En Venezuela, la Unión Comunera impulsa la soberanía alimentaria desde las comunas campesinas
En Venezuela, la Unión Comunera impulsa la soberanía alimentaria desde las comunas campesinas
En la Venezuela rural, lejos de los centros urbanos, se disputa algo más que la producción de alimentos o la organización del trabajo, más bien se juega un modelo de país. Desde el estado Bolívar, al sur del territorio venezolano, organizaciones campesinas sostienen que sembrar es, además, una forma de garantizar soberanía y construir comunidad frente a un sistema que busca mercantilizar la vida.
En diálogo con NODAL, Jarvaz Ruiz*, militante de la Organización Unión Comunera, explica que la experiencia que impulsa dicha organización se inscribe en ese debate. En el marco de un proyecto promovido por el gobierno de Nicolás Maduro —denominado “Patria Grande del Sur”— se busca fortalecer una producción agropecuaria con enfoque agroecológico. El objetivo es producir alimentos sin depender de paquetes tecnológicos externos y sostener prácticas que protegen el suelo, el agua, la biosfera y la biodiversidad.
En ese esquema, el campesinado ocupa un rol central. No solo como productor, sino como sujeto político. “Nosotros, como parte de nuestra cotidianidad, como campesinos, como campesinas, si algo tenemos es que todos los días sembramos alimentos, lo que se traduce en seguridad alimentaria, pero también eso se traduce en soberanía alimentaria y el campesinado hoy debe seguir encontrándose, debe seguir intercambiándose semillas, experiencias productivas, formas de atención de los animales, de los cultivos, porque el sistema capitalista nos ofrece unas falsas alternativas, pero lo que busca en el fondo es eliminarnos la soberanía alimentaria que tenemos los campesinos y campesinas, esa seguridad alimentaria con la que cuenta nuestros territorios”, señala Jarvaz desde las comunas. Allí vincula esa práctica con la seguridad alimentaria —la disponibilidad de alimentos— y con la soberanía alimentaria —la capacidad de decidir cómo producirlos—. Mientras el mercado ofrece insumos y tecnologías estandarizadas, las organizaciones rurales promueven el intercambio de semillas, saberes y métodos productivos propios.
El conflicto aparece en ese cruce. Por un lado, un modelo global basado en la dependencia de insumos, el control del conocimiento estratégico por un puñado de empresas transnacionales, la maximización de rendimientos y la concentración de la riqueza. Por otro, una lógica que prioriza la sustentabilidad del territorio, la desmercantilización de las relaciones sociales, la democracia participativa a través de la organización comunal y la socialización de lo producido. En Venezuela, este debate toma forma en la expansión de las comunas campesinas, estructuras de organización colectiva que articulan producción, distribución y vida comunitaria. Allí, la tierra no se concibe como propiedad individual, sino como un bien de uso colectivo.
La Revolución Bolivariana, iniciada a fines del siglo XX, impulsó una redistribución del acceso a la tierra en distintas regiones del país. “Nosotros como campesinos y campesinas estamos hoy profundizando el trabajo colectivo, el trabajo solidario, el trabajo complementario en el territorio. La Revolución Bolivariana nos ha dado acceso a las tierras, democratizó la tenencia de tierra para campesinos y campesinas. Entonces, necesitamos vernos como una comunidad, vernos en una comunión, por eso en Venezuela apostamos a las comunas, a la comunión de toda la gente dentro de un territorio en específico, pero no nada más vernos como la comuna Ezequiel Zamora, sino después articularnos con la comuna vecina que tenemos al lado”. Este proceso permitió el surgimiento de nuevas experiencias organizativas. Sin embargo, el desafío actual no se limita a la tenencia de la tierra. Las organizaciones señalan la necesidad de consolidar condiciones de vida en el campo, como la educación, la salud, la vivienda y la conectividad.
Escuelas rurales en lo más profundo del campo venezolano, universidades, centros de salud con atención permanente y viviendas con servicios básicos. También infraestructura productiva, como caminos rurales en condiciones que permitan transportar alimentos hacia las ciudades. En un país donde las distancias y las dificultades logísticas pesan, estas demandas adquieren centralidad. “En eso andamos hoy, mejorando nuestras vialidades agrícolas, mejorando nuestra salud, nuestra educación, y construyendo una casa digna, que, en resumidas cuentas, es el buen vivir del que hablan los pueblos indígenas. Entonces nosotros los campesinos hablamos de una vida digna”.
A la par, se impulsa la transición hacia energías alternativas. En algunas comunidades del estado Bolívar ya se implementan sistemas de energía solar para abastecer unidades productivas y viviendas. La apuesta busca reducir la dependencia de redes tradicionales y garantizar autonomía en territorios de difícil acceso.
Jarvaz y la Unión Comunera proponen fortalecer redes a escala regional, desde América del Sur hasta América Central. “El campesinado hoy está produciendo vida, si no reflexionemos qué serían de los campos, de las montañas, de las sabanas, si no estuviera un campesino, que aparte de labrar la tierra, de trabajarla, la cuida, la protege, la reforesta, la recupera, entonces estamos en una resistencia activa, es una resistencia de combate, de avanzada y seguro estamos de que en la unión está la fuerza, entonces hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas de nuestro hermoso continente América, desde el norte hasta el sur, en el centro, unámonos, comuniquémonos, sigamos encontrándonos, para que sigamos avanzando y protegiendo la única casa que tenemos, que no es más que nuestra madre tierra, entonces que viva el 17 de abril, que vivan las luchas campesinas y sigamos para adelante, desde Venezuela decimos comuna o nada”. El intercambio de semillas y conocimientos aparece como una estrategia para sostener modelos productivos propios frente a la presión de los mercados internacionales.
En ese marco, la consigna que sintetiza esta experiencia —“comuna o nada”— expresa una definición política. En un contexto de crisis global de los sistemas alimentarios, las comunas campesinas venezolanas buscan posicionarse como una respuesta basada en la organización territorial, la producción agroecológica y la construcción de condiciones de vida digna.
El desafío es sostener esa experiencia en el tiempo y ampliar su escala. La pregunta de fondo sigue abierta, si el alimento es una mercancía o un derecho. En los campos venezolanos, la respuesta se siembra todos los días.
*Jarvaz Ruiz, militante Unión Comunera, coordinador político del proyecto Patria Grande del Sur.
Suplemento especial elaborado por el equipo del Centro de Estudios Agrarios, coordinado por Carolina Sturniolo, Bruno Ceschín y Fernando Rizza.
