Bolivia | La Ley de Tierras: objetivos y resistencia – Por Tupaj García
Bolivia | La Ley de Tierras: objetivos y resistencia
Por Tupaj García*
Promulgada por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el 8 de abril de 2026, la Ley 157 de Tierras impactó de lleno en el campo político nacional. La ley impulsada por Branko Marinkovic, uno de los terratenientes más influyentes del país, tiene por objetivo permitir a los pequeños propietarios de la tierra vender o hipotecar sus propiedades a cambio de créditos productivos de la banca privada. Lo que le faltó decir al ex líder separatista es que él, al igual que sus socios, son los principales accionistas de los bancos que prestaran esos créditos productivos.
El chiste se cuenta solo, la agroindustria impulsa a los pequeños propietarios a hipotecar sus tierras para luego embargarlas y repartírselas en subastas. Por si esto no fuera suficiente, la Fundación Tierra (Colque, 2026) dio a conocer que existen 2.5 millones de hectáreas en Santa Cruz que figuran ante el INRA como pequeña propiedad pero, en la práctica, se utilizan como parte de los predios de producción agroindustrial. Sin viviendas, contratos de alquiler o mayores justificaciones, estas propiedades ya operan como parte de la agroindustria y sus dueños se han desplazado a ciudades intermedias. En los últimos años al menos 60 comunidades de pequeños productores han desaparecido en el norte de Santa Cruz bajo este procedimiento.
Ahora si tenemos la figura completa. La Ley 157 cumple una función económica y política estructural para la elite agroindustrial boliviana: destruir las comunidades en favor de un proceso de concentración de la tierra (ALAS, 2026).
En respuesta a esta Ley, los sindicatos campesinos y las comunidades indígenas han comenzado un proceso de organización y deliberación interna respecto a qué medidas se tomarán, mientras que otras ya han comenzado a movilizarse. Desde el norte amazónico del país, otrora bastión de terratenientes, la federación de campesinos y las organizaciones comunales han comenzado una marcha rumbo a la sede de gobierno. Hasta la fecha la marcha ya recorrió 240 de los 661 kilómetros y se aproxima a paso firme para iniciar el ascenso a la cordillera de los Andes.
En paralelo, el martes 14 de abril inició una marcha de comunidades aymaras en defensa de la democracia y abolición de la ley de tierras desde Puerto Acosta, igualmente con dirección a la sede de gobierno. Por último, el sábado 11 de abril se llevó a cabo un cabildo de la ciudad de El Alto, colindante con la sede de gobierno, donde miles de campesinos y vecinos exigieron la abrogación de la Ley de Tierras, entre otras demandas.
Para cerrar, la ley 157 es el quinto intento de concentración de tierras en los 201 años de historia nacional. El primero, implementado en 1864, terminó con una rebelión comunal que dio paso a un cambio de gobierno. El segundo y tercero (1874 y 1893) dieron paso a una guerra civil entre las comunidades y el Estado. El cuarto (1946-1952) insurreccionó a las comunidades y campesinos que, a punta de fusiles y piedras, tomaron las haciendas y obligaron al gobierno nacional a decretar, el 2 de agosto de 1953, la Reforma Agraria.
Curioso resulta ser que para las comunidades aymaras y quechuas el pasado se encuentra adelante, es decir, que para saber qué hacer ante una dificultad hay que mirar lo que ya se hizo. Podemos concluir que el gobierno y sus patrones juegan con algo que, quizás, su corta memoria aún no alcanza a recordar.
*Tupaj García Miembro del Movimiento de Resistencia Plurinacional. Corresponsal de NODAL en Bolivia
Bibliografía:
- ALAS. (2026, marzo). Boletín informativo institucional (N.º 1). ALAS – Asesoría Legal de Asistencia Social.
- Colque, G. (2026, marzo). Ley de conversión de pequeña propiedad
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