Guatemala | Indígenas instalan carpas frente al Congreso y el Grupo de Puebla denuncia “un golpe de Estado progresivo”

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“Esta esquina será nuestra casa”, la consigna que originó el segundo plantón frente al Congreso

Por Paolina Albani

Con información de Joel Solano y Mercedes Vaides

Este martes 21 de noviembre, pobladores y autoridades ancestrales de los pueblos Poqomam, Kaqchikel, K’iche’, Q’anjob’al, Sacapulteco y Achí’, llegaron a la capital y participaron en una caminata pacífica contra el actuar del gobierno que, tras 51 días del paro nacional, continua ignorando las demandas de la gente que quiere ver fuera de las instituciones a los operadores de justicia que están detrás del golpe de Estado.

Desde el inicio de la jornada, los pueblos denunciaron bloqueos de parte del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Policía, a varios buses que viajaban hacia la ciudad para integrarse a la caminata, que fueron detenidos en puestos de registro instalados en la calzada Roosevelt.

Pese a esto, la caminata salió del Parque Morazán, en la zona 2, y se dirigió sobre la Sexta Avenida, hacia el Congreso de la República, en la zona 1. Ahí, entregarían un memorial con una serie de demandas, pero el organismo, les hizo un desplante.

Si bien al inicio se les dijo que la Junta Directiva del Legislativo aceptaría el ingreso de siete personas, incluido un medio de comunicación y un abogado representante de los pueblos, luego se les vedó el paso, alegando que los protocolos de seguridad se los impedían. Varios policías antimotines resguardaban el edificio.

Adentro, los diputados elegían a los magistrados de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial.

Después de un largo momento de espera, los pueblos se reunieron y decidieron que permanecerían lo más cerca del Congreso, se ubicaron en la esquina de la 7 avenida y 10 calle, hasta que fueran recibidos. Este fue el inicio del segundo plantón indefinido.

Rigoberto Juárez: negar la entrada a los pueblos es una forma de violencia estatal

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango, indicó que la reunión sería corta y luego, se dirigirían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar otra copia del memorial, y ahí se integrarían a la manifestación frente a la Torre de Tribunales que exigía la liberación de los cinco profesionales, catedráticos y estudiantes que fueron detenidos por respaldar la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en mayo de 2022.

El plan no se cumplió. Juárez dijo que no se moverían del Congreso hasta ser escuchados.

“Hay una total irresponsabilidad, una violación de los derechos de petición por Gobernación que ordenó a la policía, vedar el acceso al Congreso”, expresó la autoridad de Huehuetenango.

Agregó que con estas acciones, los diputados demostraron “su incapacidad para entender leyes que rigen el país” y también, como una forma de “violencia estatal contra los pueblos y la población para evitar que la gente llegue a la manifestación”.

En el tiempo que han permanecido fuera del organismo, la policía se excusó de no dejarles pasar por un amparo otorgado a favor del Congreso. La abogada Dora Alicia solicitó el amparo para saber si ya había sido resuelto, pero no lo mostraron.

Por su parte, Juárez se mostró resuelto y dijo que hasta no ser notificados, no se moverían.

Además, aseguró que detectaron a varios infiltrados en la manifestación que portaban armas, por lo que apuntó que “hay una actitud más allá de la violencia legal, que pasa a la violencia armada, y todo está organizado desde el Ejecutivo. Ellos serán los responsables si hay un acto de violencia en el lugar”, dijo.

Mientras se turnaban el micrófono, los manifestantes de los pueblos se organizaron para instalar toldos en medio de la calle. Rápidamente, armaron una cocina comunitaria con estufas de gas.

Adentro, los diputados elegían a los magistrados de las Salas de Apelaciones del Organismo Judicial. Después de un largo momento de espera, los pueblos se reunieron y decidieron que permanecerían lo más cerca del Congreso, se ubicaron en la esquina de la 7 avenida y 10 calle, hasta que fueran recibidos. Este fue el inicio del segundo plantón indefinido.

Rigoberto Juárez: negar la entrada a los pueblos es una forma de violencia estatal

Rigoberto Juárez, autoridad ancestral del Gobierno Plurinacional de Huehuetenango, indicó que la reunión sería corta y luego, se dirigirían a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entregar otra copia del memorial, y ahí se integrarían a la manifestación frente a la Torre de Tribunales que exigía la liberación de los cinco profesionales, catedráticos y estudiantes que fueron detenidos por respaldar la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en mayo de 2022.

“Hay una total irresponsabilidad, una violación de los derechos de petición por Gobernación que ordenó a la policía, vedar el acceso al Congreso”, expresó la autoridad de Huehuetenango.

Agregó que con estas acciones, los diputados demostraron “su incapacidad para entender leyes que rigen el país” y también, como una forma de “violencia estatal contra los pueblos y la población para evitar que la gente llegue a la manifestación”.

En el tiempo que han permanecido fuera del organismo, la policía se excusó de no dejarles pasar por un amparo otorgado a favor del Congreso. La abogada Dora Alicia solicitó el amparo para saber si ya había sido resuelto, pero no lo mostraron.

Por su parte, Juárez se mostró resuelto y dijo que hasta no ser notificados, no se moverían.

Además, aseguró que detectaron a varios infiltrados en la manifestación que portaban armas, por lo que apuntó que “hay una actitud más allá de la violencia legal, que pasa a la violencia armada, y todo está organizado desde el Ejecutivo. Ellos serán los responsables si hay un acto de violencia en el lugar”, dijo.

Mientras se turnaban el micrófono, los manifestantes de los pueblos se organizaron para instalar toldos en medio de la calle. Rápidamente, armaron una cocina comunitaria con estufas de gas.

Más de cien policías de seguridad ciudadana, los observaron todo el tiempo, para impedirles el paso hasta la 8 avenida, donde se encuentra el ingreso al Legislativo.

Pascual Espinoza del pueblo maya Achí, de Baja Verapaz, señaló que debido a la obstrucción de la policía, los pueblos se han declarado en asamblea permanente para determinar nuevas medidas para conseguir ser escuchados.

“Lo que estamos viviendo… no se nos da el espacio para escuchar nuestras peticiones. Tantos diálogos que hemos tenido sin respuesta. Como autoridades indígenas hemos luchado por el diálogo, pero las autoridades del Estado no quieren acceder”, dijo Espinoza.

Por lo pronto, las autoridades ancestrales han dicho que pedirán apoyo internacional si hay represión de parte de la policía contra quienes permanezcan en el segundo plantón indefinido.

“Ellos nos obligan a estar aquí” y “esta esquina será nuestra casa”, fueron algunos de los mensajes que enviaron desde el segundo plantón.

Prensa Comunitaria


Bernardo Arévalo: «Nadie debe ser perseguido por sus opiniones políticas»

En su cuenta oficial de la red social X, el presidente electo, Bernardo Arévalo, expresó que «nadie debe ser perseguido por sus opiniones políticas», en alusión a la investigación que el Ministerio Público (MP) realizada por el denominado «Caso toma de la Usac: Botín Político», en el cual fueron capturadas seis de 27 personas en contra de quienes se giraron órdenes de aprehensión, y se solicitó el retiro del derecho de antejuicio en contra de seis funcionarios y funcionarios electos, entre ellos el binomio presidencial para el próximo período.

ANTEJUICIO

El señalamiento del MP contra el presidente y vicepresidenta electo se fundamenta en la publicación de una serie de tweets en los cuales ambos expresaron su opinión con relación a la toma de la universidad estatal, como parte del rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de esa casa de estudios superiores.

Según el argumento presentado para solicitar el retiro de inmunidad se da por, supuestamente, incitar a la violencia en la Usac, y se destacó que uno de los hechos de la toma fue la quema de un automóvil en el interior del Campus Central, ubicado en la zona 12 de la capital.

TOMA DE LA USAC

La toma de la Usac se mantuvo por cerca de 14 meses, inició el 27 de abril de 2022 y concluyó el 17 de junio de 2023.

Esta acción se originó por el supuesto fraude cometido en la elección de Mazariegos como Rector de la universidad estatal, efectuada el 14 de mayo de 2022.

El grupo que tomó las instalaciones cuestionó la elección, cuyos resultados favorecieron a Mazariegos, quien obtuvo el voto favorable de 72 electores.

MP Y JUEZ PIDEN INFORMACIÓN A X DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Asimismo, este 21 de noviembre se conoció que el MP solicitó mediante un escrito bajo la causa penal 01070-2023-00023 que identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, información del perfil de La Hora, así como las cuentas de medios como Ruda GT, Prensa Comunitaria, la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión y la diputada recientemente fallecida Lucrecia Hernández Mack, a la red social de X.

La Hora


Comunicado Grupo de Puebla

GUATEMALA está viviendo un GOLPE DE ESTADO PROGRESIVO contra el Presidente Bernardo Arévalo y la Vicepresidenta Karin Herrera

Los miembros del Grupo de Puebla alertamos a la opinión pública internacional sobre el avance en Guatemala de un GOLPE DE ESTADO PROGRESIVO promovido por fuerzas oscuras que gobiernan el poder ejecutivo y dirigen parte del judicial con el propósito de impedir que el Presidente Bernardo Arévalo se posesione en su cargo el próximo 14 de enero de 2024. Aunque estas fuerzas quieran cambiar la elección del pueblo, Bernardo y Karin fueron elegidos el pasado 20 de agosto como Presidente y Vicepresidenta constitucional del país, según ya confirmó el Tribunal Superior Electoral.

Al frente de esta conspiración antidemocrática se encuentran la Fiscal General María Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche quienes, amparados por el Presidente Alejandro Giammattei y algunos Magistrados corruptos del Poder Judicial, están promoviendo acciones de guerra jurídica (lawfare) que buscan inhabilitar al Presidente Bernardo Arévalo y su Vicepresidente Karin Herrera, suspender sus fueros constitucionales, ilegalizar la elección de su bancada, la suspensión de la personería del Partido Semilla, encarcelar seguidores académicos, en síntesis, un cúmulo de acciones arbitrarias que buscan crear condiciones para una ruptura violenta de la continuidad democrática en el hermano país.

Por fortuna, contra estos intentos pre golpistas, se han producido masivas movilizaciones populares de respaldo como la de los 48 cantones indígenas que representan el 60% de la población indígena que, conjuntamente con otros sectores populares, están defendiendo, con valentía y una explícita solidaridad internacional, el mismo derecho que invocó el padre del hoy Presidente, Juan José Arévalo, para hacer respetar la voluntad del pueblo soberano. Pedimos que cesen de manera definitiva las intimidaciones desde la Fiscalía contra algunos sectores de la prensa, de la oposición, estudiantes y contra miembros de la rama judicial y del ministerio público que han actuado de manera independiente.

El Grupo de Puebla solicita al Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), entablar las acciones preventivas ante los organismos internacionales para que la democracia de Guatemala sea respetada y se evite la conjuración del golpe de estado en proceso de violarla.

Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno de España.
Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial, coordinador Grupo de Puebla, Chile.
Andres Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador.
Gabriela Rivadeneira, ex presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.
Mónica Xavier, ex Senadora, ex presidenta del Frente Amplio, Uruguay.
Iván Cepeda, Senador, Colombia.
Camilo Lagos, Presidente Fundación Progresa, Chile.
María José Pizarro, Senadora, Colombia.
Aída García Naranjo, ex Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, ex Embajadora, Perú.
Verónika Mendoza, ex candidata presidencial, Perú.
Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay.
Carol Proner, jurista de Brasil.
Daniel Martínez, ex candidato presidencial, ex intendente de Montevideo, Uruguay.
Carlos Sotelo, ex Senador, México.
Carlos Ominami, ex Senador, ex Ministro de Economía, Chile .
Guillaume Long, ex Canciller de Ecuador.
Karol Cariola, Diputada de Chile.

Grupo de Puebla

 

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