Amplio repudio al protocolo anti-protestas presentado por el gobierno

1.823

Rechazo total de la izquierda, sindicatos y organismos de DDHH al protocolo Bullrich: «Inconstitucional»

Por Santiago Ballatores Nisenbaum

Dirigentes de la izquierda, sindicatos y organizaciones de derechos humanos rechazaron los anuncios que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo el jueves sobre las manifestaciones, cuando adelantó que «las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir ante cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales». Mientras el Partido Obrero (PO) y el Polo Obrero dieron una conferencia de prensa, diputados del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) y referentes del Nuevo Más repudiaron los dichos de la líder de ministra.

Tanto en la conferencia como en las redes, se ratificó la marcha a la Plaza de Mayo del próximo 20 de diciembre, para la que se esperan, según Belliboni, 50 mil personas. El martes 19, además, habrá una audiencia pública en la Cámara de Diputados, convocada por los sectores que rechazan los anuncios del jueves.

La conferencia de prensa la dieron Gabriel Solano y Vanina Biasi, del PO, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Allí, Solano fue el primero en tomar la palabra y expresó: «En la Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución». Para Solano, el anuncio de Bullrich fue la segunda parte de lo que había dicho el ministro de Economía, Luis Caputo, el martes, en lo que fue «un plan de guerra contra el pueblo» y, con el ajuste, «inevitablemente se producen protestas sociales de los trabajadores, de la juventud, de los jubilados y de los movimientos sociales». Romina Del Plá, diputada del PO, apuntó en Twitter: «El anuncio de Bullrich ratifica que el plan de guerra contra la clase obrera incluye represión a las movilizaciones populares. Por más que lo intenten no se puede callar el hambre a palazos».

Vanina Biasi, quien participó de la conferencia, dijo a El Destape: «Vamos a explorar, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que es en el marco en que nosotros nos movemos cuando se trata de libertades democráticas en la Argentina, para evaluar todas las presentaciones que podamos realizar en el marco de estas bravuconadas emitidas en la conferencia de prensa hoy de Patricia Bullrich».

«Es ilegal y lo vamos a pelear en la calles y los tribunales», aseguró Eduardo Belliboni cuando la conferencia estaba llegando a su fin. En la misma línea que Solano, el dirigente del Polo Obrero sostuvo que la «manifestación popular» va a ser «inevitable», y subrayó: «Es absolutamente inconstitucional lo que ha dicho la ministra».

Desde el PTS, contaron a este portal que el martes 19 de diciembre a las 16 se realizará una audiencia pública en la Cámara de Diputados con la presencia de los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y distintos sectores políticos que rechazan lo anunciado por Bullrich. «No vamos a aceptar ningún tipo de cercenamiento sobre un derecho elemental y primario como es el derecho a la protesta que es la madre de todos los derechos, es a través del derecho a la protesta y a la manifestación que se van conquistando los derechos, el resto de los derechos en el transcurso de la historia. Por lo tanto vamos a hacer una audiencia muy amplia y vamos a mostrar un arco y amplio un amplio arco de dirigentes sociales, sindicales, políticos, etcétera, contra este protocolo que violenta incluso los preceptos, las normas y las garantías constitucionales más elementales», explicaron en el anuncio. Se estima que en la audiencia estén Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otros.

Además, los referentes del partido que tiene cuatro diputados nacionales reaccionaron en las redes sociales. Mientras la diputada y ex candidata presidencial Myriam Bregman denunció que Bullrich «se ubica en el terreno de la ilegalidad», el diputado nacional Christian Castillo marcó «la doble vara y la hipocresía» de Bullrich, al mostrar una imagen de la ahora ministra marchando durante una marcha anti-cuarentena en 2020. «El 20/12 vamos a ser decenas de miles los que nos movilicemos contra el ‘caputazo’, ejerciendo nuestro derecho constitucional a la protesta», agregó Castillo en su cuenta de Twitter. Nicolás Del Caño, también diputado, escribió: «Bullrich ajustando y reprimiendo. Nada nuevo. ¡No Pasarán!».

La ex precandidata presidencial y dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, también rechazó los anuncios de Bullrich. «Repudiamos enérgicamente el protocolo anti protestas anunciado por Patricia Bullrich. Es una medida inconstitucional ya que el derecho a huelga y manifestación está consagrado en el artículo 14 Bis. Rechazamos el ataque del gobierno de Milei al derecho a la protesta social. Quieren pasar con represión su plan de ajuste brutal», manifestó en sus redes sociales.

También repudió los anuncios de Bullrich la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con un mensaje de su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien declaró en Twitter: «Desde ATE no vamos a aceptar ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta. Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos. Este protocolo anti–expresión anunciado por el Ministerio de Seguridad está orientado a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos».

También se sumaron al repudio organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que explicó en un hilo de Twitter las normas internacionales que son «atacadas» por los anuncios de Bullrich. «Las medidas atacan el derecho a la protesta, criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y política. Hasta regula un registro de organizaciones habilitadas a protestar. Pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita derechos y garantías», denunció.

El Destape


ATE definió un plan de lucha progresivo contra los anuncios económicos del Gobierno

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) determinó este jueves un plan de lucha en rechazo a «los anuncios económicos del Gobierno y el gran ajuste»; reclamó la inmediata reapertura de todas las negociaciones paritarias en el sector público y convocó a realizar «acciones directas y medidas de fuerza antes de fin de año».

El consejo directivo del gremio deliberó este jueves encabezado por los secretarios general y adjunto, Rodolfo Aguiar y Mercedes Cabezas, y decidió un plan de acción progresivo, declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país y exigió la inmediata reapertura de las paritarias en la administración pública nacional, provinciales y municipales, señaló en un comunicado.

Los dirigentes repudiaron «cualquier posibilidad de que se produzcan despidos»; rechazaron por «inconstitucional» el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y llamaron a aplicar «acciones directas nacionales».

El consejo directivo, en el que participaron representantes de las 24 provincias, resolvió convocar a protestas antes de fin de año y mandató a la conducción para definir esas medidas de fuerza, señalaron los dirigentes.

«Nadie podrá acusar al gremio de atentar contra la gobernabilidad, porque agotó todas las instancias. Es preciso compensar el daño que las medidas económicas del nuevo Gobierno está causando», sostuvo Aguiar, quien rechazó los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo.

Aguiar sostuvo que las acciones directas se aplicarán en caso de que comiencen a verificarse despidos y continúe «el ataque al poder adquisitivo de los trabajadores del sector público y de los jubilados», y adelantó que la ATE realizará las presentaciones formales de reapertura de paritarias mañana en los ministerios de Capital Humano y de Economía y en Jefatura de Gabinete.

Sobre el anuncio de Caputo de que no se renovará ningún contrato de trabajadores estatales con menos de un año en sus empleos, enfatizó que ATE «no tolerará ninguna cesantía injustificada», y sostuvo que «la mayoría de los altos funcionarios del Gobierno son empresarios, lo que explica el desconocimiento profundo de las leyes del Estado».

«En el empleo público, la estabilidad está consagrada de forma constitucional. Aunque el Gobierno no terminó de precisar con exactitud el universo de trabajadores que tiene en la mira, en todos los casos cumplen roles esenciales. Se procura cesantear a discapacitados y personas trans que ingresaron por cupos regidos por ley», afirmó Aguiar.

El dirigente dijo que a pocos días de asumir «el Gobierno comienza a estafar a sus electores, porque supuestamente llegó para que cese el flagelo de la inflación, el hambre y la pobreza, pero estas medidas provocarán millones de nuevos caídos del sistema».

«Lo que ocurre en apenas cuatro días es un disparate. El Gobierno pide que el pueblo sufra con alegría. Desde el domingo último los únicos que están alegres son los mismos 4 o 5 empresarios que durante los últimos años juntaron la plata en pala», puntualizó.

Ate Capital

Daniel Catalano, titular de ATE Capital, enfatizó que existe «la necesidad de convocar a una movilización la semana próxima en el distrito porque ya el Gobierno anunció 10 mil despidos, es decir, no es posible elegir porque hay un ataque sobre la revisión de los contratos 2023 que afecta a esa gente».

Catalano denunció despidos en municipios del interior del país; señaló que en Chubut ya hubo 2 mil cesantías y que también en esa provincia «se está planificando una ley para quitar los fueros sindicales, lo que impedirá que el personal pueda organizarse como lo hizo de manera histórica en las entidades gremiales que los representan».

Télam

Más notas sobre el tema