Perú ante el espejo: elecciones en un país roto
*Por Emilia Trabucco y Matias Caciabue
Este domingo 12 de abril, Perú vota. Lo hace desde una institucionalidad agotada, con dos nuevos presidentes depuestos en menos de cuatro años y un tablero electoral tan fragmentado que ningún candidato supera el 16% de intención de voto. Más de 35 candidaturas compiten por la presidencia -entre ellas las de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Carlos Álvarez, Roberto Sánchez, Alfonso López-Chau, Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Wolfgang Grozo-, en lo que promete ser una primera vuelta sin ganador, con un un balotaje en junio.
Según las últimas mediciones (abril 2026) de Ipsos y CPI, tres figuras lideran la intención de voto. Keiko Fujimori encabeza las encuestas tras un repunte post-debate electoral. Su capital político descansa en la red territorial fujimorista y en el respaldo del empresariado minero-exportador. Su candidatura lleva el peso de causas judiciales por lavado de activos, aunque el Tribunal Constitucional archivó el «Caso Cócteles» en 2025 en el que estuvo involucrada. Rafael López Aliaga, empresario ultraconservador de Renovación Popular, lideró durante meses los sondeos pero experimenta una caída; su programa combina liberalismo económico extremo y mano dura en seguridad. Carlos Álvarez, figura cómica devenida fenómeno político, irrumpió con fuerza en los debates y disputa el segundo lugar en un escenario volátil, también con un programa de mano dura y privatizaciones disfrazadas de reparto de la riqueza.
El voto en el exterior es cada vez más una variable decisiva. Con 1.210.813 ciudadanos habilitados en 68 países, la diáspora representa el 4,4% del electorado nacional, peso comparable al de una gran circunscripción. para dar cuenta de la magnitud, en el balotaje de 2021, Castillo venció a Fujimori por apenas 44.263 votos; en 2016, la diferencia fue de 41.057. En ambos casos, el universo del exterior superó ese margen. Por primera vez, esta franja elige representación directa en el Congreso bicameral: dos diputados y un senador propios, reforzando su incidencia institucional.
El Perú que todavía no pudo ser
Pedro Castillo llegó a la presidencia en 2021 como expresión de un pueblo que jamás había gobernado: maestro rural, dirigente del SUTE (sindicato docente), rondero de Cajamarca. Su victoria fue la primera en la historia del país de un candidato que encarnaba materialmente a las mayorías excluidas del modelo neoliberal instaurado por la Constitución fujimorista de 1993. Su programa, encuadrado en la plataforma de Perú Libre, contenía las demandas históricas de esas mayorías: convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, renacionalización de los recursos naturales (particularmente gas, minería y petróleo), reforma agraria, industrialización, gratuidad de la salud y la educación hasta el nivel superior, y revisión de los contratos con las corporaciones transnacionales que operan el extractivismo peruano.
El proyecto del Perú que representó Castillo era, en síntesis, la amenaza más concreta que el bloque de poder peruano -elite limeña, banca transnacional, corporaciones mineras multinacionales y sectores de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial- había enfrentado desde el retorno de la democracia. Ese bloque de rasgos autoritarios, no esperó: intentó deponerlo mediante vacancias parlamentarias incluso antes de que pudiera gobernar. Con tal red y estructura de poder, que fuera enjuiciado, preso y condenado a once años no sorprende. El lawfare fue el instrumento protagonista en esta oportunidad, quedando en el gobierno su vicepresidenta Dina Boluarte.
El estallido social y las consignas del pueblo
La destitución de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, detonó el ciclo de movilizaciones más sostenido en décadas. Las protestas articularon a comunidades campesinas, pueblos indígenas, sindicatos, gremios de transportistas, colectivos barriales y organizaciones feministas, en su mayoría provenientes de las regiones andinas y amazónicas (las más ricas en recursos, las más pobres en servicios). La consigna central era nítida: renuncia de Boluarte, disolución del Congreso, llamado a elecciones generales y referéndum constituyente. La liberación de Castillo completaba el pliego. «Que se vayan todos», gritaban en Lima los mismos sectores que alguna vez gritaron lo mismo en Buenos Aires. En las sucesivas «Tomas de Lima» convergieron la CGTP, el SUTEP, la CUNARC (rondas campesinas), el colectivo «No a Keiko» y centenares de organizaciones regionales.
La respuesta del Estado fue la masacre. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contabilizó 61 fallecidos desde la destitución de Castillo, 49 de ellos civiles, muchos asesinados por proyectiles de armas de uso militar (fusiles y pistolas de carga única) en violación flagrante de estándares nacionales e internacionales. La CIDH advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas en control de orden interno acarrea riesgo sistemático de violaciones a los derechos humanos. El gobierno gastó US$8,5 millones en municiones y equipamiento militar solo para la «Toma de Lima» de julio de 2023. Las protestas se multiplicaron: la Defensoría del Pueblo registró 4.282 acciones colectivas de protesta sólo en 2023, con epicentros en Puno, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lima.
Boluarte: la autoprórroga, los relojes y el blindaje
Mientras el pueblo ponía sus muertos, Dina Boluarte acumuló privilegios. Bajo el nombre de “Caso Rolex” o “Rolexgate”, la Fiscalía investigó el origen de los relojes de lujo y joyas que la mandataria exhibió durante su gobierno, presuntamente vinculados al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en un presunto cohecho o soborno. Su hermano Nicanor Boluarte fue detenido acusado de integrar una organización criminal dedicada al tráfico de influencias para nombrar prefectos y subprefectos. Las causas en su contra fueron luego suspendidas en agosto de 2025, con el Congreso fujimorista como escudo. Ese mismo Congreso había bloqueado hasta agosto de 2023 cualquier debate para adelantar las elecciones, exigidas por el pueblo movilizado. En 2024, el 77% de la población pedía comicios anticipados según el IEP. Con Boluarte en el gobierno, el bloque autoritario consolidó su posición de poder: reformó el Poder Judicial para inclinar a los jueces, archivó causas contra sus aliados y abrió las puertas al despliegue militar norteamericano.
Dejó un país con 30% de pobreza, 70% de informalidad laboral y una institucionalidad hundida: el índice de democracia electoral del V-Dem cayó de 0,71 en 2020 a 0,49 en 2024. Sus aliados regionales fueron los gobiernos conservadores; con México y Colombia la relación se quebró hasta la ruptura diplomática. Dejó también una juventud sin esperanzas en las instituciones, según el IEP un 64,8% dice que no votaría por ningún candidato.
Luego de ella, José Jerí llegó a la presidencia de Perú el 10 de octubre de 2025 por sucesión constitucional, al ser entonces titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte. Su mandato duró apenas cuatro meses, al ser removido del cargo por el Congreso mediante un juicio político exprés por «inconducta en sus funciones y falta de idoneidad», impulsado principalmente por el escándalo de sus reuniones no registradas con empresarios chinos, uno de ellos contratista estatal, y por cuestionamientos sobre el aumento de su patrimonio personal en más de 1.000% durante su paso por el Parlamento. La moción de censura fue aprobada el pasado 17 de febrero con 75 votos a favor y 24 en contra, lo que dejó al país sin presidente electo por voto popular. Al día siguiente, el Congreso eligió en sesión extraordinaria a José María Balcázar, presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, quien por mecanismo de sucesión constitucional asumió automáticamente la presidencia interina, convirtiéndose en el octavo presidente que tiene Perú desde 2016.
Quien no dejó el poder durante estos años es Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú desde 2006. el principal custodio de la arquitectura ordoliberal que sostiene y garantiza el modelo extractivista peruano. Su formación en el Kiel Institute de Alemania no es una mera credencial académica, sino la adopción de una doctrina que eleva la «estabilidad de precios» y la «autonomía del Banco Central» a dogmas de fe, diseñados para blindar el flujo de capitales transnacionales frente a cualquier intento de transformación productiva o soberanía popular. Bajo este esquema, la supuesta neutralidad monetaria actúa como una camisa de fuerza institucional que asegura la disciplina fiscal necesaria para que el Estado peruano siga operando como un enclave exportador de materias primas, subordinando la política social a la predictibilidad que exigen los mercados globales y el extractivismo financiero.
Esta arquitectura se entrelaza orgánicamente con la elite corporativa del país, evidenciada en su histórico tránsito por el directorio del Banco de Crédito del Perú (BCP) y su vínculo estructural con el holding Credicorp. Al representar los intereses estratégicos del Grupo Romero —un conglomerado con intereses expansivos en energía, agroindustria y servicios—, Velarde funciona como el puente de plata entre el poder financiero y los sectores primario-exportadores. Su programa económico no apunta al desarrollo de una industria nacional, sino a la gestión técnica de riesgos para proteger las rentas extraordinarias del modelo, utilizando el manejo de reservas y la política de metas de inflación como herramientas para amortiguar las crisis del capital sin cuestionar jamás la matriz de dependencia y desigualdad que el modelo extractivista profundiza en el territorio peruano.
El Puerto de Chancay y la disputa del G2
Perú consolida una inserción ambivalente en la disputa conocida como G2 entre China y Estados Unidos: apertura económica hacia el capital chino y alineamiento securitario con Washington. Lejos de ser una contradicción, esta doble lógica configura un patrón preocupante de subordinación, donde el desarrollo de infraestructura y la llegada de inversiones avanzan de la mano de mayores dispositivos de control y disciplinamiento social.
En el trasfondo geopolítico de estas elecciones, el Puerto de Chancay (financiado y operado por China, con participación de COSCO Shipping) emerge como una pieza estratégica de su presencia en Sudamérica. Más que infraestructura, se trata de un nodo clave en la disputa por recursos críticos y en la reconfiguración del mapa logístico Asia-Pacífico (con proyección al Atlántico con Bolivia y Brasil de por medio). Frente a ello, Estados Unidos refuerza su presencia militar (desde los ejercicios Resolute Sentinel hasta el despliegue de tropas habilitado para 2026) y promueve a Perú como aliado no-OTAN. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, la articulación con el Comando Sur, la expansión de marcos represivos, la militarización del territorio y la influencia de figuras como Erik Prince evidencian un giro hacia esquemas de control social más duros, incluso con referencias a modelos como el sistema carcelario salvadoreño. Que esta tensión haya quedado prácticamente fuera del debate electoral expone los límites y silencios de la escena democrática que se proyecta para el próximo periodo.
*Emilia Trabucco es Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Matías Caciabue es Licenciado en Ciencia Política y ex Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional UNDEF en Argentina. Analista de NODAL
