Argentina, la licitación de los Nihuiles y el agua, una disputa estratégica – Por Bruno Ceschin y Fernando Rizza
Argentina, la licitación de los Nihuiles y el agua, una disputa estratégica
Por Bruno Ceschin y Fernando Rizza*
Para Los Nihuiles, el agua del oasis sur de la provincia de Mendoza y la generación hidroeléctrica Nacional, las cartas ya están echadas. El Gobierno de la provincia de Mendoza junto al gobierno argentino lanzaron en julio una licitación pública nacional e internacional para definir quién operará durante los próximos años el complejo hidroeléctrico ubicado sobre el río Atuel, en la localidad de San Rafael, provincia de Mendoza. Esta operación combina dos decisiones claves, por un lado, que la provincia de Mendoza decide transferir el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., despojándose de su posibilidad de ejercer control sobre este recurso y por su parte la Nación que otorga la concesión para generar y comercializar la electricidad. ¿Quién controlará entonces una infraestructura estratégica construida sobre un río que sostiene el consumo de la población, la producción de alimentos, el turismo y los ecosistemas de Mendoza y La Pampa?
Los Nihuiles son un conjunto de centrales eléctricas, una estructura multipropósito integrada por presas, embalses, centrales, estaciones transformadoras y líneas de alta tensión. Los mismos se encuentran emplazados sobre la cuenca del Río Atuel, quién aprovisiona de agua para el riego a unas 100.000 hectáreas pertenecientes a más de 10.000 productores agroalimentarios del oasis sur mendocino, distribuidas principalmente en los departamentos de San Rafael y General Alvear. El propio Decreto nacional 667/2026 reconoce que el complejo cumple una función relevante para el sistema eléctrico del sur de Mendoza y que la provincia conserva competencias sobre el manejo del agua y la protección ambiental. Entonces, ¿A qué se debe esta entrega y quienes son los beneficiados?
Se suma a esta situación de privatización otra dificultad. El pasado 11 de enero de 2025 una tormenta extraordinaria provocó una crecida del Río Atuel que afectó gravemente las centrales Nihuil II y III. Los caudales superaron ampliamente la capacidad de diseño de distintos componentes del sistema. Las dos centrales quedaron fuera de servicio, requiriendo obras de reparación. Las mismas estaban cubiertas por un seguro, y una cuota millonaria de indemnización, y no existe información pública precisa sobre cuánto terminarán pagando las aseguradoras por el siniestro. Las estimaciones técnicas tampoco coinciden.
En este escenario aparecen además las tensiones de quienes pretenden quedarse con el negocio, por un lado, el Grupo Neuss, conocidos amigos de Santiago Caputto ya involucrados en la bochornosa licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, en sociedad con la empresa Belga Jan de Null, y por otro, el dueño de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, ambos socios del Gobierno Libertario de Javier Milei. Empresas vinculadas al grupo Neuss fueron contratadas durante agosto para participar de la operación transitoria del complejo, después de la finalización de la concesión de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. La información fue posteriormente admitida por organismos provinciales. ¿Por qué un grupo empresario quedó vinculado a la operación antes de que concluya la licitación que definirá al nuevo concesionario?
La pregunta adquiere relevancia porque El Grupo Neuss ya cuenta con una significativa participación en el sector energético mendocino a través de Edison Energy, que controla el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, la tercera central hidroeléctrica en importancia de la Provincia. También participa en las centrales Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal, además de estar vinculado a la operación de Transener, la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión. Al mismo tiempo, Pampa Energía, que durante tres décadas estuvo vinculada a la explotación de Los Nihuiles, tenía una participación directa del 52,04% en HINISA, la sociedad concesionaria anterior. La transición abre así una nueva etapa de competencia empresarial y de tensiones políticas alrededor de una infraestructura estratégica para la provincia y la nación que combina la producción de energía, el control del agua y el desarrollo de los territorios.
La provincia de Mendoza recuperó los activos provinciales del complejo después del vencimiento de la concesión anterior. Ahora debe definir cómo administrar ese patrimonio estratégico. La Nación, por su parte, conserva las competencias vinculadas con la generación eléctrica. El propio decreto nacional establece esa división de responsabilidades.
El agua no puede ser considerada solamente como el insumo para la producción hidroeléctrica. La provincia de Mendoza, situada en el centro-oeste argentino, cuenta con una superficie de 150.839 km2, se localiza en la zona templada, posee un clima árido a semiárido, con un promedio de precipitaciones de alrededor de 250 milímetros (mm) anuales. Sólo el 3% de su territorio se encuentra bajo riego. Es decir, Mendoza es un desierto, que, a partir de la intervención humana y la infraestructura desarrollada para el riego, represas, reservorios de agua y canales que distribuyen el agua de origen a destino, ha convertido parte de su territorio en oasis productivos, distribuidos en el sur, centro y norte ordenados geográficamente por los ríos más caudalosos e importantes de la Provincia, Atuel y Diamante en el sur, Tunuyán en el centro y Mendoza en el norte.
De esta manera, la matriz socio productiva concentra en estos oasis el 97% de la actividad económica y vital de Mendoza. Si bien, la provincia se encuentra en emergencia hídrica ininterrumpida desde el año 2010 y sus economías regionales en una profunda crisis económica y política debido a la falta de políticas públicas por parte de los gobiernos provinciales y nacional, posee una importancia superlativa en términos productivos nacionales. Ocupa el primer lugar en la producción frutícola y vitícola, contando con una robusta matriz agroindustrial que integra viñas y montes frutales con bodegas, secaderos y plantas conserveras con una alta capacidad de generar trabajo y desarrollo territorial. Se destacan la producción de vides, duraznos, ciruelas, cerezas, peras y manzanas.
Por su parte, la horticultura representa la tercera actividad agrícola más relevante de la provincia por superficie cultivada (detrás de la vid y los frutales). La provincia ocupa el 2° lugar, detrás de Buenos Aires y es responsable de entre 13% y 15% de la superficie hortícola nacional, concentrando un promedio que oscila entre las 30.000 y 35.000 hectáreas anuales cultivadas (repartidas entre ciclos de verano e invierno). Se destaca la producción de Ajo, tomate para industria, papa, zapallo, zanahoria y cebolla.
El vencimiento de la concesión de los Nihuiles ofrece una oportunidad histórica para discutir qué modelo de producción, desarrollo y territorio se quiere para la provincia de Mendoza y para la Argentina. La entrega de la gestión de estos recursos a los intereses privados ligados al poder del gobierno libertario, con maniobras turbias ponen en riesgo el agua de consumo de miles de argentinas y argentinos y subordinan las prioridades de su uso a la oportunidad de renta de unos pocos. Así el agua como bien común esencial para la vida, la producción y el sostenimiento de los frágiles ecosistemas queda privada a una oportunidad de negocio.
La soberanía de los territorios así queda jaqueada entre los mecanismos que ha generado un gobierno entreguista como la Ley de Glaciares, el proyecto de la Inviolabilidad de la propiedad privada, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y Super RIGI, con el afán de vender el Agua Dulce, el Litio y las tierras raras, los combustibles y los Alimentos a los capitales trasnacionales para el desarrollo y la consolidación de la Nueva Fase Financiera y tecnológica del Capitalismo a partir del despojo de las comunidades, arrancando incluso hasta su fuentes de vida.
Ante este avance desenfrenado de un capitalismo voraz, la defensa de los territorios, los bienes comunes y, en definitiva, de la vida se torna urgente. Sólo la comunidad y la organización en redes de resistencia podrán imponerse sobre los intereses privados de aquellos que viven de quienes trabajamos y producimos.
