Venezuela: la Revolución Humanitaria no será transmitida – Por Emilia Trabucco y Solange Martínez
Venezuela: la Revolución Humanitaria no será transmitida
Por Emilia Trabucco y Solange Martínez*
La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio comenzó en un escenario que excede las consecuencias del desastre natural. ¿Qué preguntas es correcto hacerse para abordar el análisis de la tragedia provocada por un doblete sísmico de 7,2 y 7,5 de magnitud, en un contexto de guerra (cognitiva, económica, comercial y militar) como el que atraviesa Venezuela?
Mientras miles de familias intentan recuperar sus hogares y comunidades, especialmente en el área metropolitana de Caracas y en el estado La Guaira -una de las zonas más afectadas por el impacto sísmico- el país enfrenta la emergencia con una parte importante de sus recursos financieros bloqueados en el exterior y bajo un régimen de medidas coercitivas unilaterales que limita su capacidad económica.
El balance oficial actualizado al 8 de julio registra tres mil ochocientas once personas fallecidas y dieciséis mil setecientas cuarenta heridas, ochocientos cincuenta y seis edificios afectados, de los cuales ciento noventa colapsaron completamente, además de diecisiete mil novecientas siete personas que permanecen sin vivienda. Desde el sismo principal se contabilizaron mil setenta y seis réplicas, fenómeno que prolongó las labores de búsqueda y mantuvo durante días las condiciones de riesgo en las zonas afectadas.
En ese contexto, la respuesta desplegada por el Estado y por las organizaciones comunitarias volvió a colocar en el centro el papel del poder popular construido durante más de dos décadas de Revolución Bolivariana. Una estructura territorial que se convirtió en un componente clave para atender la emergencia y acompañar la recuperación de las zonas afectadas.
Sin embargo, los algoritmos bajo el control de aristócratas financieros y el concierto mediático internacional, trabajan incansablemente para amplificar el mensaje que abona la hipótesis del estado fallido y dependiente. Como era de esperarse, la Revolución Humanitaria, no será transmitida.
De acuerdo con un informe de la Misión Verdad, luego del doblete sísmico, el despliegue estatal inicial involucró a 4 mil funcionarios en las primeras 24 horas, ascendió a 11 mil a las 48 horas y superó ya los 29 mil efectivos cívico-militares concentrados principalmente en el estado de La Guaira.
Transcurrida una hora y media de la catástrofe, se activó el Estado Mayor de Emergencia, una estructura que centralizó la toma de decisiones que permitió que los recursos pesados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (aeronaves, helicópteros, transporte y cocinas de campaña) se pusieran de inmediato a disposición de los cuerpos civiles de Protección Civil y Bomberos. A partir del 25 de junio se instalaron 80 campamentos transitorios que albergan actualmente a 17.642 personas en situación de damnificación, con cobertura de alimentación, camas y asistencia psicológica. El 90% del sistema eléctrico y de la red de distribución de agua potable en los cuadrantes afectados ha sido restablecido y complementado con el reparto de más de 5 millones de litros de agua a través de cisternas.
Al despliegue de efectivos de Protección Civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, organismos de seguridad y servicios de emergencia se sumaron veintiocho mil trescientos sesenta y dos voluntarios y cuatro mil trescientos ochenta y ocho rescatistas internacionales que participaron en las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades afectadas.
Hasta el 7 de julio fueron rescatadas seis mil cuatrocientas sesenta y dos personas, mientras ochenta y seis mil setecientas noventa y cuatro familias recibieron asistencia directa. Las autoridades informaron además la distribución de nueve mil seiscientas tres toneladas de alimentos y ocho millones trescientos veintidós mil ochocientos cincuenta y tres litros de agua potable, además de atención médica para veinticinco mil novecientos setenta pacientes.
Uno de los elementos centrales de la emergencia fue la capacidad de movilización del poder popular organizado.
Comunas, consejos comunales, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), movimientos sociales, brigadas territoriales y organizaciones comunitarias participaron desde las primeras horas en la evacuación de familias, instalación de refugios, distribución de alimentos y agua, identificación de personas desaparecidas y acompañamiento sanitario y psicológico en las comunidades afectadas.
Esta red de organización territorial permitió complementar la acción estatal y sostener la asistencia en barrios y localidades donde los daños en la infraestructura dificultaban el acceso de los equipos de emergencia. Su capacidad de respuesta no surgió como una reacción improvisada, sino como resultado de un proceso sostenido de participación comunitaria, planificación territorial y construcción de mecanismos de democracia participativa.
La respuesta venezolana a la catástrofe se sostiene así sobre tres dimensiones articuladas: la recuperación material de ciudades, hospitales, escuelas e infraestructura afectada; la necesidad de superar las restricciones económicas derivadas del bloqueo financiero y las medidas coercitivas unilaterales; y la capacidad organizativa acumulada por las comunidades para acompañar la respuesta estatal y acelerar la recuperación territorial.
La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, había advertido que la crisis provocó la pérdida de entre el treinta y el cincuenta por ciento del personal de los servicios públicos, afectando especialmente al sistema sanitario y otras áreas estratégicas para la atención de emergencias.
Durante una sesión especial del organismo, convocada para abordar la emergencia, el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Tom Fletcher, pidió que la ayuda llegue sin obstáculos y advirtió que las sanciones no deben impedir la asistencia a la población afectada.
El funcionario anunció un plan de respuesta destinado a asistir a un millón trescientas mil personas durante los próximos seis meses, para el cual se requieren doscientos noventa y seis millones de dólares (USD 296 millones) como financiamiento inicial, aunque reconoció que la reconstrucción demandará recursos significativamente mayores.
A principios de julio, la Presidenta Encagargada, Delcy Rodríguez, agradeció la ayuda proporcionada por más de 30 países.
En medio de las respuestas regionales e internacionales se destacó la solidaridad cubana, que pese a las dificultades por las que atraviesa, desplegó una brigada de expertos en maniobras de búsqueda, salvamento y mitigación de riesgos en el territorio afectado. El gobierno de México, por su parte, fue el primero en enviar ayuda.
La “ayuda” estadounidense, difícil de calificar como “generosa”, se expresó principalmente en el despliegue de unos dos mil efectivos del Comando Sur, que comenzó a coordinar las operaciones en el Aeropuerto de Maiquetía. A pocos días del terremoto, el presidente norteamericano se expidió sobre el tema con cínicas palabras, durante la Cumbre Conservadora Faith and Freedom Coalition en Washington.
«Más allá de lo que pasó anoche, fue terrible lo que sucedió, fue un gran terremoto, derribó edificios, pero afuera, es un país feliz otra vez. La gente está feliz, están bailando en las calles».
El 29 de junio, Estados Unidos anunció mediante la Licencia General N.° 60 de la OFAC, vigente hasta el 23 de octubre de 2026, la flexibilización transitoria de algunas medidas coercitivas unilaterales, bajo la aclaración de que esto no busca relajar en términos generales las presiones económicas sobre Venezuela.
Además, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado el envío de 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, y otros 50 millones para operar sobre el terreno. Pese a ello no puede obviarse que las tareas de reconstrucción comenzaron en un contexto económico condicionado por años de restricciones financieras.
Más de treinta mil millones de dólares (USD 30.000 millones) correspondientes a activos públicos venezolanos permanecen retenidos en el exterior y continúan vigentes cerca de mil medidas coercitivas unilaterales que restringen el acceso del país al financiamiento internacional, a bienes estratégicos y a operaciones comerciales necesarias para fortalecer la infraestructura pública.
Durante una videoconferencia con los responsables de los 87 campamentos transitorios, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 8 de julio, el inicio de gestiones internacionales directas para rescatar los recursos financieros de la nación y destinarlos a la atención de la emergencia.
«He decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra, para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto», afirmó.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrido el 3 de enero, es un punto de inflexión en una serie que hace parte de la estrategia de presión destinada a debilitar las capacidades institucionales del país bolivariano e imponerse en el control de sus recursos estratégicos.
El bloqueo a la posibilidad de disponer de recursos financieros considerados indispensables para atender a la población y reconstruir la infraestructura afectada, resulta doblemente cruel en esta coyuntura. Sin embargo, el antecedente de la pandemia nos recuerda que el país es objeto de tal crueldad hace tiempo.
Más allá de la dimensión de la tragedia, la experiencia venezolana vuelve a instalar una discusión de alcance regional. La reconstrucción del país no depende únicamente de la magnitud del desastre natural, sino también de las condiciones políticas, económicas y sociales en las que debe enfrentar sus consecuencias.
La República Bolivariana vuelve a traer, en medio del dolor, un mensaje para el mundo: la respuesta de la organización popular no nace de la emergencia, sino de años de ejercicio concreto de democracia participativa, de construcción comunitaria y de poder territorial. Allí donde otros esperaban descomposición, apareció una trama social capaz de cuidar, asistir, reconstruir y sostener la vida. Quizás sea precisamente eso lo que el gobierno de Estados Unidos no ha logrado disciplinar: un pueblo organizado que, aun bajo bloqueo, sanciones y asedio, conserva la capacidad política y moral de responder colectivamente frente a la tragedia. La Revolución Humanitaria no será transmitida, pero se expresa en cada comunidad que levanta escombros, reparte alimentos, acompaña a sus heridos y vuelve a demostrar que la soberanía también se defiende cuidando la vida.
*Emilia Trabucco es Psicóloga, Docente, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Solange Martínez es Psicologa. Docente investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte). Analista de NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
