El Putumayo frente a los nuevos gobiernos en Perú y Colombia – Por Ricardo Soberón
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Ricardo Soberón *
Los 1626 kilómetros de frontera y 1367 kilómetros de frontera fluvial en la Amazonia, representa un reto para la seguridad y soberanía de Colombia y Perú, por las ilícitas, narcotráfico y minería ilegal, agravados por políticas regionales y nuevas dinámicas geopolíticas que impulsan los gobiernos de Trump, Fujimori y de la Espriella .
Esta enorme despensa minero-agrícola ilegales, además de ruta fluvial, facilita el tránsito de la cocaína y el oro por el río Amazonas, la ciudad de Manaos y el puerto de Belem do Pará, con destina a las costas de África Occidental y Europa. La “amazonizacipon” de las economías ilícitas y los efectos de las políticas de ambos gobiernos on abordados por el reciente informe de One Planet.
La política de EEUU hacia América Latina enmarcada bajo la “Doctrina Donroe” resulta similar para los 34 países del hemisferio. Está basada en un discurso de seguridad confuso que criminaliza toda forma de progresismo, o posición favorable a la vigencia de los DDHH., no focaliza bien la dinámica de funcionamiento de dichas economías y tendrá distintos impactos en dicha frontera.
La cooperación de EEUU con Colombia es precedida por una larga relación bilateral de seguridad que incluyen el “Plan Colombia” (2000-2005) y el “Plan Patriota”. La relación con Lima, ha estado marcada por una presión más directa marcada por la desconfianza generada por incidentes anteriores del pasado.
En 1998 se produjo el disparo a un avión C-130 norteamericano que llevaba inteligencia electrónica; luego se produjo el derribo de una avioneta civil con una familia de misioneros, por parte de aviones militares peruanos (2001).
La tendencia de Bogotá y Lima hacia políticas represivas, no garantiza su éxito en el control del área, producción, y productividad de droga y mineral extraído. Repetirá el “efecto globo” en otras zonas fronterizas, así como la recreación y multiplicación de las organizaciones criminales y un profundo autoritarismo político y social en los territorios. El riesgo que representan estos instrumentos, es que facilitan la coordinación entre agencias de seguridad de EE. UU con sus contrapartes locales, y aumentan las posibilidades de operaciones militares en territorios “calientes”, y la posibilidad que ocurran excesos de distinta índole.
La negociación de acuerdos de extraterritorialidad para policías y militares norteamericanos, es un problema adicional que debilita los sistemas de justicia de Colombia y Perú. El otorgamiento de dicho estatus, los hará impunes frente a los sistemas fiscales y judiciales locales.
En ambos casos, los presidentes de la Espriella y Fujimori, estarán por similar tiempo en el poder (Fujimori un año más). Se trata de dos políticos con un discurso político conservador y autoritario, particularmente en materia de seguridad. Son considerados aliados de las políticas de EE.UU y de Donald Trump, en lo que se refiere a seguridad ciudadana, orden público y seguridad nacional.
Es más, De la Espriella es ciudadano norteamericano1 -como antes lo fuera Sánchez de Lozada en Bolivia y Pedro Pablo Kuckzinsky en Perú- y Fujimori ha realizado sus estudios en universidades americanas. Eso les va a facilitar poner en práctica las políticas anti narcóticos y anti crimen organizado que impulsa Washington2 mediante su “Escudo de las Américas”. Tendrán una gran sintonía respecto de las políticas de explotación de recursos naturales, el fracking de hidrocarburos y la extracción de minerales de tierras raras.
Hay que anotar, que existe una fuerte diferencia entre los niveles de violencia que se viven a ambos lados del río Putumayo. Las implicancias de la mano dura contra el crimen en el contexto colombiano, serán muy distintas a las que han ocurrido en El Salvador y Ecuador y serán muy diferentes en el caso colombiano y peruano.
El caso de Colombia
La situación de un escenario muy complejo, con un conflicto armado de más de cincuenta años de duración, degradado por la penetración de diversas economías ilícitas, distribuidas en múltiples y complejos escenarios geográficos (Nariño, Catatumbo, Chocó, Putumayo). Se han intentado muchas experiencias de guerra/dialogo que no han logrado terminar con el conflicto, ni el crimen: desde el Plan Colombia (2000-2005), el Plan patriota hasta los diálogos que llegaron a los acuerdos con el paramilitarismo de las AUC el 2003 y los de La Habana del 2016 que significaron el retiro formal de la principal guerrilla las FARC.
Este aparente resultado positivo complejizó más la situación al mantener y reforzar al ELN, y dar paso a nuevos actores irregulares provenientes de las disidencias. Es en ese escenario donde debemos intentar conocer y evaluar las propuestas del presidente electo De la Espriella bajo el concepto de “Seguridad Democrátic 2.0” ha planteado un plazo de 90 días para recuperar el control territorial mediante bloques de seguridad, fuerzas de tareas, dar de baja a 10 objetivos de gran valor, bombardeos y fumigación aérea de coca, anuncios que recibieron las primeras advertencias de la Defensoría del Pueblo.
Una potencial securitización y militarización anunciada por De la Espriella no solamente rompe los procesos que con tantas dificultades gestionó la administración Petro bajo el paraguas de la “Paz Total” sino que agudiza las posibilidades de violencia contra población civil de esta región amazónica, que redundará en eventuales bloqueos, masacres, desplazamientos, entre otros indicadores. Se producirán mayores operaciones militares en el territorio, agudización de las acciones de interdicción policial y de erradicación forzosa de coca, que ha demostrado ser una política limitada para la Reducción de la oferta.
Existe una fuerte diferencia entre los niveles de violencia que se viven a ambos lados del río Putumayo. El análisis e implicancias del discurso de “mano dura” contra el crimen en el contexto colombiano, es muy distinto al mismo discurso realizado en cualquier otro país latinoamericano, incluidos El Salvador y Ecuador.
Una potencial securitización y militarización anunciada por el presidente no solamente rompe los procesos que con tantos problemas y dificultades ha venido gestionando Petro bajo el paraguas de la Paz Total, sino que agudiza las posibilidades de violencia contra población civil de esta región, que resultará en eventuales bloqueos, masacres, desplazamientos.
Se producirán mayores operaciones militares en el territorio, agudización de las acciones de interdicción policial y de erradicación forzosa de cultivos de coca, que ha demostrado ser una política limitada para la reducción de la oferta.
El caso peruano
Se trata de una extensa área de frontera de selva baja, de las menos pobladas del país, especialmente por comunidades de los pueblos indígenas bora, huitoto, kitchwa, yagua, tikuna, ocaina y secoya, así como campesinos ribereños. Estas poblaciones mantienen los tristes recuerdos de lo que constituyeron las correrías y el genocidio del caucho provocado por los empresarios Arana y otros, entre 1880 y 1910.
El agravamiento de la situación de convergencia de las economías ilícitas en la región, proviene desde el 2014, lo cual complejiza la labor que deben desarrollar los organismos de seguridad del Estado peruano. Este, ha respondido bajo el establecimiento de sucesivos estados de emergencia, particularmente en las provincias fronterizas de Putumayo y Mariscal Castilla (37,412 kms cuadrados), que provienen desde el 2014 (D.S.057-2014-PCM), y así sucesivamente cada año, hasta el 2026 (D.S. 084 y 085-2026-PCM).
El problema es que ese marco de “emergencia contitucional” permanente, no ha sido acompañado de acciones administrativas, regulatorias y de ordenamiento territorial por parte del Gobierno Nacional y el Gobierno Regional, para impedir el crecimiento intensivo de dragas, campamentos, cultivos de coca y laboratorios de cocaína. Ahora, el avance del narcotráfico se concentra en la provincia de Mariscal Castilla, que concentra la mayor cantidad de cultivos de coca de Loreto (UNODC, 2026) y donde confluyen las distintas organizaciones criminales, en períodos secuenciales de calma/violencia, según marchen los negocios ilícitos y las políticas de los tres países.
Por el lado de la minería ilegal, esta región alcanza cifras récord en el último bienio, especialmente en cuencas específicas del Nanay, el Putumayo6. El eje entre Caballococha7-Cuchillococha y Santa Rosa, es el mayor asentamiento urbano de esta región fronteriza, donde se realizan las transacciones ilícitas. La presencia de crecientes actividades tanto del narcotráfico como de la minería ilegal en las riberas de los ríos amazónicos al norte de Loreto, afecta principalmente a las comunidades de Flor de Agosto, Puerto Aurora, Nuevo Progreso y San Antonio del Estrecho8, entre otras, cuyas poblaciones corren un doble riesgo, de ser amenazadas por grupos criminales trasnacionales y de ser criminalizadas por el Estado.
Conclusiones
El riesgo que ambas administraciones en Colombia y Perú, en el marco del Escudo de las Américas, coincidan en ver la situación como una cuestión militar, reduce la visión social y económica del problema, sus causas y características. Aumentan los riesgos de criminalizar al conjunto de la cadena productiva, sin poder separar la base social de las estructuras criminales organ izadas.
De seguir así, la Amazonia binacional se consolidará como un escenario de convergencia y confluencia del narcotráfico, la actividad minera aurífera y maderera que van a potenciar su destrucción y la de los servicios ecosistémicos que presta; el río Putumayo se constituirá en la ruta de transporte privilegiado, hacia el Atlántico y Europa. No se deben descartar en ese escenario, posibles confrontaciones entre los propios países amazónicos.
A la luz de los acontecimientos del 2026, pensar en una interrupción sostenida de la cadena de producción del oro y la cocaína en la Amazonia sudamericana, no es probable. Así lo indican 50 años de escasos resultados en las políticas de “Reducción de la Oferta”; así como los costos adversos en materia de seguridad (México), salud pública (EEUU) y transgresiones a los DDHH (región andina).
Recomendaciones
En materia de control y vigilancia del territorio frente a las EEIs, ambos países deben pasar de una competencia indiscriminada de seguridad territorial basada en una interdicción “a ciegas”, a un esquema cooperativo, mediante un Sistema Interconectado de Monitoreo y Vigilancia mediante el uso de satélite y drones compartidos, así como la mejora de las capacidades fluviales de la Policía y las FFAA, mediante embarcaciones medianas, especialmente hovercrafts9, muy útiles para dichos escenarios.
Las acciones policiales deben dirigirse a desmantelar estructuras criminales, usando medidas de delación, testigos, agentes encubiertos y otras fórmulas de investigación especializada. La actividad fiscal y judicial debe priorizar los procesos en flagrancia, para garantizar la construcción de casos. Por su parte, la actividad militar debe proporcionar el apoyo logístico y de pie de fuerza para recuperar el territorio particularmente de los PP. II y los sistemas de áreas naturales protegidas, de forma sistemática y progresiva.
En el orden administrativo una etapa interdictiva debe ser inmediatamente acompañada de una política de ordenamiento basada en “pacto social” con los pueblos indígenas, con tres prioridades: (i) reconocimiento, titulación georreferenciación de sus territorios; (ii) protección del sistema de áreas naturales protegidas, y, (iii) una moratoria de actividades forestales y mineras en zonas críticas del Putumayo.
