El magisterio boliviano se rebela contra el plan económico del presidente Paz – Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo
El magisterio boliviano se rebela contra el plan económico del presidente Paz
Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo*
A fines del año 2025, el recién electo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó el Decreto Supremo 5503 para congelar el salario docente y el presupuesto educativo. La medida detonó una rebelión civil que mantiene hoy más de 60 bloqueos de caminos en todo el territorio boliviano. La norma también establece el incremento en el precio de los combustibles, la flexibilización para la venta de tierras comunales, el retorno al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la entrega de recursos naturales estratégicos como el litio a corporaciones transnacionales.
El perfil de la gestión educativa profundiza el conflicto bajo la dirección de la ministra de Educación, Beatriz Elena García de Achá, oriunda de La Paz. La funcionaria es economista graduada en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y posee una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Georgetown, en Washington. García de Achá presidió el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en Bolivia (CEDES), organismo que reúne a corporaciones locales de nafta, gas, minería y agronegocio. En el año 2012, fundó la firma i3 impacto social, creadora de iniciativas como Tecnológicas o Warmis Poderosas —warmi significa mujer en lenguas quechua y aymara— para otorgar becas técnicas en sectores populares. La ministra ejerce además como docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de carácter privado. Actualmente, el Gobierno y los sindicatos sostienen una disputa estadística: el Ministerio de Educación afirma que Bolivia destina el histórico el 8% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector, mientras que las federaciones docentes denuncian un recorte real que sitúa la inversión cerca del cuatro por ciento.
El magisterio rural y el magisterio urbano iniciaron protestas callejeras inmediatamente después de la promulgación del decreto. Los maestros rurales concentran su fuerza en las zonas de El Alto aymara y del Chapare, en Cochabamba, agrupados en la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB). La dirigencia de la CONMERB firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación para recibir un bono único, nuevos ítems laborales y conexión satelital de la empresa Starlink en el campo. Sin embargo, las federaciones rurales de base de La Paz y Cochabamba rechazaron el pacto por insuficiencia y reactivaron las marchas.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) paralizó las principales ciudades del eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En la capital del departamento de Santa Cruz, tradicionalmente distante de las huelgas del occidente del país, los maestros rompieron la tregua regional y nacionalizaron el reclamo mediante encadenamientos ante la Dirección Departamental de Educación (DDE).
Las universidades públicas se sumaron a la movilización general. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) en Cochabamba y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) en Santa Cruz paralizaron sus actividades. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), organismo que agrupa a los rectores del país, calificó al decreto de incompatible con la estabilidad institucional y el bienestar democrático. Las columnas de manifestantes avanzan desde los valles de Cochabamba con la Marcha por la Dignidad Docente, desde los llanos de Santa Cruz y desde la ciudad de El Alto para confluir en la sede de gobierno en La Paz. A nivel internacional, la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), la Federación de Docentes de Colombia y la Unión Nacional de Educadores del Ecuador emitieron comunicados de respaldo al magisterio boliviano. El conflicto forzó un quiebre político el pasado 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) decretó la huelga general indefinida.
La masiva respuesta social transformó las demandas sectoriales en una ofensiva política amplia. Las exigencias originales de un aumento salarial indexado a la inflación, la creación de ítems fiscales y el financiamiento estatal exclusivo mutaron hacia consignas nacionales. Los manifestantes exigen ahora la derogación total del Decreto Supremo 5503, la anulación de la privatización de tierras comunales, la prohibición de entregar recursos naturales al capital extranjero y la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz y de la ministra Beatriz Elena García de Achá.
*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Noelia Naranjo es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Ambos miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
