Feminismo popular, memoria y resistencia a un año de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner – Por Alejandra Rizzo
Feminismo popular, memoria y resistencia a un año de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner
*Por Alejandra Rizzo
Se cumple un año desde que Cristina Fernández de Kirchner fue privada de su libertad en el marco de la causa Vialidad. Doce meses después, lejos de desaparecer de la escena pública, su figura continúa ocupando un lugar central en la política argentina. La dirigente más importante de la oposición permanece detenida e inhabilitada para competir electoralmente, mientras miles de personas siguen movilizándose en todo el país denunciando que su condena constituye un caso de persecución política y proscripción.
La sentencia que hoy la mantiene presa fue el punto culminante de más de una década de hostigamiento mediático, persecución judicial y construcción sistemática de discursos de odio. Un proceso que alcanzó su expresión más brutal el 1 de septiembre de 2022, cuando sufrió un intento de magni femicidio frente a su domicilio, rodeada por miles de militantes que se habían acercado para respaldarla.
Durante años, sobre Cristina se desplegó una maquinaria de estigmatización que excedió ampliamente las críticas a sus políticas de gobierno. Su cuerpo, su voz, su forma de vestir, sus emociones, su condición de mujer y de viuda fueron objeto permanente de agresiones. Se la acusó de soberbia por ejercer liderazgo, de autoritaria por tomar decisiones, de ambiciosa por disputar poder. Conductas que en dirigentes varones suelen interpretarse como atributos de conducción, fueron utilizadas para construir una imagen negativa cuando quien las ejercía era una mujer.
Porque lo que estaba en discusión no era únicamente una figura política, lo que se buscó disciplinar fue a una dirigente que se animó a disputar poder económico, político y simbólico a los sectores más concentrados de la Argentina. El castigo no recayó solamente sobre una ex presidenta, también se proyectó sobre una experiencia histórica que demostró que una mujer podía conducir el país, ampliar derechos, confrontar con las corporaciones y construir una representación popular capaz de desafiar los límites impuestos por las élites tradicionales.
La centralidad que conserva Cristina un año después de su encarcelamiento también está vinculada al legado de sus gobiernos y a las huellas que dejaron en la sociedad argentina. Entre los capítulos más significativos de sus gobiernos figura un conjunto de transformaciones en materia de derechos que, con el tiempo, pasaron a ser parte constitutiva de lo que el feminismo popular reconoce como conquistas históricas.
El concepto de feminismo popular encontró durante los gobiernos de Cristina una expresión institucional que pocas veces había tenido en la región. No se trató de un feminismo de élite ni de un discurso desconectado de las condiciones materiales de vida, las transformaciones impulsadas desde el Estado apuntaron a modificar, de manera concreta, la situación de las mujeres que más lo necesitaban.
La Asignación Universal por Hijo, implementada en 2009, fue quizás el ejemplo más elocuente de esa articulación. Millones de mujeres que sostenían cotidianamente el trabajo de cuidado sin reconocimiento ni respaldo estatal vieron, por primera vez, que el Estado les transfería recursos directos. Esa política no solo redujo la pobreza infantil, reconoció implícitamente, que el trabajo reproductivo tiene valor y que quienes lo realizan merecen protección. Con el mismo objetivo se implementó la Jubilación de ama de casa en el año 2006, a la que accedieron mujeres a partir de los 60 años, pudiendo regularizar su situación previsional utilizando el sistema de moratorias que reconoció las tareas de cuidado como trabajo y que se tradujo, además, en independencia económica para millones de mujeres a lo largo y ancho del país que sufrían este tipo de violencia.
En el mismo espíritu se inscribieron las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, aprobadas en 2010 y 2012 respectivamente. Ambas ampliaron derechos para sectores históricamente excluidos y colocaron a Argentina en la vanguardia latinoamericana en materia de diversidad. La Ley de Identidad de Género, en particular, fue reconocida como una de las más avanzadas del mundo, permitió a las personas modificar su nombre y género registral sin requisitos médicos ni judiciales, poniendo la autodeterminación por encima de los criterios del sistema de salud y la justicia.
La Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, sancionada en 2009, estableció por primera vez un marco legal amplio para intervenir ante distintas formas de violencia, más allá del ámbito doméstico. Reconoció la violencia institucional, laboral y mediática como formas específicas de opresión y obligó al Estado a actuar en consecuencia. Su implementación fue desigual y su alcance limitado por la falta de recursos, pero su aprobación representó un punto de inflexión en el tratamiento legal de la problemática.
Durante la vicepresidencia de Fernández de Kirchner, entre 2019 y 2023, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en diciembre de 2020. Fue el resultado de años de movilización callejera y de una acumulación política que encontró, en ese momento, las condiciones institucionales para traducirse en ley. La legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación cerró una deuda histórica con los derechos reproductivos de las mujeres argentinas.
Ese recorrido que va desde las políticas de transferencia de ingresos hasta los derechos reproductivos, pasando por la diversidad y la protección frente a la violencia, traza una línea que el feminismo popular reivindica como parte de un proyecto político más amplio, el de un estado presente en la vida de quienes históricamente fueron excluidos de sus beneficios. En ese proyecto, las mujeres y las disidencias no fueron un agregado ni una concesión, fueron parte central de la agenda.
A un año de que se ordenara su prisión, el intento de disciplinamiento político que buscó su condena muestra sus propios límites. Las restricciones impuestas sobre su residencia en Constitución no han logrado neutralizar la densidad de un liderazgo que se reactualiza cotidianamente en la vereda de su casa. Lo que los tribunales diseñaron como el confinamiento y el final de un ciclo, se transformó para sus militantes en un nuevo epicentro de resistencia y en la confirmación de que la disputa por el sentido de la democracia sigue abierta.
La historia demuestra que la legitimidad popular no se extingue en los despachos de los tribunales. Se construye en las conquistas que sobreviven al paso del tiempo, en las memorias colectivas que resisten los intentos de borramiento y en los pueblos que se niegan a renunciar a los derechos conquistados. Es allí donde sigue residiendo la verdadera dimensión política de Cristina Fernández de Kirchner.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de Nodal.
