Brasil camino a las elecciones: un enfrentamiento de proyectos estratégicos – Por Matías Caciabue
Brasil camino a las elecciones: un enfrentamiento de proyectos estratégicos
Por Matías Caciabue
Brasil entra en la etapa decisiva de las elecciones de 2026 con una competencia que enfrenta dos modelos de país. Las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro dan marco a esa situación, con la campaña formal iniciada el 16 de agosto, la pelea por el Palacio del Planalto se articula con una disputa por el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF), el modelo económico y la posición geopolítica de Brasil frente a EE.UU. y China, en lo que definimos como “enfrentamiento del G2”. Por estos días, la dimensión geopolítica de la elección está atravesada por la creciente preocupación en las filas del lulismo, y que comienza a instalarse entre los electores, vinculada a la posibilidad de una interferencia extranjera en los comicios.
El resultado definirá quién gobierna, pero también qué bloque de poder tendrá capacidad para conducir el Estado y qué margen de autonomía conservará la principal potencia sudamericana.
El primer límite para el gobierno de Lula Da Silva aparece en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados y el Senado mantienen una composición donde las fuerzas de centro y derecha tienen un peso decisivo. La derrota de la nominación de Jorge Messias al Supremo Tribunal Federal (STF) por parte del oficialismo, expuso esa relación de fuerzas. El Senado rechazó su candidatura a finales de abril. Fue la primera vez desde 1894 que la Cámara alta rechazó una nominación presidencial al máximo órgano judicial del país.
La disputa institucional se trasladó a otros temas, que permiten diferenciar con claridad proyectos políticos en pugna. La reducción de la jornada laboral, la regulación de las plataformas digitales, la seguridad pública, la interrupción voluntaria del embarazo y las políticas ambientales comenzaron a funcionar como campos de confrontación entre proyectos políticos. Para el gobierno, estas discusiones forman parte de una agenda de derechos sociales y fortalecimiento estatal. Para el bolsonarismo, hoy en rol opositor, constituyen espacios para cuestionar al Ejecutivo y ampliar su base electoral.
El STF ocupa un lugar central en esta disputa. En agosto retomó una agenda que incluye minería en tierras indígenas, capital extranjero en plataformas digitales, licenciamiento ambiental y cuestiones electorales. El STF también es uno de los principales blancos del bolsonarismo. La discusión sobre las urnas electrónicas, la inteligencia artificial y la desinformación coloca al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral (TSE) en el centro de la campaña.
En este escenario, Flávio Bolsonaro luego de una feroz interna consolidó su candidatura presidencial. El Partido Liberal oficializó su postulación el 25 de julio. El acto contó con la presencia del presidente argentino Javier Milei, quien respaldó públicamente al candidato. El apoyo incorpora una dimensión regional a la elección brasileña. Una convergencia entre el bolsonarismo (en posición gobierno) y el actual gobierno argentino modificaría la correlación de fuerzas políticas en América del Sur y dentro del Mercosur, consolidando un giro neofacista y neoliberal en la región.
Las encuestas muestran una competencia cada vez más estrecha. El 14 de agosto, Quaest registró 38% para Da Silva y 31% para Bolsonaro en primera vuelta. En un eventual balotaje, la diferencia fue de 43% a 40% a favor de Da Silva. Tres días después, BTG/Nexus ubicó a Da Silva en 41% y a Bolsonaro en 36% en primera vuelta. Para el balotaje, la medición registró 47% a 44%, también a favor de Da Silva. Los números no son uniformes, pero muestran que el bolsonarismo conserva capacidad para disputar la Presidencia.
La campaña también se desarrolla sobre un terreno tecnológico y comunicacional. La regulación de las redes sociales, el uso de inteligencia artificial y la circulación de desinformación forman parte de la disputa electoral. A esto se suma la cuestión de la seguridad. El combate al crimen organizado, al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho es utilizado por la derecha para reclamar políticas más duras. Mientras, el gobierno de Lula intenta combinar persecución financiera, coordinación federal y prevención del crimen organizado.
