Alertan sobre posibles abusos y violación a procesos con detenidos en Bocas del Toro
Desde el 14 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en comunidades de la provincia de Bocas del Toro bajo la operación Omega, un masivo despliegue policial para acabar las protestas con cierre de vías en rechazo de la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.
Desde entonces se han presentado denuncias sobre excesos de la fuerza pública y, desde la entrada en vigencia del estado de urgencia -que suspendió garantías constitucionales-, abogados advierten de “detenciones arbitrarias” y posibles “violaciones a los derechos humanos”.
La primera señal de alerta, explica el abogado José Luis Santamaría, es que se desconoce el paradero exacto de los detenidos, repartidos en al menos tres provincias fuera de Bocas del Toro, lo que compromete el derecho a la defensa ante la imposibilidad de que las personas puedan tener un contacto con sus abogados.
Santamaría, que se encuentra en la ciudad de David, Chiriquí, es uno de los de 20 juristas que están tratando de atender los casos de personas detenidas en Bocas del Toro. Aseguran que la Policía “está poniendo trabas” y el sistema de justicia no está cumpliendo con garantizar un proceso justo en medio de la crisis.
El abogado explicó a La Estrella de Panamá que no solo hay problemas de contacto con los detenidos para la defensa -pieza clave del sistema de justicia-, sino también hay un “enredo grave” en torno a las competencias y las autoridades responsables de los detenidos, presuntamente en contextos de protesta.
“Ante la Policía pedimos hablar con ellos y nos dijeron que no por el decreto [de estado de urgencia]. Les insistí en que eso era en Bocas y que aquí estábamos en Chiriquí. Luego de hablar con un jefe policial, este me dijo que había órdenes superiores de no permitir verlos”, contó Santamaría sobre la estancia temporal de los detenidos en David el sábado 21 de junio.
En ese momento eran 74 detenidos -incluyendo hombres, mujeres y menores de edad-, narró el abogado, quien ante la situación presentó un habeas corpus, garantía constitucional a la que tiene derecho toda persona ante posibles detenciones ilegales. Sin embargo, enfrentaron allí otro problema: el Tribunal Superior de Chiriquí se inhibió de revisarlo, argumentando falta de competencias y que este debía ser interpuesto ante la Corte, según documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio.
Derechos humanos
Al menos 70 personas fueron llevadas a Veraguas tras su detención en la ciudad de Changuinola durante los últimos días. Estarían en el centro penitenciario de la provincia y de acuerdo con la abogada Lirieth Rodríguez, de la ciudad de Santiago, advierten de “maltratos” y “abusos”.
“Ellos están en malas condiciones, fueron golpeados. Nos han dicho que les impidieron tomar alimentos y les dieron perdigones para ‘comer”, señaló Rodríguez, miembro de un equipo de cinco abogados que pudo hablar con los detenidos. Aseguran que, de acuerdo con los testimonios, estos han sufrido “maltrato físico, psicológico y hasta sexual”.
“A un joven lo patearon y lo golpearon con la culata de las armas, incluso se las pusieron en la sien. Tenemos testimonios de que les tocaron sus partes sexuales a los detenidos, también que los encerraron en un cuarto y les tiraron gas pimienta; eso son actos de tortura”, señaló Rodríguez a este medio, aclarando que hasta este miércoles “ninguno de los detenidos había sido llevado a una autoridad competente ni tribunal, además, nos han dicho que no tienen que ver con los actos de vandalismo. Muchos fueron detenidos sin siquiera ser parte de la protesta”.
La Decana buscó la postura de la Defensoría del Pueblo sobre estas denuncias, pero esta indicó que no daría detalles ya que se mantiene abierta una investigación. Confirmaron que hasta ayer habían entrevistado a 169 de los detenidos.
De acuerdo con el informe levantado por Rodríguez y otros cuatro abogados, pese a que a los detenidos no se les han establecido medidas cautelares, se les mantiene en celdas con delincuentes comunes.
“No puedo decir que todos son santas palomas, pero tiene derecho a la presunción de inocencia. La legalidad y la formalidad se han omitido totalmente”, afirmó Santamaría.
Otro problema que denuncian es que a los familiares de los detenidos no se les ha informado de nada, tomando en cuenta que están incomunicados por la suspensión de las comunicaciones ordenada por el gobierno, y además no hay ninguna medida.
¿Sin ‘habeas corpus’?
Ayer sumaban al menos cinco habeas corpus presentados ante la Corte Suprema de Justicia que, de acogerlos, esta instancia debe determinar con certeza el lugar y a orden de quiénes están los detenidos.
Para el abogado Gonzalo Mocada Luna, otro de los juristas involucrados en estos procesos, pero desde la provincia de Panamá, lo más elemental es determinar cuál es la ubicación exacta de todos los detenidos, ya que “ninguna autoridad la ha dado con certeza”.
“Tenemos información de que se llevaron a gente en la calle, pero también de sus casas, pero no es posible que se desconozca dónde están, si están en hospital o cárcel. Se habla de que el director de la Policía es el responsable, otros que es el director del Sistema Penitenciario los está recibiendo […] me preocupa que si supuestamente estamos en democracia, esto no esté claro”, advirtió.
El jurista expresó su preocupación sobre el decreto de gabinete que estableció el estado de emergencia en Bocas del Toro, que suspendió el habeas corpus, pero que luego este martes fue “corregido” con otro decreto. “Fue completamente ilegal, no podían hacerlo, porque Panamá está adscrito a tratados y convenios que prohíben la suspensión del habeas corpus”.
Las autoridades aseguran que los detenidos estarían supuestamente vinculados a grupos delincuenciales, algo negado, según los testimonios recogidos por los abogados.
“Incluso si alguno hubiera cometido un delito, es posibles que los procesos se caigan en el momento que la aprehensión se hizo de manera ilegal, como estamos encontrado en varios casos”, sostuvo Santamaría.
Este diario buscó conocer la versión del Ministerio de Seguridad sobre el tema, pero no hubo comentarios.
Abogados Felix Paz, Carlos Bichet y Emanuel Castro dirigen Comunicación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH pidiendo una visita in loco para monitorear la
Situación de los Derechos Humanos en Bocas del Toro. @CIDH @DefensoriaPan pic.twitter.com/PkEmJcKRFS— Carlos J. BICHET NICOLETTI (@CJBICHET) June 25, 2025
Hay 22.000 maestros en registro permanente de reemplazos elegibles
Por Adolfo Berríos Riaño
El Ministerio de Educación (Meduca) ha puesto en ejecución un mecanismo para llenar los puestos de los docentes que se mantienen protestando contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). Pero la estrategia podría costarle, debido a la forma en que fue implementada. El Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025 establece el “procedimiento especial para la selección y nombramiento de los maestros y profesores requeridos para restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en favor de los estudiantes de los centros educativos”.
Aunque el Meduca no ha compartido una cifra exacta de cuántas escuelas están paralizadas o afectadas por el paro docente, un vistazo a la planta docente permite inferir la magnitud del impacto. De acuerdo con el Meduca, hay 52.000 docentes registrados en su planta educativa, incluyendo agremiados y no agremiados. Según Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), hay unos 30.000 docentes en huelga. Si ambas cifras son correctas, alrededor del 57 % de los maestros alrededor del país estarían dejando de asistir a las aulas.
Los reemplazos vendrían del registro permanente elegible, donde actualmente hay registrados unos 22.000 maestros. Aunque cada uno de los maestros en este registro empiecen a trabajar, y presumiendo que tengan las competencias para enseñar cada una de las materias que se necesitan, no llegan a los 30.000 que los gremios aseguran se encuentran en paro.
Además, los educadores afirman que el Meduca los catalogó como en “licencia sin sueldo” sin haber ellos hecho la solicitud. “Todo lo que están haciendo en este momento es totalmente ilegal. La retención o el secuestro de los salarios es totalmente ilegal porque ellos ni siquiera han procedido de acuerdo con las normas especiales que tenemos los docentes. Ellos mismos son los que nos han declarado que estamos en licencia sin sueldo y ahora quieren destituirnos”, señaló Sánchez. “¿Cómo tú me vas a destituir si tú mismo me has dicho que estoy en licencia sin sueldo? Hay una serie de contradicciones jurídicas en todas las medidas que está adoptando el Meduca y la Contraloría. Y nosotros le decimos que este gobierno va a pasar, le quedan cuatro años. Y así como le pasó a la ministra en el periodo pasado, cuando fue ministra, va a quedar subiendo y bajando escaleras por todas estas ilegalidades y arbitrariedades que está cometiendo en este momento ella y el contralor”, añadió.
Por su parte, el Meduca defendió su decisión. “La disposición de haber asignado esta notación en el sistema es una acción que no controla la institución, pero lo cierto es que eso es sobre la efectividad del salario. Eso proviene del hecho de que, en este país, tanto los trabajadores del sector particular como los trabajadores del sector público tenemos la obligación de prestar nuestro servicio. Ese debate, si es legal o no, no sustituye la realidad de que para recibir un salario tú tienes que laborar”, argumentó el asesor del Meduca, Jaime Castillo. “La relación jurídica va a ser dirimida con los procesos de abandono del cargo que se tienen que surtir. Y una vez resuelto esos procesos de abandono del cargo se determinará si el docente prosigue o no. Lo cierto es que con el Decreto 17 se permite el reemplazo temporal de ellos, porque nosotros tenemos que garantizarles ellos el derecho a defenderse. Esto no es sacar a un docente porque sí, se le tiene que garantizar el derecho a defenderse y todas esas garantías se le van a respetar porque así lo exige la Constitución y la ley”, aseguró.
La Contraloría General de la República había ordenado la suspensión del pago de los salarios de los docentes que no estaban yendo a sus puestos de trabajo. Sin embargo, muchos maestros que sí estaban yendo a las escuelas reportaron que también se les estaba descontando su salario.
“El Ministerio de Educación junto con la Contraloría General de la República, apenas se detectaron esos casos nos unimos a un esfuerzo interinstitucional para resolverlos”, aseguró Castillo. A cada uno de esos docentes, primero vamos a eliminarles esa notación. Lo segundo es garantizar que su salario llegue en el día de cobro establecido en la institución. Fue un error que se cometió, que gracias a Dios nos dimos cuenta. Y junto con Contraloría se tomaron las acciones para resolver ese tema”, acotó.
Propuesta
Los educadores se reunieron con diputados de la Asamblea Nacional en busca de compartir sus posiciones. La Asamblea Nacional publicó en redes sociales que los maestros estaban dispuestos a regresar a las aulas el próximo lunes si se establecía una mesa de diálogo para revisar 30 puntos de la ley. Sin embargo, los docentes desmintieron la información y la Asamblea retiró la publicación. “Nosotros lo que le planteamos es que teníamos una propuesta de borrador que nos elaboró la doctora Ana Patiño donde hay 36 artículos que creemos que son fundamentales modificarlos, pero inclusive le planteamos que todavía estábamos trabajando en los artículos para tratar de ver si lo podíamos reducir y tocar lo más sensible. Es una propuesta que están trabajando los técnicos. Posiblemente para el lunes ya nosotros la tenemos más afinada”, explicó el secretario general de Asoprof. “Nosotros primero tendríamos que tener un compromiso en la Asamblea que efectivamente va a tomar en cuenta la propuesta nuestra. Ese compromiso todavía no existe. Nosotros no es que hayamos decidido levantar la huelga a partir del 1 de julio”, enfatizó el dirigente magisterial quien añadió que también deben reunirse con sus bases antes de tomar una decisión.
Entre los puntos que piden sean modificados está el cálculo de las pensiones para los docentes y las multas a los trabajadores independientes.
Mulino impulsará agenda internacional en visita oficial a España
El presidente de la República, José Raúl Mulino, iniciará este viernes una visita oficial a la ciudad de Sevilla, España, por invitación directa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de los eventos previos a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), organizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A esta importante cita asistirán, de manera extraoficial, más de 50 jefes de Estado, incluyendo líderes de países como Colombia, Uruguay, Bolivia, Honduras, Sudáfrica, Ecuador, Ucrania, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
Durante su estadía en Sevilla, el presidente Mulino sostendrá una reunión bilateral con su homólogo español, Pedro Sánchez, para abordar temas clave en materia de cooperación, comercio e inversión.
Además, participará en encuentros económicos de alto nivel, incluido un evento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se anunciará el respaldo para que Panamá se adhiera a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro punto destacado de la agenda será su participación como orador en una conferencia empresarial organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En ese evento, se confirmará que Panamá será sede nuevamente del Foro Económico de América Latina en su próxima edición.
El mandatario también se reunirá con el rey Felipe VI de España en una audiencia bilateral para reforzar los lazos diplomáticos y de amistad entre ambos países. Asimismo, mantendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
Acompañan al presidente Mulino en esta misión oficial la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y la secretaria de Asuntos Económicos, Kristelle Getzler.
Está previsto que el jefe de Estado regrese a Panamá el domingo 29 de junio, tras concluir su agenda oficial en España.
