México | Prisión preventiva contra el exprocurador por el caso Ayotzinapa
Dicta juez prisión preventiva justificada a Murillo Karam
Por Gustavo Castillo y César Arellano
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia decretó prisión preventiva justificada al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por lo que ordenó que permanezca en el Reclusorio Norte, y será hasta el próximo miércoles cuando se defina si es vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, obstrucción para la procuración de justicia y tortura, relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En una audiencia que duró 12 horas, el juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México consideró válidos los argumentos del Ministerio Público Federal para desestimar la petición de los abogados de Murillo Karam, quienes solicitaron prisión domiciliaria para su cliente.
El juez Fuerte Tapia avaló los argumentos de los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que, de otorgar una medida distinta a la prisión preventiva justificada, existía la posibilidad de que el ex funcionario se evada de la justicia utilizando la red de conocidos, amigos y familiares que ha construido a lo largo de su carrera profesional, en la cual ocupó altos cargos públicos.
Asimismo, tomó en cuenta que posee los recursos financieros para hacerlo y la existencia de cinco propiedades a su nombre (localizadas en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero) le facilitarían ocultarse.Además, Fuerte Tapia consideró que, a diferencia de la población común, el ex procurador cuenta con la posibilidad de realizar vuelos privados.
Ratificó su postura para dictar la prisión justificada tras rechazar los argumentos relacionados con la salud del ex procurador, quien padece hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia vascular cerebral.
Al conocer el fallo, Murillo Karam señaló fuera de los micrófonos de la sala: «Ya se derrotó la presunción de inocencia», por lo que el juez lo reconvino y le señaló que ello no ha ocurrido.
Larga audiencia
La audiencia se desahogó durante 12 horas.
La mañana de ayer, Murillo Karam fue trasladado al Reclusorio Norte minutos antes de las ocho, y fue conducido a bordo de una camioneta blindada hasta las puertas de la zona de juzgados, adonde ingresó sin que pudiera ser grabado.
El ex procurador de la República vestía pantalón negro, camisa azul claro y una chamarra azul eléctrico. Durante la mayor parte de la diligencia se comportó sereno, y al menos en seis ocasiones su médico personal supervisó sus signos vitales. Estuvo en medio de sus abogados, recargado en el respaldo de su silla y con la manos en el rostro.
Los representantes de la FGR presentaron los cargos en su contra y señalaron que él fue quien fabricó la llamada verdad histórica con falsedades para acallar la alta exigencia social que había en torno a la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron privados de la libertad por autoridades y desaparecidos por integrantes de Guerreros Unidos.
Reunión de alto nivel
En ese contexto, se mencionó que un testigo colaborador refirió que en una reunión de alto nivel en la ciudad de Iguala, en la que se acordaron acciones relacionadas con la verdad histórica, estuvieron Tomás Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de Seido; José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; Omar García Harfuch, entonces alto mando de la Policía Federal y actual titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Zerón de Lucio, y el entonces gobernador, Ángel Aguire Rivero.
En cuanto a García Harfuch, en su momento se descartó que haya estado presente el día de los hechos en el municipio de Iguala, ya que se encontraba de comisión en Michoacán y no se localizaron reportes telefónicos entre él y Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos.
Los fiscales le dijeron a Murillo Karam: “Usted fue el orquestador de la verdad histórica y Tomás Zerón –titular de la Agencia de Investigación Criminal–, el ejecutor” de actos de tortura contra presuntos partícipes en la desaparición de los normalistas. Le mencionaron que tuvo responsabilidad de autoría intelectual en los casos de tortura por no haber «evitado ni denunciado» las violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
Asimismo, le indicaron a Murillo que la construcción de la verdad histórica comenzó el 18 de octubre de 2014, dos días después de haber atraído las investigaciones al fuero federal.
Le manifestaron: “A usted se le debe considerar autor intelectual de desaparición forzada al haber tolerado e impulsado acciones con la verdad histórica y con ello poner fin a cualquier línea de investigación que pudiera llevar al paradero de los normalistas”.
De igual manera le señalaron que fue autor material del delito de obstrucción para la procuración de justicia por haber participado en la siembra de evidencia y modificado una escena del delito en el río Cocula.
Una vez que concluyó esa etapa de imputación, el juez le preguntó a Murillo Karam si deseaba hacer alguna manifestación. Inicialmente dijo que sí, pero de manera sarcástica y tras consultar con equipo de defensa, reculó en su intención y expresó: «Ando tan mal, que no le doy confianza a mis abogados» (se refería a lo que él pudiera expresar).
Fuerte Tapia llamó la atención a los agentes ministeriales al considerar que no llegaron bien preparados a la audiencia, y apuntó que si no conocían el expediente entonces enviaría una comunicación a sus superiores para que designaran a otros miembros de la FGR.
Los fiscales se coordinaron mejor y puntualizaron que desde octubre de 2014 se realizaron reuniones con altos mandos gubernamentales para organizar y construir la llamada verdad histórica.
Anoche, Murillo Karam fue ingresado al Reclusorio Norte.
Juez libra 83 órdenes de captura por caso Ayotzinapa; incluye a policías y militares
Por Gustavo Castillo García
El juez segundo de procesos penales federales en el estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, entre ellas 20 contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, relacionados con el caso Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República informó que en estas órdenes de captura también se encuentran cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, así como 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala, uno de Cocula y 11 estatales, “todos ellos vinculados con lo ocurrido en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014 y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia”.
En este asunto, indicó el Ministerio Público Federal, “las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice”.
Estos mandamientos son consecuencia de los avances de la investigación del caso Iguala, que señalan que “entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, autoridades federales y locales conocieron en tiempo real la situación, por lo que pudieron haber actuado para impedir la ‘desaparición y asesinato’ de los estudiantes, perpetrados por Guerreros Unidos. Incluso, si el Ejército hubiera intervenido, los habría salvado”.
Al dar a conocer el reporte el pasado jueves, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que “se acredita plenamente la colusión de autoridades de distintos órdenes de gobierno, como los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco Tetecuacuilco, con Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”.
El jueves, familiares de los normalistas darán postura sobre informe
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa perfilan dar a conocer el próximo jueves su reacción al informe del caso presentado la semana pasada, así como su postura frente al proceso judicial en contra del ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam, quien está en prisión preventiva a la espera de que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia resuelva si lo vincula a proceso.
Los familiares de los estudiantes decidieron darse ese plazo poco después de que recibieron el informe de manos del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, con la intención de analizarlo a lo largo de una semana.
Tras la detención de Murillo Karam el viernes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) indicó en redes sociales que los padres y madres no conocían aún los “extremos de la imputación”, pero de ser sólida y apegada a derecho, el proceso judicial “podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura”.
Además, apuntó que a los familiares “no les mueve la venganza ni la animadversión personal contra nadie, sino la esperanza de que se sepa la verdad y que ello contribuya a que hechos similares no se repitan”, aunque reiteró que por la complejidad de la información, los padres y madres darán a conocer su postura en unos días.
El jueves pasado, tras salir de la presentación en privado del reporte en Palacio Nacional, las agrupaciones evitaron manifestarse en público y, más tarde, mediante un comunicado, expresaron que “los familiares de Ayot-zinapa recibieron información relevante para llegar a la verdad. Por su complejidad y dureza la están analizando”.
Por su parte, el fin de semana estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa exigieron que sea detenido y encarcelado el ex presidente Enrique Peña Nieto por su presunta responsabilidad en la desaparición de sus 43 compañeros.
El miércoles próximo vence el plazo para que el juez Fuerte Tapia defina si vincula a proceso a Murillo Karam, señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, así como de obstrucción para la procuración de justicia y tortura en las indagatorias sobre el caso.
