Ley de la Guardia Nacional: la continua apuesta por la militarización
Por Mario Patrón
En los últimos días hemos atestiguado el desarrollo de un nuevo capítulo de la militarización en nuestro país, pauta que desde hace dos décadas caracteriza a la política de seguridad pública en México en contexto de la crisis generalizada de violencia e inseguridad. En continuidad con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional aprobado por el Congreso de la Unión en septiembre pasado, este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva Ley de la Guardia Nacional cuyo proyecto original contempla, además, la reforma a nueve leyes relacionadas.
🙋🏽♀️ La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide una nueva Ley General del Sistema Nacional de #SeguridadPública, que orienta la actuación de las instituciones encargadas de esta función. https://t.co/vHp5xdunym
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 26, 2025
Como muchas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han advertido, esta nueva ley significa otro retroceso en materia de derechos humanos, no sólo por los riesgos intrínsecos y ya demostrados que conlleva la militarización como mecanismo privilegiado para atender la violencia en el país, sino también por lo que se deriva de otras disposiciones que se estarían aprobando y que trascienden a la Guardia Nacional, como el fortalecimiento de las labores de inteligencia en manos de las fuerzas armadas.
Frente a las críticas ciudadanas, la narrativa oficial ha negado que la Guardia Nacional y su traspaso a la Defensa representen una medida de militarización del país. Se argumenta con frecuencia que la verdadera militarización ocurrió con la salida del Ejército a las calles desde 2006, que ciertamente fue uno de los mayores episodios de militarización en México. Sin embargo, a contrapelo de esta narrativa, la literatura especializada considera el despliegue militar en tareas de seguridad pública como militarización directa y, a la vez, como sólo uno de los múltiples rasgos de la militarización como concepto más amplio del análisis de la realidad pública.
Se entiende por militarización indirecta la asignación de labores de naturaleza civil a las fuerzas armadas, así como la incorporación de lógicas castrenses en las instituciones civiles. La creación de la Guardia Nacional con rasgos militares y su posterior traspaso a la Defensa son expresiones claras de esta militarización, del mismo modo que el fortalecimiento de las labores de las fuerzas armadas y la ampliación de sus facultades son signos preocupantes de militarización, sin importar cómo se los asocie al concepto de seguridad nacional.
Nos encontramos, pues, ante una larga serie de acciones efectuadas durante décadas con las que se ha fortalecido paulatinamente el papel de las instituciones castrenses. En México no es un proceso privativo de un partido político, sino una dinámica sostenida durante ya cuatro administraciones presidenciales de distinto signo partidista, que han concedido a las instituciones militares un rol, recursos y una confianza superior de las dispensadas a las instituciones civiles, difundiendo paralelamente entre la sociedad un discurso que asegura una supuesta incorruptibilidad de todo cuerpo castrense, lo que constituiría su principal fuente de legitimidad.
A los riesgos que entraña este proceso ante el debilitamiento del ethos y la institucionalidad democrática del país, hay que sumar su probada ineficacia como mecanismo de aseguramiento de la seguridad pública. Hoy, el despliegue de las fuerzas armadas de manera generalizada, sin prácticamente controles sobre su ejercicio y uso de la fuerza, no ha logrado revertir de manera sostenida los índices de violencia ni instrumentar una política de pacificación permanente que permita el combate real a la macrocriminalidad y la reconstrucción de los tejidos sociales.
Por el contrario, a 19 años del despliegue de los cuerpos militares en labores de seguridad pública en el país, el saldo es más territorios ausentes del control institucional; y, en cambio, una larga lista de casos en que la letalidad de la intervención de las fuerzas armadas ha incrementado el adeudo estatal en acceso a la justicia.
Hechos de meses recientes, como los asesinatos de seis migrantes en Chiapas, de dos jóvenes en Chihuahua, de dos civiles en Nuevo Laredo, y tantos más casos de ejecuciones extrajudiciales o de detenciones arbitrarias –especialmente contra migrantes– dan muestra de la ineficacia que hasta la fecha han mostrado las fuerzas armadas como instrumento para la pacificación del país. Evidencia de ello es que la Guardia Nacional y la Sedena fueron en el sexenio anterior dos de las instituciones con más quejas ante la CNDH.
Lo que está en juego no es sólo la crisis de violencia, sino también, la agenda misma de fortalecimiento democrático, promoción de los derechos humanos, pacificación y reconciliación social. Como han señalado numerosas voces especializadas y organizaciones defensoras de las víctimas y de los derechos humanos: la ruta para una adecuada pacificación del país apunta en una dirección contraria a la que han promovido los últimos tres gobiernos federales y que el actual profundiza con esta nueva reforma legal.
No podemos cansarnos de repetir que la atención de la crisis generalizada de violencia e inseguridad pasa por el fortalecimiento de las instituciones civiles, por el cuidado, la capacitación y la profesionalización policial, por la reforma de las fiscalías y el Ministerio Público para garantizar el efectivo acceso a la justicia, por la adopción de estrategias de seguridad regionales diseñadas a partir del conocimiento profundo de los contextos específicos por la adopción de un enfoque de prevención que atienda las causas estructurales de la violencia, y por la limitación del uso de las fuerzas armadas de manera extraordinaria, estrictamente temporal y con los debidos controles institucionales tanto internos como externos.
Avalan reforma que reconoce a la Guardia Nacional como parte del Ejército
Por Juan Carlos Cortés
Tras discusión de 10 horas, Morena y sus aliados aprobaron la reforma a Ley de la Guardia Nacional, que armoniza su marco jurídico y que reconoce a la Guardia Nacional como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional integrada con personal militar con formación policial, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y cuya función es ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública elaborada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Los legisladores oficialistas aprobaron la iniciativa en lo general y lo particular por 349 votos a favor y 132 en contra.
La reforma también establece en el artículo 44, numeral III, la “licencia especial” que fija que el personal de la Guardia Nacional podrá asumir cargos de elección popular cuando el Ejecutivo Federal o el secretario de Defensa los nombre para el desempeño de una actividad ajena a la Guardia Nacional.
El artículo detalla que los militares nombrados podrán desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente de sus funciones de seguridad pública para estar en aptitud legal de desempeñarlos.
La reforma también fija que la Guardia Nacional tendrá atribuciones, previa autorización judicial, para tareas de investigación e inteligencia y llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas.
La minuta será enviada al Senado de la República para que en este periodo extraordinario la discuta en comisiones y en el Pleno de la Cámara Alta.
La oposición acusa que la reforma consolida la militarización del país
Al comienzo de la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, pidió una moción suspensiva, ya que afirmó que la reforma de GN no es un mero cambio administrativo ni un ajuste técnico, sino de una reforma que consolida la militarización de la seguridad pública del país y en la vida pública de México. La moción fue desechada en votación económica.
También se presentaron más de 200 reservas y se escucharon los argumentos de 59 oradores para presentar su adicción a la reforma, sin embargo, sólo se aprobaron tres de ellas: la primera a propuesta del Morena que establece un cambio de redacción de la iniciativa. La segunda fue propuesta por el PVEM, y fija que la Guardia Nacional tendrá a cargo de vigilancia en algunas partes de los bosques para evitar delitos ambientales como la tala de árboles.
La tercera reserva, propuesta por el PT, establece que la educación de la Guardia Nacional estará orientada al conocimiento y aplicación en materia de seguridad pública con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad, y con perspectivas de género e intercultural, en igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
Durante el debate, la diputada del PRI, Graciela Ortiz González, afirmó que el dictamen solamente consolida con todas sus letras la militarización de la seguridad pública en México al entregar el mando, la operación y la estructura de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Militarizar la seguridad pública no garantiza más justicia, están totalmente equivocados, ni menos violencia ni da mayor proximidad ciudadana, al contrario, solo profundiza el debilitamiento de las policías civiles y las estructuras policiales de las entidades federativas. Con ello están ustedes, de un plumazo, destruyendo el federalismo mexicano establecido en nuestra Constitución.
Por otro lado, la diputada panista, Eva María Vásquez Hernández, resaltó que esta reforma no solo consolida la militarización de la seguridad pública, sino que también rompe los equilibrios democráticos, destruye la cadena de control civil y coloca el uso de la fuerza en manos de una institución sin contrapesos externos, opaca y sin rendición de cuentas ciudadanas.
“Lo que Morena prometió como una guardia civil hoy se consuma como un batallón bajo el mando de la Sedena con formación castrense, disciplina militar, justicia militar y ahora hasta funciones de inteligencia, intervención de comunicaciones, espionaje en tiempo real y operaciones encubiertas”, afirmó.
Al final de la discusión, los ánimos se encendieron cuando el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, al presentar una reserva, se refirió a la diputada Margarita Zavala como esposa de Felipe Calderón, lo que generó una gresca entre los legisladores panistas y priistas con el grupo parlamentario del PT.
Al término de la sesión, los diputados oficialistas tomaron la Tribuna y con una manta con la leyenda: “Feliz Cumpleaños, Presidenta” cantaron las mañanitas a la titular del Ejecutivo.
