Dos años del doble Infanticidio de las niñas argentinas en Paraguay

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Dos años del doble Infanticidio de las niñas argentinas en Paraguay

Por Delia Ramírez

La masacre de las niñas Villalba

El 2 de septiembre de 2020 el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Stroessner, tuiteó una foto acompañada de 262 caracteres. Se lo veía posando con uniforme camuflado: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”.

Todo estaba perfectamente encarado para el archivo, pero un detalle no menor se les escapaba: las asesinadas no eran jóvenes, ni siquiera adolescentes, tampoco guerrilleras ni miembros de un “grupo criminal”: eran dos niñas de 11 años llamadas Lilian Mariana y María Carmen Villalba, Vivían en Puerto Rico (Misiones), allí estudiaban, sacaban buenas notas y jugaban con sus hermanitos, hermanitas y primitos, en una vida rural que aunque a veces era difícil la transitaban con alegría. Todo estaba dentro de la normalidad, pero las niñas insistían en conocer a sus padres paraguayos, miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Esta agrupación de combatientes es un desprendimiento del Partido Patria Libre (PPL), de base campesina y popular del norte paraguayo. Sus madres tenían dudas, peros decidieron cumplir la voluntad de las niñas pensando que lo correcto era el derecho a sus raíces. Jamás imaginaron la crueldad a la que los militares de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) someterían a esas dos niñas que quedaron varadas en Paraguay debido a las restricciones por el COVID.

Desde Argentina, los familiares aseguran que las niñas no fueron asesinadas “en combate” como afirma la versión oficial. Resulta de ficción pensar que niñas de 11 años, que están en desarrollo, pudieran portar un pesado fusil de guerra y disparar hacia los militares. Pero como la verdad siempre insiste en surgir, dos jóvenes del mismo contingente sobrevivieron al operativo y ellas desmintieron la versión militar en su declaración frente al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Más allá de la voz de las testigos, el hecho en sí mismo desborda en su desprolijidad. Los militares de la FTC dicen que no filmaron el procedimiento porque sus cámaras estaban averiadas. Eso es algo un poco difícil de imaginar cuando en la actualidad cualquier persona puede filmar con un celular y estamos refiriendo a un ejército millonario. Pero esa excusa es conocida para quienes siguieron el caso Curuguaty ocurrido en 2012 que implicó el extermino de policías y campesinos en un operativo irregular que se usó para rápido desplazamiento de Fernando Lugo, el primer presidente no colorado desde la caída de Stroessner.

Pero todavía más grave ha sido la destrucción de las ropas de las niñas y de toda evidencia del supuesto enfrentamiento a partir de un protocolo COVID que nunca existió más que en las falacias de este trágico episodio. Las niñas fueron fotografiadas con uniformes camuflados limpios, planchados; sin una autopsia adecuada fueron rápidamente enterradas. Hubo un forense que “equivocó” las edades de los cuerpos asegurando de que se trataba de jóvenes de más de 17 años, versión que fue desmentida a través de la documentación publicada horas después. Entonces otro perito tuvo que salir a enmendar el “error”, pero el único avance en esta segunda autopsia fue confirmar el dato que ya era de público conocimiento: eran niñas.

Una tercera está desaparecida, Lichita

El 30 de noviembre fue la última vez que se supo de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, más conocida como Lichita. Ella tenía entonces 14 años y era parte del contingente que visitaba Concepción (Paraguay) en aquel momento. Lichita fue herida durante el operativo que captó a sus primas Lilian Mariana y a María Carmen Villalba. Si bien logró sobrevivir y escapar junto a su hermana melliza, su prima adolescente y su tía Laura, tuvo muchos inconvenientes para desplazarse debido a las heridas de bala que había recibido. En un intento de conseguir agua y alimentos el grupo se separó y fue entonces que perdieron a Lichita, quien permanece desaparecida hasta hoy, levantando un manto de sospechas que apuntan nuevamente al ejército. Es claro que los militares no buscarían preservar la vida de la joven, teniendo en cuenta su conocimiento sobre los hechos del 2 de septiembre, pero también su origen: ella es hija de Carmen Villalba, la mujer más demonizada del Paraguay, guerrillera del EPP que lleva presa casi dos décadas, aunque su condena está más que cumplida.

Finalmente, Laura Villalba, madre de la niña María Carmen Villalba (asesinada), tía de Lichita (desaparecida) y de Mariana Villalba (asesinada) fue tomada presa el 23 de diciembre de 2020, mientras buscaba desesperadamente a su sobrina Lichita. Laura es la única persona acusada y presa. Durante varios meses estuvo sola enclaustrada y recluida en un cuartel militar de hombres, sometida a torturas psicológicas. Debido a la presión de las organizaciones sociales principalmente argentinas, desde el año pasado ha sido trasladada a una cárcel común de mujeres en Encarnación.

La supuesta investigación judicial acusa a Laura Villalba de “falta del deber de cuidado”, “violencia familiar” y “asociación criminal”, versión reforzada por los medios de comunicación paraguayos, que la apodaron “la enfermera del EPP”. Laura es dos veces enfermera, con estudios en Paraguay y en Argentina. Hacía diez años que vivía en Misiones y lo único que ha hecho durante toda su vida es cuidar y trabajar. Pero Laura se enfrenta a un proceso judicial donde puede ser condenada a una pena de treinta a cuarenta años. Sucede que si liberan a Laura, el Estado paraguayo deberá dar cuenta, en una renovada versión oficial, de quién asesinó a las niñas, quién desapareció a Lichita, quién disparó, quién dio la orden y quién destruyó las pruebas. ¿Quién? Hasta ahora las complicidades se presentan inalterables.

Accionar del gobierno argentino

Este hecho es responsabilidad principal del gobierno paraguayo de Mario Abdo Benítez, quien desde un principio, junto a funcionarios judiciales de bajo prestigio, como la fiscal general de Estado, Sandra Quiñonez, se comprometió a luchar contra el “crimen organizado”. Esto significa, en otras palabras, reprimir cualquier forma de lucha u organización social que se rebele contra el injusto sistema que tiene sometido en la indigencia y pobreza a la mayoría del país. No obstante, para construir legitimidad sobre su accionar requiere de una maquinaria del espectáculo. Esto explica la foto con uniforme camuflado que Abdo se tomó en el lugar de los hechos, festejando el doble infanticidio con la desafortunada frase del “operativo exitoso”.

El gobierno argentino de Aníbal Fernández rápidamente reclamó investigación sobre los hechos, reiteró el pedido en varias instancias y brindó refugio político a la familia, que incluye ancianos, adultos, adolescentes y fundamentalmente niños y niñas. Lamentablemente, queda demostrado que la violación de los derechos humanos hoy se dirige a las niñas como principal dispositivo de disciplinamiento y terror.

Por su parte, decenas de organizaciones sociales que viene sosteniendo el reclamo han sido determinantes en una carta de principios de 2021: “No se pueden hacer negocios con un estado infanticida”. Desoyendo este clamor y a contrapelo de las acciones que su mismo gobierno había realizado antes, en mayo de este año Fernández participó con Mario Abdo de un acto proselitista de entrega de viviendas. Fueron filmados y fotografiados en un abrazo. De las niñas masacradas y de Lichita, nadie habló. El silencio y la impunidad nuevamente estrecharon sus manos.

El reclamo de la familia es justo y concreto: investigación imparcial y castigo a los culpables. Para ello se solicita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reconocido en América Latina y el mundo por su trayectoria en la reconstrucción de evidencias de crímenes de lesa humanidad. Pero a nadie extrañan las respuestas: el Estado paraguayo no lo permite y niega a la familia Villalba su calidad de víctimas.

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