EL ESCENARIO QUE DA MARCO A LAS LUCHAS DE LAS MUJERES HOY EN EL PERÚ
Rosa Mendoza Garcia
UN PAIS EN CRISIS Y LAS MUJERES SON LAS PRIMERAS VÍCTIMAS
A puertas de las Elecciones Generales de 2026, el Perú se encuentra en una crisis institucional y de retroceso de los derechos humanos (DDHH) que se ha agudizado en los últimos años, con consecuencias graves para las mujeres. El Congreso de la República es, sin lugar a dudas, el principal promotor de un conjunto de leyes que atentan contra sus derechos. Un ejemplo es la Ley N° 32000, que reconoce al concebido como ‘niño por nacer’, contraponiéndolos a los derechos a la dignidad, a la vida, a la integridad propia e independencia de niñas gestantes como consecuencia de violaciones.
Pero el atentado mas serio contra los derechos de las mujeres, se ha dado en noviembre del 2025, cuando seis días antes de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Congreso decidió que se deje de usar el enfoque de género en la legislación, políticas públicas y el sistema judicial al aprobar la “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, prohibiendo el uso del término género en toda la normativa estatal. Esta norma también reemplaza la “Educación Sexual Integral” del currículo nacional en los colegios por una “Educación Sexual con base científica, biológica y ética”. La anulación del enfoque de genero es un retroceso gravisimo que lleva a la política publica al menos 40 años atrás.
UN EJECUTIVO ALIADO DEL CONGRESO EN SU ABANDONO A LAS MUJERES
El ataque contra las mujeres no se restringe al Poder Legislativo. En julio de 2024, la entonces presidenta de la República anunció la fusión de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Aunque esta medida no se ha operativizado todavia, su puesta en practica constituiría un grave retroceso a los derechos de las mujeres. Hay varias iniciativas que apoyan esta medida por parte del Congreso. Por ejemplo, una iniciativa para la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), las oficinas descentralizadas para atender de manera integral y en primera instancia los casos de violencia contra la mujer, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).
LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN
Estas decisiones normativas se dan en el contexto de una grave problemática que ataca de manera sistemática a las mujeres en su diversidad y que esta inmersa en la sociedad peruana. No de otra forma se explican los resultados de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES). Uno de los hallazgos de la ultima versión difundida de esta, muestra que para 2024, la violencia contra la mujer sigue siendo tolerada en la sociedad peruana, ya que hay altos niveles de aprobación de actitudes sexistas (71,3%) y creencias sexistas (87,4%), al extremo que el 56,5% de la población encuestada, que son personas mayores de 18 años a nivel nacional, justifica la violación sexual, actitud que refleja la normalización de esta violencia y dificulta su erradicación. De alguna manera, entonces, el Congreso seria reflejo de esta forma de pensar, con un ex-presidente acusado de violación y un actual encargado de la presidencia en cuyas declaraciones públicas alienta la pederastia.
LA NULA PREVENCION ANTE EL EMBARAZO INFANTIL
Un problema que evidencia esta difícil realidad es el embarazo infantil y adolescente. En el Perú, miles de niñas y adolescentes son forzadas a convertirse en madres ante la indiferencia del Estado y el avance de sectores ultraconservadores que hoy controlan el Congreso. Cada día, al menos 3 niñas entre 10 y 14 años dan a luz, y 133 adolescentes entre 15 y 19 años se convierten en madres. Solo en la última década (2014-2024), más de 530 mil adolescentes entre 15 y 19 años dieron a luz. En ese mismo periodo, se registraron más de 12 mil nacimientos en niñas de entre 11 y 14 años, y 72 partos en niñas menores de 11 años (CNV – MINSA, 2025). Para ver cifras mas recientes, según la plataforma del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea, se presentaron, de enero al 15 de mayo de 2025, 12 292 nacimientos de madres menores de 19 años, y 220 nacimientos de menores de 14 años. Estas cifras reflejan que la vulneración de derechos sexuales y reproductivos no le preocupa al Estado peruano, pues políticas como la ESI, que ha demostrado su eficacia, no solo han sido poco impulsadas sino que se han anulado.
Otro ejemplo de la poca diligencia estatal son las cifras del uso de la Anticoncepcion Oral de Emergencia (AOE). Segun la ONG Manuela Ramos en un informe sombra sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano a 30 años de la Plataforma de Beijing, a nivel nacional, entre enero y agosto de 2024, el MINSA distribuyó 2827 kits de emergencia. El Centro de Emergencia Mujer reportó 120 811 casos de abuso sexual en ese mismo periodo, quedando un amplio margen sin la entrega del kit. En algunas regiones, este dato es incluso mas grave. En Loreto, Amazonas y Ucayali, entre enero y agosto de 2024 se registraron 1985 denuncias por violencia sexual, pero solo 95 de ellas recibieron el kit, lo que representa solo el 5% de las víctimas de abuso sexual. Una supervision de la Defensoria del Pueblo en 2022 a 91 establecimientos de salud de 11 regiones, encontró que solo el 18.7% de los establecimientos entrega el AOE, el 36.3% no tiene capacitaciones para los operadores de salud en salud sexual y reproductiva de adolescentes y el 25.3% exige, además, la presencia de los progenitores.
LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO ES PARTE DE LA REALIDAD COTIDIANA
El feminicidio constituye la cifra mas dura de la violencia contra la mujer, expresa la voluntad de los perpetradores de eliminarlas físicamente por el simple hecho de ser mujeres. En el año 2024 se reportaron 170 casos, de los cuales 10 corresponden a niñas y adolescentes, mientras que la cifra acumulada en periodo 2022-2024 supera los 450 casos según la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, las mujeres desaparecidas, según la PNP y la Defensoría del Pueblo, en el año 2023 se registraron 10,817 casos, de las cuáles apenas poco más de la mitad fueron ubicadas, de esos casos, 5,184 son de niñas y mujeres desaparecidas, siendo los índices más altos en Cusco (681), Junín (646), Arequipa (614), Lambayeque (599) y Lima (3,561).
En cuanto a la explotación sexual, el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación registró 29,400 casos entre 2018 y 2023, la mayoría de ellas víctimas menores de edad. Esta problemática que se concentraba en regiones como Madre de Dios (La Pampa) o en ¨Puno (La Rinconada), vinculada a los espacios de minería ilegal e informal y en general a una economía extractivista que se ubica en los limites de la legalidad, ahora ha proliferado en diversos lugares, incluyendo Lima, Arequipa, La Libertad, Piura y Tumbes, bajo el empuje de diversos grupos criminales (PROMSEX, 2024).
A la base de esos delitos hay una realidad cotidiana de violencia contra las mujeres, que puede observarse en el indicador de violencia contra la mujer ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses, que llega al 64.6%. Es decir, 2 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia por parte de su pareja en el ultimo año.
EL TRABAJO DEL CUIDADO SIGUE INVISIBILIZADO Y EN LOS HOMBROS DE LAS MUJERES
Todas las personas requerimos cuidados a lo largo de la vida, pero al inicio y final de esta es cuando se
hacen más necesarios, de la misma manera las personas con discapacidad requieren apoyos y cuidados para su bienestar y autonomía. En Perú se calcula que aproximadamente 3 millones de personas que lo requieren no acceden a servicios de cuidado donde un poco más de la mitad son infancias entre 0 y 5 años (ONU MUJERES 2024).
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) del 2024, encontró que las mujeres destinan un 20 % de su tiempo al trabajo no remunerado – como las tareas del hogar y el cuidado de personas-, mientras que solo el 6,6 % de los hombres lo hace. Esto implica que las mujeres asumen tres veces más responsabilidades domésticas que los hombres. El Estado y la sociedad han recargado sobre los hombros de las mujeres el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado precarizando la vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. En el 82% de los hogares peruanos, la principal responsable del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es una mujer (IEP 2023), con lo cual se afecta su trayectoria laboral, educativa, participación política y descanso. Existe una falta de reconocimiento al trabajo domestico y de cuidado no remunerado (TDCNR).
LAS MUJERES NO SON RECONOCIDAS COMO PRODUCTORAS POR EL ESTADO
Al año 2024, el 27,2% de las mujeres de 14 y más años de edad no tienen ingresos propios, 2,3 veces más que los hombres (11,7%) a lo que se suma las altas tasas de informalidad. El trabajo del hogar ocupa un porcentaje alto del empleo femenino, sin embargo, en su mayoría se encuentra en situación de informalidad, con la consecuencia del incumplimiento de sus derechos laborales, largas jornadas de trabajo, sin vacaciones ni acceso a una seguridad social que le permita una pensión en su vejez.
.Las mujeres rurales enfrentan una triple exclusión, por su condición de mujeres, por la pobreza, y muchas de ellas por su identidad étnica indígena. A pesar de que son productoras agrarias, tienen con acceso limitado a tierra, crédito, asistencia técnica y mercados, pues el Estado por lo general las sigue considerando “amas de casa”; son responsables del cuidado familiar asumiendo un trabajo no remunerado; y su participación en las organizaciones y en roles de liderazgo están restringidas. Estas brechas reducen su autonomía económica, su visibilidad y capacidad de incidir en el desarrollo rural. El Estado ha privilegiado el apoyo a las empresas agroexportadoras, que emplean a mujeres como mano de obra barata y no ha dado soporte a la agricultura familiar.
EL CASO CONDORCANQUI COMO EVIDENCIA DE LA CULTURA DE LA VIOLACION EN NUESTROS GOBERNANTES
Una evidencia de la naturalización de la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes en instituciones educativas es el caso de Condorcanqui, una provincia de Amazonas ubicada en la selva peruana, habitada por los pueblos originarios Awajun y Wampis, en la cual, debido a la lejania de los centros poblados a las escuelas, se suele enviar a las y los adolescentes a estudiar la secundaria en instituciones educativas lejanas a sus domicilios, por lo que deben vivir separados de sus familias. Se ha denunciado que, entre 2010 y noviembre de 2024, ocurrieron 564 casos de abuso sexual contra estudiantes por parte de docentes o auxiliares de educación. En 2022 ocurrió un sospechoso incendio en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) , que quemó cerca de 600 expedientes de denuncias de agresión sexual, entre otros.
En junio del 2024, el entonces Ministro de Educación Morgan Quero, manifestó que “las agresiones sexuales denunciadas contra niñas Awajún pueden ser una práctica cultural que ocurre en los pueblos amazónicos” . A pesar del rechazo que suscitaron sus palabras, este ministro no renuncio ni fue cesado en su cargo. La situación se torna mas grave debido al reporte de contagios de VIH por parte de docentes contra sus alumnas. Según el Tablero de Control de Enfermedades Prevalentes y Problemas de Salud Pública Awajún del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), en 2024 los casos de VIH en la provincia de Condorcanqui se duplicaron: pasaron de 204 en 2023 a 410. Además, ese año se diagnosticaron 605 nuevos casos de VIH en Bagua y Condorcanqui, de los cuales el 77% corresponde a población Awajún.
A pesar de esta realidad casi insoportable, el Estado no da la respuesta oportuna que deberia y la impunidad continua. Hoy, 6 de marzo, mientras escribimos estas lineas, las mujeres Awajun organizadas se encuentran dando una Conferencia de Prensa en Lima, adonde han viajado para unirse a la Marcha por el 8M, para conseguir visibilidad y exigir justicia. Entre sus principales exigencias se encuentran: sanción efectiva a los agresores, protección inmediata para las víctimas, reparación integral y mayor presupuesto y presencia estatal en la Amazonía. Este caso expresa la conjunción del sistema educativo, de salud, judicial y policial, entre otros, en algo que benevolentemente podría leerse como una limitada articulación intersectorial, pero que probablemente es la reproducción de la impunidad y la exclusión que hace oídos sordos a los reclamos de las mujeres y evidencia como se interseccionan la discriminación de genero, étnica, generacional y de clase.
EN LA TOMA DE DECISIONES POLITICAS, LAS MUJERES ESTAMOS, PERO NO DIRIGIMOS
En el Perú, la paridad y alternancia están reconocidas en normas electorales, pero su implementación real ha sido mínima y cada vez más se observan retrocesos. La falta de sanciones efectivas convierte la paridad en una promesa vacía, y los espacios de poder siguen controlados por élites políticas,
económicas y urbanas: pocas mujeres y liderazgos indígenas ocupan cargos de representación. En las regiones, las comunidades campesinas y ronderos son actores sociales centrales, pero el sistema
electoral los margina. La paridad vertical (alternancia hombre–mujer en las listas) se cumple sólo en el papel, mientras la paridad horizontal (cabezas de lista mujeres en distritos o regiones) ha sido eliminada en 2024, siendo que en la actualidad solo hay un 5% de alcaldesas y solo dos gobernadoras regionales fuero elegidas en las elecciones de 2022. Esto evidencia la exclusión del poder ahora, porque el diseño del sistema electoral todavía favorece el orden patriarcal.
LAS MUJERES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL
La lucha por los derechos de las mujeres sigue vigente, Así como las mujeres Awajun que han venido a Lima a reclamar, en todos los pueblos y ciudades del Perú seguimos habiendo mujeres organizadas en el barrio, el trabajo, la universidad, en el partido, que cuidamos, proponemos, reclamamos y no nos quedamos calladas. En estas elecciones tampoco retrocedemos. Nuestra apuesta sigue siendo la lucha por cambios estructurales y de fondo, que garanticen justicia, una vida digna y libre de violencias, que garanticen el buen vivir de nuestros pueblos, en armonía con la naturaleza.
Referencias
AIDESEP (2024) Pronunciamiento: Condenamos las declaraciones de los ministros de Educación y de la Mujer por denominar “prácticas culturales” a casos de violación y exigimos sanción a responsables de los delitos cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes indígenas. En: https://aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-con
denamos-las-declaraciones-de-los-ministros-de-educacion-y-de-la-mujer-por-denominar-practicas-culturales-a-casos-de-violacion-y-exigimos-sancion-a-responsables-de/
Alianza Electoral Venceremos (2026) Presentación del Plan de la Patria Venceremos. 31 propuestas para renovar el Perú de la mano con el pueblo. En: https://mpesije.jne.gob.pe/docs/9984addc-e998-43b1-920f-1178d4d973aa.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2025) Encuesta Nacional del Uso del Tiempo ENUT 2024. Principales Resultados. En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7838198/6610655-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo-2024-principales-resultados.pdf?v=1743092246
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2025) Encuesta Nacional de Relaciones Sociales ENARES.Informe 2024. Principales resultados. En: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8314691/6928310-informe-de-los-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-relaciones-sociales-2024-enares.pdf?v=1751990491
Movimiento Manuela Ramos (2025) Balance sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano a 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing.
Puntoedu (2025) Ley que elimina el enfoque de género: un “grave retroceso” para la igualdad y comprensión de los problemas del país En: https://puntoedu.pucp.edu.pe/actualidad/ley-elimina-enfoque-de-genero-grave-retroceso-para-la-igualdad/
Vigilante Amazonico (2026) Lideresas awajún y wampís llegan a Lima para exigir justicia ante crisis de violencia sexual en Condorcanqui.
En: https://vigilanteamazonico.pe/2026/03/04/lideresas-awajun-y-wampis-llegan-a-lima-para-exigir-justicia-ante-crisis-de-violencia-sexual-en-condorcanqui/
