¿Un panamericanismo de izquierda? – Por Diario Red América Latina
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Diario Red América Latina
Del 21 al 23 de agosto se desarrolló en Montevideo, Uruguay, el tercer Congreso Panamericano, que reunió a más de 150 funcionarios, legisladores y ex presidentes de 15 países de la región. Entre ellos sólo dos países caribeños, con la notable ausencia de Cuba –así como la de Venezuela y Nicaragua–, pero con la presencia de sendos representantes parlamentarios de Estados Unidos y Canadá.
Bajo el lema “solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones” los participantes compartieron numerosas actividades en el Palacio Legislativo de Montevideo y en el Edificio Mercosur. Sin embargo, el tamaño de la convocatoria parece contrastar con el reducido impacto político y social que tuvo en la región, sensiblemente menor, incluso, al de sus dos ediciones anteriores, realizadas respectivamente en Bogotá (2024) y en Ciudad de México (2025).
Quisiéramos compartir aquí algunos comentarios críticos sobre el documento resultante del Congreso, la denominada “Declaración de Montevideo”. Así como aclarar que lo que sigue no son los disparos aislados de un francotirador solitario, sino las apreciaciones de un militante convencido de la necesaria unidad de las izquierdas y orgánicamente comprometido con el ideario y el proyecto integracionista de Nuestra América. Espero que estas ideas sirvan para estimular un debate respetuoso y fraterno.
Para empezar, es necesario aclarar que la doctrina unionista del líder independentista Simón Bolívar, citado en el documento, se llama bolivarianismo o “anfictionismo”, por la inspiración encontrada en el ideario y la organización de las viejas ligas anfictiónicas helénicas, conocidas a través de figuras como Emeric Crucé, el Duque de Sully, el Abate de Saint-Pierre, y sobre todo mediadas en su recepción latinoamericana por la obra de Jean-Jacques Rousseau. Nuestros primeros intelectuales y líderes integracionistas –como Francisco de Miranda, José Cecilio del Valle o el propio Bolívar– conocieron, adaptaron, realizaron y enriquecieron enormemente esta tradición.
El “panamericanismo”, en cambio, es una concepción totalmente antagónica y ulterior impulsada por el hegemonismo de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, a partir de figuras como el ex Secretario de Estado James Blaine, impulsor de la Primera Conferencia Internacional Americana en Washington D.C., en 1889. La idea de una unión aduanera subordinada que vimos emerger con fuerza en el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas hunde sus lejanas raíces en este proyecto originario. Pero sería la temprana Guerra Fría y la fundación de la OEA en 1948 la que daría carnadura política e institucional al denominado “sistema interamericano” bajo la tutela del gran hegemón norteamericano.
Esto es lo que cualquier político, intelectual o ciudadano de América Latina y el Caribe entiende comúnmente por “panamericanismo”. Por eso, es un grave error denominar así al proyecto integracionista histórico –bolivariano, anfictiónico, nuestroamericano–, aún si este contempla –como de hecho siempre lo hizo– la práctica de la solidaridad internacional para con el pueblo estadounidense, sus sujetos subalternos, y sus organizaciones anti-imperialistas. Desde los tiempos de la Guerra Civil hasta la emergencia del movimiento por los derechos civiles, el movimiento pacifista y el Black Power en los años 50 y 60, siempre existieron estrechas redes de colaboración e intercambio en el campo político, cultural, e incluso militar, entre los Estados Unidos y la América nuestra.
Por otro lado, la «doctrina de dominación» o la «supremacía unilateral» que el documento menciona varias veces de manera tan tímida y elusiva se llama «imperialismo» y «neocolonialismo». Así le llamaron nuestras y nuestros patriotas independentistas; así le estudiaron nuestros más brillantes intelectuales. Desde las tempranas advertencias de Simón Bolívar sobre los Estados Unidos “destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad” hasta “el norte revuelto y brutal” del que nos alertó José Martí, pasando por todo el largo y vertiginoso siglo XX hasta llegar a nuestros días, hemos generado un riquísimo acervo y legado anticolonial y anti-imperialista; ¿por qué negarlo, silenciarlo o echarlo ahora por la borda?
Como en todo documento, lo omitido es tanto o más importante que lo declarado. Así, el texto refiere, en abstracto y en plural, a la problemática de los «secuestros de Jefes de Estado». Dudamos de que se refieran al Manuel Noriega del año 1989 o a la “extracción” de otros líderes extracontinentales, por lo que hemos de deducir que el documento nos habla nada menos que del secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la madrugada del 3 de enero. Lo curioso es por qué Maduro resulta, en las varias páginas de la declaración, la única persona que no es mencionada por su nombre.
Puede parecer un detalle, pero esta alusión indirecta y casi espectral no tiene nada de casual, si consideramos que muchos de los signatarios de la declaración omitieron y omiten hasta hoy hacer mayores declaraciones sobre la captura extralegal y extraterritorial del presidente venezolano. Si como progresistas o izquierdistas tenemos que hacer tantos malabares para condenar el bombardeo de un país soberano y el secuestro de su Jefe de Estado, estamos en presencia de un problema grave; estamos ante la incapacidad manifiesta de trazar “líneas rojas” y de establecer mínimos comunes denominadores en torno a nuestra soberanía y nuestra autodeterminación nacional y regional, independientemente del modelo económico o institucional que sector o proceso pueda impulsar.
Una de las menciones que más llamó nuestra atención tiene que ver con el denominado “lawfare”. Pero a diferencia de lo que la declaración sugiere, los mecanismos de guerra jurídica no se usan ni prioritaria ni exclusivamente contra los «funcionarios electos». Esta es, de hecho, una presunción y un error típico de esos mismos «funcionarios electos», que no alcanzan a ver la extensión y profundidad del fenómeno del lawfare, y su inscripción en las modalidades más generales de la guerra híbrida, el neointervencionismo y las nuevas doctrinas contrainsurgentes.
El lawfare, como instrumento de criminalización, persecución, encarcelamiento y desmoralización de la disidencia política, social y geopolítica, afecta también –y en general con escasas o nulas posibilidades de defensa– a sindicalistas, líderes y lideresas sociales, a referentes ambientales, indígenas y afrodescendientes, así como a defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes o intelectuales.
Una de las derivas más preocupantes del documento se refiere a la sustitución explícita de pueblos, naciones y organizaciones por los «legisladores que les representan», lo que resulta sintomático del decurso seguido por buena parte de los encuentros latinoamericanos, caribeños y “hemisféricos” de los últimos años. De cónclaves diversos, multitudinarios y polémicos –como los Foros de São Paulo en los años 90 o los encuentros de movimientos sociales en este siglo– a espacios cada vez más burocratizados y restringidos para la socialización de las élites progresistas; costosos encuentros sin objetivos previos, metas resultantes, responsables claros, ni seguimiento ulterior, cuya mayor huella parece ser la huella de carbono de los aviones de los convidados.
Esta concepción tácita, en las antípodas de la democracia protagónica que animó el ciclo progresista, integracionista y de izquierda de las últimas décadas, emula –o más bien remeda– a las posiciones liberales históricas, que consideran que «el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes», como lo sintetiza el célebre Artículo 22 de la Constitución de la República Argentina, legatario de la Carta Magna original del año 1853.
En sintonía con lo anterior, es un error grosero considerar que los «derechos y libertades democráticas» sean las que hayan inspirado y animado nuestros últimos «siglos de lucha». Este revisionismo de tipo liberal ignora que el nacionalismo, el anticolonialismo, el antiimperialismo, el unionismo y la liberación social han sido los vasos comunicantes que conectan los diferentes ciclos de lucha continental en la historia de Nuestra América.
Yerros parecidos encontramos si pasamos del espectro de los problemas político-institucionales al de los económico-sociales. Así, la declaración manifiesta que de lo que se trata es de procurar una “prosperidad soberana y compartida», que parece reemplazar a la crítica antineoliberal y a las tentativas posneoliberales –más o menos radicales, más o menos exitosas– que definieron el sentido y delimitaron al sujeto mismo del ciclo progresista y de izquierda. De hecho, la soberanía y la prosperidad son completamente antagónicas a un neoliberalismo que en nuestra región fue desigual, excluyente, autoritario y colonial desde sus mismísimos orígenes, cuando “chorreando sangre y lodo por todos los paros” se instauró con el golpe de Estado al gobierno de la Unidad Popular en Chile, el 11 de septiembre de 1973.
Dentro de esta retórica, que debe mucho a la tecnocracia cepalina y a una suerte de multipolarismo ambiguo y descafeinado –y que parece haber hecho borrón y cuenta nueva con las teorías latinoamericanas y caribeñas de la dependencia–, la «integración productiva» reemplaza a la integración económica y la unidad política de la región.
Por otro lado, resulta sintomático que habiendo sesionado el Congreso Panamericano y habiéndose publicado esta declaración nada menos que en el mes del centenario de Fidel Castro, su nombre haya sido olímpicamente ignorado. No podríamos achacarlo a un mero descuido, considerando que han sido decenas –sino cientos– los eventos que a lo largo y ancho de la región han celebrado y puesto en valor el legado político e intelectual del líder histórico de la Revolución Cubana.
Creemos que no se trata de un hecho fortuito, dado que Castro fue un opositor enconado del panamericanismo, incluso de sus variantes liberales y “progresistas”, con las que debió confrontar amargamente, tanto en los tiempos de la Alianza para el Progreso, como cuando el triunfo arrasador del pensamiento único neoliberal sedujo a tantas y tantos ex camaradas que se pasaron con armas y bagajes al campo del enemigo.
En apretada síntesis, la Declaración de Montevideo dice poco, yerra bastante y concede demasiado. Pero el repliegue ideológico y político podría no ser la mejor estrategia para enfrentar la oleada reaccionaria e imperial que asola a Nuestra América. Pero el programa sólo puede explicarse por el sujeto. El que los funcionarios sustituyan a los pueblos, los liberal-progresistas a las izquierdas y el panamericanismo al nuestroamericanismo, es una resultante de cónclaves que se han vuelto cada vez más distantes, selectos y palaciegos.
El simple hecho de que el expresidente chileno Gabriel Boric, que liquidó el estallido social y el proceso constituyente y entregó su país al neopinochetismo en bandeja de plata, haya sido el convidado de lujo del encuentro, es quizás la mejor caracterización que podamos aportar acerca del mismo. En vez de rendir cuentas a sus conciudadanos sobre las devastadoras consecuencias de su extremo-centrismo, se permite hoy dar cátedra de radicalismo en los cónclaves internacionales, mientras se perfila para una improbable nueva candidatura a La Moneda o –con mucha mayor probabilidad– para ocupar algún espacio tan prestigioso como inofensivo en el sistema de Naciones Unidas.
Para ser justos, las críticas que es posible hacer a la Declaración de Montevideo y al tercer Congreso Panamericano son comunes a muchos otros espacios que habitamos, y que también se han visto esclerosados o condenados a la intrascendencia con el paso de los años. Revitalizar el proyecto de unión latinoamericana y caribeña pasa tanto por recuperar nuestras tradiciones emancipatorias históricas –y no con comprar baratijas ideológicas a cualquier mercachifle liberal–, como con volver a plantearnos preguntas concretas, pero sobre todo con imponernos tareas militantes precisas.
¿Qué propone el Congreso –y qué proponemos nosotros– para evitar la inminente invasión a Cuba, detener el genocidio en Gaza, enfrentar la ola reaccionaria y sus fantasías aniquilatorias o para poner freno a la angurria del imperialismo y las grandes corporaciones digitales? La respuesta, sin importar lo necesario que pueda resultar un evento internacional, no la encontraremos entre las frías piedras de un palacio, sino en las brasas, todavía encendidas, de la resistencia social y popular, y en la memoria atávica de nuestra práctica internacionalista.
