Bolivia | Central Obrera Boliviana, movimientos sociales y campesinos, continúan las protestas y bloqueos contra las medidas neoliberales del Gobierno

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Organizaciones de Bolivia continúan protestas y exigen renuncia del presidente Rodrigo Paz

Las organizaciones nucleadas en la Central Obrera Boliviana (COB), junto a movimientos sociales y campesinos, continúan este lunes 1 de junio las protestas y bloqueos en diferentes regiones de Bolivia contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz, tras decidir en la víspera el rechazo unánime a la convocatoria de diálogo del Ejecutivo, durante un encuentro ampliado nacional.

Como respaldo a la medida, una multitudinaria marcha de trabajadores recorrió 25 kilómetros desde la ciudad de El Alto hasta las inmediaciones de la plaza Murillo, sede de los poderes públicos en La Paz, para exigir la renuncia de Paz y manifestar su rechazo al intento de restaurar el Estado neocolonial.

Las organizaciones obreras denuncian una campaña de persecución judicial, evidenciada en la orden de aprehensión vigente contra su principal dirigente, Mario Argollo, la cual el Poder Judicial evitó suspender.

Por este motivo, las organizaciones populares sostienen 80 puntos de bloqueos en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en Cochabamba, donde existen 32 cortes de ruta, y 19 en La Paz, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras.

La paralización del transporte terrestre genera un severo desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios en La Paz y El Alto. Asimismo, la falta de gasolina por seis días consecutivos provocó protestas de cientos de conductores que realizaban filas de hasta cuatro días, quienes obstaculizaron el tránsito de forma independiente para demandar el suministro inmediato de combustibles.

La tensión social, que supera los 30 días, se agudiza tras la anulación, por parte de la Asamblea Legislativa controlada en un 93% por la derecha, de la ley que limita la declaratoria del estado de excepción. Esta paso dejó al Ejecutivo con la vía libre para incorporar a las FF.AA. a la represión de la protesta social ante la resistencia de la Central Obrera Boliviana y demás gremios, organizaciones y movimientos sociales movilizados.

Diálogo roto y la defensa del Gobierno

​Los esfuerzos de mediación llevados a cabo de forma conjunta por la Iglesia católica, la Vicepresidencia del Estado y el Defensor del Pueblo se encuentran estancados.

Desde la Defensoría del Pueblo se emitió una alerta manifestando que el lenguaje de confrontación, amenazas e insultos empleado por diversos voceros gubernamentales está dinamitando cualquier opción de acercamiento con la dirigencia obrera y del transporte.

​Mientras las principales urbes del país sufren la carencia severa de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales en los centros de salud públicos, la Administración de Rodrigo Paz defendió la validez de sus medidas antipopulares.

Desde el Ejecutivo señalaron que los mecanismos de excepción constitucional constituyen el último recurso democrático para preservar el orden interno, argumentando que las mesas de negociación con los sectores en conflicto se encuentran totalmente agotadas ante la intransigencia de las demandas políticas de los manifestantes.

LA ÉPOCA


Referéndum revocatorio en Bolivia como posible solución de crisis

La posible realización de un referendo revocatorio extraordinario como solución de las marchas y bloqueos en protesta contra el Gobierno de Bolivia surgió hoy tras una propuesta del diputado del partido Unidad Carlos Alarcón.

Partidario de las políticas tradicionalmente calificadas “de derecha”, Alarcón propuso este lunes la realización de un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como una alternativa para rebasar la crisis política y social que asfixia al país.

En redes sociales, el diputado afirmó que la actual confrontación entre el Gobierno y los sectores movilizados que piden la renuncia del jefe de Estado, Rodrigo Paz, mantiene a Bolivia en un “callejón sin salida”, y advirtió que la violencia no puede convertirse en una vía para cambiar autoridades.

De acuerdo con la iniciativa, la consulta incluiría al mandatario, al vicepresidente y a los legisladores titulares y suplentes.

Añadió Alarcón que si la mayoría vota por mantener a las autoridades, estas concluirían su mandato en 2030, pero en caso de imponerse la revocatoria, se convocaría a nuevas elecciones generales.

En su criterio, el Órgano Legislativo no puede permanecer al margen mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de los bloqueos.

Calificó de “estancado” el diálogo impulsado por el Ejecutivo debido a que los sectores movilizados mantienen como principal exigencia la renuncia del mandatario Paz.

Asimismo, recordó que la ALP abrogó recientemente la Ley 1341 que limitaba las facultades de la Policía y el Ejército en la represión durante las situaciones de crisis, decisión de la cual fue uno de los principales impulsores.

La Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019, en Senkata, Sacaba, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertes.

Dentro de otras limitantes para el poder, establecía que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía es rebasado, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad.

Como antecedente directo, la Ley 1341 tuvo el decreto supremo 4078 (conocido como “de la muerte”), rubricado por la gobernante Jeanine Áñez cinco días después del derrocamiento del expresidente Morales el 10 de noviembre de 2019, que exoneraba de toda responsabilidad penal a policías y militares por cualquier exceso en la represión.

Resultado directo de esta decisión fueron los acontecimientos de Sacaba, Senkata, Huayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertos, centenares de heridos, miles de detenidos ilegalmente y torturados, según el informe del GIEI.

LA ÉPOCA

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