Colombia | María José Delgado, Colectivo Sin Permiso: “El Centro Democrático presentó un proyecto de ley para volver a criminalizar el aborto”

Colombia | María José Delgado, Colectivo Sin Permiso: “El Centro Democrático presentó un proyecto de ley para volver a criminalizar el aborto”

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, NODAL dialogó con María José Delgado, integrante de la organización popular y feminista “Colectivo Sin Permiso” de la ciudad de Bucaramanga en Colombia, para conocer su mirada sobre los desafíos que atraviesa la lucha por el derecho a decidir en su país y en América Latina. En una región marcada por avances en materia de derechos reproductivos, pero también por resistencias y disputas políticas en torno a la autonomía de los cuerpos, el 28S vuelve a poner en el centro la necesidad de garantizar abortos legales, seguros y accesibles para las mujeres y personas gestantes.

A más de tres décadas de la declaración del 28 de septiembre como Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, ¿cuál considera que es hoy el estado de esta agenda en su país y cuáles son los principales avances y desafíos pendientes para garantizar efectivamente este derecho?

Desde el movimiento feminista en Colombia, creemos que en este momento uno de los principales desafíos que hemos tenido siempre las mujeres es poder quitar la penalización, o lo que llamamos la criminalización social en torno a las mujeres que abortamos, que somos todas. Y en ese sentido era importante tener una agenda y una voluntad política en el Estado y en las distintas instituciones que precisamente desmitificara el aborto y ayudara por el contrario a consolidar una visión sobre la protección que este tiene para la vida de las mujeres cuando se hace de una manera legal, segura, gratuita y accesible. Sin embargo, no es el panorama actual, ¿no? Como veremos más adelante la dinámica cambia no sólo en Colombia sino en muchos países y esto nos va a presentar nuevos desafíos.

Sin embargo al momento lo que tratamos de hacer es estar vigilantes de que no se presenten barreras de acceso al derecho al aborto a las mujeres, sobre todo en el sistema de salud que es el principal encargado de garantizarlo. Y ahí tratamos de estar acompañando a las mujeres de hacer sobre todo la divulgación, porque muchas mujeres no saben que pueden acceder al aborto en Colombia, entonces divulgamos y estamos vigilantes de que este derecho se cumpla y se cumpla como debe ser.

En América Latina, el acceso al aborto continúa siendo un terreno de disputa política, social y cultural. ¿Qué obstáculos identifica actualmente para avanzar —o evitar retrocesos— en materia de derechos sexuales y reproductivos, y qué responsabilidades tienen los Estados frente a esas disputas?

Creo que es importante señalar que todas las responsabilidades son del Estado. Una vez despenalizado el aborto en algunos países es al Estado a quien corresponde a hacer toda la tarea de divulgación y de sostener este derecho en la materialidad por medio de todas las instituciones. Sin embargo, al haber este giro tan marcado a la derecha en latinoamérica empiezan a dificultarse estos procesos.

Entonces, en países por ejemplo como en Colombia, ya el aborto está despenalizado hasta la semana 24 y después de la semana 24 se puede ejercer bajo las tres causales que son para víctimas de violencia y abuso sexual, para las mujeres que pueden tener riesgo para su vida en el embarazo, o si el feto viene con algún tipo de malformación. Sin embargo, en este momento una bancada, la del Centro Democrático, presenta un proyecto de ley que busca volver a criminalizar el aborto, que en realidad es criminalizar la vida de las mujeres, es decir que ni siquiera se puedan despenalizar bajo las tres causales que ya existían desde el año 2006, o sea hace 20 años. Creo que el Estado, por medio de sus herramientas como todo lo legal, debe pararse y mostrar una postura clara de que este derecho pues no tiene ningún tipo de reversa.

Para evitar también desgastar el aparato judicial porque hay muchas personas más muriendo y con muchas más necesidades y temas mucho más urgentes que volver a poner en cuestión el cuerpo de las mujeres en un proyecto de ley. No pasarán sobre nuestros cuerpos, esa siempre ha sido la consigna y en ese sentido nos queda seguir disputando, sólo que ya hay cierto nivel de conciencia, no vamos a mentir que en toda la sociedad pero si en gran parte de la sociedad, de que el aborto siempre existía y no ese tabú que se tenía antes de que las que abortan son pecadoras y malas sino que muchas mujeres abortamos. La muestra de esto son las cifras, los embarazos adolescentes muestran una caída desde el año 2022 hacia acá, y ya para este año  empieza a subir otra vez. Sin embargo para este año es que empiezan a notarse precisamente muchas barreras para acceder al aborto y empiezan a denunciarse. Sin embargo, más allá de eso, también hay una responsabilidad del Estado en torno a la educación sexual integral, porque esto está en el marco de la sentencia que despenaliza el aborto en el año 2022 pero esto en algún sentido es muy difícil de lograr al interior de las instituciones educativas y en este cambio de gobierno va a ser aún más complejo por todo este discurso, esta política de la supuesta ideología de género. Esos son unos de los desafíos que se presentan actualmente poder hablar de educación sexual integral sin caer en esa falsa narrativa de la ideología de género sino al contrario abogar por la vida y la protección de las infancias y de las mujeres en general.

Las luchas por el derecho al aborto han construido históricamente articulaciones que trascendieron las fronteras nacionales. Frente al escenario actual de la región, ¿qué estrategias y alianzas considera necesarias para fortalecer una agenda latinoamericana que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito?

Consideramos muy necesaria la labor que hicieron las compañeras de Argentina, porque a Colombia le sirvió mucho el ejemplo de toda la militancia que hicieron las compañeras de los pañuelos verdes, o a veces decían las pañuelas verdes, y todo su bregar. Esa fue una experiencia para toda Latinoamérica en general y es a partir de esas experiencias acumuladas en las vidas de nosotras a partir de nuestros territorios que podemos articularnos. Sabemos que en estos territorios donde aún no se despenaliza el aborto no es porque las mujeres no aborten sino que al contrario en este momento hay que ser mucho más fuertes y más radicales en el discurso y en las acciones. Justamente porque ante esta tendencia política de Latinoamérica en este momento ante la ultraderecha tomándose el poder y estos neofascismos llegando a acentuarse en una sociedad que está de alguna manera dividida encuentran como un caldo de cultivo perfecto para señalar enemigos imaginarios, que por lo general son internos y que da la casualidad que en casi todos los países estamos siendo las feministas, pero tenemos cómo demostrar que no somos nosotras. Tenemos cifras, también datos y nada más ni nada menos que la historia de nuestras vidas que también son esas cifras que existen. Creo que hay que concientizar también a la gente de esto, no estamos hablando de 800 feminicidios en Colombia en el año 2025, estamos hablando de 800 mujeres que murieron sólo por el hecho de ser mujeres de proyectos de vida de familias que se desmoronaron en ese momento, y de un montón de sueños de una persona que nunca se pudieron alcanzar sólo porque alguien decidió que debería morir sólo por ser mujer. En ese sentido en torno al aborto y a la protección de la vida, si vamos a hablar de seguridad hablemos de qué implica para nosotras como mujeres la seguridad y cómo orillarnos a la clandestinidad nunca va a garantizar una seguridad para nuestras vidas. Esa es la verdadera seguridad que debemos poner en el centro del debate y no la criminalización por decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios.