Ecuador | Satisfacción parcial en el movimiento feminista tras aprobarse el aborto en casos de violación

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Satisfacción parcial en mujeres de Ecuador al aprobarse aborto por violación

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves la legislación que regulará el aborto por violación en el país, decisión que requirió dos votaciones y que no termina de satisfacer a grupos de mujeres porque consideran reducido el plazo que da para interrumpir el embarazo.

Esta ley contempla que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta las 12 semanas, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

«Este día, la Asamblea ha dado una nueva muestra de la responsabilidad y transparencia cumpliendo la labor delegada por sus mandantes», expresó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

Aprobado en segunda votación

La norma obtuvo 75 votos a favor, cinco más de los 70 requeridos para que saliera adelante el proyecto de ley, que fue sometido en enero a un segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en base a un informe de mayoría, y tras haber superado un primer debate en diciembre pasado.

La resolución adoptada a primera hora de la tarde siguió a una primera votación en la que el denominado Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, no logró alcanzar los votos necesarios al quedarse con 66 afirmativos, 44 negativos y 27 abstenciones, de los 133 legisladores presentes.

Sin embargo, la ponente del proyecto, Johanna Moreira, del partido Izquierda Democrática, solicitó una reconsideración, que fue aceptada, y tras un receso se llevó a cabo la segunda y definitiva votación que da luz verde a la legislación.

La asambleísta comentó que «la normativa se ajusta a la realidad del pueblo ecuatoriano y de las víctimas de violencia sexual».

Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por un médico que deberá practicar los exámenes correspondientes para determinar si la solicitante está dentro del margen estipulado por la ley para abortar.

En Ecuador, el aborto estaba permitido únicamente en casos en que la vida de la mujer corra peligro o por violación de discapacitadas, hasta que fue despenalizado por violación en abril del año pasado por la Corte Constitucional.

Sabor agridulce

A las puertas de la sede parlamentaria José Ignacio Gómez, director de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, una organización de inspiración católica antiabortista, manifestó a Efe que hay «una gran mayoría que rechaza cualquier tipo de aborto» en el país y como ejemplo citó las más de 150.000 firmas presentadas ante el presidente, Guillermo Lasso, de rechazo a la medida.

Por su parte, entre las activistas que se dieron cita frente al Parlamento, Ana Cristina Vera dijo que entre las organizaciones de mujeres cunde una sensación «agridulce» y censuró «la incapacidad de la Asamblea de generar una ley justa y reparadora que garantice los derechos humanos de mujeres, niñas y personas gestantes».

Vera consideró «inconstitucional» el plazo para interrumpir la gestación y adelantó que, en caso de que el presidente haga caso omiso al alto tribunal, las organizaciones recurrirán a instancias internacionales.

Entre los carteles que enarbolaban las participantes en una convocatoria a favor del aborto por violación figuraban mensajes como el de «Paty tiene 11 años y necesita una cesárea urgente tras un embarazo producto de violación, los médicos dicen que su cuerpo es muy pequeño y podría morir en el proceso».

Última palabra del presidente

La promulgación de la norma quedará en manos del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tiene 30 días de plazo para publicarla en el registro oficial o para vetarla íntegra o parcialmente en caso de que no estuviese de acuerdo con el contenido del texto.

El mandatario ecuatoriano expresó el mes pasado que, si bien no conocía los términos del proyecto de ley definitivo que será entregado al Ejecutivo, tenía intenciones de vetarlo de manera parcial o total, «todo depende de cuál es el texto final de la Asamblea Nacional».

Cuando se conoció el dictamen de la Constitucional el año pasado, Lasso, quien ha expresado en numerosas ocasiones su «defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte», dijo que respetaba la decisión de los magistrados dado su talante republicano.

Sin embargo, advirtió que «si ese proyecto de ley excede el mandato de la Corte Constitucional será vetado por el Ejecutivo».

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Reglamento del aborto por violación en manos de Guillermo Lasso

El reglamento del aborto por violación alcanzó 75 votos en la Asamblea Nacional y tendrá que enviar el texto para la revisión del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Lasso adelantó que vetará el texto aprobado por el Legislativo “si excede lo dispuesto por la Corte Constitucional” aunque no ha detallado si su veto sería parcial o total. De ser total, el reglamento no podría volver a tratarse en un año.

Pero, aunque Lasso vetara la ley, la decisión de la Corte Constitucional, de abril de 2021, de despenalizar el aborto por violación sigue vigente. El reglamento sin embargo, es necesario para articular una atención oportuna a las víctimas de agresión sexual que deciden abortar.

Plazos de gestación

El tiempo gestacional para acceder a un aborto era uno de los principales nudos críticos de la norma. El reglamento que consiguió 75 votos, y así fue aprobado, señala que se permite que una mujer víctima de violencia sexual se practique un aborto hasta las 12 semanas para quienes tienen más de 18 años y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas.

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Aprobación incompleta

Por Isabela Ponce

El 28 de abril de 2021, cuando la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violación, hubo una victoria: desde esa fecha, las niñas y mujeres víctimas de ese atroz crimen, al fin, podían elegir si continuar o no con su embarazo. El 17 de febrero de 2022, cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley que regula el aborto en esos casos, hubo una derrota.

La Corte le exigió a la Asamblea los más altos estándares en derechos humanos para debatir y aprobar la ley. El Legislativo, ahogado por la demagogia que lo asfixia desde siempre, no los aplicó.

En su lugar, convirtieron a una discusión técnica, de salud pública y derechos humanos en una metástasis de falacias y un baratillo de votos para lograr aprobar una ley —quizá acechados por las consecuencias de no hacerlo (no cumplir con las sentencias de la Corte Constitucional sigue siendo, incluso en este país, una falta grave).

Hasta el final, los asambleístas negociaron para reducir casi al mínimo los plazos para terminar el embarazo producto de violación: para las mujeres adultas quedó en 12 semanas. Aunque hubo legisladores que entendieron que esta debía ser una ley reparadora para las sobrevivientes, pesó más la presión de quienes creen que los derechos se negocian como en un mercadillo.

Desde que el máximo tribunal del país publicó su fallo hace casi 10 meses, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han exigido que la Asamblea apruebe nada más y nada menos que lo que la Corte ordenó: una ley justa y reparadora. Una ley para que las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que hayan sido violadas puedan interrumpir su embarazo sin que el Estado les pusiera trabas.

Pero en los últimos meses, desde que el proyecto de ley empezó a ventilarse en la Asamblea, hubo legisladores que llegaron a sugerir que no se podía abortar sin antes denunciar el delito en la Fiscalía. Ignorando la profunda revictimización y humillación que eso hubiera implicado para las víctimas. Argumentando que, entonces, cualquier mujer podía mentir y decir que fue violada para que le permitan un aborto. Ignorando, además, que la Corte dijo que ese requisito no podía estar en la ley por esa revictimización y porque en más del 80% de los casos los agresores son parte del círculo íntimo de las víctimas.

En todas las sesiones del pleno legislativo en las que se habló de este proyecto primaron las falacias, se dijeron incluso mentiras. Pero, sobre todo, primó la indolencia de la mayoría de legisladores que nunca entendieron que tenían la oportunidad de reparar —en términos individuales e históricos. De darle otra oportunidad a las miles de niñas, adolescentes y mujeres que son violadas y quedan embarazadas cada año en este país.

Durante sus intervenciones, las creencias religiosas y posturas morales estuvieron por encima de las víctimas, quienes fueron mencionadas poquísimas veces.

Los asambleístas autodenominados provida mostraron una vez más su contradicción: ¿a favor de la vida de quién? No de la mujer violada que acudirá a la clandestinidad para interrumpir su embarazo y morirá por no acceder a un aborto seguro. Señalados como antiderechos —porque no quieren que las mujeres tengamos más acceso a decidir, por ejemplo, sobre nuestro cuerpo—, responden siempre “a favor del feto”. Ignoran en qué condiciones viven las niñas violadas y embarazadas. Ignoran que seguramente viven en la misma casa que su abusador.

Ignoran que en Ecuador no es permitido entregar a un hijo en adopción voluntariamente.

Ignoran que no existe la opción, y que al bebé lo intentarán ubicar con un familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Ignoraron que estaban debatiendo una ley para que la vida de las víctimas sea menos traumática.

Este jueves en la Asamblea Nacional hubo una derrota porque los asambleístas demostraron que son más importantes sus pactos políticos que las vidas de quienes son sometidas a un acto que ha sido comparado con el estrés postraumático que sufren los veteranos de guerra.

El aborto por violación ya estaba despenalizado en el país desde antes de que el proyecto de la Defensoría del Pueblo llegase a la Asamblea. Se suponía que tenían que definir aspectos específicos —como los plazos—, debatir y aprobar una ley para las víctimas. Pero perdieron el tiempo entre egos, prejuicios y falacias.

Se mantuvieron tan firmes que este jueves, al primer informe de mayoría le faltaron cuatro votos para ser aprobado. Ese proyecto planteaba 16 semanas para practicar la interrupción en mujeres adultas. Ellos solo cedieron cuando los plazos se fijaron en las semanas que a ellos —sin criterio técnico— les parecían bien.

Ahora, si una mujer adulta que es violada se entera que quedó embaraza a la semana 13 de gestación, se practica un aborto clandestino y muere, esa muerte será responsabilidad de la Asamblea. De todos, no solo los que votaron en contra y se abstuvieron, sino de quienes fueron incapaces de cumplir lo mínimo que exigía la Corte Constitucional: una ley digna para las víctimas.

GK

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