18 días secuestrados en Libia: una nueva comunicación confirma la urgencia de una intervención humanitaria
18 días secuestrados en Libia: una nueva comunicación confirma la urgencia de una intervención humanitaria
11 de junio. Las familias de Lucas Aguilera y Paula Giménez recibieron ayer, 10 de junio, una nueva comunicación telefónica por parte de ambos ciudadanos argentinos secuestrados en Libia del Este desde el pasado 24 de mayo. Si bien la conversación permitió constatar que se encuentran físicamente estables, mencionaron un gran deterioro psicológico derivado de la presión de estar 18 días en aislamiento prolongado, encierro e incertidumbre absoluta. El sufrimiento de estar privados de su libertad en estas condiciones opera como un desgaste constante que vulnera y pone en riesgo de sobremanera la salud fisica y mental de los y las voluntarias de la misión humanitaria.
La conversación profundizó la preocupación familiar ante un escenario de absoluta indefensión jurídica y procesal, puesto que no hay información oficial, directa ni verificable, así como tampoco explicaciones claras sobre los procedimientos a los que están siendo sometidos por parte de las autoridades de Libia oriental. Esta grave situación ratifica las sistemáticas violaciones a las garantías fundamentales del debido proceso y del derecho internacional que padecen Lucas, Paula y las otras ocho personas voluntarias arbitrariamente detenidas.
Todas ellas continúan reclamando el acceso pleno a las garantías procesales más básicas, ya que no cuentan con asistencia jurídica efectiva y el debido asesoramiento de los abogados defensores.
Esta situación reviste una gravedad excepcional. Lucas Aguilera y Paula Giménez continúan privados de su libertad por haber participado en una iniciativa civil y humanitaria orientada a facilitar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza.
Frente a esta situación, debemos destacar que la primera llamada del 4 de junio fue el resultado de la huelga de hambre de más de cuatro días realizada por los y las voluntarias; poniendo sus propias vidas en juego, y esta nueva comunicación se da gracias a la enorme cantidad de reclamos y a la presión de la solidaridad internacional de miles de personas en todo el mundo que no guardan silencio.
Según relataron los propios voluntarios, quienes los detuvieron les informaron que permanecerán detenidos al menos treinta días más mientras continúa una investigación en curso. Esta decisión habría sido comunicada sin la asistencia efectiva de los abogados que actualmente intentan acceder a verlos para intervenir en su defensa y en un contexto donde las personas detenidas continúan reclamando acceso pleno a garantías procesales básicas.
Acciones y gestiones en el plano diplomático
En el plano diplomático, representantes consulares de España e Italia realizaron nuevas visitas durante los últimos días, incluida una nueva visita italiana el pasado 10 de junio. Asimismo, los abogados privados designados para la defensa continúan realizando gestiones para garantizar el acceso efectivo al expediente y a las personas detenidas arbitrariamente.
Frente a esta situación límite, seguimos exigiendo con máxima urgencia el trabajo activo de las Autoridades de la Cancillería Argentina y de los gobiernos de todos los países involucrados. La protección de los ciudadanos en el exterior es una obligación urgente e indelegable. Exigimos acciones diplomáticas directas y coordinadas para la inmediata liberación de Lucas y Paula, así como de los demás voluntarios internacionales: Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos). Con este fin, ya se han activado las denuncias ante la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para forzar una intervención humanitaria inmediata.
Por eso, hoy más que nunca, es vital que sigamos dándole visibilidad a este caso. No vamos a normalizar que sigan encerrados. Cada acción, cada mensaje, cada publicación y cada denuncia en las calles y en las redes es la fuerza que los sostiene y aporta a la presión necesaria para traerlos de vuelta a casa sanos y salvos.
Lucas Aguilera y Paula Giménez formaban parte de una iniciativa internacional de carácter pacífico organizada para expresar solidaridad con el pueblo palestino y reclamar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Son integrantes de una misión humanitaria internacional cuya actividad se encuentra amparada por los principios del derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales de asociación, expresión y solidaridad internacional.
Es por eso que seguimos exigiendo:
- La inmediata liberación de Lucas, Paula y la totalidad de las y los voluntarios detenidos.
- Una visita humanitaria urgente y el ingreso inmediato de asistencia médica independiente para verificar el estado de salud de todos los detenidos.
- El fin de su aislamiento, la incomunicación y el hostigamiento psicológico al que están siendo sometidos.
- Que las autoridades de la Cancillería Argentina instrumenten un apoyo diplomático más decidido, desde el lugar de los hechos, acorde a la especial situación que dos connacionales atraviesan.
A 18 días de su detención ilegal, el mundo entero sigue mirando. No vamos a parar hasta que todos estén libres.
Compartimos el comunicado de la Global Sumud que detalla algunos otros elementos relacionados a la delicada situación judicial, diplomática y humanitaria a la que Lucas, Paula y los otros ocho detenidos están siendo sometidos:
La Flotilla Global Sumud exige la liberación de los 10 detenidos de la Caravana Terrestre de Libia tras la extensión de su detención en Bengasi
11 de junio de 2026 – Bengasi, Libia
La Flotilla Global Sumud (GSF) expresa una urgente preocupación diplomática y jurídica tras recibir información de que la detención de 10 voluntarios humanitarios de la Caravana Terrestre Global Sumud ha sido extendida por 30 días adicionales en Bengasi.
Los voluntarios se encuentran actualmente bajo custodia de la Agencia de Seguridad Interna del Este (ISA), un poderoso organismo de seguridad que opera bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) en el este de Libia.
Según la información transmitida a través de canales diplomáticos, esta supuesta extensión de la detención genera serias preocupaciones respecto al manejo del proceso previo al juicio y a la ausencia de garantías procesales básicas. La GSF aún no ha recibido una confirmación oficial por escrito de la orden de extensión y está solicitando con urgencia la documentación legal correspondiente.
La decisión habría sido tomada sin la debida notificación a las familias ni a los representantes legales, y se produce después de una comparecencia previa ante el fiscal público realizada sin conocimiento de las familias o representantes de los voluntarios.
Esto no es una cuestión procesal menor. Se trata de la continua detención de voluntarios, incluidos médicos, que formaban parte de una misión humanitaria destinada a romper el asedio sobre Gaza y entregar ayuda al pueblo palestino. El uso de procedimientos legales opacos para prolongar su detención no hace más que profundizar la responsabilidad política de quienes los mantienen retenidos.
Aunque los informes diplomáticos indican que los voluntarios están recibiendo necesidades básicas, incluyendo alimentos y acceso a duchas, la GSF subraya que unas condiciones físicas mínimas no convierten una detención en legítima. La falta de comunicación consular regular, de claridad jurídica y de documentación oficial respecto a la presunta extensión de 30 días apunta a una grave vulneración de derechos humanos fundamentales.
Los gobiernos cuyos ciudadanos se encuentran entre los detenidos ya no deben tratar este asunto como un simple expediente consular. Deben actuar públicamente, con urgencia y de manera colectiva para asegurar la liberación y repatriación de estos civiles no violentos —profesionales de la medicina, trabajadores humanitarios, un cineasta y un periodista— detenidos después de intentar llevar ayuda a Gaza.
Cada día adicional de detención incrementa la responsabilidad política de las autoridades que los mantienen retenidos y de los gobiernos que tienen la capacidad de intervenir.
18 Days Kidnapped in Libya: New Communication Confirms the Urgent Need for Humanitarian Intervention
June 11, 2026
The families of Lucas Aguilera and Paula Giménez received a new phone call yesterday, June 10, from the two Argentine citizens who have been kidnapped in Eastern Libya since May 24.
While the conversation confirmed that they remain physically stable, both reported severe psychological deterioration caused by 18 days of prolonged isolation, confinement, and complete uncertainty. Being deprived of their liberty under these conditions is causing constant suffering and severe harm to the physical and mental health of all the volunteers participating in the humanitarian mission.
The conversation further deepened the families’ concern in the face of a situation of complete legal and procedural helplessness. There is no official, direct, or verifiable information available, nor any clear explanation regarding the procedures being imposed on them by the authorities in Eastern Libya.
This grave situation confirms the systematic violations of due process guarantees and international legal standards being suffered by Lucas, Paula, and the eight other arbitrarily detained volunteers. All of them continue to demand full access to the most basic procedural safeguards, as they still lack effective legal assistance and proper access to their defense lawyers.
This situation is exceptionally serious. Lucas Aguilera and Paula Giménez remain deprived of their liberty solely because they participated in a civilian humanitarian initiative aimed at facilitating the delivery of medical supplies, food, and emergency aid to the Palestinian population in Gaza.
In this context, it is important to emphasize that the first phone call received on June 4 was only made possible after the volunteers carried out a hunger strike lasting more than four days, putting their own lives at risk. This new communication has been made possible thanks to the enormous number of appeals, campaigns, and expressions of international solidarity from thousands of people around the world who refuse to remain silent.
According to the volunteers themselves, those holding them informed them that they will remain detained for at least thirty additional days while an ongoing investigation continues. This decision appears to have been communicated without the effective assistance of the lawyers who are currently attempting to gain access to them and intervene in their defense, in a context where the detainees continue demanding full access to basic procedural guarantees.
Diplomatic Actions and Developments
On the diplomatic front, consular representatives from Spain and Italy have conducted additional visits in recent days, including a new Italian consular visit on June 10. Likewise, the private lawyers appointed to represent the detainees continue working to secure effective access to both the case files and the arbitrarily detained volunteers.
Given this critical situation, we urgently reiterate our demand for active engagement by the Argentine Foreign Ministry and the governments of all countries whose citizens are being detained. The protection of citizens abroad is an urgent and non-delegable responsibility.
We call for direct and coordinated diplomatic action to secure the immediate release of Lucas and Paula, as well as the other international volunteers: Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (Spain), Domenico Centrone (Italy), Leonarda Alberizia (Italy), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Poland), Ashraf Khoja (Tunisia), and Jenelle Jones (United States).
To this end, formal complaints have already been submitted to the United Nations and the International Committee of the Red Cross (ICRC), seeking immediate humanitarian intervention.
Today more than ever, it is vital to continue giving visibility to this case. We will not normalize their continued confinement. Every action, every message, every publication, and every public appeal—in the streets and across social media—helps sustain them and contributes to the pressure needed to bring them safely home.
Lucas Aguilera and Paula Giménez were participating in a peaceful international initiative organized to express solidarity with the Palestinian people and to demand humanitarian access to Gaza. They are members of an international humanitarian mission whose activities are protected under the principles of international humanitarian law and the fundamental rights of association, expression, and international solidarity.
We therefore continue to demand:
- The immediate release of Lucas, Paula, and all detained volunteers.
- An urgent humanitarian visit and the immediate deployment of independent medical assistance to assess the health conditions of all detainees.
- An end to their isolation, incommunicado detention, and the psychological harassment to which they are being subjected.
- Stronger and more decisive diplomatic action by the Argentine Foreign Ministry, including a greater presence on the ground, in accordance with the serious situation faced by these two Argentine citizens.
After 18 days of illegal detention, the world is still watching.
We will not stop until they are all free.
ATTACHED FOR DISTRIBUTION
We are also sharing the statement issued by Global Sumud, which provides additional information regarding the delicate legal, diplomatic, and humanitarian situation faced by Lucas, Paula, and the other eight detainees.
FOR IMMEDIATE RELEASE
Global Sumud Flotilla Demands Release of 10 Land Convoy Detainees in Libya Following Extension of Detention in Benghazi
June 11, 2026 – Benghazi, Libya
The Global Sumud Flotilla (GSF) expresses urgent diplomatic and legal concern following information that the detention of ten humanitarian volunteers from the Global Sumud Land Convoy has been extended for an additional 30 days in Benghazi.
The volunteers are currently being held by the Internal Security Agency (ISA), a powerful security body operating under the de facto authority of the Libyan Arab Armed Forces (LAAF) in eastern Libya.
According to information transmitted through diplomatic channels, this alleged extension raises serious concerns regarding pre-trial detention procedures and the absence of basic legal guarantees. GSF has not yet received official written confirmation of the extension order and is urgently requesting the corresponding legal documentation.
The decision appears to have been made without proper notification to either family members or legal representatives and follows an earlier appearance before the public prosecutor that took place without the knowledge of the families or representatives of the volunteers.
This is not a minor procedural issue. It concerns the continued detention of volunteers—including medical professionals—who were participating in a humanitarian mission intended to challenge the siege on Gaza and deliver aid to the Palestinian people. The use of opaque legal procedures to prolong their detention only deepens the political responsibility of those holding them.
While diplomatic reports indicate that the volunteers are receiving basic necessities, including food and access to showers, GSF emphasizes that minimum physical conditions do not make a detention legitimate. The lack of regular consular communication, legal clarity, and official documentation regarding the alleged 30-day extension points to a serious violation of fundamental human rights.
The governments whose citizens are among those detained must no longer treat this matter as a routine consular case. They must act publicly, urgently, and collectively to secure the release and repatriation of these nonviolent civilians—a group that includes medical professionals, humanitarian workers, a filmmaker, and a journalist—who were detained after attempting to bring aid to Gaza.
Every additional day of detention increases the political responsibility of both the authorities holding them and the governments that have the capacity to intervene.
