Un año con CFK presa e inhabilitada: lawfare, desestatización y ajuste – Por Silvina Romano, Marcelo Maisonnave, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández
Un año con CFK presa e inhabilitada: lawfare, desestatización y ajuste
Por Silvina Romano, Marcelo Maisonnave, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández*
El 10 de junio de 2025, los tres jueces de la maltrecha Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina —Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— ratificaron la condena contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en la causa conocida como «Vialidad». Siete días después, el 17 de junio, la ex presidenta quedó detenida bajo arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución. Hoy se cumple un año de ese momento. Este aniversario no es solo una fecha: es la ocasión de reafirmar que lo ocurrido con CFK, dirigente política que por voto popular fue presidenta entre los años 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023, constituye uno de los casos más emblemáticos de lawfare en América Latina.
La condena ratificada por la Corte (apenas ocho días después de que CFK hiciera pública su intención de ser candidata a legisladora bonaerense en las elecciones de septiembre), establece seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además del decomiso de bienes por aproximadamente 500 millones de dólares. En los hechos, esta pena implica la proscripción de por vida de la principal dirigente de la oposición argentina (al gobierno de Javier Milei), líder del peronismo y presidenta del Partido Justicialista.
Además, las condiciones de detención domiciliaria impuestas a CFK son peores que las de condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos graves como narcotráfico. A Cristina le limitan las visitas (debe solicitar permiso para cada una y le habilitan apenas unas horas a la semana), le imponen tobillera electrónica y hasta le fiscalizan los movimientos dentro del departamento. El lawfare en Argentina encuentra en este punto su máxima expresión, erosionando gravemente la democracia y la vigencia del Estado de Derecho.
Un proceso plagado de irregularidades
La causa Vialidad tiene su origen en una investigación sobre la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y CFK. Según la acusación, se habría favorecido ilegalmente a un empresario en particular, Lázaro Báez, a la vez que los fiscales plantearon la existencia de sobreprecios. Sin embargo, lo que debió ser una oportunidad para esclarecer con rigor jurídico si ocurrieron o no delitos terminó siendo una causa plagada de serias violaciones al debido proceso y teñido de intereses políticos. La sentencia de primera instancia, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 en diciembre de 2022 (apenas dos meses después del intento de magnicidio contra CFK, hecho del cual nunca se investigaron en profundidad las autorías mediatas) y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024, estuvo basada en irregularidades procesales y vicios de fondo: ausencia de pruebas directas, testigos desestimados y pruebas rechazadas vulnerando el derecho de defensa, violación al non bis in idem (lo mismos hechos ya habían sido juzgados), peritajes forzados y falsos, fiscales y jueces sospechados de parcialidad y puestos a dedo violando el principio de juez natural. En ningún momento se probó la responsabilidad de CFK en la comisión de ningún delito.
El jurista E. Raúl Zaffaroni sintetizó la situación con una metáfora contundente: la Causa Vialidad puede describirse con la imagen de que «debajo de la toga está el hacha del verdugo», advirtiendo que en Argentina se estaba «tocando fondo» en materia de justicia, por responsabilidad de un pequeño grupo de jueces ubicados en posiciones estratégicas (Objetivo Cristina, ELAG/CLAJUD/CELAG, 2023). El ex juez español Baltasar Garzón, por su parte, calificó el proceso como «jurídicamente inadmisible», sostuvo que «es evidente que el objetivo es político» y denunció un «ajusticiamiento político» por parte de los jueces argentinos en una carta abierta dirigida a los magistrados intervinientes (Objetivo Cristina, 2023).
El objetivo político: proscripción e inhabilitación
Entre la docena de causas que se construyeron y acumularon contra CFK en los últimos años, la que más avanzó es la llamada causa Vialidad, que configuró de forma clara un escenario de inhabilitación política de la ex primera mandataria. Actualmente, se intenta la continuidad del Lawfare con otro expediente absolutamente viciado: la causa Cuadernos. Esta acumulación de causas no es casual ni producto de investigaciones independientes: es la expresión de una estrategia deliberada de desgaste, deslegitimación y proscripción. A la vez, el Observatorio Lawfare ha demostrado la existencia de denunciantes seriales, personas que han denunciado a CFK decenas de veces con hechos inventados o carentes de toda prueba, pero que han servido notablemente a la estrategia de desgaste público.
El lawfare es una estrategia de desestabilización multidimensional que recurre a diversas herramientas que pueden operar al mismo tiempo y en paralelo, con un timming especial, dado que se toman decisiones judiciales cruciales en determinados momentos, para ejercer mayor presión política. En este sentido, la inhabilitación perpetua resulta la pena más reveladora de los objetivos reales del proceso. Como señala Gisele Ricobom en Objetivo Cristina (2023), esta pena equivale a un «magnicidio civil»: la eliminación de una figura política sin derramamiento de sangre, por la vía de una sentencia judicial. La periodista Sofía Caram documenta en Condenada (2023) que el pedido de inhabilitación perpetua formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue leído desde el principio como «un intento de proscripción de cara a las elecciones presidenciales de 2023». Los tiempos del proceso judicial y los tiempos del proceso electoral no estuvieron disociados.
Un fenómeno regional
El caso de CFK no puede comprenderse cabalmente si se lo aísla de su contexto regional. El lawfare se basa en una guerra por la vía judicial-mediática: cómo se utilizan denuncias y casos judiciales de forma selectiva y permanente, proyectándolos en los medios de comunicación. El lawfare es la respuesta de los centros de poder alineados particularmente con los intereses estadounidenses y sus aliados locales para contrarrestar el ciclo de gobiernos populares que hegemonizaron la política latinoamericana en la primera década del siglo XXI.
Brasil fue el laboratorio de lo que luego se aplicó en Argentina, Ecuador, Bolivia y otros países. El Lava Jato, la megacausa judicial más importante de la región, fue una manufactura de causas de corrupción contra Lula da Silva que se sumó al ilegal impeachment contra Dilma Rousseff, todo con el objetivo de sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno e impedir que Lula se presentara a las elecciones en 2018. A través de fiscales y jueces sometidos a estos intereses corporativos, se impulsaron las causas que buscan proscribir a los líderes y lideresas progresistas y populares, violando el derecho de defensa, el principio de inocencia y la independencia judicial. El lawfare opera en América Latina a costa de nuestras democracias.
Los intereses detrás del lawfare: desestatización y ajuste
El lawfare no es solo una disputa política: tiene intereses económicos y geopolíticos concretos. Uno de sus objetivos centrales es la desestatización: la reversión de las políticas de Estado que amplían la presencia pública en sectores estratégicos de la economía, el desmantelamiento de proyectos de desarrollo soberano y la subordinación de las economías nacionales a los intereses del capital transnacional. Este fenómeno de desestatización pretende avanzar en reformas legales que favorezcan a las corporaciones financieras globales, garantizándoles rentas extraordinarias que requieren la sobreexplotación laboral y el ajuste de las funciones estatales fundamentales en educación, salud, obra pública, cultura, cuidado del ambiente y defensa.
En este marco, la persecución a CFK tiene un sentido preciso: eliminar del juego político a la líder que más consistentemente encarnó, en este siglo en Argentina, una propuesta de desarrollo nacional con autonomía frente a los condicionamientos externos. El lawfare, en definitiva, invade la soberanía, rompe la democracia y vuelve a la Constitución Nacional una hoja de papel, permitiendo que avancen transformaciones regresivas en materia de derechos humanos.
Un año después
A un año del inicio del arresto domiciliario de CFK, el juicio oral por la causa Cuadernos, otra de las causas del entramado de lawfare, se encuentra en pleno desarrollo ante el Tribunal Oral Federal N°7. En ese juicio, casi treinta imputados y abogados defensores han relatado en audiencias públicas presiones, coacciones y condicionamientos que vician de nulidad la instrucción de esa causa. Las declaraciones confirman un patrón sistemático: el uso de la detención preventiva como herramienta de extorsión para obtener confesiones y comprometer a dirigentes políticos.
Lo que está en juego no es solo el destino de una persona, por más relevante que sea su trayectoria política. Lo que está en juego es la calidad de la democracia en Argentina y en la región, el derecho de los pueblos a elegir a sus representantes sin que el aparato judicial-mediático opere como filtro de los candidatos admisibles, y la posibilidad de construir proyectos políticos soberanos en un continente que históricamente lucha por resistir y revertir distintas formas de tutela externa.
*Miembros del Observatorio del Lawfare
