Argentina: neoliberalismo hídrico extremo, mercantilizar el agua
Argentina: neoliberalismo hídrico extremo, mercantilizar el agua
Emilio Taddei *
A mediados de mayo 2026, el gobierno argentino de Javier Milei inició formalmente la privatización de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), la empresa pública de distribución de agua y saneamiento más importante del país y una de las más grandes de Nuestra América, que cuenta con una red que cubre a más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 3,8 millones de usuarios directos en su área de cobertura de 3,363 km.
Se trata de la segunda privatización de esta empresa que fue subastada por primera vez en los años noventa por el gobierno neoliberal de Carlos Menem (transformada en Aguas Argentinas bajo control mayoritario del grupo francés Suez) ; vaciada por la gestión privada transnacional y finalmente recuperada en 2006 bajo control estatal y rebautizada AySA, S.A. por el gobierno del presidente Néstor Kirchner.
El intento de reprivatización de esta emblemática empresa pública es una de las múltiples expresiones del proceso de mercantilización, de privatización y de entrega del agua y de los bienes hídricos impulsado por el gobierno de Javier Milei y por los gobernadores de diversas provincias aliados al gobierno nacional. La cruzada a favor de la privatización del agua del presidente libertario se funda en el ideario hídrico neoliberal, que concibe el agua como una mercancía y no como un derecho humano extraeconómico.
Durante su campaña presidencial en 2023 Milei explicitó el fundamento de su política hídrica cuando señaló que “[…] el precio del agua es cero. El problema en realidad radica en que no hay derechos de propiedad sobre el agua. Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad“.
En consonancia con estos principios el gobierno de Milei impulsa una agresiva política de gestión de los bienes hídricos orientada a garantizar la apropiación privada, directa o indirecta, de los bienes hídricos. Se trata de una política de mercantilización del agua mucho más ambiciosa que la implementada por los gobiernos neoliberales de los años noventa y que no se limita a reeditar las recetas de privatización de los servicios de distribución y de saneamiento hídrico para asegurar ganancias extraordinarias a través de los aumentos tarifarios.
Hoy se busca, además, garantizar la apropiación y el control directo del agua a manos de grandes empresas, grupos transnacionales y fondos de inversión privados que controlan sectores productivos clave de la economía mundial, y cuya reproducción depende del consumo de enormes volúmenes de agua. La ambiciosa política de Milei se orienta a beneficiar al agronegocio y al modelo agroalimentario neoliberal ; a las grandes empresas hidrocarburíferas y de energía fósil y a las empresas transnacionales vinculadas al complejo digital-militar (grandes mineras y empresas de tecnología digital, en especial las dedicadas al desarrollo de la IA).
Estos actores son directamente responsables del sobreconsumo hídrico que engendró la situación de “bancarrota hídrica” mundial, reconocida por la ONU en un informe reciente. Para éstos y otros sectores económicos, el acceso al agua dulce y a los abundantes bienes hídricos de Argentina resulta un objetivo fundamental de la nueva ofensiva extractivista que se despliega en Nuestra América.
Esto ha sido explicitado por diplomáticos, políticos y militares estadounidenses del gobierno Trump, quienes de forma recurrente subrayan la importancia estratégica de las reservas hídricas de Nuestra América para garantizar la extracción y control de minerales estratégicos y el desarrollo de otras industrias extractivas, en especial la de los hidrocarburos “no convencionales” subyacentes en el extenso yacimiento argentino de “VacaMuerta“.
El gobierno de Javier Milei, que reivindica su condición de aliado estratégico del trumpismo y de Israel en la región, despliega una política en este terreno que promueve un neoliberalismo hídrico extremo, que crea las condiciones para la mercantilización y enajenación del agua en beneficio de capitales privados nacionales y del capital financiero internacional, rasgo que comparte con otros gobiernos latinoamericanos de extrema derecha promovidos y respaldados por la administración Trump.
Mercantilización del agua y despojo hídrico multiescalar en el gobierno de Milei
Las múltiples iniciativas promovidas por el gobierno libertario dan cuenta de la amplitud de la política de privatización/mercantilización hídrica. Como indicamos, ésta no se limita a la transferencia al capital privado del 90% de la propiedad estatal de AySA, sino que involucra un conjunto de medidas que socavan las funciones regulatorias hídricas estatales, que inciden en el desarrollo de los ciclos hidrosociales y que perturban la recarga y la sustentabilidad hídrica de los ecosistemas. Se trata del conjunto de decisiones que afectan la reproducción de los ciclos hídricos y atentan contra el control público democrático de los bienes hídricos, socavando los fundamentos de la soberanía hídrica del país y atentando contra el cumplimiento del derecho humano al agua.
Una de las medidas más emblemáticas de socavamiento de la soberanía hídrica del país es el impulso al acuerdo marco del Estado federal con la empresa pública israelí de agua Mekorot para la realización de estudios de prospección hídrica y la elaboración de planes maestros de conservación y gestión del agua en las provincias. Este convenio, negociado y refrendado por el anterior gobierno de Alberto Fernández, ha sido ya rubricado por doce gobernadores, representantes de la mayoría de las provincias cordilleranas donde se encuentran las reservas estratégicas de agua de los glaciares que proveen 30% del agua dulce del país.
Distintas organizaciones ambientales denuncian la confidencialidad y la falta de transparencia de estos acuerdos y subrayan que los mismos garantizan la producción y el acceso de esta empresa extranjera a datos estratégicos sobre los bienes hídricos, empresa que fue denunciada internacionalmente en distintas oportunidades por practicar el “apartheid hídrico” contra el pueblo palestino.
En el marco de la licitación internacional para la concesión por veinticinco años del dragado del Río Paraná, dos empresas de origen belga (Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV [DEME]) resultaron finalistas en un concurso que ha sido denunciado como irregular por otros competidores. La licitación busca transformar este río – la principal cuenca hídrica del país, por donde transitan las exportaciones que representan 80% del PIB argentino– en una autopista fluvial para buques de ultramar de ochenta mil toneladas.
Este objetivo requiere aumentar artificialmente en tres metros el cauce del río por medio de técnicas de dragado que provocan la remoción de sedimentos contaminados y acelera la erosión de las costas e islas, a la vez que destruye los humedales ribereños que almacenan las reservas de agua dulce en tiempos de sequía. No sólo se pretende de esta forma subordinar a los requerimientos del mercado mundial la dinámica natural de un ecosistema vital sino que además se pone en riesgo el suministro de agua potable para catorce millones de argentinas/os.
El desconocimiento de diversos estudios de impacto ambiental presentados durante el proceso licitatorio no solamente representa una violación del Acuerdo de Escazú sino que además busca ocultar los riesgos ambientales de este proyecto que arriesga provocar un ecocidio planificado en una de las tres cuencas hídricas más importantes de Sudamérica. La concesión del dragado del Río Paraná al control estratégico de empresas extranjeras, sumada a la autorización reciente del gobierno de la presencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en la cuenca de los ríos Paraná y Paraguay, constituyen dos evidencias irrefutables del proceso de extranjerización hídrica que experimenta el país.
Un tercer y emblemático ejemplo de la política de mercantilización y de enajenación del agua es la reciente aprobación parlamentaria de la modificación de la Ley de Glaciares vigente desde 2010, impulsada por el gobierno para estimular las inversiones mineras a través de los beneficios fiscales previstos en el Régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) aprobado en 2024. Las modificaciones impulsadas remueven las regulaciones ambientales más importantes, en especial los presupuestos mínimos que protegían el ambiente glaciar y periglaciar, limitando su protección a la evidencia de una “función hídrica efectiva” y permitiendo actividades económicas en zonas protegidas para favorecer la explotación minera transnacional.
Paralelamente el gobierno lleva adelante una contrarreforma ambiental legal y administrativa que debilita los controles que permiten garantizar las diversas funciones de regulación ecosistémica y climática del agua. El ejecutivo promueve por un lado la flexibilización y/o la derogación de leyes y de normativas legales de protección del ambiente, que expresan las conquistas logradas en el pasado reciente en terreno. La modificación de la Ley de Glaciares, la pretensión de flexibilizar la Ley de Tierras y la Ley de manejo del fuego y su oposición frontal a la sanción de una Ley de protección de los humedales son expresión de ello.
Esta política tiene además su correlato a nivel provincial, donde distintos gobernadores, aliados al gobierno nacional, impulsan reformas legales que promueven las actividades extractivas y favorecen la apropiación privada del agua. Las recientes y masivas protestas que tuvieron lugar en las provincias de Mendoza y de Río Negro son expresiones del amplio repudio social generado por estas medidas, que se tradujo en la organización de movilizaciones masivas, caravanas, asambleas populares y campañas multisectoriales en defensa del agua y contra la minería y que en algunas ocasiones fueron violentamente reprimidas.
Por otro lado, el gobierno lleva adelante una política de desmantelamiento de las estructuras y organismos estatales de gestión hídrica que apunta a garantizar la influencia de intereses corporativos hídricos en la estructura burocrático administrativa del Estado. Esto se refleja en el desfinanciamiento, en la pérdida de autonomía de algunas reparticiones estatales y/o en el progresivo debilitamiento de organismos de la gestión del agua y de diversos organismos de investigación ligados a la prospección y monitoreo de los bienes hídricos.
Los ejemplos más emblemáticos de estas medidas son por un lado la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que ejecutaba obras de red de agua y cloacas, y la desregulación y racionalización del Instituto Nacional del Agua, organismo federal dedicado históricamente a la investigación y formulación de soluciones técnicas y científicas a problemáticas hídricas complejas, con un abordaje regional y nacional con un enfoque integrador. El gobierno de Milei transformó este organismo en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, quitándole el estatus de ente descentralizado con ciertos grados de autonomía.
“El agua vale más que todo”: las resistencias al neoliberalismo hídrico libertario.
Con estas medidas la Argentina del gobierno libertario se transformó en un campo de experimentación del neoliberalismo hídrico. La intensidad y amplitud de las políticas privatizadoras del agua enfrenta, sin embargo, importantes resistencias que si bien encuentran escollos para impedir las contrarreformas impulsadas, se fortalecen como espacios de debate, de acción, de resistencia comunitaria y de socialización de experiencias de gestión hídrica colectiva.
La gigantesca caravana denominada “Gesta Libertadora por el Agua” que partió de la ciudad de Uspallata, Mendoza, en diciembre de 2025, para manifestar la oposición del pueblo mendocino a la aprobación del Proyecto minero San Jorge en esa provincia, fue una contundente expresión de conciencia popular y de defensa de la soberanía hídrica. En el mismo sentido podemos referirnos a las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en Buenos Aires y otras ciudades capitales en repudio a la modificación de la Ley de Glaciares.
La construcción colectiva y la madurez política de colectivos y ONG ambientales, de sindicatos, de organizaciones de mujeres y estudiantes, junto a organizaciones territoriales, permitió desplegar una masiva campaña de recolección de firmas en apoyo a una demanda judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la nueva norma regresiva. La lucha colectiva en defensa del agua como un bien público no mercantil resulta actualmente una referencia insoslayable de las luchas socioambientales en la Argentina.
La consigna “El agua vale más que todo” sintetiza el espíritu de las rebeldías y dibuja un horizonte para pensar y forjar transiciones ecosociales populares, justas y democráticas necesarias y urgentes. Ante la intensificación de la crisis climática y sus consecuencias socioambientales, esta tarea resulta impostergable en la construcción de alternativas vitales a la crisis civilizatoria del capital y al horizonte de devastación y muerte que pregona el tecnofascismo armado.
*Profesor de la Universidad Nacional de Lanús. Investigador UBA/CONICET – Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC). Miembro del Grupo de Estudios de América Latina y el Caribe (GEAL)
