Entre la tutela y el abandono: el acceso al aborto para personas con discapacidad en América Latina – Por Verónica Carolina Gonzalez Bonet

Entre la tutela y el abandono: el acceso al aborto para personas con discapacidad en América Latina

Por Verónica Carolina Gonzalez Bonet*

Un informe regional y estudios en Colombia y República Dominicana muestran que las principales barreras no son legislativas, sino sociales, institucionales y culturales.

“Hace dos años fui a consulta por un ovario y quería ligarme las trompas. Me dijeron que no hacían ligaduras ni abortos, pero por tener discapacidad lo aceptaron. Como una acción de doble moral”.

El testimonio expone una de las tensiones que atraviesan el acceso a la salud sexual y reproductiva en América Latina: la autonomía de las personas con discapacidad suele ser reconocida de forma selectiva, condicionada por prejuicios y prácticas institucionales que persisten más allá de los avances legales.

Aunque en las últimas décadas la región registró progresos en la regulación del aborto y en el reconocimiento de derechos, estos cambios no siempre se traducen en acceso efectivo. Para las personas gestantes con discapacidad, las barreras no se limitan a las leyes: se expresan en la falta de información accesible, dificultades para el consentimiento informado, obstáculos en el transporte y la infraestructura, y, sobre todo, en prácticas sociales y médicas atravesadas por el estigma.

Un informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), que analizó la normativa de 13 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay), muestra que todos ratificaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero su implementación es desigual. La falta de adecuación normativa, el uso de lenguaje discriminatorio y la escasa protección de los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo problemas recurrentes.

En términos formales, la mayoría de los países reconoce el derecho a decidir sobre prácticas sanitarias. Sin embargo, en la práctica persisten modelos de sustitución de la voluntad: familiares, representantes legales o incluso profesionales de la salud toman decisiones en nombre de las personas con discapacidad. Esta tensión se vuelve especialmente crítica en el acceso al aborto, donde la autonomía debería ser el principio rector.

El consentimiento informado —que implica información clara, comprensión y decisión libre— continúa siendo una deuda pendiente. En muchos casos, no se garantiza la accesibilidad de la información ni los apoyos necesarios para que las personas puedan decidir por sí mismas. Esto no solo limita derechos, sino que reproduce una lógica histórica de control sobre sus cuerpos.

A estas barreras se suman factores estructurales como la desigualdad territorial, la falta de transporte accesible y la escasa capacitación del personal de salud. El resultado es un acceso fragmentado, muchas veces dependiente de redes informales o de la voluntad individual de quienes brindan atención.

Las leyes sobre aborto en la región son diversas: algunos países lo prohíben completamente, otros lo permiten bajo causales específicas y un grupo más reducido lo habilita por plazos. Sin embargo, incluso en los contextos más avanzados, la inclusión de las personas con discapacidad es limitada y, en muchos casos, meramente formal.

Además, persisten estigmas profundamente arraigados: la idea de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones, que no tienen deseo sexual o que su reproducción es “indeseable”. Estos prejuicios impactan directamente en la calidad de la atención y en la posibilidad de ejercer derechos en condiciones de igualdad.

Esta situación resulta especialmente preocupante a la luz de los antecedentes regionales de esterilizaciones forzadas, abortos y uso coercitivo de anticonceptivos en personas con discapacidad, que evidencian la persistencia de modelos de sustitución de la voluntad. En varios países, las normas han permitido la intervención de terceros en decisiones sobre salud sexual y reproductiva, incluso en prácticas irreversibles. Por ejemplo, en Brasil se ha exigido autorización judicial para la esterilización de personas consideradas incapaces, y en Chile, Ecuador, México y Uruguay aún persisten esquemas de decisión por sustitución. En este contexto, el caso argentino resulta ilustrativo: la normativa sobre anticoncepción quirúrgica habilitaba la esterilización con autorización de representantes o jueces, hasta que en 2021 fue modificada para eliminar estas disposiciones, prohibir la sustitución del consentimiento y garantizar el acceso autónomo a la anticoncepción quirúrgica.

Barreras más allá de la ley

Los estudios realizados en Colombia (Polimorfas) y República Dominicana (Cimudis) coinciden en un punto central: las restricciones en el acceso al aborto no derivan de la discapacidad en sí misma, sino de un entramado de barreras sociales, institucionales y culturales.

Colombia: derechos en la ley, barreras en la práctica

En Colombia, el marco legal sobre aborto es uno de los más avanzados de la región. La despenalización hasta la semana 24 y la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo establecen un piso de derechos que, en teoría, garantiza el acceso.

Sin embargo, estos avances conviven con obstáculos persistentes. Las personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad, falta de información adecuada y prácticas discriminatorias que limitan el acceso a servicios oportunos y seguros.

Uno de los problemas más frecuentes es la burocratización de los ajustes razonables. Aunque deberían garantizarse de forma inmediata, muchas veces dependen de trámites administrativos o intervenciones de organismos de control, lo que retrasa la atención.

A esto se suma la falta de capacitación del personal de salud. La ausencia de formación específica en discapacidad y derechos sexuales y reproductivos se traduce en demoras, negaciones y, en algunos casos, en un trato que vulnera la autonomía de las personas.

“En un contexto médico se me ha dicho que la interrupción del embarazo para mí está justificada porque, de lo contrario, sería irresponsable”, relata una mujer con discapacidad. La frase revela una lógica persistente: las decisiones reproductivas son evaluadas desde criterios externos, muchas veces atravesados por prejuicios.

El enfoque paternalista sigue presente en la atención. En lugar de garantizar apoyos para la toma de decisiones, se privilegia la intervención de familiares o acompañantes, reproduciendo dinámicas de sustitución de la voluntad. Una trabajadora de salud puntualiza “pues terminan las personas comunicándose directamente con las responsables o las personas que “ sí me entienden” o quienes vienen trayendo a esta persona. Casi como cosificando a la consultante que está buscando el servicio de salud”.

Las brechas territoriales profundizan estas desigualdades. En zonas rurales, la falta de servicios y la escasa formación del personal amplifican las dificultades de acceso, generando demoras y mayores riesgos.

A pesar de este panorama, algunas instituciones han comenzado a incorporar una perspectiva de discapacidad en la atención. Estas experiencias, aunque aún incipientes, muestran que es posible avanzar hacia modelos más inclusivos.

República Dominicana: prohibición y exclusión estructural

Si en Colombia la distancia entre la ley y la práctica marca el problema, en República Dominicana el escenario es aún más restrictivo. Allí, la prohibición total del aborto convive con un sistema de salud que reproduce formas profundas de exclusión hacia las mujeres con discapacidad.

Un estudio realizado en 2025 en distintas provincias del país muestra un patrón alarmante: la autonomía reproductiva no solo está limitada por la legislación, sino también por prácticas sistemáticas de sustitución de la voluntad. La mitad de las esterilizaciones relevadas —incluidas ligaduras de trompas e histerectomías— fueron realizadas sin consentimiento pleno, impulsadas por familiares o personal médico.

La violencia también atraviesa la experiencia en los servicios de salud. Casi la mitad de las mujeres entrevistadas reportaron maltratos que van desde insultos y gritos hasta violencia física. A esto se suman situaciones de violencia obstétrica y abusos sexuales, en un contexto donde los espacios de atención no funcionan como ámbitos de cuidado, sino como escenarios que profundizan la vulnerabilidad.

Las barreras no son solo simbólicas. Aunque en algunos casos existe infraestructura básica, faltan condiciones esenciales para la atención: camillas ginecológicas adaptadas, tiempos adecuados de atención y acceso oportuno a estudios. Las demoras prolongadas y la falta de equipamiento convierten prácticas de prevención en experiencias inaccesibles.

El impacto es directo en la salud: una de cada cuatro mujeres entrevistadas nunca se realizó una citología vaginal y más de la mitad reporta infecciones recurrentes. A esto se suman obstáculos económicos y de transporte que limitan aún más el acceso a servicios.

En este contexto, la supuesta “protección” que ejercen familias y profesionales se transforma en un mecanismo de control y opresión. Las decisiones sobre el cuerpo y la reproducción quedan en manos de terceros, negando la capacidad jurídica y la autonomía de las mujeres con discapacidad.

Sin embargo, los datos también desmontan uno de los estereotipos más extendidos: la mayoría de las mujeres entrevistadas tiene vida sexual activa y proyectos reproductivos. Lejos de la idea de la asexualidad, lo que emerge es una población con deseos, decisiones y necesidades que el sistema no logra —o no busca— reconocer.

Datos que no existen

Uno de los principales obstáculos para abordar esta problemática es la falta de información. La ausencia de datos desagregados sobre discapacidad en los sistemas de salud impide dimensionar el problema y diseñar políticas públicas efectivas.

En República Dominicana, ninguno de los centros relevados cuenta con registros que permitan identificar cuántas personas con discapacidad acceden a servicios de salud sexual y reproductiva. Esta invisibilidad estadística se traduce en exclusión: lo que no se mide, no se atiende.

En Colombia, los registros disponibles permiten identificar algunas tendencias —como la cantidad de atenciones de interrupción del embarazo en personas con discapacidad—, pero no capturan la demanda insatisfecha: cuántas solicitudes fueron rechazadas, qué barreras enfrentaron o por qué no accedieron al servicio.

La falta de datos no es un problema técnico aislado, sino una dimensión estructural de la desigualdad. Sin evidencia, las políticas públicas se diseñan sin contemplar las necesidades específicas de esta población.

Cuerpos y decisiones bajo sospecha

En esta historia la violencia y el silencio se entrelazan: “En el año 2016 me embaracé de mi novio y tuve que ir a la casa de mi madre en Samaná,  estábamos reunidos en la casa y todos me reclamaban  por el embarazo, pero mi padrastro nunca dijo nada,  ni me reclamó,  pero a los 4 meses de embarazo el  empezó a acosarme, y a ponerme la mano; un día me sentí mal y me llevaron al hospital, él  y el  chofer de la casa. De regreso, dos esquinas antes, que es por donde se doblaba para llegar a casa, le dijo al chofer que nos dejara ahí, el chofer contestó  que no me podía dejar a mitad de camino, yo estaba todavía un poco mareada y él dijo que yo con él estaba mejor cuidada  que con el  mismo chofer  u otra  persona, y que él me llevaría agarrada. Entonces en ese trayecto  de llegar a la casa, él se aprovechó y  me violó, ahí inició la violencia con penetración forzada. Mi padrastro seguía abusando de mi cada vez que podía hasta que nació mi hijo.

Luego 2 meses después, volvió hacer lo mismo, ahora esperaba que mi madre saliera de casa y enseguida empezaba a forzarme, sentía mucho asco y dolor porque era el esposo de mi madre y también se acostaba con ella. En eso pasaron 2 años que yo aguanté, día tras día esas violaciones, porque me tenía amenazada con matar a mi mamá y a mi hijo, en ese transcurrir de estar siendo forzada por él, salí embarazada (ahora no deseado) porque era de mi padrastro y producto de la violación. Ahí mi mamá se dio cuenta y me mandó a vivir con mi hermana en San Pedro. Mi mamá, no me creía, pero a mi hermana sí le conté todo desde el principio y tomamos la decisión de mandarla a buscar. Cuando mi madre llegó, ahí pudimos explicarle lo sucedido, pero mi madre no lo creía y todavía no lo cree, ella dice que yo lo provocaba, quizás por eso no hubo una denuncia formal.

Quería abortar, pero no podía, me sentiría culpable de quitarle la vida a alguien que no pidió nacer, muchas personas me daban pastillas y me aconsejaban que abortara. Luego fui al doctor y le dije que yo quería hacerme un aborto, por decisión propia, y me hizo un ultrasonido diagnosticándome con el cuello uterino alto.  Entonces decidí hacerme mis chequeos rutinarios para tener la bebé, y luego regalarla a una persona que le diera el amor que yo no podía, pero al tiempo me diagnosticaron con rotura prematura de membranas (RPM), y la niña murió.

Todavía mi madre y mi padrastro viven juntos en Samaná, yo me quedé en San Pedro con mi hijo y mi hermana. Si, ya le dijimos a mi padrastro que, si algún día él va a San Pedro, lo vamos a denunciar, así que debe mantenerse lejos de mí y de mi hijo”.

A las barreras institucionales se suman violencias más profundas, muchas veces invisibilizadas. Las mujeres con discapacidad enfrentan mayores dificultades para ser reconocidas como sujetas de derecho, incluso en situaciones extremas.

Los testimonios relevados dan cuenta de experiencias de abuso, coerción y falta de credibilidad por parte de familias y sistemas de salud. En estos contextos, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo se ve atravesada por múltiples formas de violencia que limitan o directamente anulan la autonomía.

La infantilización es una de las formas más extendidas. Las mujeres con discapacidad son tratadas como “incapaces” de comprender o decidir, lo que habilita la intervención de terceros en aspectos centrales de su vida reproductiva.

Esta lógica no solo restringe derechos, sino que también expone a mayores riesgos. La falta de información, de privacidad y de acceso a servicios adecuados incrementa la vulnerabilidad frente a situaciones de violencia y dificulta la búsqueda de ayuda.

Prejuicios que deciden

Las barreras no son únicamente materiales o institucionales. También operan a través de imaginarios sociales que condicionan las decisiones reproductivas de las personas con discapacidad.

Tres enfoques aparecen de manera recurrente:

• El eugenésico, que considera indeseable la reproducción de personas con discapacidad y justifica intervenciones sobre sus cuerpos.
• El paternalista, que las ubica como sujetos a proteger, negando su capacidad de decisión.
• El capacitista, que parte de la idea de que solo ciertas formas “standard” de movilidad, comunicación, expresión, percepción, de estar  en el mundo son válidas. Todo aquello que sale de lo habitual, se considera disvalioso.

Estos prejuicios generan un doble estándar. Mientras que a las mujeres sin discapacidad se las estigmatiza por abortar, en el caso de las mujeres con discapacidad muchas veces se promueve o justifica la interrupción del embarazo, incluso sin su consentimiento.

“Para mí está justificado, pero para otras mujeres no”, resume una de las entrevistadas, señalando la contradicción.

A su vez, la negación de la sexualidad sigue siendo un obstáculo central. La idea de que las personas con discapacidad no tienen deseo o no pueden quedar embarazadas invisibiliza sus necesidades y dificulta el acceso a información y servicios.

Alianzas para garantizar derechos

Frente a las limitaciones del sistema de salud, las organizaciones sociales cumplen un rol clave en el acompañamiento y la defensa de derechos. A través de asesoramiento jurídico, acceso a información y acompañamiento en procesos de aborto, estas redes permiten sortear algunas de las barreras existentes.

Sin embargo, también enfrentan desafíos. La falta de materiales accesibles, la necesidad de formación específica y las dificultades para abordar distintas necesidades de accesibilidad y ajustes razonables muestran que el camino hacia la inclusión es aún incipiente.

En los últimos años, algunas organizaciones comenzaron a revisar sus propias prácticas, incorporando enfoques anticapacitistas y anticuerdistas y estrategias de accesibilidad en la comunicación.  El anticuerdismo es un movimiento que busca erradicar los prejuicios la opresión biomédica y social hacia personas con discapacidad psicosocial, neurodivergencia y hacia la locura. Este proceso que vienen realizando las organizaciones, todavía en construcción, apunta a garantizar que la información y el acompañamiento lleguen a todas las personas en condiciones de igualdad.

Además, la articulación con organizaciones de personas con discapacidad aparece como un elemento clave. La participación activa de estos colectivos en el diseño de políticas, protocolos y materiales no solo mejora la calidad de las intervenciones, sino que fortalece su legitimidad.

Entre el derecho y la realidad

El panorama en América Latina muestra una contradicción persistente. Mientras los marcos legales avanzan en el reconocimiento de derechos, las prácticas institucionales y sociales continúan reproduciendo barreras que limitan su ejercicio efectivo.

En el caso de las personas con discapacidad, esta brecha se vuelve más evidente. La falta de accesibilidad, la persistencia de modelos de sustitución de la voluntad y los prejuicios arraigados configuran un escenario donde la autonomía sigue siendo una promesa más que una realidad.

Superar estas limitaciones no depende únicamente de reformas legales. Requiere transformar las prácticas en los sistemas de salud, garantizar accesibilidad en todas sus dimensiones y reconocer a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos.

En última instancia, el acceso al aborto —como al conjunto de los derechos sexuales y reproductivos— no es solo una cuestión normativa. Es una medida concreta de igualdad.

 

*Periodista argentina especializada en discapacidad, género y derechos humanos.