Ecuador: Audiencia evaluará proceso penal contra 17 militares por Caso Malvinas
La audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio que se instala este jueves, 10 de julio, en la Unidad Judicial Sur de Valdivia será determinante para conocer si 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) enfrentan un proceso penal por la desaparición forzada de cuatro adolescentes en el caso conocido como Los Cuatro de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024.
La Fiscalía busca demostrar que los militares detuvieron ilegalmente a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina —de entre 11 y 15 años—, quienes luego fueron asesinados y abandonados en un camino rural en Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas.
Como parte de las pruebas se incluye material audiovisual clave, como un video grabado por uno de los tenientes procesados que muestra a los menores maltratados. El uniformado envió la grabación a su hermana, cuyo teléfono fue incautado para extraer la evidencia.
Además, se halló una fotografía de uno de los menores en el celular de Bryan Vicente A.A., alias “Momo”, identificado como líder de la banda Las Águilas y presunto autor intelectual de los asesinatos, aunque su caso se ventila en otro proceso penal.
El abogado de las familias de las víctimas, Abraham Aguirre, patrocinado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), dio a conocer que existen dos líneas de investigación: la primera, por desaparición forzada, es la que se analiza en esta audiencia, mientras que la segunda, por secuestro con muerte, continúa en etapa de investigación previa a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), dirigida por el fiscal Wilson Toainga.
El juez deberá determinar si los elementos presentados son suficientes para llamar a juicio a los uniformados, quienes permanecen detenidos desde el 31 de diciembre de 2024, con excepción de un alto oficial que fue vinculado como presunto cómplice posteriormente. También se decidirá si se mantienen las medidas de prisión preventiva para los implicados.
Mientras tanto, el CDH ha convocado a una concentración pacífica frente a la Unidad Judicial Sur, donde familiares, amigos y defensores de derechos humanos se reunirán para exigir justicia por los cuatro adolescentes, convertidos en un símbolo de la lucha contra los abusos de poder y la impunidad en el país.
Nuevas versiones de testigos señalan al subteniente John Henrry Z.E. como principal responsable de las agresiones y del abandono de los cuatro menores en una zona rural de Taura.
De acuerdo con estos testimonios, el oficial habría ordenado dejarlos desnudos de noche en un lugar apartado, contradiciendo las primeras versiones que aseguraban que serían entregados a la Policía en Yaguachi.
Los relatos describen golpizas, disparos a corta distancia y grabaciones de los maltratos. Además, otros uniformados —los cabos Rodrigo Raúl N.P. y Ronald P.T., junto con el sargento Wilmer Danny L.C.— también habrían participado en los actos de violencia antes de abandonar a los jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y calcinados.
Caso Las Malvinas: Familias cuestionan la colaboración «tardía» de militares que buscan rebaja de pena
Por Alexander García
Los representantes de las familias de los cuatro niños y adolescentes víctimas en el caso de Las Malvinas cuestionaron el procedimiento de cinco militares que se acogieron al programa de protección de testigos , pero quienes “ocultaron la verdad” por casi cinco meses, desde el inicio de las investigaciones.
📣 Este jueves 10 de julio a las 9h45 en la Unidad Judicial Sur – Valdivia se desarrollará la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio contra 17 militares acusados por la desaparición forzada en el caso #LosCuatroDeLasMalvinas en Guayaquil, el 8 de diciembre de 2024.
— CDH.GYE (@CDHGYE) July 9, 2025
Fernando Bastías, abogado de las familias y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que, aunque la información proporcionada por los cinco militares fue relevante pues corroboró informes y testimonios previos, llegó cuando la Fiscalía ya contaba con pruebas sobre «el maltrato y la tortura que sufrieron a mano de los informados».
«La información que se aportó fue importante, pero tardía . Cuando ellos aportaron esa información, nosotros ya teníamos a la mano los informes periciales y forenses , que señalaban que los menores de edad habían sido sujetos a tortura «, explicó Bastías.
Los abogados de los cinco militares que se acogieron al programa de cooperación prácticamente reconocieron la existencia del delito de desaparición forzada , al sugerir una reducción de penas por su colaboración, previa a una audiencia fallida este jueves 10 de julio de 2025.
La audiencia preparatoria de juicio del caso, que estaba prevista que se instalara en la Unidad Judicial Sur de Valdivia en Guayaquil, se suspendió pues los defensores de los imputados solicitaron tiempo para revisar el material pericial recién agregado al caso. Ahora se prevé que la audiencia evaluatoria para determinar si los 17 uniformados van a juicio se instalarán a mediados de agosto próximo.
“Se pusieron de acuerdo para mentir”
Bastias reveló que entre las pruebas del expediente consta la existencia de un grupo de WhatsApp donde la mayoría de los implicados coordinaron «para decir una sola versión». Según el abogado, esto constituye evidencia de que «mintieron» desde el inicio del proceso .
“Hubo dos circunstancias donde los procesadores tuvieron la oportunidad de brindar información ante Fiscalía: la versión libre y voluntaria y la diligencia de la reconstrucción de los hechos ”, precisó. Pero cinco de los 16 implicados iniciales se retractaron y ampliaron su versión durante una segunda diligencia de reconstrucción de los hechos , los pasados 27 y 28 de abril.
El caso Las Malvinas involucra el presunto delito de desaparición forzada de Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, menores de entre 11 y 15 años, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024, tras una detención ilegal en el sur de Guayaquil.
Sus cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona agreste y apartada de Taura , cantón Naranjal (Guayas). El caso en curso investiga la desaparición -los militares aducen que abandonan desnudos a los cuatro niños y adolescentes en la parroquia rural de Taura – mientras una segunda investigación -aún en etapa previa- se ocupa del caso de secuestro con muerte .
“Se lo dejamos al juez”Por su parte, Guillermo Astudillo, abogado defensor de uno de los cinco militares colaboradores , aseguró que su representado aportó información crucial, por lo que esperan un mejor trato en la sentencia .
La defensa espera obtener una condena considerablemente menor a los más de 30 años que contempla el delito de desaparición forzada con agravantes . “Un par de años de prisión es lo que nosotros esperamos, aún no lo sabemos, eso se lo dejamos al juez”.
El juez del caso deberá determinar si la cooperación fue realmente eficaz, en caso de que decida llamar a juicio a los 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados o a parte de ellos.
“Los cinco militares que colaboraron contaron quienes golpearon a los menores, quienes ordenaron amarrarlos y dejarlos botados desnudos, la noche del 8 de diciembre de 2024”. Guillermo Astudillo, abogado de procesamiento militar.
En Ecuador, la desaparición forzada está tipificada en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de 22 a 26 años de prisión. El delito, considerado de lesa humanidad, implica la privación de libertad de una persona por agentes del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero o negativa a reconocer su detención.
Astudillo explicó que los cinco militares de bajo rango que cumplían órdenes, revelaron detalles específicos sobre quienes golpearon a los cuatro menores -se acusa sobre todo a cuatro de los implicados de mayor rango- y las directrices que siguieron los uniformados .
Prueba audiovisual comprometida
Entre las pruebas contra los implicados se encuentra una grabación realizada por uno de los militares que muestra a dos menores «en una posición vulnerable», mientras se escuchan gritos y amenazas . Este material fue enviado por el militar a su hermana, según consta en el expediente, ratificó Bastias.
El representante legal de las familias de las víctimas también mencionó la existencia de un video del peaje de la vía Durán-Taura , donde uno de los imputados empujó a dos de los menores del balde de la camioneta, rompiéndole la cabeza a uno y procediendo a golpearlos en el suelo .
El abogado de las víctimas denunció que la Fuerza Aérea Ecuatoriana presentó la víspera un escrito patrocinando institucionalmente a los militares para la revocatoria de la prisión preventiva . Ya se les ha negado en tres ocasiones defensorse en libertad a 16 de los uniformados -un oficial, presunto cómplice, obtuvo medidas sustitutivas a la prisión- .
«Insistir en una revocatoria de la prisión preventiva no es solo poner en riesgo la investigación o el proceso penal per se, sino también poner en riesgo la integridad personal de los familiares víctimas en este caso», concluyó Bastías.
