Energía y poder: la transición energética como nueva frontera imperial en América Latina – Por Constanza Estepa
Por Constanza Estepa*
La ofensiva sobre Venezuela, el bloqueo energético a Cuba y la Doctrina Monroe recargada exponen el verdadero rostro de la disputa por los recursos. Frente a las medidas coercitivas de Estados Unidos, China despliega otra estrategia geoeconómica. Un análisis desde el Sur sobre el tablero donde se juega la transición energética y el riesgo de una nueva dependencia.
Mientras las convenciones globales discuten la descarbonización, Latinoamérica vive una escalada que revela la transición energética no como debate técnico, sino como nueva frontera de disputa imperial. La intervención en Venezuela y el secuestro a Nicolás Maduro, el decreto estadounidense que amenaza con sanciones a quienes vendan combustible a Cuba y la reafirmación del «Corolario Trump a la Doctrina Monroe» no son hechos aislados. Son eslabones de una estrategia coercitiva integral diseñada para asegurar el control hemisférico en un momento de cambio histórico.
La llamada transición energética suele presentarse como un imperativo técnico y ecológico, impulsado por acuerdos globales como el de París o la Agenda 2030. Sin embargo, lejos de ser un proceso cooperativo, se ha convertido en un campo de batalla estratégico donde se disputan recursos, tecnologías y estándares, profundizando las asimetrías del orden mundial. Para América Latina, región responsable de solo el 10% de las emisiones globales pero altamente vulnerable a sus efectos, este proceso se perfila como la nueva frontera de una dependencia histórica: la extracción de litio, cobre y otros minerales críticos –e incluso la instalación de infraestructura «limpia» como parques eólicos– amenaza con reeditar, bajo una retórica sustentable, el viejo modelo de especialización periférica y dominación política.
La transición energética en la nueva configuración de poder global
En el tablero global, China ha consolidado una posición hegemónica liderando las cadenas de valor verdes: concentra el 70% de la manufactura de paneles solares y el 50% de las baterías para vehículos eléctricos. Su estrategia hacia América Latina se articula mediante un discurso de cooperación Sur-Sur y multipolaridad, potenciado por espacios como los BRICS+. El Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe (2025) plantea una política que va más allá de la mera extracción. Propone una “cooperación en energías y recursos de toda la cadena industrial”, incluyendo energías limpias, y promueve mecanismos de suministro a largo plazo y liquidación en moneda local para “paliar el impacto de los riesgos económicos y financieros externos”. Esta propuesta se envuelve en la retórica del respeto a la soberanía y la “asistencia sin condiciones políticas”.
Frente a este avance, la respuesta de Estados Unidos está marcada por una doctrina de poder nacional y reindustrialización defensiva. La Estrategia de Seguridad Nacional (2025) articula un rechazo explícito a las «ideologías desastrosas del cambio climático» y pondera el «dominio energético» –en petróleo, gas, carbón y nuclear– como «prioridad estratégica máxima». Su objetivo central es contener a China, a la que identifica como el rival principal. Para ello, anunció el «Corolario Trump a la Doctrina Monroe», cuyo fin es «negar a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas o controlar activos estratégicos» en la región.
Esta doctrina ya opera para compensar la pérdida de terreno de EE.UU. en la guerra comercial: su déficit superó el billón de dólares en 2025, mientras China logró un superávit récord de 1,2 billones. La intervención en Venezuela para apropiarse de su petróleo y el decreto que intenta estrangular a Cuba cortando su suministro de combustible son la materialización concreta de esta lógica. Es la narrativa de «seguridad nacional» usada como eufemismo para un proyecto neocolonial de acaparamiento, donde el derecho internacional es sustituido por la coerción. La oferta a América Latina es una relación jerárquica y subordinada, bajo amenaza de aislamiento o intervención, a cambio de ser el patio trasero del Occidente geopolítico en declive.
Prueba de esta dinámica es el reciente acuerdo entre Argentina y EE.UU., que prioriza a empresas estadounidenses en la explotación de minerales críticos y contiene cláusulas geopolíticas para marginar a competidores, reflejando la misma lógica que inspiró la frase de un alto funcionario del Tesoro sobre la necesidad de «sacar a China de la Argentina». Es la reedición contemporánea de los pactos desiguales del siglo pasado.
Esta pugna no es coyuntural, sino el núcleo de una transición hegemónica global. Mientras Estados Unidos, en declive relativo pero aún preponderante militarmente, recurre al unilateralismo y la coerción, China consolida su ascenso mediante una estrategia diplomática y geoeconómica expansiva basada en inversiones, comercio y un discurso de multipolaridad, buscando construir hegemonía sin imponer su dominio por la violencia.
Pero el resultado de esta disputa no lo definen las potencias, sino la capacidad negociadora y visión estratégica de los Estados latinoamericanos. La clave: ¿articularán un marco soberano que defienda sus intereses mediante estándares de inversión, contenido local, reglas de origen y políticas que exijan transferencia tecnológica y valor agregado in situ? Sin ello, cualquier socio externo reproducirá dinámicas extractivistas, explotando riqueza primaria sin desarrollo nacional.
La paradoja periférica: entre la bendición y la maldición de los recursos
Para América Latina, esta disputa recrea y agudiza su dilema histórico. La región enfrenta la paradoja de poseer simultáneamente vastas reservas de los hidrocarburos que aún dominan la matriz global y los minerales críticos esenciales para la transición. Esta dualidad la coloca ante el riesgo de una nueva especialización periférica, reedición del viejo modelo exportador de materias primas sin valor agregado para alimentar cadenas industriales extranjeras. Y aunque la administración Trump haya roto con la agenda climática de Biden, su interés en minerales como el litio o el cobre no decae: son clave para tecnologías de vanguardia, incluidos los sistemas de drones que sustentan su poderío militar.
Más allá de la competencia entre potencias, el debate sobre el futuro energético se libra dentro de cada país. Es un enfrentamiento entre dos visiones: la que entrega los recursos a cambio de renta inmediata, alineándose con corporaciones globales y élites locales extractivistas; y la que defiende los recursos como patrimonio estratégico para impulsar cadenas industriales propias. De un lado, las burguesías extractivas y financieras. Del otro, movimientos de trabajadores, sindicatos, sectores de la industria nacional y organizaciones populares que pujan por políticas de captura de renta, agregado de valor e integración soberana. El desenlace de esta pugna interna determinará la capacidad regional para aprovechar el margen de maniobra externo.
Hacia un proyecto tercero: integración, palanca y el horizonte del Estado Continental
Frente a esta encrucijada, la pregunta crucial no es técnica, sino de poder y proyecto político. No se trata de elegir entre Washington o Beijing, sino de utilizar la ruptura del orden unipolar y la competencia estratégica como palanca de negociación colectiva para un proyecto propio. Esta transición hegemónica global abre un margen de maniobra para la región. Aprovecharlo exige dejar atrás el integracionismo retórico y asumir un horizonte: la construcción de un Estado Continental Latinoamericano que actúe como bloque cohesionado en la escena global. Esto requiere instrumentos concretos. Se debe priorizar la integración energética y productiva sobre los tratados de libre comercio asimétricos. La renta extraordinaria de los recursos estratégicos debe destinarse a financiar un salto científico-tecnológico compartido, democratizando el acceso a la energía y generando industrias de conocimiento intensivo en toda la región.
La transición energética global es una disputa por el orden mundial emergente. Para América Latina, el riesgo es que este proceso consolide un nuevo ciclo de reprimarización, donde seamos meros exportadores de commodities verdes para cadenas de valor ajenas. El ataque a Venezuela es una advertencia brutal: resistirse a convertirse en reserva estratégica acaparada tendrá un costo. Lo poco que queda de la comunidad internacional enfrenta el reto de definir si permitirá que el unilateralismo, el chantaje y la intervención militar sean las reglas del juego energético del siglo XXI.
La posibilidad de que la región aborde esta transición con mayores grados de soberanía depende de su capacidad para dinamizar un proceso de insubordinación fundante e integración creativa. El desafío es transformar nuestra posición de objeto de disputa geoestratégica en sujeto de nuestro propio desarrollo. De lo contrario, la transición energética terminará repartiendo costos ambientales y sociales para las mayorías, y beneficios estratégicos para las minorías, actualizando la más antigua de nuestras tragedias: la de la riqueza que no nos pertenece.
* Abogada (UNR – Argentina), Mtra. en Derechos Humanos (UASLP – México), Becaria Doctoral en Desarrollo Económico (UNQ-CONICET), Investigadora del Grupo de Trabajo CLACSO de Pensamiento Jurídico Crítico y conflictos sociopolíticos. Contacto: constanzaestepa@hotmail.com
