Argentina | La centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner a un año de su proscripción – Por Emilia Trabucco
La centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner a un año de su proscripción
Por Emilia Trabucco*
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta argentina y principal referente de la oposición al gobierno de Javier Milei. La decisión consumó la proscripción política. Un año después, la maniobra no produjo el efecto buscado.
La causa Vialidad, soporte judicial de la condena, investigó la supuesta administración fraudulenta en obras públicas adjudicadas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proceso acumuló doce años de trámite, irregularidades documentadas y recusaciones rechazadas. Para amplios sectores políticos y académicos de la región, el caso consolidó a Argentina como un ejemplo de lawfare, el uso del aparato judicial como instrumento de persecución política y perfecta sincronía con los oligopolios mediáticos de Clarín y La Nación que le dedicaron miles de tapas desde el año 2009.
La investigación nació en 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri ordenó una auditoría sobre obras viales en Santa Cruz. El juicio oral comenzó en mayo de 2019 ante el Tribunal Oral Federal N.° 2 y se extendió casi cuatro años. La acusación no presentó un peritaje oficial completo sobre los supuestos sobreprecios, el análisis técnico abarcó cinco de las cincuenta y un rutas adjudicadas. El perito designado de oficio había publicado mensajes en redes sociales contrarios a la imputada. El propio fallo admitió la ausencia de prueba directa y reconoció que la condena se construyó sobre prueba indiciaria.
Los tres camaristas de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmaron la condena en noviembre de 2024, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, habían sido recusados por la defensa. Hornos y Borinsky registraban visitas a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Macri, en vísperas de fallos relevantes. Las recusaciones fueron rechazadas.
La condena llegó cuando Fernández de Kirchner ya había oficializado su candidatura a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral. La inhabilitación la dejó fuera de la competencia y el 17 de junio de 2025, el mismo Tribunal Oral le dictó prisión domiciliaria en su residencia del barrio porteño de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, bajo monitoreo electrónico. La causa Vialidad es una entre doce causas abiertas en su contra; ninguna de las restantes llegó a condena firme.
La confirmación del fallo generó respuesta inmediata. El 18 de junio de 2025, una movilización masiva en la Plaza de Mayo, fue convocada bajo las consignas Argentina con Cristina y Cristina Libre, reunió a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), junto a organizaciones estudiantiles, barriales y de Derechos Humanos y centenares de compatriotas.
Durante el año siguiente, el domicilio de San José 1111, en Constitución, se convirtió en punto permanente de movilización. La defensa de Cristina comenzó a articularse con demandas más amplias producto del ajuste económico, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, despidos y endeudamiento de los hogares.
A un año de su detención, el balance político arroja una paradoja difícil de ignorar. La operación destinada a excluir de la competencia electoral a la principal dirigente del campo nacional y popular no logró correrla del centro de la disputa política. Por el contrario, distintos indicadores sugieren que su figura mantuvo —e incluso reforzó— su gravitación en el debate público. Una reciente encuesta de la consultora Hugo Haime la ubicó con un 42,7% de imagen positiva, por encima de dirigentes centrales del oficialismo como Patricia Bullrich (41,7%) y Javier Milei (38,7%).
Al mismo tiempo, la proscripción planteó un desafío estratégico para el conjunto de la oposición. Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su programa político y económico, el peronismo enfrenta la tarea de reorganizarse, reconstruir una mayoría social y ofrecer una alternativa política capaz de disputar el rumbo del país.
Quizás allí radique una de las principales enseñanzas de este primer año. La proscripción consiguió impedir una candidatura, pero no desarticular una identidad política ni una representación construida a lo largo de décadas.
Por eso, doce meses después, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo mucho más que una dirigente judicializada, continúa ocupando un lugar central en la disputa por el presente y el futuro de la Argentina, no sólo por su trayectoria política o por su liderazgo dentro del peronismo, sino porque sigue condensando una memoria colectiva asociada a la ampliación de derechos, la movilidad social ascendente y la construcción de un proyecto de país soberano.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
