Día 20: crónica del secuestro de las y los voluntarios de la misión humanitaria a Gaza
Día 20: crónica del secuestro de los y las voluntarios de la misión humanitaria a Gaza
12 de junio de 2026. A veinte días del secuestro de las y los diez integrantes del convoy terrestre Global Sumud Maghreb Libia oriental, familiares, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, legisladores, organismos internacionales y representaciones diplomáticas de distintos países continúan reclamando información verificable sobre su situación, acceso humanitario independiente y su inmediata liberación.
Las personas secuestradas son María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone y Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Laura Kwoczała (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos). Todas integraban una misión civil y humanitaria internacional que buscaba acompañar el ingreso de ayuda de emergencia a Gaza y reclamar el fin del bloqueo impuesto sobre la población palestina.
Entre las personas secuestradas se encuentran Paula Giménez y Lucas Aguilera, ciudadanos argentinos y directores de investigación de NODAL. Ambos participaban de la misión humanitaria como parte de un equipo médico integrado por trabajadores de la salud, especialistas y voluntarios internacionales. Desde el 24 de mayo permanecen secuestrados junto a los otros ocho integrantes de la comitiva internacional.
El Convoy Terrestre formaba parte de un conjunto más amplio de acciones internacionales de solidaridad articuladas bajo la Iniciativa Global Sumud —palabra árabe que puede traducirse como “firmeza”, “resistencia” o “perseverancia”— impulsada por organizaciones sociales, humanitarias, sindicales y de derechos humanos de distintos países. Su objetivo es contribuir a visibilizar la crisis humanitaria que atraviesa Palestina, con un genocidio en curso perpetrado por el Estado de Israel, reclamar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el derecho internacional y promover el ingreso de asistencia para la población palestina.
Junto a la caravana terrestre, estas iniciativas incluyeron acciones marítimas de alcance internacional conocidas como la Global Sumud Flotilla. Tanto la flotilla como el convoy terrestre se definieron públicamente como iniciativas no violentas, de carácter civil y humanitario, orientadas a movilizar ayuda, generar conciencia internacional y reclamar la apertura de corredores seguros para la asistencia humanitaria.
Esta cronología reconstruye los principales acontecimientos ocurridos entre el 15 de mayo y el 11 de junio de 2026. Reúne los hechos conocidos, las gestiones diplomáticas, jurídicas y parlamentarias realizadas, las acciones impulsadas por familiares y organizaciones acompañantes, las respuestas institucionales y los testimonios obtenidos durante estos veinte días. Su objetivo es contribuir a la reconstrucción documentada de los hechos y dejar registro de las acciones desplegadas para proteger la vida, la integridad y los derechos de las personas secuestradas y detenidas arbitrariamente en Libia oriental.
El origen: una misión transparente y bajo negociación formal
15 de mayo | Lanzamiento del Global Maghreb Sumud Land Convoy
El 15 de mayo de 2026 fue lanzado públicamente el Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, una misión civil y humanitaria internacional que formaba parte de una de las mayores iniciativas de solidaridad organizadas para reclamar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza durante 2026.
La misión reunía a más de 230 participantes provenientes de más de veinte países y transportaba ambulancias, viviendas móviles, camiones con ayuda humanitaria e insumos de emergencia destinados a la población civil palestina. Entre sus integrantes se encontraban médicos, ingenieros, docentes, psicólogos, periodistas, abogados, trabajadores humanitarios y voluntarios de distintas nacionalidades.
El recorrido previsto comenzaba en Mauritania y atravesaba Argelia, Túnez, Libia y Egipto, con destino final en el paso fronterizo de Rafah.
Las negociaciones previas con Libia oriental
La hoja de ruta de la misión estuvo respaldada por gestiones formales. Antes de su ingreso a las zonas bajo control de autoridades de Libia oriental, la organización informó haber realizado contactos y negociaciones ante gobiernos e instituciones de la región para obtener permisos, autorizaciones y garantías de tránsito seguro.
En ese marco, el 14 de mayo, autoridades vinculadas a Libia oriental comunicaron una propuesta para transferir la ayuda humanitaria a la Media Luna Roja Libia con el objetivo de facilitar su traslado por canales locales hacia la frontera con Egipto.
Entre el 19 y el 20 de mayo, representantes del convoy respondieron formalmente a esa propuesta, aceptando avanzar en mecanismos coordinados para la entrega de la ayuda bajo condiciones que permitieran garantizar la seguridad de las personas participantes y la integridad de la misión.
Las garantías solicitadas para el tránsito seguro
En dicha presentación, la misión solicitó formalmente el tránsito seguro por las localidades de Sirte y Bengasi, la protección para las personas participantes, el resguardo de la documentación, los equipos de comunicación, los vehículos, los insumos médicos y los materiales de prensa, así como la emisión de instrucciones operativas claras a las fuerzas militares, policiales y autoridades administrativas involucradas en el recorrido.
Según la organización, estas solicitudes formaban parte de las negociaciones abiertas que se mantenían con las autoridades de Libia oriental para permitir el avance del convoy hacia Bengasi, la frontera de Salloum, en Egipto, y posteriormente hacia el paso de Rafah.
Al momento de los acontecimientos del 24 de mayo, las negociaciones continuaban abiertas. En ese contexto, una delegación internacional integrada por diez representantes fue designada para continuar las gestiones destinadas a garantizar el tránsito seguro de la misión. La comitiva estaba integrada por Alicia Armesto Núñez (España), Laura Kwoczała (Polonia), Jenelle Jones (Estados Unidos), María Paula Giménez (Argentina), Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia) y Leonarda Alberizia (Italia). Horas después, toda comunicación con el grupo sería interrumpida.
La emboscada a la comitiva negociadora en el Puesto 5+5
19 al 24 de mayo | Negociaciones abiertas y bloqueo en Sirte
Entre el 19 y el 24 de mayo, el Global Maghreb Sumud Land Convoy permaneció bloqueado en las inmediaciones de Sirte, en una zona de transición de alta sensibilidad que divide áreas de control político y militar diferenciadas dentro del territorio libio. Durante esos días continuaron las negociaciones entre representantes de la misión y autoridades vinculadas a Libia oriental para permitir el avance del convoy hacia Bengasi, la frontera de Salloum, en Egipto, y posteriormente hacia el paso de Rafah.
Las conversaciones se desarrollaban sobre la base de los intercambios previos y de las solicitudes formales de garantías presentadas por la organización para resguardar la seguridad de las personas participantes y la integridad de la misión humanitaria.
24 de mayo | Una delegación internacional para continuar las negociaciones
En ese contexto, el 24 de mayo de 2026 fue designada una delegación internacional integrada por diez integrantes del equipo de salud con el objetivo de continuar las gestiones destinadas a garantizar el tránsito seguro del convoy.
La comitiva estaba integrada por Alicia Armesto Núñez (España), Laura Kwoczała (Polonia), Jenelle Jones (Estados Unidos), María Paula Giménez (Argentina), Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia) y Leonarda Alberizia (Italia).
Las diez personas fueron designadas para representar a la misión en una instancia de negociación que buscaba destrabar el paso del convoy y asegurar la continuidad de su recorrido hacia Egipto y Gaza.
El último mensaje desde el Puesto 5+5
Ese mismo día, la delegación se dirigió hacia el área de seguridad conocida como Puesto de Control Militar 5+5, cercana a Sirte. Se trataba de un punto estratégico ubicado en la zona de separación entre las distintas áreas de influencia política y militar existentes en Libia, donde se desarrollaban las conversaciones para definir el futuro de la misión.
A las 15:22 horas del 24 de mayo se interrumpió la comunicación directa con la comitiva.
En el último mensaje recibido, integrantes del grupo informaron que estaban siendo trasladados por fuerzas de seguridad en tres camionetas blancas. A partir de ese momento cesó todo contacto directo con la delegación, dando inicio a una situación de incomunicación cuyo alcance y características sólo comenzarán a conocerse parcialmente días más tarde.
Durante las horas posteriores no existió información oficial sobre el paradero de los diez representantes, las autoridades responsables de su custodia ni las razones de su traslado.
25 al 28 de mayo | El ataque al campamento y la suspensión de la misión
Mientras la delegación negociadora permanecía incomunicada, el resto del convoy continuó instalado en las inmediaciones de Sirte, a unos diez kilómetros del Puesto de Control Militar 5+5.
Según la información difundida por Global Sumud, durante el 25 de mayo vehículos no identificados rodearon el campamento principal. La organización denunció que se produjeron intimidaciones, amenazas y agresiones físicas contra participantes civiles desarmados que integraban la misión humanitaria.
De acuerdo con esos reportes, el ataque al campamento impidió cualquier posibilidad de continuidad de la misión en condiciones de seguridad y obligó a sus integrantes a iniciar el repliegue de la caravana.
Con la delegación negociadora desaparecida, sin información sobre el paradero de sus integrantes y frente a los hechos de hostigamiento denunciados por la organización, la misión terrestre quedó imposibilitada de continuar su recorrido. El 28 de mayo, el Global Maghreb Sumud Land Convoy formalizó la suspensión de la iniciativa, atribuyendo la decisión a los obstáculos burocráticos, los episodios de violencia registrados en las inmediaciones de Sirte y el secuestro de los diez integrantes de la delegación negociadora.
La desaparición de la comitiva marcó un punto de inflexión para toda la misión. Lo que había comenzado como una iniciativa internacional de ayuda humanitaria se transformó en una crisis que involucró a ciudadanos de ocho países, abrió una intensa actividad diplomática y jurídica internacional y dio inicio a una búsqueda urgente para determinar el paradero y las condiciones de detención de los diez voluntarios secuestrados.
Los primeros días de secuestro e incomunicación
24 al 29 de mayo | Sin información sobre el paradero de la delegación
Tras la interrupción de las comunicaciones ocurrida el 24 de mayo en las inmediaciones del Puesto de Control Militar 5+5, comenzó un período de absoluta incertidumbre para las familias, las organizaciones acompañantes y los integrantes del Global Maghreb Sumud Land Convoy.
Durante los días posteriores al secuestro no existió información oficial sobre el paradero de las diez personas integrantes de la delegación internacional, las autoridades responsables de su custodia, las condiciones en las que se encontraban ni los motivos de su detención.
La ausencia de información directa y verificable impidió conocer si los integrantes de la comitiva permanecían juntos, si habían sido trasladados a distintos lugares o si tenían acceso a asistencia médica, representación jurídica o comunicación con sus familias.
Mientras el convoy suspendía sus actividades y se retiraba de las inmediaciones de Sirte, familiares y organizaciones comenzaron una búsqueda urgente para determinar el paradero de las diez personas secuestradas. Durante esos primeros días no existieron pruebas de vida públicas y verificables, ni acceso consular, jurídico o humanitario independiente que permitiera constatar su situación.
La falta de respuestas oficiales y la prolongación de la incomunicación profundizaron la preocupación por la integridad física y psicológica de las personas secuestradas, dando inicio a una crisis que rápidamente trascendería el ámbito de las familias y las organizaciones acompañantes para convertirse en una preocupación internacional.
Ofensiva diplomática e internacional: la búsqueda de información y garantías
26 de mayo | Se activa una red internacional de gestiones urgentes
El 26 de mayo se cumplieron cuarenta y ocho horas sin contacto directo con las personas secuestradas. Ante la total ausencia de información oficial relativa al paradero de la delegación, las autoridades responsables de su custodia, las condiciones de detención y su situación jurídica, los familiares junto al equipo de NODAL y un amplio entramado de organizaciones sociales, sindicales, parlamentarias y de derechos humanos comenzaron a desplegar una intensa ofensiva diplomática, jurídica, consular y humanitaria destinada a romper el cerco de silencio que rodeaba el caso.
Durante los días siguientes se desarrolló un amplio conjunto de solicitudes formales de información, pedidos de intervención, presentaciones institucionales, reclamos públicos, campañas de visibilización y exigencias diplomáticas dirigidas a gobiernos, organismos internacionales y representaciones consulares. El objetivo común era obtener pruebas de vida, acceso humanitario independiente, asistencia jurídica, acceso consular efectivo y garantías para la integridad física y psicológica de las diez personas secuestradas.
Cancillerías, embajadas y organismos internacionales
Hasta el momento se han articulado gestiones e interpelaciones directas ante la Cancillería argentina, la Embajada argentina en Túnez y la Embajada argentina en Egipto, así como ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia (Farnesina), el Consulado italiano en Bengasi y las embajadas de España, Italia y Libia radicadas en la República Argentina.
Asimismo, se recurrió a organismos de las Naciones Unidas, incluyendo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH/OHCHR), con el objetivo de activar mecanismos de seguimiento y protección ante la desaparición inicial de la delegación y el secuestro de sus integrantes.
Organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones acompañantes
Este reclamo internacional contó desde sus primeras horas con el respaldo y la acción coordinada de un amplio arco de organismos de derechos humanos, centrales sindicales, organizaciones sociales y espacios parlamentarios de la región.
Entre ellos se encuentran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y numerosas organizaciones.
A medida que transcurrían los días sin respuestas oficiales, se profundizó el reclamo para exigir acceso consular para todas las nacionalidades involucradas, la intervención de organismos humanitarios independientes, asistencia médica especializada y la inmediata liberación de las personas secuestradas.
28 de mayo | La primera visita oficial del Cónsul de Italia a los voluntarios italianos
El 28 de mayo se produjo la primera confirmación oficial sobre integrantes de la delegación secuestrada. Ese día, las autoridades italianas informaron que el cónsul de Italia en Bengasi, Filippo Colombo, había logrado realizar una visita consular a los ciudadanos italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.
La visita constituyó la primera constatación oficial de que integrantes de la delegación permanecían con vida bajo custodia de autoridades vinculadas a Libia oriental. Sin embargo, continuaba sin existir información verificable sobre la totalidad de las personas secuestradas, sus condiciones de detención ni el lugar exacto donde permanecían alojadas.
El plano legislativo: la respuesta parlamentaria
La gravedad extrema del caso escaló rápidamente a distintos ámbitos parlamentarios nacionales e internacionales, donde comenzaron a impulsarse iniciativas destinadas a exigir información oficial, garantías para las personas detenidas y acciones diplomáticas urgentes.
Cámara de Diputados de la República Argentina
El 26 de mayo de 2026, el bloque de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria, bajo el impulso de Lorena Pokoik, Horacio Pietragalla, Santiago Cafiero, Eduardo Valdés, Juan Grabois, Roxana Monzón, Carlos Castagneto, Pablo Todero, Jorge Araujo, Cristian Andino, Andrea Freites, Jorge Chica, Ana María Ianni, Juan Carlos Molina e Hilda Aguirre, presentó un proyecto de resolución exigiendo de manera urgente información oficial, plenas garantías y el resguardo de la vida de los connacionales.
De igual forma, los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola impulsaron un proyecto de resolución de repudio a la detención arbitraria, denunciando un patrón represivo contra las misiones humanitarias internacionales y reclamando la intervención activa de la Cancillería argentina.
Cámara de Senadores de la República Argentina
El 4 de junio de 2026, un colectivo de senadores y senadoras encabezado por Anabel Fernández Sagasti, Cristina López, Martín Soria, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Giménez Palazzo y María Higonet elevó una nota formal dirigida al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina en Túnez, José María Arbilla.
En dicha presentación denunciaron la falta de información oficial sobre Paula Giménez y Lucas Aguilera durante once días y exigieron acciones urgentes para garantizar asistencia médica especializada, mecanismos regulares de comunicación con sus familias, protección de su integridad psicofísica y medidas concretas para lograr su inmediata liberación y retorno seguro.
PARLASUR
La situación también fue abordada en el ámbito del Parlamento del MERCOSUR. Parlamentarios de distintos países impulsaron gestiones, pronunciamientos y pedidos de información vinculados al secuestro de la delegación internacional, reclamando garantías para las personas detenidas y una actuación coordinada de los Estados involucrados.
Las presentaciones internacionales en Ginebra y el Comité Internacional de la Cruz Roja
Entre el 26 y el 28 de mayo se estructuraron y remitieron comunicaciones de extrema urgencia ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Procedimientos especiales ante Naciones Unidas
Las presentaciones permitieron notificar formalmente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y activar distintos procedimientos especiales, entre ellos:
- Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, para activar mecanismos urgentes de búsqueda, rastreo y localización.
- Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, para impugnar la privación ilegítima de la libertad.
- Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante las denuncias de aislamiento severo e incomunicación.
- Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, dado el carácter civil, humanitario y de derechos humanos de la misión.
- Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión.
Solicitud de intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja
De manera simultánea, el 1° de junio, los familiares, NODAL y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) elevaron una solicitud urgente ante las delegaciones para Argentina y Libia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Mediante esta presentación se requirió la realización de visitas humanitarias independientes, la constatación del estado de salud psicofísico de las diez personas secuestradas y la intermediación directa ante las autoridades responsables de su detención.
El pedido de intervención al Papa León XIV
La búsqueda de apoyos internacionales también alcanzó al Vaticano. Durante una audiencia realizada en Madrid, el diputado nacional de Unión por la Patria y sacerdote católico Juan Carlos Molina informó al Papa León XIV sobre la situación de los diez integrantes del Convoy Global Sumud Magreb secuestrados en Libia mientras participaban de una misión humanitaria destinada a Gaza.
Según relató posteriormente el legislador, solicitó expresamente la intervención del pontífice para contribuir a la liberación de Lucas Aguilera y Paula Giménez, así como de los demás integrantes de la delegación internacional.
La gestión ante León XIV se sumó a un creciente conjunto de reclamos diplomáticos, humanitarios, jurídicos y políticos impulsados a nivel internacional para obtener información verificable sobre los diez voluntarios, garantizar el acceso humanitario independiente y lograr su liberación.
La respuesta de la Cancillería argentina: estigmatización institucional
28 y 29 de mayo | Dos respuestas diplomáticas divergentes
El plano diplomático expuso desde el inicio una profunda asimetría en el nivel de compromiso y capacidad de actuación de los Estados involucrados.
El 28 de mayo, las autoridades italianas informaron oficialmente que el cónsul de Italia en Bengasi, Filippo Colombo, había logrado realizar una primera visita consular directa a los ciudadanos italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia. La gestión permitió constatar que permanecían con vida bajo custodia de autoridades de Libia oriental y derivó en reclamos inmediatos para mejorar sus condiciones de alojamiento, incluyendo acceso a duchas, ropa limpia y condiciones básicas de higiene.
La visita fue posible, entre otros factores, porque Italia era el único de los países con ciudadanos detenidos que contaba con representación consular permanente en Bengasi. Esa presencia permitió establecer contacto directo con las autoridades locales y acceder a información de primera mano sobre parte de la delegación secuestrada.
En contraste, el Estado argentino continuaba sin contar con acceso consular directo a Paula Giménez y Lucas Aguilera ni con información verificable sobre su paradero exacto, estado de salud o situación jurídica.
29 de mayo | La convocatoria frente a Cancillería rompe los cinco días de silencio oficial
Ante la ausencia de respuestas oficiales, familiares de las personas argentinas secuestradas, el equipo de NODAL, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones acompañantes convocaron para el 29 de mayo una concentración frente a la Cancillería argentina para solicitar una reunión formal con autoridades y exigir pruebas de vida, información oficial, comunicación con las familias y la inmediata liberación de los voluntarios.
Minutos antes del inicio de la concentración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto difundió su primer y único pronunciamiento público sobre el caso mediante una publicación en la red social X. Según señalaron posteriormente los propios familiares, incluso ellos tomaron conocimiento de la posición oficial a través de esa publicación.
En el comunicado, la Cancillería informó haber tomado conocimiento de la detención de Paula Giménez y Lucas Aguilera en las cercanías de Sirte. Sin embargo, el texto no aportó información concreta sobre el lugar exacto de detención, el estado de salud de los voluntarios, las autoridades responsables de su custodia o la existencia de acceso consular argentino directo.
El aspecto que generó mayores cuestionamientos fue el lenguaje utilizado por la propia Cancillería para referirse a la misión. El comunicado calificó la participación de los voluntarios en la caravana humanitaria como parte de «acciones imprudentes y temerarias» y aludió a la iniciativa como una «supuesta ayuda humanitaria».
El lenguaje utilizado por el Estado argentino constituye, para familiares y organizaciones acompañantes, un mecanismo de estigmatización y perfilamiento institucional que, en lugar de amparar a sus ciudadanos, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección. El Estado posee la obligación indelegable de activar todos los mecanismos consulares y diplomáticos disponibles para salvaguardar la integridad de sus ciudadanos, en lugar de emitir juicios de valor sobre una labor civil, pacífica y humanitaria de solidaridad internacional.
La concentración se realizó frente a la cancillería argentina y reunió a familiares, representantes de NODAL, organismos de derechos humanos, organizaciones solidarias con Palestina, periodistas, dirigentes políticos y referentes sindicales. Durante la actividad se reclamó la presentación de pruebas de vida verificables, acceso consular efectivo, asistencia médica y jurídica para las personas detenidas, la intervención de organismos humanitarios independientes y una actuación diplomática de máxima intensidad por parte del Estado argentino.
La movilización constituyó una de las primeras expresiones públicas masivas en torno al caso y marcó el inicio de una serie de actividades, conferencias de prensa, acciones de difusión y campañas de solidaridad internacional que continuarán desarrollándose durante las semanas siguientes.
Asimismo, la convocatoria logró el objetivo que se había planteado originalmente: familiares y representantes de las organizaciones acompañantes fueron finalmente recibidos por autoridades de la Cancillería argentina, abriendo el primer canal formal de diálogo desde el inicio del secuestro. Durante el encuentro se trasladaron las preocupaciones de las familias, se solicitaron precisiones sobre las gestiones en curso y se reclamó una intervención diplomática más activa frente a la detención arbitraria de los voluntarios.
El «Black Site», la huelga de hambre y la primera comunicación con las familias
2 de junio | La primera aparición pública de las personas secuestradas
A inicios de junio, la opacidad en torno a la situación de los diez voluntarios continuó siendo casi absoluta. Entre el 2 y el 3 de junio comenzaron a circular registros audiovisuales difundidos por medios y páginas vinculadas a Libia oriental que mostraban por primera vez imágenes de integrantes de la delegación secuestrada desde su desaparición el 24 de mayo.
Las imágenes parecían mostrar a algunas de las personas detenidas siendo trasladadas o presentadas ante autoridades en Bengasi. Sin embargo, ni las familias, ni los equipos jurídicos, ni las organizaciones acompañantes contaron con información oficial que permitiera verificar las circunstancias de esos registros, la fecha exacta en que habían sido tomados o el alcance de los procedimientos que eventualmente pudieran estar reflejando.
Tampoco existió acceso a documentación judicial, resoluciones verificables o información independiente que permitiera conocer con precisión la situación procesal de los voluntarios o confirmar oficialmente las versiones difundidas por esos medios.
Por primera vez desde el secuestro, las imágenes ofrecían una referencia visual de algunas de las personas detenidas. Sin embargo, lejos de despejar las incertidumbres existentes, reforzaron las preocupaciones sobre la falta de información verificable respecto de su paradero, las condiciones de detención y las garantías jurídicas de las que disponían.
4 de junio | Primera comunicación con las familias: «Esto es un infierno»
El 4 de junio se produjo el primer quiebre significativo del bloqueo informativo. Tras once días de incomunicación, las y los voluntarios lograron establecer breves comunicaciones telefónicas con sus familias.
Durante esas llamadas, Paula Giménez describió la situación con una frase que se convertiría en uno de los testimonios más contundentes de toda la cronología: «Esto es un infierno».
Las comunicaciones permitieron confirmar que las personas secuestradas permanecían con vida, pero también revelaron un escenario de extrema gravedad humanitaria marcado por la incertidumbre jurídica, el aislamiento prolongado y la ausencia de mecanismos independientes de protección.
El «black site» y las denuncias sobre las condiciones de detención
A partir de la información transmitida durante esas primeras llamadas, las familias, NODAL y las organizaciones acompañantes denunciaron que las personas detenidas permanecían confinadas en instalaciones aisladas, sin acceso regular a asistencia jurídica independiente, organismos humanitarios ni mecanismos externos de monitoreo.
La organización Global Sumud caracterizó públicamente el lugar de detención como un «black site» o centro clandestino de detención no identificado públicamente, bajo custodia de autoridades vinculadas al Ministerio del Interior de Libia oriental.
Según los testimonios recibidos, las condiciones incluían aislamiento severo, interrogatorios intensivos, hostigamiento psicológico, información contradictoria sobre su situación jurídica, promesas reiteradas de liberación que no se concretaban y una absoluta incertidumbre respecto de los plazos y condiciones de su eventual liberación.
La ausencia de acceso independiente al lugar de detención impidió verificar externamente estas denuncias, que continuaron formando parte central de los reclamos humanitarios impulsados por las familias y las organizaciones acompañantes.
La huelga de hambre como mecanismo extremo de protesta
Ante la desesperación generada por la incertidumbre jurídica, la incomunicación prolongada y la falta de garantías básicas, varias de las personas detenidas informaron haber iniciado una huelga de hambre seca —privación absoluta de alimentos y agua— como forma extrema de protesta frente a la detención arbitraria y la prolongación de la privación de libertad.
La medida provocó un rápido deterioro físico. Durante las comunicaciones con sus familias se reportaron episodios de debilidad extrema, pérdida de peso, desmayos y ausencia de monitoreo médico independiente.
La huelga constituyó una de las principales herramientas de resistencia utilizadas por los voluntarios para denunciar su situación y exigir información sobre su futuro inmediato.
La movilización pública y la solidaridad internacional
A medida que se conocían las condiciones de aislamiento y detención de los voluntarios secuestrados, la campaña por su liberación comenzó a adquirir una dimensión pública e internacional cada vez mayor. Las gestiones diplomáticas y jurídicas fueron acompañadas por una intensa actividad impulsada por familiares, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sindicatos, dirigentes políticos y redes internacionales de solidaridad.
El 2 de junio se realizó un conversatorio en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, convocado por el Instituto de Formación Política del PJ CABA, donde referentes políticos, sociales y de derechos humanos reclamaron la liberación de Paula Giménez y Lucas Aguilera y exigieron una intervención más activa de la Cancillería argentina. Participaron dirigentes políticos, parlamentarios del MERCOSUR, representantes sindicales, organismos de derechos humanos y el equipo de NODAL.
Durante los días siguientes se multiplicaron las acciones públicas en distintos países. Se realizaron concentraciones, vigilias, intervenciones callejeras y actos de solidaridad en Argentina, España, Italia, Venezuela y otros países. El 8 de junio se desarrollaron actividades de apoyo en Caracas y en la Legislatura de la provincia de Mendoza, mientras que en Madrid se sostuvo una vigilia permanente y se realizaron concentraciones periódicas reclamando la liberación de los voluntarios.
Asimismo, se llevaron adelante intervenciones frente a representaciones diplomáticas y embajadas vinculadas al caso, incluyendo acciones frente a sedes diplomáticas libias en distintos países. En varias de estas actividades participaron manifestantes utilizando máscaras con los rostros de las personas secuestradas como forma de visibilizar la situación de aislamiento e incomunicación que atravesaban.
La campaña también se expresó mediante entrevistas en medios de comunicación, pronunciamientos públicos, adhesiones institucionales, acciones coordinadas en redes sociales y múltiples iniciativas impulsadas por familiares, amistades y compañeros de militancia de las personas detenidas. Las familias se transformaron en una pieza central del reclamo internacional, sosteniendo reuniones, conferencias de prensa y acciones de difusión destinadas a mantener visible el caso y exigir respuestas de las autoridades.
Un punto de inflexión en esta estrategia de visibilización fue la conferencia de prensa internacional realizada el 9 de junio en el Instituto Patria de Buenos Aires, que reunió a familiares, organizaciones acompañantes, referentes políticos, organismos de derechos humanos y medios de comunicación nacionales e internacionales para denunciar la situación humanitaria que atravesaban los diez integrantes del Convoy Global Sumud Magreb.
Paralelamente, las gestiones diplomáticas impulsadas por Italia y España continuaron reclamando nuevos accesos consulares y mayores garantías para las personas detenidas. La huelga de hambre solidaria internacional impulsada por activistas de trece países, junto con los crecientes reclamos por asistencia médica, acceso humanitario independiente y comunicación regular con las familias, contribuyeron a ampliar la dimensión internacional del caso.
5 al 9 de junio | Crece la preocupación internacional
El 5 de junio, las autoridades italianas solicitaron formalmente la liberación de los ciudadanos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, así como la realización de nuevas visitas consulares, ratificando la preocupación por las condiciones de detención y por la situación sanitaria de las personas privadas de libertad.
El 7 de junio, Global Sumud informó el lanzamiento de una huelga de hambre solidaria internacional con participación de activistas de trece países para reclamar la liberación de los diez integrantes de la misión humanitaria.
La movilización pública y la solidaridad internacional se transformaron así en una herramienta fundamental para romper el aislamiento de los voluntarios, sostener el acompañamiento a sus familias y reforzar los reclamos diplomáticos, jurídicos y humanitarios impulsados en distintos ámbitos nacionales e internacionales.
La situación al 11 de junio: Una nueva llamada bajo el peso del aislamiento
El 10 de junio, las familias de Lucas Aguilera y María Paula Giménez recibieron una nueva comunicación telefónica de ambos voluntarios, detenidos arbitrariamente en Libia del Este desde el 24 de mayo. Si bien pudieron confirmar que se encuentran físicamente estables, ambos manifestaron un importante deterioro emocional producto de 18 días de aislamiento prolongado, encierro e incertidumbre sobre su situación.
La conversación profundizó la preocupación de las familias ante la ausencia de información oficial, directa y verificable sobre las razones de su detención y sobre los procedimientos a los que están siendo sometidos. Lucas, Paula y las otras ocho personas voluntarias continúan reclamando acceso efectivo a garantías procesales básicas y a una defensa jurídica adecuada, en un contexto que evidencia graves vulneraciones al debido proceso y a normas fundamentales del derecho internacional.
Según relataron los propios detenidos, las autoridades les informaron que permanecerían privados de su libertad al menos treinta días más. Esta comunicación habría sido realizada sin la presencia efectiva de los abogados que intentan acceder a ellos para ejercer su defensa.
En paralelo, continúan las gestiones diplomáticas y consulares. Durante los últimos días se realizaron nuevas visitas de representantes de España e Italia, mientras que los equipos jurídicos designados siguen impulsando acciones para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas detenidas.
La nueva comunicación confirma, además, que la presión internacional sigue siendo determinante. Si la primera llamada del 4 de junio fue consecuencia de la huelga de hambre iniciada por los voluntarios para denunciar su situación, este nuevo contacto se produjo en un contexto de creciente movilización, solidaridad y reclamos impulsados por familiares, organizaciones de derechos humanos, legisladores, organismos internacionales y miles de personas en distintos países que continúan exigiendo su liberación.
Acciones y gestiones en el plano de la defensa
Frente a esta situación límite, NODAL y los comités de solidaridad recalcan que Lucas Aguilera y María Paula Giménez permanecen privados de su libertad únicamente por haber participado en una misión humanitaria internacional destinada a acompañar el ingreso de asistencia médica, alimentos y ayuda de emergencia para la población palestina de Gaza. Son integrantes de una iniciativa amparada por los principios rectores del derecho internacional humanitario y los derechos fundamentales de asociación, expresión y solidaridad internacional; no cometieron ningún delito.
En el ámbito diplomático local en Libia, representantes consulares de España e Italia realizaron nuevas visitas durante los últimos días, incluida una nueva visita de la delegación italiana el 10 de junio.
Sin embargo, la inacción de las autoridades de la Cancillería Argentina sigue siendo el eslabón débil de la emergencia. Por ello, exigimos acciones diplomáticas directas, enérgicas y coordinadas con los gobiernos de todos los países involucrados para salvaguardar la vida de los ciudadanos en el exterior, demandando la libertad del resto de la comitiva internacional secuestrada: Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Laura Kwoczała (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos).
Demandas vigentes
A veinte días del secuestro, familiares, organizaciones acompañantes, organismos de derechos humanos y redes de solidaridad internacional continúan exigiendo:
- La liberación inmediata de las diez personas detenidas arbitrariamente.
- Acceso humanitario independiente y periódico a los lugares de detención.
- Asistencia médica integral y monitoreo sanitario externo.
- Acceso pleno a representación jurídica independiente.
- Acceso consular efectivo para todas las nacionalidades involucradas.
- Información pública, oficial y verificable sobre la situación jurídica de las personas detenidas arbitrariamente.
- Garantías para la integridad física y psicológica de los voluntarios.
- El cese de toda forma de aislamiento e incomunicación.
- El respeto de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a las personas privadas de libertad.
Veinte días después del secuestro de la delegación internacional del Convoy Terrestre Global Sumud Magreb, las familias continúan reclamando lo mismo que exigían desde las primeras horas: saber dónde están, en qué condiciones permanecen y cuándo recuperarán su libertad.
La ayuda humanitaria no es delito.
