El congreso aprobó el desafuero de cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral

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Alianza oficial retira inmunidad de magistrados titulares del TSE

Por Isela Espinoza

La alianza oficial logró, antes de la medianoche de este jueves 30 de noviembre, retirarle la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Con 108 votos a favor los diputados aliados al gobierno de Alejandro Giammattei ratificaron el informe de la Comisión Pesquisidora y dieron con lugar el inicio de la investigación que pretende realizar el Ministerio Público por autorizar la compra por Q148 millones, del sistema de transmisión de resultados para las elecciones generales a la empresa Datasys.

Esta acción del MP es calificada a nivel nacional e internacional, como un esfuerzo más del gobierno de turno y de la fiscalía por entorpecer el proceso electoral y evitar el cambio de mando.

El miércoles 29 de noviembre por la tarde, el Legislativo recibió el informe circunstanciado de la Pesquisidora en la que con tres votos a favor y dos en contra recomendó al pleno retirar la inmunidad a la expresidenta del TSE, Irma Palencia y los magistrados: Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco por la compra del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En un inicio era en contra de los 10 magistrados, pero la actual presidenta, Blanca Alfaro y el resto de magistrados suplentes lograron un amparo provisional que frenó las diligencias en su contra.

Aunque por la mañana de este jueves el primer intento fue infructuoso, doce horas después y tras la aprobación del Presupuesto 2024, los aliados lograron su objetivo.

Primer intento fallido

El diputado Javier Hernández, del partido FCN-Nación, fue el primero en mostrar el interés por el tema y presentó una enmienda para adelantar la discusión del informe dado por la Comisión Pesquisidora en el cual se recomienda retirar el derecho de antejuicio de los magistrados electorales.

“Es momento de demostrar el compromiso que tenemos con la corrupción”, se escuchó decir a un emocionado diputado al pedir que se entrara de inmediato a discutir el tema antes que la aprobación del Presupuesto de la Nación.

La frase se hizo viral en redes sociales y muchos hicieron ver que el diputado demostraba muy bien su compromiso con el Pacto de Corruptos. Luego de aprobarse la moción y tras varios minutos de leer el informe, la alianza oficial no logró los 107 votos necesarios para empezar el debate del informe. “Ahorita voy a leer y terminamos esta mierda. Solo falta, se somete a discusión, no hay discusión y ta, ta, ta y lo saco”, se escuchó decir a un molesto Boris España quien hablaba por teléfono y no se percató que su micrófono estaba encendido.

La sesión fue presidida España ante la ausencia de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera. El departamento de Comunicación del Congreso aseguró que Rivera estaba de viaje en Panamá atendiendo reuniones a las que había sido invitada.

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Una de las diputadas al percatarse de lo sucedido le hizo la advertencia e inmediatamente apagó el micrófono. Luego anunció que se sometería a discusión el informe de la comisión pesquisidora. Entre gritos de otros diputados anunció que no se contaba con el quorum necesario para realizar la votación para retirarle el antejuicio a los magistrados del TSE.

Prensa Comunitaria


Autoridades ancestrales plantean amparo para exigir que se retire el cerco policial alrededor del Congreso

Por César Pérez Marroquín

Las autoridades ancestrales que se encuentran en protestas desde el pasado 2 de octubre señalaron que los cercos policiales que se instalaron en los alrededores del Congreso de la República desde hace varios días constituyen una violación a los derechos humanos, por lo que presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se le garantice el acceso al Legislativo, donde deben entregar un pliego de peticiones.

En conferencia de prensa, señalaron que tienen el derecho constitucional de manifestarse en todo el país, pero desde hace nueve días intentan reunirse con la Junta Directiva del Congreso, pero los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que rodean el palacio legislativo se los ha impedido, lo que califican de una violación a los derechos de petición y de libre locomoción.

Por lo anterior, los líderes indígenas plantean un amparo ante la CC, el cual espera que sea resulto “cuanto antes”.

“Resulta necesario y urgente otorgar el amparo provisional en virtud que se nos está vedando el derecho a pedir para que la Junta Directiva del Congreso de la Republica nos reciba en su sede Legislativa para presentar nuestros argumentos y entregar la petición de nuestros pueblos y comunidades, para que dicha junta directiva le dé el trámite correspondiente y sea sometida al pleno del Congreso de la República”, detallaron las autoridades ancestrales, quienes no profundizaron sobre las solicitudes que tienen para el Legislativo.

La preocupación de los líderes indígenas es que luego de este jueves 30 noviembre el Congreso ya no podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, por lo tanto, no conocerán sus demandas.

“No entendemos la actitud asumida por la presidenta del Congreso de la República -Shirley Rivera- para no ceder para sostener la reunión pacífica en la sede del Organismo Legislativo”, añadieron.

Señalan que detrás de la negatividad de Rivera “existe racismo y discriminación hacia nuestros pueblos, por lo que pedimos la intervención de la CC para que mediante los mecanismos legales establecidos se nos otorgue el amparo provisional y se suspenda la actitud negativa asumida hasta el momento por la presidenta del Congreso de recibirnos en el Organismo Legislativo”.

Además, detallaron que el objeto del amparo es porque solicitaron que se les deje ingresar al Congreso de la República, pero se les negó el paso.

Añadieron que hay un amparo a favor del Congreso, pero en este “no se dice expresamente que deben de poner vallas metálicas para impedir el ingreso al Congreso, se dice que la  PNC debe dar seguridad, pero no bloquear el acceso”, por lo que consideran que hay una violación a los derechos humanos.

“La Junta Directiva del Congreso han incurrido desde hace nueve días en violaciones a los derechos humanos y a la Constitución”.

Aseguran que en estos días hay temas de interés para toda la población que son tratados en el Congreso como la aprobación del presupuesto 2024 y el antejuicio contra los magistrados del TSE.

“Se hace un llamado de alerta nacional, o seguimos en democracia o se nos impone una dictadura. No buscamos violencia ni alteración del orden, llevamos nueve días esperando una respuesta del Congreso, pero se han negado”, agregaron.

Prensa Libre

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