Panamá | El Gobierno extiende por 5 días el estado de emergencia en Bocas del Toro y aprueba decreto para reemplazar a docentes en paro

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Estado de Urgencia’ en Bocas del Toro se extenderá hasta el domingo

El ‘Estado de Urgencia’ declarado por el Gobierno Nacional para la provincia de Bocas del Toro desde el pasado viernes se extenderá cinco días más hasta el próximo domingo 29 de junio, así lo confirmó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

“Tenemos que ser claros en que aún persisten bloqueos en algunas zonas de la provincia de Bocas del Toro y por eso hoy unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval continúan con las operaciones”, aseguró el Ministro al explicar la razón de la extensión del ‘Estado de Urgencia’

El titular de Seguridad Pública agregó que la medida se levantará una vez que se pueda garantizar la viabilidad total, así como las condiciones de paz y tranquilidad para los panameños residentes en Bocas del Toro.

El ministro Abrego dijo que en Changuinola la Fuerza Pública tiene el control de la situación, pero siguen con los allanamientos y labores de captura de los responsables del vandalismo y saqueo de la semana pasada.

En el undécimo día de la “Operación Omega”, el número de personas aprehendidas ascendió a 341, de las cuales 323 son adultos y 18 menores de edad. El número de agentes policiales heridos se mantiene en 14, de un total de 2,499 uniformados desplegados desde el sábado 14 de junio.

Hasta la fecha, los estamentos de seguridad del Estado han reabierto 40 puntos de cierre, realizado 88 allanamientos, y reportan 169 árboles talados, 3 postes eléctricos derribados, 13 instalaciones gubernamentales vandalizadas y 21 comercios saqueados.

Decreto de Gabinete

Con la aprobación del Decreto de Gabinete No. 28, “que modifica el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio de 2025, que declara ‘Estado de Urgencia’ en Bocas del Toro”, el ‘Estado de Urgencia’ se extenderá hasta el 29 de junio del 2025.

El Decreto No. 28 también restablece los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de urgencia.

EL DIGITAL PANAMA


Gobierno aprueba decreto para reemplazar a docentes en paro

Por Ismael Gordón Guerrel

En medio de una creciente crisis educativa por la paralización de labores docentes en escuelas oficiales, el Gobierno Nacional aprobó un decreto que establece un procedimiento especial y transitorio para el nombramiento inmediato de nuevos maestros y profesores.

El Decreto Ejecutivo N° 17, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Educación Lucy Molinar, entró en vigencia este 24 de junio con el objetivo de restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos afectados. La medida es una respuesta directa al paro que, según el propio documento, ha dejado sin clases a estudiantes durante el primer trimestre del año escolar 2025, sin evaluaciones ni calificaciones.

El nuevo decreto habilita un mecanismo de selección más ágil para ocupar las vacantes creadas por la ausencia prolongada de educadores en huelga. Según el texto, las direcciones escolares deberán notificar a las Direcciones Regionales de Educación sobre las necesidades urgentes de personal. Estas, a su vez, elevarán informes para que las vacantes sean aprobadas y procesadas por el Ministerio de Educación.

Los nuevos nombramientos se realizarán con base en los listados del Registro Permanente de Elegibles y darán prioridad a docentes que concursaron en procesos previos y no fueron seleccionados. Si estos no están disponibles, se acudirá al resto del registro según puntajes o prelación.

Los docentes seleccionados deberán presentar certificados médicos físicos y mentales, así como un récord de antecedentes personales. El decreto también contempla el reconocimiento de diez puntos adicionales como mérito por el tiempo de servicio prestado bajo este régimen transitorio.

La normativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y su aplicación dependerá de la persistencia de las condiciones que motivaron su aprobación.

El decreto se ampara en los artículos 91 de la Constitución y en disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, así como en leyes que priorizan el interés superior de la niñez. Sin embargo, su promulgación llega en un momento de alta tensión entre el gobierno y sectores del magisterio, que exigen ser escuchados en el marco de las reformas sociales que el Ejecutivo impulsa.

Docentes en paro denuncian que no se trata de una interrupción arbitraria, sino de una acción de protesta contra reformas que, aseguran, ponen en riesgo derechos adquiridos en pensiones y condiciones laborales. Desde el Ministerio de Educación no se ha informado cuántos educadores podrían ser reemplazados ni en qué regiones comenzará a aplicarse la medida.

LA ESTRELLA


Interponen demanda de inconstitucionalidad contra Gobierno de Panamá

Abogados panameños informaron este martes que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 27 emitido por el Gobierno del presidente Raúl Mulino, que suspende las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro con la implementación del estado de emergencia.

El estado de emergencia, declarado por el Gobierno, incumple y suspende el artículo 23 de la Constitución sobre el habeas corpus. Esto ha llevado a una acción de inconstitucionalidad, según informaron los abogados Félix Paz Moreno, Manuel Castro y Carlos Bichet Nicoletti a teleSUR.

Este anuncio se produce tras la declaración del estado de emergencia en Bocas del Toro, mediante el cual cortaron los servicios de internet y telefonía móvil, lo que ha generado fuertes críticas tanto en la sociedad como en organismos internacionales.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, prevén que esta medida podría extenderse como parte de la operación Omega, iniciada el 14 de junio, destinada a desbloquear carreteras y enfrentar a grupos que demandan la derogación de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social (CSS), la cual incluye cambios importantes en el sistema de seguridad social panameño, afectando a trabajadores, empleadores y jubilados.

Los juristas argumentan que los estándares del sistema interamericano de derechos humanos prohíben, por ser incompatibles con la Convención Americana, la suspensión tanto del habeas corpus como del amparo de garantías constitucionales.

En este contexto, Bichet también señaló que dicho «decreto infringe los artículos 4 y 17 de la Constitución, que establece que Panamá debe acatar las normas de derecho internacional. Además, el segundo párrafo del artículo 17 indica que se nacionalizan las normas de derechos humanos dentro del sistema panameño».

Bichet subrayó que la norma tiene fecha de caducidad hasta el 25 de junio, pero es fundamental que la Corte se pronuncie al respecto, tomando como referencia su postura en 2015 en el fallo contra la CEP por la suspensión de telecomunicaciones en Orconcitos, lo cual representa una grave violación a las garantías fundamentales.

TELESUR

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