Ecuador | Lasso recibió apoyo de los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana frente al proceso de juicio político

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Lasso recibe apoyo de Costa Rica, Panamá y República Dominicana Los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana

Los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana manifestaron el lunes 6 de marzo de 2023 su respaldo al presidente Guillermo Lasso, frente al proceso de juicio político para su censura que abrió el sábado la Asamblea Nacional.

El apoyo quedó plasmado en un comunicado emitido desde Quito, donde se celebró la sexta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que integran los cuatro países.

En ese documento, los gobiernos de Costa Rica, Panamá y República Dominicana ratificaron su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteraron su “firme apoyo” a la democracia en Ecuador y al Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Recordaron que Lasso fue “electo democráticamente según la Constitución y leyes ecuatorianas para el período comprendido entre el 24 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2025″.

“Generan preocupación los recientes acontecimientos en esa hermana república tendentes a desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular”, señalaron.

“Hacemos un llamado respetuoso y fraternal a los distintos actores sociales y políticos en Ecuador para que se garantice el período constitucional del gobierno y el país pueda continuar el normal desenvolvimiento democrático”, concluyeron.

Además de Lasso, en la cumbre de la ADD participaron este lunes los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de República Dominicana, Luis Abinader, además del vicepresidente de Panamá, José Carrizo.

La Asamblea Nacional dio luz verde a iniciar un proceso de juicio político contra Lasso por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y omisión en delitos contra la administración pública, tras desvelarse una presunta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera.

También figura otro empresario, Rubén Cherres, una persona cercana al oficialismo del que recientemente se conoció que fue objeto de una investigación policial por presuntos nexos con una red de narcotráfico, según informe de la división antidrogas de la Policía que fue archivado hace más de un año.

Cualquier pedido de juicio político deberá pasar antes la revisión de la Corte Constitucional para evaluar si la solicitud está debidamente fundamentada, tras el informe que recomienda el juicio político, aprobado mayoritariamente con votos del correísmo y del movimiento indigenista Pachakutik, junto a otras fuerzas de oposición.

Primicias



Anuncios de movilizaciones no calan en todas las fuerzas políticas del país

Las fuerzas políticas ecuatorianas se muestran divididas ante los anuncios de movilizaciones para esta semana realizados por las organizaciones sociales. Unas las rechazan y piden respeto por los derechos de los que no participan en ellas y otras las aúpan y adelantan que también saldrán a las calles.

La primera movilización anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores indígenas será este 8 de marzo, que confluirá con otras acciones de los grupos feministas para la celebración del Día de la Mujer; y la siguiente se prevé para el 28 de marzo, con ocasión de la presentación en la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) dijo que realizará marchas el 14 de marzo. Aunque otros sectores, como el Frente Popular, se adelantaron y ya hicieron plantones el pasado 1 de marzo.

Los voceros del Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Sociedad Unida Más Acción (SUMA) señalan que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución de la República. Pero que esta debe estar enmarcada en el respeto a los derechos de los ciudadanos.

“Mantenemos la posición de toda la vida: el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, pero hay que respetar los derechos de los otros, de manera que no se atente contra las libertades o la integridad de las personas, los negocios, el trabajo de la gente. Nosotros no tenemos planificado participar porque son protestas ciudadanas, no de carácter político”, indicó Alfredo Serrano, presidente nacional del PSC, partido que ha sido crítico de Lasso.

En tanto, Guillermo Celi, director nacional de SUMA, comentó: “La protesta social en el marco de la democracia y el respeto de los bienes públicos y privados son mandato constitucional, lo que no vamos a permitir y no estamos de acuerdo es que el señor (Leonidas) Iza, que es un poncho dorado y solo defiende sus intereses y privilegios, quiera hacer politiquería en un momento en que el país está sumido en una gran depresión producto de la inseguridad, la falta de empleo y la migración”.

Desde el Gobierno, la legisladora del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), Nathalie Arias, rechaza los anuncios. “Primero, porque aún recordamos las movilizaciones del año pasado como violentas, y por lo tanto, fuera del orden democrático y constitucional en relación con el derecho a la protesta pacífica; segundo, no solo por su naturaleza violenta sino porque constituyen una herramienta de amenaza al Ejecutivo y que se dan en un contexto en el que se busca sacar al presidente, aun cuando no existen causales. Otras consideraciones son las voces ciudadanas que se han levantado desde distintos gremios y grupos de la sociedad civil organizada, que valoramos enormemente porque más allá del respaldo al Gobierno como tal es un respaldo a la democracia, al orden constitucional y al derecho de los ecuatorianos a vivir en paz, trabajando por la reactivación”.

En cambio, Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, señaló que la agrupación “estará junto a las mujeres y al Frente Popular el 8 de marzo, y junto al FUT el 14 de marzo, y en todas las movilizaciones en las que los indígenas y movimientos campesinos participen, para luchar por la vida, contra la corrupción y que se vaya Guillermo Lasso”.

“Exigimos que la Asamblea enjuicie y destituya al presidente, y luego vendrá una sucesión constitucional. En todo caso, la solución final vendrá con un nuevo gobierno en las próximas elecciones”, sostuvo Atarihuana.

Marcela Aguiñaga, directora del movimiento Revolución Ciudadana (RC), expresó que no existe ningún acuerdo con la Conaie para respaldar sus medidas de hecho.

“A través de nuestros asambleístas, está siendo consecuente con el sentir ciudadano y su malestar con un gobierno que nada ha hecho por paliar el hambre, la inseguridad, el desempleo y la desatención. No hay ningún acuerdo con la Conaie, ellos responden por sus acciones, nosotros por las nuestras”, señaló a EL UNIVERSO.

En tanto que Alejandro Jaramillo y Javier Orti, dirigentes de la Izquierda Democrática (ID) y del partido Avanza, señalaron que sus agrupaciones aún no se reúnen para definir posturas. (I)

El Universo


Todavía no se conoce al interpelante del juicio político contra el presidente Lasso

En la Asamblea Nacional no hay luces de quien presentará oficialmente la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, la bancada oficialista criticó la indecisión

«Montaron el circo y no tienen que payaso sea el que lo presente, porque, porque en función de eso no han logrado constituir quien va a representrar elementos tan claves como que un twitter o un meme se conviertan en prueba fehaciente para un juicio político», así lo indicó el asambleísta Juan Fernando Flores.

La semana pasada habían voces de que la solicitud saldría de la bancada Correísta o de un integrante de la comisión del Caso Encuentro, pero sigue en análisis.

La asambleísta de UNES, Gissela Garzón indicó: «El juicio político se está trabajando, se está estudiando para establecer quien lo presentará y demás, pero por su puesto en consonancia en el pleno de la Asamblea Nacional y con nuestra votación apoyaremos este proceso».

Pero si la solicitud de juicio político, se basa en los argumentos del informe del Caso Encuentro, aprobado el fin de semana, la Corte Constitucional inadmitiria el proceso, dijo el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas.

«El cohecho y la concución jamás pueden tener comisión por omisión; donde están las demostraciones en este informe de que hay contratos donde hay un beneficio económico para el presidente Lasso y su familia, eso no existe».

Por su parte, Fernando Villavicencio, miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción, cuestionó que se haya eliminado parte de la investigación «Leon de Troya» del informe no vinculante del Caso Encuentro, pero dijo que este lunes acudirá a la justicia.

«Los miembros de esa comisión tenían conflictos de intereses, ese informe se ha convertido en harapos».

Esta semana se prevén sesiones virtuales en el Legislativo, en medio de la expectativa de la presentación de la solicitud que deberá ser puesta en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa en máximo tres días.

Ecuavisa


Esta es la línea de tiempo en el trámite de un juicio político al presidente de la República

El sábado 4 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó con 104 votos el informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso por supuestos delitos contra la seguridad del Estado y comisión por omisión en delitos contra la administración pública.

Una vez que se dio este paso en el pleno, de acuerdo con el procedimiento legislativo, ahora se espera que se presente el pedido de juicio con un respaldo de 46 firmas y empiezan correr los tiempos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el caso del mandatario solo la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) sumarían 47 y se prevé que presenten la petición esta semana.

El trámite del juicio político podría tomar aproximadamente dos meses, que se resume en esta línea de tiempo.

  1. Presentación de la solicitud con al menos 46 firmas.
  2. El presidente de la Asamblea Nacional lo pone en conocimiento del Consejo de la Administración (CAL) en el plazo de tres días.
  3. El CAL conoce la solicitud y verifica cumplimiento de requisitos.
  4. Se remite a la Corte Constitucional (CC) para que emita dictamen previo de admisibilidad.
  5. La CC tiene siete días para emitir ese dictamen.
  6. El presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de tres días de recibido el dictamen, lo pone en conocimiento del CAL.
  7. Si el dictamen de la CC es negativo, se archiva la solicitud.
  8. Si el dictamen es favorable, el presidente de la Asamblea remite al presidente de la Comisión de Fiscalización la solicitud de juicio político, el dictamen y los documentos de sustento.
  9. La Comisión de Fiscalización avoca de manera inmediata y se da inicio el trámite.
  10. Derecho a la defensa y contestación a las acusaciones políticas se da durante diez días.
  11. Se pueden conceder diez días adicionales para la actuación de pruebas.
  12. En el plazo de diez días, la Comisión de Fiscalización entrega el informe motivado.
  13. En el plazo de tres días, el Presidente de la Asamblea Nacional, dispone la difusión del informe.
  14. Luego de 48 horas de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea Nacional debe convocar al Pleno en el plazo de cinco días.

El trámite en la sesión del pleno es el siguiente:

  • Se presentarán dos asambleístas interpelantes que tendrán un tiempo de dos horas.
  • El presidente de la República hablará por 3 horas.
  • Réplica: una hora los interpelantes.
  • Réplica: una hora el presidente de la República. Termina la intervención del Presidente de la República y se retira del pleno.
  • Luego se abrirá el debate, podrán intervenir los 137 asambleístas por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno.
  • Se cierra el debate, y en el plazo de cinco días, se convoca al pleno para, sin debate, resolver.
  • Posterior a ello, se debe presentar la moción de censura, caso contrario, se archiva la solicitud. Para la aprobación de la moción, se requieren de 92 votos. (I)

El Universo

 

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