Colombia | Carolina Triviño, abogada feminista: “Los derechos de las mujeres nunca están completamente ganados”

Carolina Triviño, abogada feminista: “Los derechos de las mujeres nunca están completamente ganados”

A pocos días del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, dialogamos con Carolina Triviño, abogada feminista con experiencia en el acompañamiento jurídico a mujeres para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En la entrevista, analiza los avances normativos alcanzados en Colombia, las barreras que todavía persisten para garantizar el acceso efectivo al aborto, los riesgos de retroceso frente al avance de gobiernos y discursos ultraconservadores y la necesidad de fortalecer las articulaciones entre organizaciones feministas de América Latina. También aborda el desafío de la llamada “despenalización social del aborto”, vinculada a la disputa cultural y al estigma que todavía pesa sobre quienes ejercen este derecho.

A más de tres décadas de la declaración del 28 de septiembre como Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, ¿cuál considera que es hoy el estado de esta agenda en su país y cuáles son los principales avances y desafíos pendientes para garantizar efectivamente este derecho?

Me detendría primero en los avances frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es importante reconocer que Colombia cuenta con uno de los marcos legales más amplios y más liberales de la región frente a la interrupción voluntaria del embarazo.

La Corte Constitucional colombiana en el año 2006 reconocía que existe el derecho fundamental a interrumpir voluntariamente el embarazo, reconociendo entonces que la autodeterminación reproductiva es un derecho humano fundamental, despenalizando el aborto en tres circunstancias. La primera, cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud integral de la mujer. El segundo, cuando existe una malformación en el feto que hace inviable la vida extrauterina. Y el tercero, cuando el embarazo es producto de violación, incesto o transferencia de óvulo no consentida.

Ante diversas barreras de acceso, principalmente derivadas de la existencia de este doble estándar de la interrupción voluntaria del embarazo, uno como un derecho en las tres causales y otra como un delito fuera de ellas, un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil, que conformaron el movimiento Causa Justa, demandaron ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad del delito penal del aborto y, como resultado de ello, en el año 2022, el aborto fue despenalizado parcialmente mediante la sentencia C055 de 2022, que también adopta el nombre de Sentencia Causa Justa.

Se despenaliza parcialmente hasta la semana veinticuatro de gestación y después de ese plazo operan las causales reconocidas en el 2026 mediante la sentencia C355, sin límite en edad gestacional, dando paso a que mujeres, niñas y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la constante amenaza de ser penalizadas.

Adicionalmente, durante el Gobierno que termina, el Gobierno de Gustavo Petro, se generaron importantes avances como la adopción de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la próxima década, 2026-2035, mediante la Resolución conjunta 1350 de julio 2026, que hace una distribución de responsabilidades entre los sectores de salud, de educación, trabajo, cultura y establece medidas concretas para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas oportunas frente a emergencias obstétricas, frente a situaciones de VIH, sobre violencias sexuales e interrupción voluntaria del embarazo.

Asimismo, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1575 del 26, que eliminó algunos trámites que funcionaban como barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en el que estableció también un plazo máximo de cinco días para la atención y reconocía, que es muy importante, la autonomía de las mujeres indígenas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Y adicionalmente se expidió la Ley 2447 de 2025, que prohibía las uniones tempranas y la mutilación genital.

Estos son los avances normativos en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, que además estuvieron acompañados, por supuesto, en particular también, por el tema de la sentencia C055, que despenaliza el aborto hasta la semana veinticuatro sin necesidad de que las mujeres tengan que sustentar por qué realizan o toman esta decisión. Y después de la semana veinticuatro de gestación operan las tres causales de 2025.

Fue en una campaña, que definía la Corte, perdón, en el año 2005, estuvieron acompañadas por la articulación de organizaciones de mujeres de distintos territorios del país, que además permitieron tener un panorama mucho más amplio de las principales barreras que enfrentaban en ese momento las mujeres y que particularmente se concentraban en territorios periféricos, si lo llamamos así, o rurales, o que se concentraban en las mujeres más vulnerables, en mujeres campesinas con dificultades en el acceso a los servicios de salud o incluso con las mujeres migrantes venezolanas.

Esta posibilidad de la articulación de las organizaciones de mujeres en los distintos territorios también dieron cuenta, en el marco de sustentar eso ante la Corte, pero también permitieron fortalecer una estrategia comunicacional y de formación alrededor de la necesidad de la despenalización del aborto.

Respecto de los desafíos pendientes para garantizar efectivamente el derecho, creo que va en dos vías. Uno que tiene que ver con la implementación efectiva del marco normativo y otra que es la despenalización social del aborto.

Frente a la primera, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2022, subsisten barreras de acceso que se concentran en territorios rurales, periféricos, en mujeres y personas gestantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica o empobrecidas, campesinas, indígenas y mujeres gestantes.

Estas barreras están relacionadas con la falta de información o conocimiento sobre la sentencia, tanto por las mujeres como por las personas vinculadas a los servicios de salud y que estarían obligadas a garantizar su acceso. Y una interpretación restrictiva de este marco legal y fallas en la prestación de servicios de salud.

Esta es una caracterización que ha realizado producto del trabajo que hace la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y del cual tomo esa caracterización y que se traduce en demoras en tiempos, en los trámites ante los servicios de salud, se imponen requisitos inexistentes antes de la semana 24 de gestación o adicionales después de este plazo, información sesgada o prejuiciosa y entonces que siguen subsistiendo, siguen subsistiendo a pesar del marco normativo que tiene hoy la interrupción voluntaria del embarazo.

Y frente al segundo aspecto tiene que ver con el cambio cultural que algunas organizaciones han llamado la despenalización social del aborto, frente al estigma moral, frente a los prejuicios asociados al aborto y a las mujeres que ejercen su derecho y que, en efecto, implican toda una estrategia comunicacional de formación, de sensibilización, de capacitación que permitan terminar con o disminuir esa carga también cultural y moral que tienen las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y, en particular, el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo.

En América Latina, el acceso al aborto continúa siendo un terreno de disputa política, social y cultural. ¿Qué obstáculos identifica actualmente para avanzar —o evitar retrocesos— en materia de derechos sexuales y reproductivos, y qué responsabilidades tienen los Estados frente a esas disputas?

Es importante avizorar que con la llegada de gobiernos de derecha ultraconservadores en la región, en el caso de Colombia con Abelardo de la Espriella, el escenario es más de riesgos en retrocesos de estos derechos. Históricamente, las mujeres y los derechos de las mujeres han sido derechos en disputa, nunca están completamente ganados y, en el marco, en el contexto que está viviendo América Latina con estos gobiernos, hay un escenario de retrocesos.

Un escenario es estos retrocesos institucionales que tienen que ver con ofensivas legislativas, reviviendo, reencauchando proyectos de ley encaminados a revertir la despenalización del aborto y limitaciones en el uso de la anticoncepción de emergencia, reabriendo la discusión sobre la protección de la vida desde la concepción y decisiones del Ejecutivo prohibiendo o minimizando la perspectiva de género en términos de mujeres y sectores sociales LGBTI en las políticas públicas.

Otro escenario es también la censura o restricción en materia de educación integral en la sexualidad en las instituciones educativas, con un marcado despojo de la educación laica bajo la bandera de la protección a la infancia y de combatir la llamada ideología de género.

El escenario de riesgo es el desmantelamiento de la estructura institucional destinada a la garantía de los derechos de las mujeres y las diversidades, con la desaparición o fusión de entidades bajo la premisa de la necesidad del recorte presupuestal y la autoridad en el manejo de los recursos públicos, como es la experiencia de Argentina con Javier Milei.

Y por último, es también la construcción de una narrativa conservadora frente a los derechos sexuales y reproductivos atravesados por discursos profundamente religiosos, el desconocimiento de la autonomía de las mujeres y la existencia de la diversidad, el predominio del reconocimiento de la familia tradicional, los valores y un falso patriotismo.

En Colombia, por ejemplo, la directora de la institución que está llamada a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como lineamiento a su entidad, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, decidió borrar la palabra niñas en las comunicaciones institucionales y, en cambio, adoptar la palabra niñez, así como afirmar que sólo existe un tipo de familia, la tradicional, claro, a lo que llaman, lo que enmarcan dentro de una revolución cultural.

Y por último, pues tiene que ver con la posible intensificación de violencia y persecución a lideresas y, en el caso de Colombia, también unido al control territorial de grupos armados ilegales que darían cuenta también de este escenario de riesgo en términos de retrocesos en garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular del derecho al aborto.

Las luchas por el derecho al aborto han construido históricamente articulaciones que trascendieron las fronteras nacionales. Frente al escenario actual de la región, ¿qué estrategias y alianzas considera necesarias para fortalecer una agenda latinoamericana que garantice el acceso al aborto legal, seguro y gratuito?

Ante las desigualdades en los marcos normativos de algunos países, algunos con mayores avances, otros con más retrocesos o restricciones frente al acceso seguro y legal del aborto, es muy importante la juntanza de las distintas organizaciones para aprender también de las estrategias de litigio estratégico, de las estrategias comunicacionales, narrativas de movilización que han resultado en nuestros países como una experiencia positiva para la concepción del reconocimiento del derecho humano fundamental que tienen las mujeres y las personas gestantes al aborto y la despenalización, por supuesto, del mismo.

Entonces, creo que en principio y ante esta situación, lo primero es poder realizar articulaciones que fortalezcan a partir de las experiencias positivas que han tenido las distintas organizaciones con aquellas que están empezando o con las que no han tenido los resultados esperados en sus países.