Kristi Noem llegará a Ecuador para firmar acuerdos de seguridad con apoyo de Donald Trump: esto se sabe
El ministro del Interior, John Reimberg, anuncia visita de Kristi Noem para reforzar cooperación en seguridad.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la visita a Ecuador de Kristi Noem, quien actualmente se desempeña como enviada especial para la iniciativa ‘Escudo de las Américas’, designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La funcionaria estadounidense ya estuvo en el país en noviembre de 2025, cuando ejercía como secretaria de Seguridad Nacional. Ahora retornará en calidad de delegada del gobierno de Trump para impulsar este nuevo esquema de cooperación regional.
Según explicó Reimberg, la visita está prevista para los próximos días y será clave en dos ejes principales: el fortalecimiento de la seguridad interna y la implementación del ‘Escudo de las Américas’.
No obstante, el medio Infobae ha reportado que Noem vendrá a Ecuador la noche de este martes 24 de marzo de 2026.
“Tenemos una visita de ella programada en los próximos días, fundamental para trabajar en dos cosas: una en ‘Homeland Security’, donde vamos a firmar un nuevo acuerdo que va a sumar a la seguridad del país; y otra en el marco del Escudo de las Américas”, señaló.
Cooperación en el marco de ‘Escudo de las Américas’
El ministro destacó además que «Ecuador es el primer país que está trabajando con Estados Unidos en este nuevo marco de cooperación”.
Este acercamiento se da luego de la cumbre del ‘Escudo de las Américas’, realizada el pasado 7 de marzo en Florida, al sur de Estados Unidos, donde participaron presidentes y líderes de América Latina con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado. Durante ese encuentro, Trump formalizó la creación de una coalición militar internacional orientada a combatir a los carteles.
“El compromiso es usar fuerza militar letal para destruir a los carteles. De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, manifestó el mandatario estadounidense durante la cita.
En esa cita participaron los líderes, afines ideológicos de Trump, de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.
Días antes, Donald Trump también anunció que Kristi Noem dejaría su cargo al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para asumir como enviada especial de esta nueva estrategia regional: ‘Escudo de las Américas’.
Ecuador entra en lista de vigilancia global por represión y restricciones a la sociedad civil
Ecuador fue incluido en la lista de vigilancia global de Civicus tras un año de represión a la protesta, criminalización de liderazgos sociales y restricciones a derechos fundamentales. Organizaciones internacionales advierten que el país podría volverse aún más restrictivo si no se adoptan medidas urgentes. Actualmente, 39 países integran esta clasificación.
Ecuador acaba de entrar en la lista de vigilancia del CIVICUS Monitor, una plataforma internacional que evalúa el estado de las libertades cívicas en el mundo.
El país ha sido clasificado como un Estado con espacio cívico “obstruido”, una categoría que evidencia un deterioro sostenido de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y protesta.
Esta inclusión responde a un proceso acelerado de restricciones que, según organizaciones internacionales, se ha profundizado en el último año bajo el argumento de combatir el crimen organizado.
Protesta social reprimida
Uno de los elementos más graves señalados por el informe es el uso excesivo y letal de la fuerza por parte del Estado frente a movilizaciones sociales, especialmente aquellas lideradas por pueblos indígenas.
Durante las protestas de septiembre y octubre de 2025:
- Al menos tres personas kichwas murieron en Imbabura
- Más de 500 personas resultaron heridas
- Más de 200 fueron detenidas de forma arbitraria
Además, organizaciones de derechos humanos documentaron:
- Desapariciones forzadas de corta duración
- Bloqueos deliberados de internet y telefonía móvil
Estos hechos evidencian un patrón de control y represión que va más allá de la contención del orden público.
“El despliegue militar y la narrativa que presenta a los movimientos indígenas como amenazas a la seguridad es una deriva peligrosa”, advirtió Ana María Palacios, investigadora para las Américas de CIVICUS.
Criminalización y estigmatización
El informe también alerta sobre una creciente criminalización de liderazgos sociales.
Más de 200 personas —entre líderes indígenas, defensores del ambiente y activistas— han sido investigadas o procesadas desde 2025.
Muchos de estos casos están vinculados a las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, una medida que elevó los precios en más de un 50% y provocó un paro nacional de 31 días.
A esto se suma una narrativa que:
- Asocia a organizaciones sociales con terrorismo
- Vincula a movimientos indígenas con el crimen organizado
Esto profundiza su estigmatización y debilita su legitimidad pública.
Restricciones a la sociedad civil
El cerco no se limita a la protesta. La libertad de asociación también enfrenta nuevas barreras.
La Ley de Transparencia Social (2025) amplía el control estatal sobre organizaciones sociales. Entre otras medidas:
- Permite el congelamiento de cuentas bancarias
- Impone obligaciones de reporte excesivas
- Limita la acción de colectivos que se oponen a proyectos extractivos
Desde septiembre de 2025, varias organizaciones han denunciado bloqueos arbitrarios de sus cuentas por parte de la UAFE, sin acceso a información ni posibilidad de defensa.
Estas acciones vulneran el debido proceso y, según Human Rights Watch, han afectado gravemente la capacidad operativa de la sociedad civil.
Periodismo bajo amenaza
El deterioro también alcanza a la libertad de prensa.
En 2025:
- Al menos cinco periodistas fueron asesinados en Ecuador
- Entre ellos, Robinson del Pezo, tras investigar presunta corrupción local
Durante el paro nacional:
- Se registraron 55 agresiones contra periodistas
Además, se reportan:
- Cierres de emisoras
- Paralización en la asignación de frecuencias
- Uso de mecanismos regulatorios que afectan a medios independientes
Todo esto genera un entorno propicio para la autocensura.
Justicia en riesgo
El informe advierte que estos hechos ocurren en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial.
Entre 2020 y 2025 se registraron:
- Al menos 40 ataques contra operadores de justicia
- Asesinatos de fiscales y jueces
También existen denuncias de:
- Injerencia política
- Corrupción
- Infiltración del crimen organizado en el sistema judicial
“La ciudadanía ya ha demostrado su compromiso con la democracia. Hoy espera que las instituciones garanticen los derechos consagrados en la Constitución”, señaló Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos.
Una tendencia que preocupa al mundo
A inicios de marzo de 2026, una misión internacional de observación de derechos humanos visitó el país y confirmó:
- Cierre del espacio cívico
- Aumento de amenazas contra personas defensoras
- Militarización de la respuesta estatal
Las organizaciones advirtieron que Ecuador enfrenta un riesgo real de consolidar un entorno aún más restrictivo si no se adoptan medidas urgentes.
¿Qué significa un espacio cívico “obstruido”?
Esta categoría describe países donde las libertades existen, pero están fuertemente limitadas.
Entre las principales características:
- Uso frecuente de la fuerza contra protestas
- Criminalización de activistas
- Restricciones legales a organizaciones sociales
- Ataques y presiones contra periodistas
Actualmente, 39 países en el mundo se encuentran en esta clasificación.
Lo que está en juego
Más allá de las cifras, lo que está en disputa es el ejercicio mismo de la democracia.
El derecho a protestar, organizarse, informar y defender derechos no son concesiones del poder: son garantías constitucionales y compromisos internacionales del Estado ecuatoriano.
Además se advierte que si no se corrige el rumbo, Ecuador podría avanzar hacia escenarios donde el miedo, la censura y la represión se conviertan en norma.
Mientras tanto, organizaciones sociales, comunidades y periodistas continúan resistiendo —no sin riesgos— en defensa del derecho a tener derechos.
