Las Malvinas son argentinas, y el resto del territorio también – Por Fernando Rizza
Las Malvinas son argentinas, y el resto del territorio también
Por Fernando Rizza
Luego de aquel 15 de julio que quedará grabado en la retina de las y los argentinos, en el que la Selección Argentina dio vuelta la semifinal mundialista contra Inglaterra y los jugadores desplegaron aquel trapo con la inscripción «Las Malvinas son argentinas», pareciera que algo cambió en el inconsciente colectivo. Una ola de publicaciones en las redes sociales y de manifestaciones callejeras inundó de moral al pueblo argentino y reabrió una herida que nunca terminó de cerrar.
Al día siguiente, en el Senado de la Nación, alcanzando el quórum por la mínima, no se pudo aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei quedó suspendido por falta de votos. Mientras la victoria deportiva condensó el sentimiento popular y despertó la memoria histórica del pueblo argentino, la derrota parlamentaria abrió un interrogante ¿será este un punto de inflexión frente al avance reaccionario o el primer límite político al gobierno de Javier Milei?
El proyecto fue elaborado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El Poder Ejecutivo lo presentó a fines de marzo de 2026. El jueves 16 de julio, el Senado logró reunir el quórum mínimo de 37 legisladores gracias a la asistencia perfecta del oficialismo y de sus fuerzas políticas aliadas, aunque no consiguió los votos necesarios para aprobar la iniciativa. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, solicitó un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, dejando la discusión abierta.
Mientras tanto, el pueblo argentino se embanderó en defensa de las Islas Malvinas y del resto del territorio nacional. Las asambleas populares, las acciones directas y los banderazos se multiplicaron en todo el país para confluir el 6 de agosto frente al Senado y exigir que se prioricen los intereses del conjunto del pueblo argentino por encima de los del capital foráneo.
Una ley hecha a medida del capital transnacional
La propuesta modifica aspectos centrales de la regulación sobre tierras rurales, expropiaciones, incendios y recursos naturales. El punto más sensible aparece en la cuestión de la extranjerización de la tierra.
La legislación vigente establece límites a la propiedad extranjera. La superficie en manos de extranjeros no puede superar el 15 % del territorio nacional, provincial o municipal, ni ubicarse en zonas de frontera. Sin embargo, el proyecto redefine quién debe ser considerado extranjero. La restricción queda dirigida exclusivamente a los Estados extranjeros. De esta manera, los capitales privados internacionales podrían ampliar su participación sin quedar alcanzados por ese límite, favoreciendo figuras jurídicas opacas, como fideicomisos, fondos de inversión o pools de siembra.
Actualmente, cerca de 13 millones de hectáreas rurales argentinas están en manos extranjeras. Se trata de una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. Si bien el promedio nacional de extranjerización ronda el 6 %, su distribución no es uniforme. En departamentos de la provincia de Neuquén, como Lacar, y en otros distritos de la provincia de Salta, la propiedad extranjera supera el 50 %.
Además, el proyecto elimina la prohibición de modificar el uso del suelo o desarrollar emprendimientos inmobiliarios inmediatamente después de que un terreno haya sufrido incendios. La legislación vigente impide durante 60 años cambiar el destino de esos inmuebles, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria.
La discusión ocurre mientras el Gobierno redujo el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El ajuste alcanza el 69 % respecto de 2023. La ley propone fortalecer la prevención y la recomposición ambiental. Sin embargo, el Estado que debería prevenir y controlar los incendios dispone cada vez de menos recursos para hacerlo.
Otro punto central es que dificulta el proceso para que el Estado pueda expropiar bienes por utilidad pública y exige mayores indemnizaciones. Establece que la compensación deberá calcularse sobre el valor de mercado, incorpora expresamente el lucro cesante como concepto indemnizable y fija un tope del 30 %, salvo que el expropiado demuestre una afectación superior.
El proyecto también otorga a las provincias un papel más amplio en las decisiones sobre recursos estratégicos. Sus defensores presentan este cambio como una ampliación del federalismo. Sus críticos, en cambio, advierten que puede generar una competencia entre provincias para atraer inversiones. En ese escenario, cada jurisdicción podría flexibilizar sus propias normas ambientales y territoriales.
La consecuencia podría ser una carrera hacia abajo. Las provincias competirían entre sí ofreciendo menores restricciones. La soberanía territorial quedaría subordinada a la capacidad de atraer capitales.
El agua representa uno de los puntos más delicados. Según las observaciones realizadas durante el debate legislativo, el 78 % de los lagos y el 65 % de los ríos podrían quedar sin una protección específica frente a la compra de tierras ribereñas. También podrían verse afectadas el 41 % de las nacientes de agua. El proyecto incorpora, además, un mecanismo de silencio administrativo, si el Estado no responde dentro del plazo establecido a una solicitud privada para adquirir una naciente, la autorización podría considerarse concedida.
La propiedad privada aparece así vinculada con bienes que no son privados en su origen. El agua, los bosques, los ríos y los territorios de frontera forman parte de una estructura estratégica que excede a cualquier titular registral y que, en definitiva, constituye un componente esencial de la soberanía nacional.
El proyecto original también modificaba la legislación sobre barrios populares. Esa parte fue eliminada durante el debate en comisiones. Se mantuvo el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que suspende los desalojos en los barrios populares hasta octubre de 2032 y permite avanzar en la regularización de tierras. Esta modificación demuestra que la resistencia social, política y territorial produjo cambios concretos en el texto.
Desde abril, organizaciones sociales, ambientales, rurales, religiosas y de derechos humanos expusieron sus objeciones en el Senado. Entre ellas se encuentran el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, organizaciones de barrios populares, Inquilinos Agrupados, el Observatorio de Tierras, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
El debate todavía no terminó. El 6 de agosto el Senado deberá volver a discutir la iniciativa. Pero esta vez no encontrará a un pueblo sumiso dispuesto a aceptar una entrega silenciosa. El pueblo argentino se organiza y se levanta en defensa de su territorio.
Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. Más que un eslogan, esta consigna materializa el espíritu y la moral de un pueblo que no está dispuesto a ser doblegado ni a entregar su soberanía al gran capital, subordinando la vida y las posibilidades de desarrollo a la renta privada extranjera. La tierra es de quien la trabaja y de las comunidades que ancestralmente la han habitado. El Senado todavía tiene la oportunidad de decidir qué modelo de desarrollo quiere construir para la Argentina y quién tendrá el poder de decidir sobre sus territorios.
*Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina.
