Mujeres en primera línea contra la ofensiva neoliberal y el estado de excepción en Bolivia – Por Rizzo Alejandra
Mujeres en primera línea contra la ofensiva neoliberal y el estado de excepción en Bolivia
Por Alejandra Rizzo
Bolivia atraviesa una profunda crisis económica, política y social marcada por la escasez de combustibles, el aumento sostenido del costo de vida, el desabastecimiento de productos básicos y una creciente conflictividad territorial. Desde hace más de 40 días, bloqueos de rutas, huelgas de hambre y movilizaciones campesinas e indígenas se extienden por distintos departamentos del país, mientras el gobierno de Rodrigo Paz Pereira responde con una creciente militarización del conflicto y la criminalización de la protesta social.
La Cámara de Diputados de Bolivia, funcionando como cámara revisora, sancionó el pasado domingo 7 de junio el Proyecto de Ley N.º 161/2025-2026 para regular los Estados de Excepción. Esta nueva legislación dota al Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias y temporales para intervenir militarmente ante escenarios clasificados como de «conmoción interna». Esta norma busca legalizar la violencia estatal y profundizar la persecución contra el pueblo movilizado. Sin embargo, la resistencia frente a esta ofensiva cuenta con una conducción clara en las calles, la de las mujeres de pollera, campesinas, obreras e indígenas que encabezan la rebelión popular contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Ellas son, en definitiva, el rostro visible de la lucha y la resistencia en Bolivia, un sujeto colectivo que no sólo impugna el modelo extractivista, sino que organiza la supervivencia donde el Estado reprime.
Es en ese contexto que, el pasado 27 de mayo, en el marco del Día de la Madre, cientos de mujeres trabajadoras, campesinas y vecinas autoconvocadas protagonizaron una histórica movilización en La Paz que marcó un punto de inflexión y definió el carácter de la resistencia. Marchando con cacerolas vacías para denunciar el encarecimiento de la canasta familiar y el desabastecimiento, las consignas de aquella jornada expresaron un malestar profundo y transversal, «Queremos la renuncia de este gobierno ratero, mentiroso e incapaz»; «Estamos en las calles las mujeres, siempre de pie y luchando»; «Basta de detener a nuestros hijos y hermanos». Aquella irrupción no fue un episodio coyuntural. Fue la reactivación de una memoria histórica que hoy consolida una huelga indefinida y bloqueos de carreteras que ya cumplen más de un mes en todo el país.
Desde una perspectiva feminista y popular, la indignación de las mujeres de pollera responde a una defensa encarnizada de la reproducción de la vida y el territorio frente a un proceso de empobrecimiento de al menos dos años de arrastre, que se agudizó drásticamente tras el paquete de medidas neoliberales de diciembre de 2025 bajo el Decreto Supremo 5503, el cual abrió las puertas a la privatización de empresas estatales, la salud y la educación.
A este estrangulamiento económico se sumó una ofensiva legislativa contra la soberanía de los pueblos originarios. Las normativas del Ejecutivo y las trampas institucionales en la reforma de la Ley 1720 buscaron modificar el régimen de la pequeña propiedad campesina, protegida constitucionalmente como indivisible e inembargable. Al pretender mercantilizar y alterar el estatus de estas tierras ancestrales para feriar trámites de mediana propiedad que facilitan el embargo bancario, el gobierno de Paz Pereira diseñó un mecanismo de despojo territorial en favor de sectores agroindustriales y capitales transnacionales. Al tocarse la base de la agricultura de subsistencia familiar que las mujeres gestionan y defienden históricamente, son ellas quienes hoy asumen la primera línea de combate.
Ante la falta de diálogo real por parte de un Ejecutivo que persigue judicialmente a las dirigencias de la Central Obrera Boliviana (COB) bajo figuras penales abusivas como «sedición» y «terrorismo», las huelguistas han profundizado sus medidas de presión pacífica pero extrema. El testimonio directo de quienes sostienen el conflicto da cuenta de esta determinación. Entre ellas se destaca la huelga de hambre instalada el 22 de mayo en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz por las amas de casa Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Verónica Huanca. La protesta surgió como una respuesta a la grave crisis económica que atraviesa el país, al aumento del costo de la canasta familiar, al desabastecimiento de alimentos y combustibles y a las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el marco de la creciente represión estatal.
En una entrevista realizada por la emisora Radio Gráfica el pasado 3 de junio, María Oporto y Ruth Verónica Huanca, mujeres que sostienen la huelga de hambre instalada en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz, sintetizaron el trasfondo político del ayuno voluntario: «Preferimos luchar contra la política de hambrear al pueblo», afirmaron de forma contundente. Esta medida extrema, que para la fecha ya supera los 18 días de resistencia, expone la dignidad de los sectores populares ante el absoluto silencio e indiferencia de quienes hoy gobiernan el país.
Esta resistencia se sostiene en un escenario de altísima hostilidad que cruza la violencia estatal y patriarcal. La respuesta oficial en las rutas se ha traducido en una represión violenta a través de operativos conjuntos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas que operan bajo la falsa fachada de «corredores humanitarios». Las consecuencias de esta criminalización son graves, muertes confirmadas por el uso de armas de fuego, decenas de heridos con secuelas severas (incluyendo traumas oculares debido a una estrategia represiva que apunta gases y balines directo al rostro) y centenares de detenidos.
El entramado judicial opera de forma exprés mediante el Ministerio Público, forzando a los manifestantes indígenas y campesinos capturados a aceptar «procedimientos abreviados» que los imputan formalmente como cómplices de terrorismo para desarticular el movimiento. En las ciudades andinas, además, la persecución adquiere un tinte colonial y racista, las mujeres organizadas denuncian un clima de estigmatización donde el simple hecho de vestir la pollera tradicional se convierte en un factor de riesgo frente al acoso policial y civil.
Frente al cerco mediático y la creciente militarización de los territorios, las redes comunitarias recrean sus herramientas ancestrales. Ante la escasez de alimentos en los centros urbanos, han activado las «ollas comunes itinerantes» en los puntos de bloqueo, demostrando que la logística del cuidado colectivo es una tarea eminentemente política y una estrategia central para que el hambre no derrote la movilización. Tal como analiza Lucas Aguilera en su libro Nueva Fase. Trabajo, valor y tiempo disponible en el siglo XXI, los sistemas punitivos actúan siempre sobre una economía política del cuerpo, buscando su utilidad y su docilidad. En Bolivia, el cuerpo de las mujeres de pollera es el territorio donde el poder intenta disciplinar al polo del trabajo. Sin embargo, al asumir la gestión de las ollas y las huelgas, estos cuerpos se transforman en productores de nuevas relaciones sociales de resistencia.
Las mujeres indígenas y campesinas condensan hoy múltiples formas de opresión en las que confluyen la explotación económica, la desigualdad de género, el racismo y las herencias coloniales. Pero precisamente por esa ubicación en la estructura social, han desarrollado formas de organización comunitaria indispensables para enfrentar la fragmentación social y el sálvese quien pueda neoliberal.
La movilización iniciada el 27 de mayo y sostenida en las huelgas actuales vuelve a poner en evidencia una enseñanza histórica para América Latina,cuando las condiciones de vida de los pueblos son atacadas, las mujeres se convierten en las principales organizadoras de la resistencia. En ellas confluyen las luchas contra el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, articulando demandas que trascienden los reclamos sectoriales y proyectan horizontes de verdadera transformación. El desafío histórico del movimiento popular estriba en la disputa por la direccionalidad política del conflicto. El carácter transformador del proceso no puede quedar supeditado a conducciones reformistas que asuman la lógica de las clases dominantes. En la primera línea de la lucha popular boliviana, las mujeres de pollera demuestran que sin su protagonismo político, obrero y campesino, no hay proyecto emancipador posible para América Latina.
*Alejandra Rizzo, militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Aquelarre Feminista en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL
