Ecuador | La Ley Orgánica que modifica el Codigo Penal y la Ley de extinción de dominio pasa el primer debate
La Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular pasó el primer debate
El Pleno de la Asamblea Nacional analizó, en primer debate, el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, el cual reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El informe unifica en un solo texto los cinco proyectos remitidos por el Ejecutivo y contiene 24 artículos, que contribuirán en la lucha contra la inseguridad, los grupos de delincuencia organizada, la minería ilegal y en viabilizar la extinción de dominio de los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita.
Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidista que analizó las reformas y ponente del informe, manifestó que Ecuador atraviesa por un contexto de inseguridad sin precedentes, por lo que era urgente viabilizar herramientas para que los operadores de justicia y servidores de la fuerza pública puedan hacer su trabajo eficientemente y sin temor.
“Se construyó un proyecto que tipifica nuevos delitos, como la tenencia de armas de uso privativo de la fuerza pública, que incrementa penas de hasta 30 años en delitos de terrorismo, tráfico de drogas, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, tráfico de migrantes, pornografía infantil, entre otros”, dijo el legislador.
En el debate intervinieron 13 legisladores. Dijeron que se requiere un amplio consenso para dar cumplimiento al mandato popular expresado en las urnas.
Lucía Posso, Catalina Salazar y Steven Ordóñez destacaron que son 12 los delitos en los que se endurecerán las penas, a fin de aplicar todo el peso de la ley a quienes incurran en ellos. También señalaron que se eliminarán los beneficios penitenciarios a las personas privadas de la libertad que hayan sido condenadas por: asesinato; femicidio; sicariato; delitos contra la integridad con resultado de muerte; entre otros.
Vicente Taiano manifestó que la reforma no resolverá el problema de la inseguridad, pero sí constituye en un insumo para el combate a la delincuencia.
Patricia Mendoza y Fernando Cedeño señalaron que la norma deberá observar los principios de proporcionalidad y dosimetría penal, para la graduación adecuada de las sanciones punitivas. Mencionaron que el incremento de penas no necesariamente reduce los índices de criminalidad. Se debe ser garantes de derechos y realizar reformas que sean eficaces sin vulnerar la Constitución y el debido proceso.
Inés Alarcón destacó el aporte de la reforma que propone que las armas de fuego incautadas y vinculadas al cometimiento de delitos, sean objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según la necesidad de cada institución. “Aproximadamente, 32 mil armas de fuego vinculadas a ilícitos fueron incautadas durante el 2023, de estas, el 14%, 4 597 son armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Con esta reforma estas armas que sirvieron para aterrorizar servirán ahora para la protección ciudadana”.
Una vez concluido el debate, la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz solicitó notificar a la Comisión Multipartidista con las observaciones recogidas para dar continuidad al proceso legislativo y a la elaboración del informe para segundo debate.
La Comisión que tramita la ley de la consulta popular avanza con la presión del tiempo y con pocos aportes del Ejecutivo
Este 10 de junio de 2024 comienza la cuarta semana de trabajo de la comisión ocasional multipartidista de la Asamblea Nacional, a cargo de tramitar las leyes que se desprenden de la consulta popular y referéndum 2024, conforme a los proyectos presentados por el presidente Daniel Noboa.
Entre el 10 y el 16 de junio está previsto que el Pleno de la Asamblea conozca y debata el primer informe, aprobado por la comisión de manera unánime. Hay expectativa de que la sesión se lleve a cabo mañana, martes 11 de junio, para lo cual se necesitaría la convocatoria del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.
Se tratan de tres reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y uno a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Todos se unificaron en un solo proyecto de 24 artículos.
Desde su conformación, la mesa legislativa tuvo algunos tropiezos por discrepancias entre bancadas, no todos estaban de acuerdo con los asambleístas que la integran, inicialmente se barajaban otros nombres para los representantes de ADN, Construye y los independientes.
Tiempos ajustados para la aprobación de la ley de la consulta popular
La Comisión analizó las reformas al COIP: el incremento de penas para ciertos delitos; que los privados de libertad cumplan la totalidad de sus penas dentro de los centros de rehabilitación; tipificación del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional; y el destino de las armas utilizadas en ilícitos.
También la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que establece que la iniciativa de investigación no necesite una declaración de sentencia penal condenatoria.
Todo se incluyó en un solo documento, conforme a lo acordado por la comisión.
En entrevista con Ecuavisa.com, la vicepresidenta de la Comisión, Lucía Posso, explica que si no se unificaban los proyectos, hubieran sido necesarios cinco trámites independientes, lo que complicaba el trabajo de los legisladores en el corto tiempo establecido.
Ahora, es más sencillo y fácil acoplarse a los 45 días, pues se asemejaría al tiempo de gestión de proyectos económicos urgentes.
La legisladora tiene expectativas de que se cumpla con el cronograma establecido, bajo el cual ya se tendría que aprobar hasta el 4 de julio próximo.
Sin embargo, no todo en la comisión ha fluido. El pasado 5 de junio de 2024, estaban previstas las comparecencias de algunas autoridades del Ejecutivo, pero la mayoría no se presentó. Por ejemplo: el director de la UAFE, José Neira; el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix; el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria, Shirley Muñoz; el Comandante General de la Policía, César Zapata; y Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Posso explica que era importante contar con el criterio de las autoridades porque ellos administran la norma en la práctica.
«Teníamos toda una tarde prevista para contar con los aportes y no acudieron», indicó la asambleísta. Teme que luego se realicen aportes extemporáneos y que no se logren incorporar. El mismo sentir tiene el presidente de la comisión, Carlos Vera.
La asambleísta Patricia Mendoza sugirió que se difunda un boletín en el que conste que los representantes de los ministerios no acudieron a la comisión.
La reforma a la Ley de Extinción de Dominio es un nudo crítico en las reformas.
Para Posso, lo más complejo de las reformas es la aplicación de la pregunta K, en la que los ecuatorianos decidieron simplificar el procedimiento para que el Estado sea el titular de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Para ello se retira el requisito de sentencia ejecutoriada, pero hay la preocupación de que al hacerlo se vulneren los derechos de presunción de inocencia.
De hecho, ese fue uno de los argumentos de la asambleísta Mendoza para abstenerse en la votación del informe para primer debate.
Otro tema que genera preocupación es el endurecimiento de pena para ciertos delitos, como terrorismo, tráfico de drogas, delincuencia organizada o lavado de activos.
Ahí la preocupación es que no se respete la proporcionalidad de las penas con las sanciones.
Tras el primer debate, los asambleístas no tienen la oportunidad de incluir reformas que no se hayan aprobado en la consulta, únicamente pueden mejorar los textos, según explica la abogada constitucionalista, que participó como invitada de la comisión, Pamela Aguirre Castro.
Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril pasó el primer debate
El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate, el proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, el cual reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
El informe analizado unifica en un solo texto los cinco proyectos remitidos por el Ejecutivo y contiene 24 artículos, que contribuirán en la lucha contra la inseguridad, los grupos de delincuencia organizada, la minería ilegal y en viabilizar la extinción de dominio de los bienes y recursos obtenidos de manera ilícita.
Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidista que analizó las reformas y ponente del informe, manifestó que el Ecuador atraviesa por un contexto de inseguridad sin precedentes, por lo que era urgente viabilizar herramientas para que los operadores de justicia y servidores de la fuerza pública puedan hacer su trabajo eficientemente y sin temor.
“Junto a representantes de las funciones del Estado, miembros de la academia y cuerpos colegiados en materia penal, se construyó un proyecto que tipifica nuevos delitos, como la tenencia de armas de uso privativo de la fuerza pública, que incrementa penas de hasta 30 años en delitos de terrorismo, tráfico de drogas, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, tráfico de migrantes, pornografía infantil, entre otros”, dijo.
En el debate intervinieron 13 legisladores, quienes resaltaron la necesidad de un amplio consenso para dar cumplimiento al mandato popular expresado en las urnas.
Los legisladores Lucía Posso, Catalina Salazar y Steven Ordóñez destacaron que son 12 los delitos en los que se endurecerán las penas, a fin de aplicar todo el peso de la ley a quienes incurran en ellos. También señalaron que se eliminarán los beneficios penitenciarios a las personas privadas de la libertad que hayan sido condenadas por: asesinato; femicidio; sicariato; delitos contra la integridad con resultado de muerte; entre otros.
De su lado, Vicente Taiano, manifestó que, la reforma por sí misma no resolverá el problema de la inseguridad, sí constituye en un insumo necesario para el combate a la delincuencia, poniendo en el centro del debate el dolor de las víctimas.
Patricia Mendoza y Fernando Cedeño señalaron que la norma deberá observar los principios de proporcionalidad y dosimetría penal, para la graduación adecuada de las sanciones punitivas. Mencionaron que el incremento de penas no necesariamente reduce los índices de criminalidad. Debemos ser garantes de derechos y realizar reformas que sean eficaces sin vulnerar la Constitución de la República y el debido proceso.
Finalmente, Inés Alarcón destacó el valioso aporte de la reforma que propone que las armas de fuego incautadas y vinculadas al cometimiento de delitos, sean objeto de uso inmediato de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según la necesidad de cada institución. “Aproximadamente, 32 mil armas de fuego vinculadas a ilícitos fueron incautadas durante el 2023, de estas, el 14 %, 4.597 son armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública. Con esta reforma estas armas que sirvieron para aterrorizar servirán ahora para la protección ciudadana”, destacó.
Una vez concluido el debate, la primera vicepresidenta del Parlamento, Viviana Veloz solicitó notificar a la Comisión Multipartidista con las observaciones recogidas para dar continuidad al proceso legislativo y a la elaboración del informe para segundo debate.
