLN, el verdadero representante del pueblo llano. Llama la atención que la CIDH se convierte en el sujeto de la oración: “La CIDH dice; la CIDH reclama; la CIDH constata”. Sin embargo ¿quiénes son los que afirman lo que dice el informe? Deben tener nombre, apellido, nacionalidad, profesión, antecedentes, filiación religiosa o política, género. Deben ser personas. Para salir del cómodo anonimato, es decir, dejar de escudarse detrás de las siglas, sería importante que firmaran con su nombre y apellidos sus informes, así nos sería más fácil entender desde que óptica política advierten lo que dicen “haber constatado”, “visto”, “experimentado”, “analizado”.

Motivados por la incógnita anterior, lo primero que confirmamos es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- es una pieza de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, fundada para promover el acatamiento y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia. Tiene su sede en Washington D. C., Estados Unidos. La Secretaria Ejecutiva es la señora Tania Reneaum Panszi, de nacionalidad mexicana. El área de Operación y Monitoreo de los Derechos Humanos en las Américas (lo subrayo porque así se auto define) lo preside el señor James Cavallaro y está administrada (entiendo que financiada también) por la OEA.

La CIDH se fundó en 1959. Ésta se constituyó en un órgano principal de la Organización de Estados Americanos con la primera reforma de la Carta de la OEA, que se materializó con la adopción del Protocolo de Buenos Aires suscrito en 1967. El Estatuto que rige actualmente el funcionamiento de la Comisión fue aprobado en el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, en La Paz, Bolivia en 1979.

Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: “En cuanto al Secretario General, [de la OEA, actualmente el uruguayo José Almagro] ejerce una influencia en los debates políticos de los países miembros. Ya sabemos que Almagro responde sin pudor alguno al imperialismo norteamericano. Sin embargo, la organización no desempeña ningún papel en la política interna de los Estados Unidos y es en gran medida desconocida en el país, [EE. UU] tanto para las elites políticas como para el público en general”. Tomemos en cuenta lo siguiente: Estados Unidos de América, es país fundador de la OEA en 1948 y miembro activo hasta la fecha. Pero la Comisión Interamericanade los Derechos Humanos, aunque de manera tramposa la hayan apellidado Interamericana, es administrada y financiada por la OEA,no “constata”, vigila”, “observa”, “analiza” nada en lo que a derechos humanos se refiere en Estados Unidos de América. ¿Porqué? ¿Acaso esa nación está exenta? ¿No los viola? ¿Son respetuosos de los derechos humanos?Aún si tomamos la acepción de la defensa de los derechos humanos, vista solamente desde la óptica de las clases explotadoras, el gobierno de Estados Unidos viola los derechos humanos sin piedad ni remordimiento de todos aquellos que no son anglos sajones adinerados, es decir, blancos y “cheles” en ese país. ¿La CIDH ha condenado los asesinatos de los afroamericanos a manos de la policía racista y fascista de Estados Unidos? No. ¿La CIDH ha ido a las cárceles de ese país a constatar si todos: blancos pobres, negros, morenos, asiáticos, musulmanes, presos en ese país, han recibido juicios justos y legales? No. ¿La CIDH ha denunciado que los organismos del gobierno de Estados Unidos, tales como la CIA, USAID, NED, y demás entidades injerencistas, financian la desestabilización democrática, económica, política, social, que conlleva violaciones a los derechos humanos? No. Entonces ¿tiene la CIDH la autoridad ética y moral para juzgar lo que sucede en América Latina? Por supuesto que NO.

La OEA se ha caracterizado por imponer en la región la política que le ha dictado Estados Unidos. La expulsiones de Republica Dominicana, Cuba, Honduras, Venezuela, que se han consensado en el seno del organismo, han sido promovidas y ordenadas desde Washington, D.C. Aún, otorgando a la presidenta y demás funcionarios de la CIDH, el beneficio de la duda ¿acaso pueden actuar ellos de forma autónoma? Es difícil creerlo, ya que es la OEA la que los financia y, ésta depende de Washington, y su Secretario General José Almagro, obedece al gobierno de EE.UU., al cien por ciento. Una vez más otorgando a los funcionarios de la CIDH el beneficio de la duda y pensando que son gente decente, éstos, para conservar su empleo, se ven obligados a encontrar las justificaciones necesarias para paliar sus omisiones, su laxitud, su favoritismo, hacia los gobiernos de las pandillas latinoamericanas y, señaladamente, en lo que se refiere a la política del gobierno de EE. UU., en materia de derechos humanos.

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos humanos son la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas, aunque atiborradas de funciones y encargos, son dos burocracias al servicio, reitero, de las clases dominantes de los países de América Latina. Desde la idea de su formación en la década del cincuenta, ha respondido al pensamiento anti-democrático, clasista y racista de las camarillas gobernantes de Latinoamérica. La OEA, desde su constitución, fue establecida por los gobernantes de Estados Unidos y América Latina, como un escudo frente al comunismo ruso. De ahí su aparición al principio de la guerra fría en la segunda mitad de la década de los años cuarenta. Por cierto, su fundación en Bogotá en 1948, fue muy violenta, incluso para inaugúrala fue necesario cambiar de sede, debido al cruento levantamiento popular en la capital colombiana, conocido como el Bogotazo. La CIDH como apéndice de la OEA, ha mamado la misma visión ideológica de su casa matriz. No puede ser de otra manera. “De tal palo, tal astilla”, dice el dicho.

El reciente informe, sesgado, parcial y tendencioso de la CIDH sobre Nicaragua es un ariete para preparar las condiciones políticas para que los países integrantes de la OEA tengan “la justificación inapelable” para declarar las elecciones del 7 de noviembre próximo, ilegales y por lo tanto desconocer el resultado de éstas. Es un hecho y, así lo demuestran las preferencias electorales del pueblo nicaragüense, que el FSLN, con sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Daniel Ortega y Rosario Murillo respectivamente, serán los vencedores. No es difícil imaginar que los Estados miembros de la OEA harán hasta lo imposible para no reconocerán el triunfo de los candidatos del FSLN. Las excepciones serán Bolivia, Venezuela y esperemos que Perú y Honduras, después de la reunión del Comandante – Presidente Daniel Ortega y el Presidente hondureño Juan Orlando Hernández en Managua.

¿Cuál será la posición de México y Argentina, países que retiraron desde mayo a sus respectivos embajadores y que a la fecha no han regresado a ocupar sus puestos en Nicaragua? Los gobiernos de ambas naciones se han caracterizado por su política progresista, anti neoliberal, democrática, popular; han proclamado su soberanía e independencia como derechos inalienables. Este momento de definiciones soberanas y anti hegemónicas, es la gran oportunidad de estos dos países para mostrar su vocación latinoamericanista como lo manifestaron en la reciente reunión de la CELAC en la capital mexicana.

La Voz del Sandinismo


 

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