Colombia | Se registran 35 mujeres trans asesinadas este 2021

Foto: Colprensa - Sergio Acero
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Defensoría pide duplicar esfuerzos para proteger a las mujeres trans: en 2021 asesinaron a 35

La violencia de género y en especial el incremento de los asesinatos a las mujeres transexuales en Colombia encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo. A través de un comunicado, esta entidad hizo un llamado urgente a todas las autoridades para garantizar la vida e integridad de las mujeres transgénero, que han sido agredidas y asesinadas como la lideresa Cristina Cantillo, en Santa Marta; de Yuzman Dávila, conocida como La Diva, en Riohacha; y de Maní, mujer transgénero en Bogotá.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que en lo corrido de 2021, 35 mujeres transgénero han asesinadas en diferentes circunstancias en todo el territorio nacional. Camargo precisó que la Defensoría del Pueblo le prestó acompañamiento en el año 2009 en la presentación de una acción de tutela para solicitarle protección a Cristina Cantillo. Dicha acción permitió que la Unidad Nacional de Protección asignara un esquema de protección para tutelar su derecho a la vida y a la integridad personal.

Camargo detalló que desde el Sistema de Alertas Tempranas la Defensoría del Pueblo también le emitió un oficio de consumación de riesgo advertido, en seguimiento a la Alerta Temprana 044 de 2019, dirigido a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, en donde se solicitó se incrementaran los esfuerzos por parte de las entidades responsables del deber de prevención y protección para garantizar el derecho a la vida de Cristina Cantillo y cuatro lideresas más.

Desde la Regional Magdalena de la Defensoría del Pueblo, el 14 de mayo de 2020 se solicitó a la UNP asignar un carro blindado y la flexibilización del esquema de seguridad en tanto la lideresa se encontraba ejerciendo su labor de liderazgo a través de los canales virtuales desde su casa y requería la protección en su hogar.

Todo este esfuerzo fue en vano, porque a Cantillo le arrebataron la vida el pasado 8 de diciembre de 2021. Según reseñaron medios locales, la también defensora de los derechos de la comunidad LGBTI fue asesinada en Santa Marta, en la puerta de su casa, por dos hombres que se movilizaban en moto. Ante este crimen, la alcaldesa de la capital de Magdalena, Virna Johnson, ofreció $80 millones para hallar a los responsables del crimen.

La Defensoría del Pueblo afirmó que luego del asesinato de Cristina participaron a través de una Dupla de Género de la Regional Magdalena en el Consejo de Gobierno convocado por la Gobernación del Magdalena, donde ofició a las autoridades, solicitando que se investigue el delito bajo la tipificación de feminicidio y que se evalúe su identidad de mujer transgénero como un posible móvil sumado al ejercicio de su liderazgo. De la misma forma, solicitó la protección inmediata de su familia.

“Las mujeres transgénero con más rigor soportan la marginación y violencia. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado a las autoridades fortalecer las investigaciones sobre estos casos de manera urgente y la identificación y judicialización de los responsables de estos hechos, teniendo presente la identidad de género de las víctimas para determinar si los móviles configuran un crimen motivado por el prejuicio”, aseguró Carlos Camargo.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo exhortó a la Unidad Nacional de Protección a implementar los análisis de riesgo conforme al Protocolo de Valoración de Riesgos para lideresas y defensoras de derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto en los territorios, disminuyendo los tiempos de respuesta entre el análisis y la implementación de medidas que puedan proteger la vida de las lideresas y recoger las recomendaciones emitidas por la Defensoría en las Alertas Tempranas para prevenir estos casos.

Camargo hizo un llamado a la sociedad para que no se naturalice el odio y el prejuicio en contra de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Del mismo modo pidió a todas las entidades públicas para que su acción sea desprovista de estos sesgos.

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