Procurador General presenta solicitud de retiro de inmunidad contra la Fiscal General por posible comisión del delito de incumplimiento de deberes

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Primero en la Corte y luego en las manos del Congreso, el antejuicio de Consuelo Porras

El Congreso de la República será la instancia que conocerá la acción legal que el secretario general de la Presidencia de la República, Juan Gerardo Guerrero, y Julio Saavedra, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), presentaron en contra la Fiscal General, María Consuelo Porras, con el objetivo de que sea despojada de su derecho de antejuicio por incumplimiento de deberes.

EXPEDIENTE PASARÁ AL CONGRESO

De acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República, le corresponde al Congreso declarar si se debe retirar el derecho de antejuicio a ciertos funcionarios, entre quienes se encuentra el titular del MP.

Ese aspecto está contemplado en el inciso h) del artículo 165 de la Carta Magna, que establece las atribuciones del Organismo Legislativo.

Según la norma, se lee: «declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral, y de la Corte de Constitucionalidad, Ministros, Viceministros de Estado, cuando estén encargados del Despacho, Secretarios de la Presidencia de la República, Subsecretarios que los sustituyan, Procurador de los Derechos Humanos, Fiscal General y Procurador General de la Nación».

Además, se detalla en la Constitución que para todas las decisiones que en el Congreso se tomen con respecto a materia de antejuicio, se requiere del voto favorable de dos terceras partes del total de diputados que lo integran.

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Esta, en un plazo de tres días hábiles, lo traslada al órgano competente, en este caso corresponde al Congreso. Únicamente tendrá que verificar que se cumplan con los requisitos de forma establecidos en la ley.

En el artículo 17 de la misma normativa se indica que el Congreso tendrá no más de ocho días, después de su recepción, para darle trámite y procederá a integrar una Comisión Pesquisidora integrada por cinco miembros del pleno electos por sorteo.

Dicha norma también se explica que las decisiones de la Comisión Pesquisidora serán aprobadas por mayoría de votos, es decir, las dos terceras partes equivalentes a 107 votos, con los cuales se declarará con lugar o sin lugar el informe de la pesquisa.

Si se declara con lugar, el expediente retornará a la CSJ, en donde se designará un juzgado para que inicie las gestiones correspondientes.

PRESENTAN QUERELLA

Según Guerrero, la acción legal en contra de la Fiscal General se planteó para «reencausar el Estado de Derecho que tanto le hace falta al Ministerio Público».

También adelantó que esta será una de varias acciones que se presentarán desde el Organismo Ejecutivo en contra de todos los actores corruptos.

La Hora

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