Aborto legal en Argentina | Entre una conquista histórica y los desafíos del presente – Por Agostina Betes, Tamara Martinez y Renata Vismara

 Aborto legal en Argentina: entre una conquista histórica y los desafíos del presente

Por Agostina Betes, Tamara Martinez y Renata Vismara*

El 28S nació en América Latina, Nuestra América. En 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, feministas de distintos países lo declararon Día por el Derecho al Aborto, frente a las consecuencias del aborto clandestino e inseguro y para exigir su despenalización. La fecha recuperaba, además, la memoria de la Ley de Libertad de Vientres sancionada en Brasil el 28 de septiembre de 1871.

En Argentina, el aborto es legal. La Ley 27.610, sancionada en 2020, reconoce el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y establece el acceso a la interrupción legal cuando el embarazo es consecuencia de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Obliga además al sistema de salud a garantizar la práctica y los medicamentos necesarios. Pero una ley no se implementa solamente con su publicación en el Boletín Oficial: necesita presupuesto, insumos, profesionales formados, información y políticas públicas sostenidas. La pregunta hoy es, entonces, en qué condiciones ese derecho puede ser efectivamente ejercido.

La conquista de la ley fue el resultado de décadas de organización feminista, producción de conocimiento, acompañamientos territoriales y articulación entre organizaciones, profesionales de la salud, sindicatos, universidades y movimientos sociales. En ese proceso, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDALSG) tuvo un papel central y logró instalar una perspectiva que continúa siendo fundamental: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

Hoy esa conquista se encuentra atravesada por un escenario regional de avance de discursos de odio, fundamentalismos y movimientos que cuestionan derechos sexuales y reproductivos, políticas de igualdad y Educación Sexual Integral. En América Latina, los avances conviven con resistencias y retrocesos. La disputa no es solamente jurídica: también es cultural, económica y territorial.

En Argentina, desde diciembre de 2023, la retracción de políticas públicas nacionales de salud sexual y reproductiva modificó las condiciones de implementación de derechos ya reconocidos. El desmantelamiento del Plan ENIA y las dificultades en la provisión de anticonceptivos e insumos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) /interrupción legal del embarazo (ILE) fueron señalados públicamente como parte de este proceso. La propia CNDALSG advirtió sobre los efectos de los recortes y la discontinuidad en el envío de métodos anticonceptivos, misoprostol y mifepristona.

El Poder Ejecutivo fue consultado sobre estas cuestiones en el Informe del Jefe de Gabinete N.º 143, presentado ante el Congreso en 2025. Allí, legisladores preguntaron por las acciones adoptadas para garantizar la Ley 27.610 y por la provisión pública de misoprostol y mifepristona. Además, en el proyecto de resolución 5477-D-2025 se consignó que en 2023 se entregaron 106.737 tratamientos para IVE/ILE y que en 2024 no hubo entregas. La información oficial posterior confirmó la continuidad de esta discontinuidad: en el Informe del Jefe de Gabinete N.º 144, presentado en agosto de 2025, el Poder Ejecutivo informó que tampoco se había realizado adquisición ni distribución de misoprostol y mifepristona durante ese año.

La situación también permite observar diferencias entre jurisdicciones, pero también un problema común: a medida que Nación retrae la provisión de medicamentos e insumos, una parte creciente de los costos recae sobre los sistemas provinciales. Relevamientos sobre la ejecución presupuestaria muestran que varias provincias comenzaron a asumir con recursos propios la compra de insumos que antes recibían del Estado nacional, entre ellos preservativos y anticonceptivos, generando una presión adicional sobre presupuestos sanitarios ya tensionados. En la Ciudad de Buenos Aires, la IVE/ILE continúa formalmente garantizada en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), pero esa garantía convive con un sistema público tensionado por el desfinanciamiento, dificultades en la provisión de anticonceptivos y otros métodos y mayores obstáculos para conseguir turnos. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, se sostiene una institucionalidad específica: el Ministerio de Mujeres y Diversidad articula políticas de género con Salud y Educación y acompaña la implementación de la Ley 27.610 desde una perspectiva transversal, junto con una política pública específica de acceso a IVE/ILE.

Por eso la discusión sobre aborto no puede separarse de la Educación Sexual Integral (ESI). Argentina cumple veinte años de la Ley de Educación Sexual Integral y, al mismo tiempo, atraviesa una disputa sobre su lugar en las escuelas. Conocer el propio cuerpo, acceder a información científica, prevenir embarazos no intencionales, reconocer situaciones de violencia y conocer los propios derechos son condiciones para ejercer la autonomía. Cuando se debilitan la ESI, la anticoncepción y las políticas de prevención, se debilita una misma trama de derechos.

En este escenario, formarnos también es resistir. En septiembre de 2026, más de 700 personas participaron del II Congreso Pedagógico Latinoamericano “Entretejidos desde la ESI para la garantía de derechos en tiempos de crueldad”, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Había sido pensado para unas 300. Participaron docentes, estudiantes, jóvenes, profesionales, investigadoras, militantes y organizaciones, junto con referentes de doce países de Nuestra América y el Caribe. Allí se discutieron ESI, derechos sexuales y reproductivos, pedagogías feministas y estrategias de resistencia.

Que un encuentro de estas características haya desbordado ampliamente las expectativas de participación dice también algo del presente: frente a los intentos de desarmar políticas públicas y disputar sentidos sobre nuestros derechos, seguimos construyendo espacios de formación, organización y producción colectiva de herramientas.

El 28S nos encuentra, entonces, con una ley conquistada pero con las condiciones para ejercerla nuevamente en disputa. La experiencia argentina demuestra que los derechos no fueron concesiones: fueron construidos por quienes durante décadas organizaron, acompañaron, enseñaron, investigaron y ocuparon las calles.

Por eso el 28S no es solamente memoria. Es presente y también organización. Porque la legalidad es indispensable, pero no suficiente: un derecho se vuelve real cuando existen presupuesto, medicamentos, información, formación, políticas públicas y comunidades capaces de sostenerlo.

La marea verde convirtió una demanda histórica en ley. Hoy nos toca defender esa conquista y seguir construyendo, en Argentina y en toda Nuestra América, las condiciones para que ningún derecho vuelva a ser un privilegio.

💚 Educación sexual para decidir.

💚 Anticonceptivos para no abortar.

💚 Aborto legal para no morir.

💚Es Ley!

*Tamara Martinez y Renata Vismara, son coordinadoras del 2° Congreso Pedagógico Latinoamericano “Entretejidos desde la ESI para la garantía de derechos en tiempos de crueldad”y Agostina Betes, miembro del comité organizador