Cuando el territorio marcha: Bolivia entre el retorno de la crisis y la memoria de las luchas populares – Por Mishka Iturri Avendaño

Cuando el territorio marcha: Bolivia entre el retorno de la crisis y la memoria de las luchas populares – Por Mishka Iturri Avendaño

 

Mishka Iturri Avendaño*

“Cuadra o no cuadra, no estuve muy lúcido”. La frase pronunciada por el presidente Rodrigo Paz al cierre de un mensaje emitido en vísperas del Día del Trabajador se viralizó rápidamente en Bolivia. Convertida en meme, burla o sospecha, pareció inicialmente una anécdota menor de la comunicación política. Pero pocas veces una frase accidental logra condensar con tanta precisión el estado de un país.

Porque en Bolivia, efectivamente, las cuentas ya no terminan de cuadrar.

No cuadran las promesas de estabilidad con el desabastecimiento recurrente de combustible. No cuadran los discursos de recuperación económica con el incremento sostenido del costo de vida. No cuadran los llamados a la paz social con el crecimiento de bloqueos, marchas y conflictos territoriales. Pero quizás el dato más inquietante sea otro: comienza a resquebrajarse la relación entre el Estado y sectores sociales que durante casi dos décadas sostuvieron el pacto político inaugurado por el Proceso de Cambio.

Durante años, Bolivia pareció una excepción regional. Mientras gran parte de América Latina atravesaba ajustes económicos, inestabilidad política y conflictividad social creciente, el país sostuvo un ciclo relativamente prolongado de estabilidad basado en una combinación de presencia estatal, redistribución económica y articulación con organizaciones sindicales, campesinas e indígenas. Ese equilibrio, sin embargo, se ha quebrado.

Reducir la coyuntura actual a un problema de gestión económica o a una crisis de gobierno sería insuficiente. Lo que empieza a emerger es un desgaste más profundo: deterioro material de las condiciones de vida, fragmentación de actores colectivos, crisis de representación y una creciente incertidumbre sobre el rumbo económico del país.

En los últimos años, distintos sectores comenzaron a percibir un desplazamiento gradual (primero ambiguo, hoy cada vez más evidente) hacia políticas más cercanas a una lógica de mercado: mayor centralidad de acuerdos con actores empresariales, tensiones en torno a recursos estratégicos, flexibilizaciones indirectas y crecientes límites al gasto estatal. Si hace cinco años este giro podía interpretarse como un movimiento disimulado, hoy para amplios sectores movilizados aparece como un evidente viraje. Y en Bolivia, esas señales tienen memoria.

Cuando resurgen temores asociados a privatización, debilitamiento de derechos colectivos, presión sobre territorios indígenas o subordinación estatal a intereses empresariales, no se activa únicamente el malestar del presente: reaparece una experiencia histórica conocida.

Pero esa memoria no es solamente económica o territorial; también es profundamente simbólica.

Durante el Proceso de Cambio, los pueblos indígenas no solo conquistaron reconocimiento jurídico o espacios de participación política. También lograron inscribir su presencia en los símbolos mismos del Estado. La irrupción de la wiphala en los actos oficiales, la centralidad de lenguas originarias, ritualidades ancestrales en ceremonias públicas y la reivindicación de un Estado Plurinacional representaron, para amplios sectores indígenas y campesinos, el ingreso histórico a una casa de gobierno que durante siglos les había sido ajena.

Por eso, cuando ciertos símbolos comienzan a desaparecer de la escena estatal, son relegados protocolarmente o pierden centralidad política, cuando los espacios de toma de decisiones se vacían de polleras y trenzas para poblarse de trajes y tacones, la sensación de retroceso no se vive únicamente como un cambio estético o discursivo.  Para muchos pueblos indígenas, se percibe como un destierro simbólico: la impresión de que aquello que alguna vez fue reconocido como parte constitutiva del Estado vuelve lentamente a colocarse en sus márgenes.

Y en Bolivia, los símbolos nunca son solo símbolos. Son memoria política acumulada, reconocimiento histórico y también una forma de pertenencia. Cuando se erosionan, no solo se debilita una narrativa gubernamental: se tensiona el vínculo afectivo y político entre el Estado y sectores que, durante años, por primera vez, sentían que también gobernaban desde su propia identidad

Durante las décadas de 1990 y principios de los 2000, el país vivió un proceso de acumulación de conflictos: resistencia a privatizaciones, luchas sindicales, disputas territoriales indígenas, defensa de recursos naturales y rechazo al sistema político heredado del neoliberalismo. Lo decisivo de aquel periodo no fue solo la intensidad de las protestas, sino su capacidad de articularse.

Demandas inicialmente dispersas comenzaron a reconocerse mutuamente hasta transformarse en una crítica más amplia al modelo económico y político dominante. De esa convergencia surgiría el bloque popular que años después haría posible el Proceso de Cambio.

En esa memoria histórica ocupa un lugar central la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, protagonizada por pueblos indígenas de tierras bajas, especialmente del Beni. Aquella movilización recorrió cientos de kilómetros hasta La Paz exigiendo reconocimiento territorial, derechos colectivos y respeto a formas de vida sistemáticamente ignoradas por el Estado. Su impacto fue decisivo: abrió el camino al reconocimiento de derechos territoriales indígenas colectivos y sentó antecedentes para las posteriores Tierras Comunitarias de Origen.

Treinta y seis años después, los pueblos indígenas del Beni vuelven a marchar hacia La Paz. Pero esta vez no lo hacen para conquistar nuevos derechos, sino para defender los ya conquistados. La diferencia es políticamente significativa. En 1990, el territorio caminó para abrir un horizonte de reconocimiento; en 2026 vuelve a caminar porque ese horizonte es amenazado.

Por eso, la actual marcha no puede leerse únicamente como una protesta regional o sectorial. Su relevancia radica en algo más profundo: reactiva una memoria de lucha y puede estar funcionando como síntoma de una nueva articulación social desde abajo.

Las demandas incluyen la abrogación de la Ley 1720, la defensa de territorios indígena-originario-campesinos, el rechazo a iniciativas percibidas como mecanismos de penalización de la protesta, soluciones a la crisis de combustible, atención a salud y educación rural, y el respeto a derechos históricamente conquistados.

A simple vista, podría parecer una agenda dispersa. Sin embargo, políticamente ocurre algo más relevante: las demandas comienzan nuevamente a reconocerse entre sí.

La disputa por la Ley 1720, por ejemplo, excede el desacuerdo jurídico. Para sectores indígenas y campesinos representa una amenaza a formas colectivas de tenencia territorial construidas tras décadas de movilización. Allí reaparece una memoria larga: el territorio entendido no solo como propiedad, sino como comunidad, sustento material, cultura y autodeterminación.

Pero el Beni no marcha solo. Sus reclamos empiezan a conectarse con malestares presentes en distintas regiones: escasez de combustible, aumento del costo de vida, deterioro de servicios básicos, defensa de derechos colectivos y conflictos territoriales. Al mismo tiempo, sectores fabriles muestran nuevos liderazgos, organizaciones campesinas recuperan capacidad de presión y bases sindicales vuelven a politizarse. Incluso la Central Obrera Boliviana reaparece en un escenario de creciente conflictividad denunciando persecución sindical, represión y detención de dirigentes.

La coyuntura actual no es idéntica a la que precedió al Proceso de Cambio. Aún no existe una fuerza política capaz de condensar este malestar en un horizonte nacional articulador. Sin embargo, la historia boliviana deja una enseñanza clara: las crisis rara vez irrumpen de manera súbita; suelen acumularse antes de hacerse visibles.

Tal vez por eso la frase presidencial adquirió una resonancia inesperada.

Porque quizá el problema ya no sea solamente la lucidez de un mandatario. Bolivia ha entrado a un momento histórico en el que no nos cuadra que nos borren y desconozcan, en el que esconderse tras la fachada de institucionalidad y eficiencia técnica mientras ignoran nuestras demandas e identidades ya no cuadra.

*Mishka Iturri es integrante de Movimiento de Resistencia Plurinacional. Miembro del espacio comunicacional «El club del Té con Té”