Ciberseguridad, tecnologías de persecución y lawfare – Por Observatorio Lawfare
Ciberseguridad, tecnologías de persecución y lawfare
El lawfare es un fenómeno multidimensional que avanza contra las garantías constitucionales y convencionales vinculadas al debido proceso, principio de inocencia, legalidad, proporcionalidad, igualdad, juez natural, derecho de defensa y que a la vez vulnera derechos civiles y políticos de dirigentes latinoamericanos que no adscriben al mandato neoliberal instruido por los poderes concentrados internacionales y locales. Ubicamos temporalmente estos hechos, en la región, en los últimos 15 años.
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Obtener información: Mediante software espía, interceptación de redes y monitoreo masivo que permiten acceder a comunicaciones, contactos y ubicaciones de un blanco, muchas veces sin orden judicial. El uso de “arrepentidos”, “delatores premiados” o “colaboradores eficaces” resulta muy habitual en estos casos.
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Producir la prueba: Herramientas privadas de extracción forense convierten un teléfono incautado en expediente. Su funcionamiento muchas veces no se somete a auditorías de contraparte y su fiabilidad rara vez se discute en juicio.
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Difundir en los medios: Chats y audios llegan a la prensa o son publicados por las propias fiscalías antes del juicio. Las plataformas, redes sociales y la inteligencia artificial amplifican la condena social.
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Contar los votos: El registro, la transmisión y la totalización electoral dependen cada vez más de proveedores privados. Esa infraestructura -en disputa por las principales potencias- se convierte en un nuevo terreno del lawfare electoral.
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Institucionalizar y legislar: Reformas de inteligencia, telecomunicaciones, protocolos de ciberpatrullaje, unidades de IA policial y sistemas de cruce de datos preparan el terreno antes de que haya un blanco concreto. En ocasiones se decretan secretos informativos que impiden el escrutinio político y ciudadano con base en criterios de “seguridad nacional”, así como el uso habitual de fondos reservados sin rendición de cuentas.
Institucionalizar: preparar el terreno
La tecnología facilita los mecanismos de persecución arbitraria, cuando no es auditable ni construida con especialistas nacionales. De este modo la persecución empieza antes, cuando se crean por decreto o resolución las facultades, las bases de datos y los circuitos de intercambio que luego la hacen posible. Argentina ofrece una secuencia nítida:
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Diciembre de 2023. El protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad (Resolución 943/2023) ordenó identificar a manifestantes mediante filmaciones y otros medios digitales, y el gobierno anunció el uso de reconocimiento facial para quitar planes sociales. Un juez federal declaró su nulidad en diciembre de 2025, a pedido del CELS.
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Mayo de 2024. La Resolución 428/2024 habilitó el ciberpatrullaje de las fuerzas federales en redes sociales y fuentes abiertas, con uso de inteligencia artificial.
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Julio de 2024. La Resolución 710/2024 creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, con funciones de análisis predictivo del delito y reconocimiento facial en tiempo real.
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Enero de 2026. El DNU 941/2025 reformó la ley de inteligencia: declaró encubiertas todas las actividades de la SIDE, le otorgó facultades de aprehensión y la habilitó a requerir información a todo el sector público nacional y provincial. En el mismo acto, la ciberseguridad quedó absorbida por el sistema de inteligencia.
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Abril y mayo de 2026. Peter Thiel, fundador de Palantir, se reunió con el presidente Milei, y el Ministerio de Capital Humano presentó un «Gemelo Digital Social» que integrará datos de empleo, educación, programas sociales y registros provinciales, con proveedores aún no definidos. Si bien por el momento no se conoce oficialmente un contrato con Palantir, este lanzamiento muestra cómo se construye, pieza a pieza, una arquitectura capaz de cruzar datos sociales, policiales y de inteligencia sin control judicial previo. Que todo ello se presente como modernización y ciberseguridad, sin control ciudadano ni de instituciones u organizaciones sociales es parte del problema.
La próxima generación del lawfare probablemente no se juegue solo en los tribunales, sino en contratos firmados sin debate, bases de datos que se comparten y cruzan sin orden judicial y algoritmos que nadie puede revisar. Seguir esa trama, con la misma atención que se presta a los expedientes, es una tarea urgente para quienes defienden la democracia, la soberanía popular y la autonomía política en la región.
