Patria Grande del Sur, un proyecto agroalimentario chavista – Por María Rizzo y Matías Strasorier
Patria Grande del Sur, un proyecto agroalimentario chavista
Por María Rizzo y Matías Strasorier*
Para entender este proyecto es necesario volver a Chavez y su pensamiento político: El Socialismo del Siglo XXI.
Desde su llegada a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez diseñó y ejecutó las bases en el marco constitucional para devolver al pueblo dignidad y justicia. Entre estas bases se encuentra la Ley de Tierras del año 2001, mediante la cual se puso en discusión el uso y usufructo de uno de los componentes que Carlos Marx analiza en la fórmula trinitaria: La Tierra (Capítulo 48 del Tomo III de El Capital).
Este componente fue fundamental para el desarrollo del sistema social de producción actual, el capitalismo, como también lo fue para su antecesor el feudalismo. Siendo importante por lo que en ella se encuentra y que, por la acción del ser humano, adquiere valor. El componente tierra, ha sido motivo de guerras en casi todas sus conquistas, cada pedazo de terreno en cada punto del planeta fue parte de una acumulación originaria a base de espadas o balas, abonada con sangre de los derrotados y los rebeldes que se negaron a ser explotados por los conquistadores.
Sin embargo, en este caso no fue así. Sino que fue parte de un gobierno democráticamente elegido por el pueblo, que haciendo uso de sus funciones logra sentar las bases para la recuperación no violenta de los recursos para quienes producen y trabajan.
Bajo este marco legal, se recuperó el hato La Vergareña más de 180.000 hectáreas ubicadas al sur del río Orinoco, en el Estado Bolívar. Hablamos de una extensión colosal equivalente a todo el estado Nueva Esparta. A lo largo de tres siglos, este territorio ha mutado de refugio ancestral indígena a feudo monacal, de contrabando decimonónico a emporio del capitalismo globalizado de un multimillonario estadounidense.
La acumulación originaria de Patria Grande del Sur
El Estado Bolívar, incluido el Hato La Vergareña, originalmente estuvo habitado por los pueblos Pemones subgrupo Kamarakoto, los Sape y los Sanemá. Estos pueblos originarios desarrollaban su vida en comunidad en orillas del río Paragua, su economía era de conuco itinerante, pesca con barbasco y caza con cerbatana. La propiedad de la tierra era estrictamente comunal.
Todo cambió el 15 de mayo de 1770, cuando el misionero capuchino catalán Fray Benito de Lagarriga fundó formalmente Barceloneta (hoy La Paragua). Con la espada y la Biblia, los monjes capuchinos ejecutaron un disciplinado proceso de reducción y sedentarización forzosa de los pueblos originarios. Las malocas comunales fueron sustituidas por hileras de adobe y los nativos fueron convertidos en la mano de obra no remunerada de un imperio teocrático. Las misiones del Caroní y el Paragua acumularon en su época dorada más de 150.000 cabezas de ganado, además de talleres de herrería y plantaciones de tabaco. Estas riquezas producidas por las fuerzas de trabajo de los pueblos originarios financiaban a la Corona Española y las misiones globales en Europa.
La Guerra de Independencia comandada por el Libertador Simón Bolívar destruyó las cruces de madera de los monjes, pero no liberó los pueblos Pemon, Sape y Sanemá. Tras la Batalla de San Félix en 1817, el Gral Manuel Piar confiscó los rebaños de las misiones para alimentar al ejército.
Luego de la expulsión de los realistas no llegó la libertad y la justicia para los pueblos originarios explotados por los monjes españoles. Lo que se produjo fue la conformación de una casta patricia que lejos de democratizar las tierras o restituirlas a sus dueños originales, enriqueció familias como los Casado, los Cabrera, los Vergara y los Sifontes. Los soldados rasos e indígenas, analfabetos y empobrecidos, vendieron sus «bonos de tierra» por sumas irrisorias a los generales victoriosos y a los comerciantes ricos de Angostura.
El Hato La Vergareña fue bautizado así por su primer dueño republicano registrado, Don Luis de Vergara. De este modo las tierras pasaron a ser un feudo privado donde los indígenas, despojados de sus conucos ancestrales, sufrieron una cruda proletarización, transformados en peones atados de por vida por el sistema de servidumbre por deudas.
A mediados del siglo XX, el latifundio colonial dio un salto directo al capitalismo de vanguardia de aquella época. En 1946, Horacio Cabrera Sifontes, un intelectual y posterior gobernador del estado Bolívar, unificó los títulos y extendió los linderos de La Vergareña. Siete años después, en 1953, vendió la inmensa propiedad al multimillonario estadounidense Daniel Keith Ludwig.
Ludwig operó una genialidad de la economía de escala, sus inmensos barcos de la National Bulk Carriers transportaban mineral de hierro desde los yacimientos de Guayana hasta los Estados Unidos, pero regresaban vacíos. Por lo cual decidió aprovechar esos viajes de retorno para importar miles de cabezas de ganado en pie desde Norteamérica (razas Hereford, Angus y Shorthorn) para cruzarlas en La Vergareña con el ganado cebú local.
En el año 1976, Ludwig vendió el hato a Moisés Benacerraf un arquitecto venezolano, quien para algunos funcionó como testaferro de Ludwig, para otros era el auténtico propietario. Más allá de este dilema, durante los años 90 y principios del siglo XXI, el hato funcionó principalmente con producción ganadera y explotación maderera. Pero además, poseía un potencial oculto, su subsuelo albergaba (y alberga) ricas vetas de oro y diamantes. Aunque la empresa priorizó el negocio agropecuario, la presión de la minería ilegal en sus fronteras fluviales (los ríos Paragua y Caroní) siempre fue una amenaza latente.
Los pueblos originarios se transformaron en fuente de mano de obra barata y explotada al máximo posible. Hombres y mujeres, pasaron a engrosar el ejército de explotados, independientemente de su origen y su raza. Desde que los europeos llegaron en el siglo XVIII, la derrota, la explotación, la miseria, la pobreza, el hambre, el sometimiento, la indignidad, se transformaron en la cotidianeidad que vivieron estos pueblos.
Esa fue la acumulación originaria del Estado Bolívar, y entre ellos de la Antigua Vergareña, hoy Patria Grande del Sur.
El inicio de la transformación
El largo ciclo de propiedad privada de La Vergareña se cerró en 2008. El presidente Hugo Chávez, bajo el amparo de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordenó al Instituto Nacional de Tierras (INTI) la ejecución de una medida de «rescate», con el objetivo de combatir el latifundio histórico, dignificar a las comunidades Pemón confinadas en los linderos del predio (como San Borges e Isla Karatal) y poner a producir las tierras en función de la soberanía alimentaria del país.
Como todo cambio radical, éste también está lleno de contrapuntos, conflictividad y contradicciones. Mientras el gobierno bolivariano alegaba ociosidad, los propietarios afirmaban que se realizaba una explotación ganadera de alta tecnología. Controversias como acusaciones de vejaciones sufridas por los pueblos originarios, entre las cuales se mencionan cotos de cacería humana, en las que elites de multimillonarios pagan sumas exorbitantes por realizar estas prácticas inhumanas. Por otro lado, los antiguos propietarios denuncian desvalijamiento de la infraestructura y pérdida de la cabaña ganadera que Ludwig y Benacerraf.
En la actualidad el proceso de recuperación y justicia social continúa
Pasaron más de 15 años del proceso de recuperación de la antigua Vergareña, sin embargo, al igual que el resto de Venezuela sufrió el proceso de Guerra Económica. La injerencia de EEUU y sus aliados desplegaron todo tipo de bloqueos y medidas coercitivas unilaterales sobre el pueblo venezolano, lo cual tuvo su principal impacto en la economía nacional. Esta situación también la sufrió el territorio recuperado por Chávez.
Como así también, al igual que el resto de Venezuela, comenzó a ser parte de un proceso de recuperación económica del cual el máximo responsable es Nicolás Maduro, hoy secuestrado por el gobierno yanki. Así fue que a partir de septiembre de 2024, Nicolás Maduro comienza a recuperar ese proyecto postergado durante el período de guerra económica.
En marzo del 2025, Maduro le encarga la comandancia de la ejecución del proyecto al comunero y ministro de Comunas, Ángel Prado, y se asignan formalmente 10.000 hectáreas para la reactivación productiva. Para esto se produce una articulación productiva y formativa con el MST de Brasil, con el objetivo de promover e implementar la agroecología como práctica productiva. También con el asesoramiento tecnico productivo del Centro de Estudios Agrarios (CEA), conformado por un equipo de profesionales, del cual el médico veterinario Laureano Sosa es el responsable técnico del desarrollo ganadero. Así nace el “Proyecto Patria Grande del Sur”.
Las controversias y polémicas nunca faltan cuando hay algo importante en disputa, en este caso un proyecto productivo en un hato de mucho potencial ganadero y con grandes riquezas minerales bajo sus suelos. La participación de la organización brasileña generó resistencia en algunos grupos locales que se oponen al proyecto, incluidos pueblos originarios. Las acusaciones de que no se encuentra productivo y que el movimiento comunero es incapaz de poner en producción tantas tierras, son parte de la actual disputa. Otros lo catalogan de proyecto pantallero y puro show que nunca va a producir.
Lo cierto es que desde hace más de un año se le asignaron 5.000 hectáreas al movimiento comunero sobre las cuales ya se instalaron más de 25 familias que producen y trabajan.
Actualmente existe un rodeo bufalino de doble propósito (produce leche para queso, y ceba) con más de 250 cabezas, con una producción de alrededor de 300 litros diarios de leche que se convierten en quesos que se comercializan localmente. El conjunto de las familias también desarrollan diversas producciones frutihortícolas colectivas y también particulares de las familias, especies como yucas, plátanos, parchitas (maracuyá), ají, etc, cuyo destino es el autoconsumo y comercialización de excedentes. También cuenta con alrededor de 350 hectáreas de siembra de maíz cuya proyección de rindes es de unos 7.000 kg por hectárea, y el antecedente 150 hectáreas sembradas de caraotas negras, que arrojaron un rinde de 900 kg por hectáreas. Esta producción toma importancia en marco del lanzamiento del Plan Venezuela Alimenta “Hambre Cero”, propuesto por la Presidenta Encargada Delcy Rodriguez que propone completar el autoabastecimiento a todo el país.
Esto demuestra que los comuneros y comuneras tienen la capacidad de poner en producción lo que explotaba el feudalismo y el capitalismo. El desafío es aprovechar el potencial productivo que la tierra presenta.
El proyecto está bajo la lupa, quienes se oponen esperan que fracase, de manera que sostenga la hipótesis de que el socialismo y las comunas no tienen capacidad de producir, que son flojos y les gusta vivir de subsidios. Sin embargo, detrás de estos relatos lo que realmente se encuentra es el interés de quedarse con estas tierras para explotarlas.
También observan el proceso con atención quienes lo apoyan y promueven, esperando con ansias que los resultados positivos continúen y den el salto cuantitativo que amerita.
Será clave para lograr el objetivo de Chavez y Maduro poner las energías y los recursos no solo en lo económico productivo, sino también en social y organizativo. Para ambas, resultan imprescindibles inversiones en conectividad rural, en energías renovables, en bioprocesos y bioinsumos, además de las inversiones en agricultura y ganadería, las inversiones en infraestructura civil.
El proyecto ya está en marcha, el resultado final está en manos de los comuneros y las comuneras, obviamente del apoyo del Gobierno Bolivariano y principalmente del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.
*Médicos Veterinarios, integrantes del Centro de Estudios Agrarios de NODAL y miembros de la Brigada Argentina Permanente Diego Armando Maradona en Venezuela.
