Perú: un proyecto popular que se asoma – Por Solange Martínez
Perú: un proyecto popular que se asoma
Por Solange Martínez *
Con el 95,027% de actas contabilizadas, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se perfila como candidato para la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori. Aún se espera los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan las 4.613 actas observadas correspondientes al 12 y 13 de abril. De estos resultados dependerá si Sánchez o Rafael López Aliaga pasan a la segunda vuelta.
La reciente renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la falta de materiales en los centros de votación y la incertidumbre sobre los resultados definitivos consolidan la imagen de un país, que una vez más, se pierde en el laberinto institucional diseñado por los sectores dominantes para la reproducción infinita de un sistema político viciado. Las instituciones encargadas de garantizar la voluntad popular operan hoy bajo sospecha de ineficacia y presión política.
Perú llega al final de este proceso electoral con su octavo presidente desde 2016. La sucesión constitucional de José María Balcázar es el último eslabón de una cadena de mandatos interinos y destituciones. La desconfianza en las urnas es el síntoma de una democracia que ya no logra procesar sus conflictos internos. La renuncia del jefe de la ONPE no soluciona la crisis; la profundiza al dejar la organización del balotaje del 7 de junio de 2026 en manos de una estructura descabezada y judicializada, denunciada ya por Sánchez como poco confiable.
El escenario de fragmentación política se refleja en el conteo de votos. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera el escrutinio con un 16,6%. En segundo lugar aparece Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con un 12,1%. Sánchez, quien compartió su desayuno electoral con el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en la ciudad de Lima, Perú, sostiene que su prioridad es la «reparación a los mártires del sur» y la libertad de Castillo, a quien define como víctima de lawfare.
Por otro lado, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, cuestionó la legitimidad del proceso. El candidato solicitó al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, intervenir el centro de cómputo de la ONPE. López Aliaga exige declarar la nulidad de los comicios. Juntos por el Perú calificó estos pedidos como una «campaña sistemática que busca instalar una narrativa de fraude» para controlar el sistema electoral de cara al balotaje.
Sánchez en Balotaje de Perú
Tras la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril de 2026, Sánchez ha protagonizado una remontada histórica. Partiendo del sexto lugar en los sondeos iniciales, de confirmarse los comicios, escaló hasta el segundo puesto gracias al apoyo masivo en las zonas rurales y el «Perú profundo».
Roberto Sánchez Palomino con 57 años, es un psicólogo y político que ha emergido como el principal referente de sectores populares en el Perú, consolidándose como el «heredero político» del expresidente Pedro Castillo. Nacido en Huaral, Lima. Antes de saltar a la escena política nacional, desempeñó cargos técnicos y municipales, como la Gerencia de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral y la Gerencia de Capital Humano en la Municipalidad de San Borja.
Sánchez es el actual presidente del partido Juntos por el Perú (JP), cargo que ocupa desde 2017. Su carrera parlamentaria comenzó en 2021, cuando fue elegido congresista por Lima. Su figura cobró relevancia nacional al ser nombrado Ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) durante casi toda la gestión de Pedro Castillo (2021-2022). Tras la caída de Castillo en diciembre de 2022, Sánchez se mantuvo como uno de sus aliados más leales.
Sus principales pilares de campaña incluyen una reforma económica, a partir de la que propone cambiar las reglas de la minería, especialmente en el sector cobre, revisando contratos tributarios y eliminando la minería a cielo abierto por sus impactos ambientales. Además pone el eje en la intervención estatal, planteando utilizar parte de las reservas internacionales para gasto social y ha expresado una postura crítica hacia la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), sugiriendo incluso el relevo de Julio Velarde. En materia de Educación, promete el ingreso libre a las universidades y aumentar el presupuesto del sector al 10% del PBI. Respecto del destituido ex presidente Pedro Castillo ha declarado que, de llegar a la presidencia, le otorgaría un indulto en su primer día de gobierno.
Inercia institucional de un Perú en crisis
Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), confirmó que los nombres de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta se conocerán oficialmente en la primera quincena de mayo de 2026, mientras que la elección de segunda vuelta está prevista para el 7 de junio de 2026. Este retraso responde a la revisión de 15.470 actas observadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). El procesamiento de estas actas tiene un tiempo promedio de tres días por unidad.
La incertidumbre se acrecienta a partir de la salida de Piero Corvetto Salinas de la jefatura de la ONPE, que ocurrió este miércoles 22 de abril de 2026. El exfuncionario dimitió mediante una carta enviada a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En el texto, Corvetto Salinas afirmó que su retiro busca generar un «contexto de mayor confianza ciudadana» para la segunda vuelta. No obstante, su gestión finaliza con una denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante la Fiscalía por presuntos delitos dolosos en la logística electoral.
La jornada de votación registró fallas críticas que impidieron el ejercicio del sufragio a miles de personas. Según registros oficiales, más de 52.000 ciudadanos fueron afectados por la carencia de cédulas y ánforas en locales de votación de Lima y provincias. Esta cifra de personas privadas de su derecho al voto equivale, en términos de representación, a la población total que habita en unos 15 distritos rurales de la zona andina. La logística fallida no fue un incidente aislado, sino un factor que alimenta las narrativas de irregularidades.
El país se encamina a una segunda vuelta marcada por la polarización y la fragilidad de sus órganos electorales. La resolución de las actas observadas determinará si el sistema puede ofrecer una salida legal a la crisis o si el vacío de poder terminará por consumir las últimas reservas de legitimidad institucional que le quedan a la república peruana.
Mientras el poder político se diluye en juicios políticos y renuncias, el modelo extractivista se mantiene intacto. La arquitectura económica del país permanece bajo el mando de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), quien preside la institución desde 2006.
Velarde ha sido ampliamente elogiado por organismos internacionales y calificadoras de riesgo como impulsor y garante de las reformas de libre mercado en 1990 y la defensa férrea de la autonomía del banco central, prohibiendo entre otras cosas, el financiamiento del gasto público por parte de la entidad.
Recordemos que fue designado por Alan García y posteriormente ratificado en los gobiernos sucesivos.
Pese a que bajo su gestión, la inflación anual promedió el 3 % y la economía creció en promedio un 4 % anual, bajo este modelo económico la tasa de pobreza alcanzó a 27,6% de la población, es decir 9 millones 395 mil personas, en 2024. Esto significa que cuatro de cada diez peruanos están en situación de pobreza o vulnerabilidad de caer en ella. La pobreza extrema en tanto, creció 5,5% ese mismo año. Los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) son el grupo más afectado, con una tasa de pobreza del 35,4%.
Tras la destitución y detención de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, estallaron intensas protestas en Perú, principalmente de sectores indígenas y rurales del sur. Las movilizaciones, que exigían la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y una asamblea constituyente, fueron reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, resultando en más de 50 muertes y cientos de heridos. El gasto estatal en represión y municiones ascendió a $8.500.000 (USD 8.500.000). Este monto representa el presupuesto necesario para equipar completamente a 20 centros de salud de atención primaria en regiones postergadas como Puno o Ayacucho.
¿Que sucede cuando los mecanismos fijados constitucionalmente para el ejercicio democrático funcionan bajo principios contrarios?
Las tres tomas de Lima, que se sucedieron luego, y una efervescencia popular que se sostuvo a partir de luchas gremiales y vinculadas a la defensa de los bienes comunes, muestran que en Perú existe un pueblo dispuesto a luchar, pese a la historia de las múltiples violencias que ejercen y han ejercido las clases dominantes, quienes han diseñado mecanismos legales a la medida de su reproducción y sostenimiento en el tiempo.
Aunque efímero en el poder, el proyecto de Castillo mostró la capacidad de articular una fuerza.
La esperanza de un Perú con mayor redistribución y mejora en calidad de vida para su pueblo se renueva en esta segunda vuelta electoral, pero no se agota ahí. Lo que cada vez parece más claro es que el fortalecimiento de la democracia no se logra sólo desde la vía institucional sino a partir de organización y lucha popular.
*Solange Martínez es docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte). Conductora de Esquina América (radio UNLa) y de NODAL Se Prende. Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
