Chile | Presidente Kast defiende la reforma de seguridad enviada al Congreso que contempla un estado de excepción de hasta ocho meses
Reforma de seguridad: Gobierno cede urgencia y oposición advierte “legalización del espionaje”
El Gobierno confirmó que modificará los tiempos legislativos de la controvertida reforma de seguridad, bajando su discusión a urgencia simple a partir del mes de septiembre. La decisión se da en medio de fuertes cuestionamientos al proyecto, tanto desde la oposición como desde sectores de la propia coalición oficialista.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, justificó la determinación del Ejecutivo para dar viabilidad al proyecto. “Siempre es bueno como Poder Ejecutivo tener la apertura a ir graduando las urgencias en función del objetivo final”, afirmó el secretario de Estado. Según explicó la autoridad, el propósito de esta medida es “buscar un acuerdo, buscar un consenso y sacar la iniciativa adelante”.
Pese a las presiones para retirar artículos clave, el ministro descartó que La Moneda esté dispuesta a dejar caer la creación de un nuevo estado de excepción. “No tiene mucha lógica, no tiene sentido, porque nosotros hemos presentado una reforma y existen todas las opciones y todas las posibilidades de mejoramiento en el Congreso Nacional”, aseveró. Para el Ejecutivo, la justificación radica en “la realidad del crimen organizado en nuestro país, del ocupamiento de territorios, de la pérdida de libertad de las familias”.
Las expectativas del oficialismo y el eje carcelario
Desde la derecha, la decisión de extender los plazos fue recibida como una oportunidad para ordenar las filas. El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, sinceró que la reforma ha generado discrepancias en su sector, por lo que respaldó la medida. A su juicio, la urgencia simple “nos va a permitir un diálogo más fluido, no solamente entre nosotros, sino que también con el Socialismo Democrático, el Partido Comunista y Frente Amplio“.
El legislador oficialista adelantó que la estrategia de su bancada será aprobar la idea de legislar, pero acotando drásticamente el texto. “En el estado de excepción constitucional, o reforzamos el que tenemos o encontramos argumentos para crear otro, obviamente acotándolo y haciéndolo lo más minimalista posible para dejarle espacio a las leyes y no constitucionalizar toda la discusión”, argumentó Longton.
En esa línea, el senador RN apostó por concentrar los esfuerzos en otros aspectos de la normativa donde ven mayor piso político. “El eje de reforma carcelaria con regímenes más estrictos de segmentación, segregación, aislamiento y comunicación, me parece que puede lograr un apoyo más allá de la derecha para darle viabilidad a esta reforma constitucional”, afirmó.
“Un primer fracaso” y críticas opositoras
La lectura en la vereda opositora es diametralmente distinta. El senador socialista Juan Luis Castro fue categórico en su evaluación sobre el escenario legislativo que enfrenta La Moneda. “Ha habido un primer fracaso que no habíamos visto en estos cinco meses de gobierno, porque es primera vez que se produce tal nivel de desorden”, sentenció. El legislador lamentó que se decidiera “abrir el forado de una reforma constitucional, no habiendo piso suficiente para ello”.
Castro cuestionó profundamente la necesidad de crear una nueva herramienta de control territorial, recordando que el actual estado de emergencia ya permite un despliegue militar en zonas específicas. Además, advirtió sobre los riesgos del nuevo régimen propuesto. “¿Por qué dar ocho meses sin control y contrapeso del Poder Legislativo y simplemente dar una especie de cheque en blanco para acciones intrusivas como, por ejemplo, interceptar comunicaciones?”, interpeló el parlamentario. “Estamos casi legalizando el espionaje bajo formas autoritarias que no son las que proceden en tiempo de democracia”, remató.
Frente a la propuesta, la diputada y presidenta electa del Frente Amplio, Gael Yeomans, descartó cualquier tipo de respaldo por parte de su bloque. “Esta reforma constitucional no es de seguridad y lo hemos dicho en más de una ocasión, porque no resuelve el problema”, aseguró.
Al igual que Castro, la diputada apuntó a los peligros del nuevo estado de excepción, señalando que “lo único que busca hacer es entregarle al Presidente Kast atribuciones extralimitadas para interceptar comunicacionalmente a las personas, para incluso limitarle el derecho a andar libremente por las calles”.
Finalmente, Yeomans instó al Ejecutivo a centrarse en dotar de herramientas reales a las policías y abordar las problemáticas sociales, acusando una intención de eludir las normativas vigentes. “Se quieren saltar la ley, se quieren saltar los procedimientos judiciales y quieren hacer que todos los chilenos y chilenas paguen con su libertad el precio que debieran pagar los delincuentes”, concluyó.
