506 privados de libertad han fallecido en cuatro años del régimen de excepción, según informe de Socorro Jurídico
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2026 han muerto 502 adultos y cuatro menores de edad durante la privación de libertad que sufrieron en el marco del régimen de excepción en El Salvador, según el informe presentado por la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Este 27 de marzo de 2026, mientras se brindaba el informe, era velado Gerber Oswaldo Hernández Roque, la víctima número 506. Él había sido capturado en agosto de 2023 y dentro de prisión adquirió insuficiencia renal. Gracias a la presión del SJH logró salir con medidas en 2025, pero desde entonces estuvo hospitalizado muchas veces y su cuerpo ya no resistió más.
“Hace un año que subimos su proceso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la captura arbitraria de Gerber, que tenía 33 años. Él solo permaneció un año en el penal de Izalco y luego fue traslado al penal de Quezaltepeque, ya enfermo de insuficiencia renal. Él pasó mal de salud todo 2026 y ayer (26 de marzo) murió en un hospital privado, porque en un hospital público ni siquiera tenía acceso a diálisis”, expuso Ingrid Escobar, directora del SJH.
Para el informe presentado este 27 de marzo el SJH analizó la muerte de 500 adultos y documentó que el 92 % de ellos fallecieron sin tener una segunda audiencia, es decir, todavía no se había demostrado su culpabilidad de los delitos que les imputaban.
También reportaron que 210 fallecidos estuvieron recluidos en el centro penal de Izalco y que las dos principales causas de muerte son la falta de atención médica por enfermedades (32%) y la muerte violenta (30%).
“La causa principal de muerte que indican las esquelas de Medicina Legal es edema pulmonar, pero tenemos pruebas de violencia física, de golpes en el cráneo. Tenemos toda la prueba documental y los testimonios que vamos a presentar ante instancias internacionales”, explicó Escobar.
En fosas comunes
El informe del Socorro Jurídico Humanitario también revela que el mes con mayor cantidad de privados de libertad fallecidos fue junio de 2022, cuando se reportaron 41 víctimas. Luego las cifras se redujeron drásticamente, pero Ingrid Escobar considera que eso se debe a que las autoridades han ocultado información sobre los casos.
“Lo que sucedió es que las muertes comenzaron a resonar a nivel internacional y creemos que a partir de junio de 2022 las autoridades optaron por enterrar los cuerpos en fosas comunes y muchas veces las víctimas tenían mal escrito el nombre. Esto representa una táctica para esconderlos, para que los familiares no supieran lo que había pasado y argumentar que nadie había reclamado los cuerpos”, explicó la directora del SJH.
Por ello entre las recomendaciones que brinda el informe está la petición de que el Instituto de Medicina Legal cree un álbum fotográfico con los rostros de quienes fueron enterrados en fosas comunes y que este se ponga a disposición de las familias para verificar identidades.
También solicitaron el fin de la medida del régimen de excepción y transparencia en las cifras reales de fallecidos, pues consideran que esta podría rondar los 1,500.
MINSAL reportó más de 422,000 atenciones a reos en primeros tres años del régimen
El Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) realizó un total de 422,327 atenciones a privados de libertad entre los años 2022 y 2025, según consta en las memorias de labores de dicha institución en ese período de tiempo. Los documentos detallan algunas de las enfermedades tratadas en reos, como diabetes y padecimientos renales, aunque según expertos consultados , las autoridades dejan fuera del recuento otras, como afectaciones en la piel y problemas de salud mental.
Las cifras muestran una reducción en cuanto a la cantidad de atenciones brindadas a los privados de libertad en el sistema de salud pública, pues tras la aprobación del régimen de excepción (en marzo de 2022), durante el periodo entre junio de 2022 y mayo de 2023 reportaron 257,783 atenciones, en tanto que para el mismo periodo 2023-2024 hubo 102,260 atenciones. En el último registro oficial, que es de 2024-2025, la cifra fue de 62,284 atenciones realizadas.
Para este último periodo el informe de labores amplía la información y destaca que de las 62,284 atenciones hubo 28,243 que correspondieron a consultas de medicina general, 723 atenciones por personal de enfermería y 15,864 consultas de diversas especialidades. Adicionalmente, los hospitales nacionales reportaron un total de 17,451 atenciones hospitalarias dirigidas a personas privadas de libertad.
De acuerdo con los mismos informes, se ha brindado el seguimiento a pacientes privados de libertad con enfermedades no transmisibles, como hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, aunque médicos conocedores del tema que pidieron el anonimato indicaron que hay otras enfermedades que estos informes no registran, como enfermedades dermatológicas (escabiosis y sarna), gastrointestinales (gastroenteritis, parasitosis) y otras correspondientes a la salud mental, como depresión, ansiedad y estrés postraumático.
Uno de los médicos consultados formó parte del sistema de salud dentro de las prisiones, lo que le permite conocer la situación de los privados de libertad en el marco del régimen. Expuso que condiciones como el hacinamiento carcelario, limitaciones al acceso a medicamentos, falta de personal médico suficiente, retrasos en traslados hospitalarios y condiciones sanitarias deficientes contribuyen al incremento de focos de infección dentro de las cárceles salvadoreñas.
«Estos factores afectan la atención médica en los centros penitenciarios e incrementan el riesgo de brotes infecciosos, mortandad intrapenitenciaria y el deterioro de enfermedades crónicas. La situación en las cárceles sigue estando adversa para un debido tratamiento médico, condicionado por el hacinamiento de más del 200 % en un periodo de cuatro años», indicó el especialista.
Otro de los factores que mencionaron los especialistas es la falta de personal médico dentro de los centros penitenciarios. Las memorias de labores del MINSAL no especifican cuánto personal médico se encuentra destacado en el sistema penitenciario y solamente en el informe del periodo 2023-2024 menciona que se contrataron 164 especialistas para centros penales (médicos, enfermeras, nutricionistas, radiólogos, etc.), sin detallar cuántos recursos humanos se tenía disponible en ese momento.
«El sistema penitenciario actualmente no cuenta con ese número de profesionales de salud, lo que evidencia una brecha importante entre la capacidad instalada y la necesidad real de atención sanitaria dentro de los centros penitenciarios. Esto depende de cada centro penal, ya que la disponibilidad de personal de salud varía significativamente entre ellos», mencionó otro de los especialistas.
Agregó que “en el Centro Penal de Mariona únicamente se contaba con cinco médicos, mientras que en la Granja Penitenciaria de Santa Ana había solo un médico para la atención de la población privada de libertad. Esta situación refleja la desigualdad en la distribución del personal sanitario dentro del sistema penitenciario y evidencia las limitaciones existentes en la capacidad de atención médica”.
Los médicos consultados expusieron que lo ideal sería tener a disposición un médico por cada 1,000 internos y un enfermero(a) por cada 300 o 500 internos, una situación que aseguran no se da en el país. Con la población actual deberían existir cerca de 140 médicos y 400 enfermeros en la red de centros penales, según expusieron.
LA PRENSA GRÁFICA buscó una versión del MINSAL a través de su equipo de comunicaciones y del correo institucional del ministro Francisco Alabí. Se preguntó del seguimiento a las atenciones médicas y si tienen el reporte de los fallecimientos en la red hospitalaria y cuál es la cantidad de personal médico destacado en esos centros de reclusión; también se consultó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Al cierre de esta nota aún se esperaban sus respuestas.
Afectaciones en el régimen
La organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado las afectaciones a la salud de privados de libertad en el marco del régimen de excepción en donde han informado sobre la muerte de al menos 506 personas bajo custodia del Estado, dentro de las cuales el 31.3 % de esas muertes fueron por causa de una negligencia o falta de atención médica, es decir, 159 casos.
La última víctima que confirmó el SJH es Gerson Oswaldo Hernández Roque, quien fue capturado en agosto de 2023 y obtuvo medidas alternas a la detención en abril de 2025 debido a una condición grave de salud tras el padecimiento de insuficiencia renal grado 5. La familia confirmó su muerte el 26 de marzo de 2026.
De acuerdo con el informe presentado por el SJH, el 62 % de las muertes ocurrieron en la red hospitalaria del país, cuando los reos fueron trasladados “ante una complicada situación de salud debido a que no recibieron tratamiento médico adecuado en los centros penales y llegaron a los hospitales ya tarde”, mencionó la directora del SJH, Ingrid Escobar.
En su informe de labores 2023-2024, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública admitió que tuvo que recurrir a oenegés y donaciones privadas para cubrir los tratamientos médicos de los privados de libertad, así como la falta de personal en todas las clínicas carcelarias. Mientras que en su memoria de labores 2024-2025 que una de las dificultades que enfrentan las cárceles es el crecimiento de la demanda en atención médica y salidas hospitalarias. Según el MINSAL, en ese periodo hubo 17,451 atenciones hospitalarias.
