¿Cómo van las posiciones de América Latina y el Caribe respecto al genocidio en curso? – Por Liliana Oropeza Acosta
¿Cómo van las posiciones de América Latina y el Caribe respecto al genocidio en curso?
Por Liliana Oropeza Acosta*
A poco más de tres años del recrudecimiento de la embestida israelí en Gaza, y en puertas de la segunda vuelta en Brasil, este paneo sobre las posiciones de América Latina y el Caribe respecto a la causa palestina es necesario pues el actual gobierno brasilero es de los pocos dentro de la región que nombran el genocidio. En las elecciones del próximo 25 de octubre también está en juego eso.
A fines de septiembre se celebró la semana de alto nivel de la Asamblea General. Aunque se trate más de un espacio de discursos, cada vez con menos audiencia y credibilidad, sirve de brújula sobre las posiciones de los gobiernos. La ONU llegó a ella con sus mecanismos centrales debilitados y una pérdida de autoridad que ya no se explica solo por la polarización global. El Consejo de Seguridad, encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales, lleva meses paralizado por el uso y abuso que hace Estados Unidos de su veto contra las sucesivas resoluciones que buscan frenar la ofensiva israelí en Gaza.
A ello se suma la incertidumbre sobre la sucesión en la Secretaría General. El mandato de António Guterres termina este año y, por primera vez en décadas, no hay consenso ni siquiera sobre el perfil que debería tener la próxima persona al frente de la Organización. La región reclama que sea una mujer y del Sur Global como un intento de corregir una estructura de poder que ha mantenido a América Latina fuera de los puestos de mayor influencia, incluso cuando la región ha sido históricamente defensora del derecho internacional. Una candidata de peso, como Michelle Bachelet, tuvo que dar un paso al costado por no contar, entre otros motivos, con el respaldo del gobierno de su país.
En este contexto, la región llegó fragmentada, alineada con agendas de seguridad ajenas y sin una voz propia frente al genocidio en Palestina.
Una votación que anticipó el silencio
El 17 de septiembre, la Asamblea General votó la resolución A/81/L.2, que permitía al Estado de Palestina participar por video en el debate de alto nivel. Estados Unidos, como país anfitrión, había negado por segundo año consecutivo las visas a esa delegación, aun cuando el Acuerdo de Sede de 1947 lo obliga a no obstaculizar el acceso de los representantes a la Organización. El pedido era simple: que un jefe de Estado pudiera hablar a través de una pantalla, algo prácticamente procedimental.
Fueron 152 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Los tres votos en contra fueron los de Estados Unidos, Israel y Paraguay. Las cuatro abstenciones fueron todas latinoamericanas: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Argentina y Bolivia ni siquiera votaron, lo cual en diplomacia también es una posición.
Perú y Colombia estrenaron gobierno hace algunos meses y ambos buscan acercarse a Washington. La abstención les permite no votar en contra sin pagar el costo de votar a favor. En suma, cinco de los siete países que no apoyaron la resolución son de la región.
Fuente: The world in maps
Hay un dato que vuelve la abstención aún más elocuente: Panamá y Colombia ocupan los dos asientos no permanentes que le corresponden a América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad de la ONU, hasta 2026 y 2027, respectivamente, y aun así optaron por no pronunciarse.
El Escudo de las Américas y su importante foto
Hace mucho que no se veía a la región tan unida como en el Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington en marzo de este año, ocasión en la que el presidente de Bolivia asistió acompañado por un consultor internacional que recientemente dio mucho que hablar: Fernando Cerimedo. El Escudo volvió a reunirse bajo convocatoria del secretario de Estado Marco Rubio en Nueva York, el mismo martes en que se abría el debate general. Allí, quince gobiernos, Estados Unidos incluido, firmaron una declaración conjunta: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Chile formalizó su adhesión plena, y Colombia y Perú se sumaron tras sus recientes cambios de gobierno.
La aparición del Escudo de las Américas es la señal más clara de cómo la agenda hemisférica se ha reordenado en torno a la narrativa de seguridad. Surge en un momento en que Estados Unidos busca recomponer su influencia en América Latina después de años de retraimiento diplomático y ha encontrado en esta retórica un lenguaje que permite agrupar gobiernos dispares bajo el combate a una amenaza difusa que, por su propia ambigüedad, habilita intervenciones, cooperación militar y acuerdos de inteligencia con poca supervisión democrática.
La rapidez con la que varios gobiernos se sumaron al Escudo también revela la fragilidad de los mecanismos regionales tradicionales. La CELAC hoy carece de capacidad para coordinar posiciones comunes. UNASUR, que alguna vez fue el espacio político más ambicioso del continente, quedó reducida a un recuerdo. En ese vacío, la agenda de seguridad ofreció una estructura, una foto y un sentido de pertenencia que los mecanismos latinoamericanos ya no proveen.
Fernando Cerimedo encarna en este entramado la convergencia entre consultoría política, redes digitales y geopolítica; su uso de bots e inteligencia artificial lo convirtió en una figura clave de las campañas de derecha en la región.
La ausencia de Brasil, México y Uruguay también es significativa. Brasil, por su peso regional, no puede sumarse a una coalición que replica la lógica de la guerra contra el terrorismo sin comprometer su política exterior autónoma. México, pese a su relación compleja con Washington, mantiene una tradición diplomática que evita alineamientos automáticos. Uruguay, con su política exterior históricamente principista, difícilmente podría adherir a una narrativa que habilita intervenciones extraterritoriales. La pregunta que sobrevuela este mapa es qué pasará con Brasil después del 25 de octubre.
Lo llamativo de estas nuevas alianzas son sus causas: narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Son categorías que, usadas sin precisión, permiten construir enemigos internos y externos y desplazar debates incómodos sobre derechos humanos.
¿No será acaso la narrativa de seguridad el caballo de Troya de un Plan Cóndor 2.0? Un dispositivo que, bajo la excusa de combatir el “narcoterrorismo”, reordena alianzas, legitima intervenciones y produce silencios selectivos. Un marco que permite hablar de crimen organizado con entusiasmo, pero callar ante un genocidio transmitido en tiempo real.
¿Quién se levantó ante Netanyahu?
El jueves 24 de septiembre, Benjamin Netanyahu, quien tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, subió a la tribuna sin obstáculo alguno y con protestas ciudadanas fuera de la sede. Para entonces, decenas de delegaciones habían abandonado la sala o ya no estaban en ella, una forma diplomática de protesta. Un funcionario israelí se dio a la tarea de pasar lista de los ausentes, cual maestro de primaria, y luego Israel difundió un conteo de 77 delegaciones.
La orden fue dictada el 21 de noviembre de 2024 por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, que encontró motivos razonables para atribuirle crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el uso del hambre como método de guerra. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y no está obligado a ejecutarla. En cambio, casi todos los países latinoamericanos sí lo son, y el Estatuto les impone el deber de cooperar en la detención y entrega. Esa obligación no se activa en Nueva York, pero sí marca el límite de lo que cada gobierno puede decir sin contradecirse.
La lista de ausentes es un gesto de disciplinamiento en el sentido más foucaultiano: la vigilancia y el registro que individualizan, clasifican y vuelven visible a cada sujeto para corregir su conducta. Quien aparece en la lista queda expuesto y quien no, queda advertido.
En esa lista están Brasil, Chile, Perú, Panamá, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, junto a buena parte del Caribe. Pero que el caso boliviano no confunda. Rodrigo Paz había dado su primer discurso ante la Asamblea momentos antes, y ese mismo día se reunió con Netanyahu junto a los presidentes de Paraguay y Panamá para “avanzar hacia una alianza estratégica entre América Latina e Israel” contra el terrorismo. Netanyahu aprovechó para invitar a los tres a sumarse a los llamados Acuerdos de Isaac para “profundizar vínculos” con la región en torno a una agenda contra Irán. Israel los firmó con Argentina en abril como versión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham (iniciativa de Estados Unidos para acercar a Israel a los países árabes). Bolivia, que en octubre de 2023 fue el primer país de la región en romper relaciones con Israel, las restableció en diciembre de 2025. Paraguay, el aliado de Israel de más larga data entre los tres, tiene su embajada en Jerusalén desde 2024. Perú y Panamá, que se habían abstenido días antes, figuran igualmente como “ausentes”. En esta ocasión, la ausencia no es sinónimo de protesta.
La agenda de esa reunión explica la posición boliviana mejor que su lugar en la lista. Según la Cancillería argentina, los Acuerdos de Isaac son un marco para fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y “socios afines en el Hemisferio Occidental” en la lucha contra “el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico”. Es el mismo vocabulario del Escudo de las Américas. Lo que define la posición de un país no es si estuvo en la sala durante un discurso, sino cómo vota, qué firma y con quién comparte la escenografía.
Lo que se dijo, y lo que no, en la tribuna
En América Latina, solo dos voces se elevaron por Palestina. Lula habló del genocidio perpetrado por el gobierno de Netanyahu contra mujeres y niños en Gaza, defendió a la Corte Penal Internacional y a la relatora especial Francesca Albanese, y advirtió que los asentamientos ilegales en Cisjordania vuelven inviable la solución de dos Estados, sin dejar de condenar los actos terroristas de Hamás. Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, denunció el “crimen genocida del sionismo contra el pueblo palestino”.
En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia, en el caso presentado por Sudáfrica, consideró plausible el derecho de los palestinos de Gaza a ser protegidos frente a actos de genocidio y ordenó medidas provisionales a Israel. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Y la Convención de 1948 obliga a los Estados parte no solo a castigar el genocidio, sino también a prevenirlo; la propia Corte estableció en 2007 que ese deber nace en cuanto un Estado conoce que existe un riesgo serio de que se cometa. Por eso la defensa que hizo Lula de la Corte Penal Internacional, cuyos jueces y fiscal han sido sancionados por Washington, y de Albanese, sancionada en julio de 2025, no fue un gesto aislado, sino una toma de posición frente a esos antecedentes.
México, representado por el canciller Roberto Velasco ante la ausencia de Claudia Sheinbaum, se quedó en la fórmula de siempre: México ha defendido “durante décadas la solución de dos Estados”, reconoce al Estado de Palestina y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas. Sin mención a las matanzas ni al genocidio.
Javier Milei nombró a Israel, pero para alinearse “sin ambigüedades” con él y con Estados Unidos. El resto convirtió la guerra en un problema de precios: combustible, fertilizantes, inflación. Paraguay pidió reabrir el estrecho de Ormuz. Panamá buscó en Medio Oriente “una paz perdurable” entre las naciones que convivan “con el mundo libre”. Uruguay formuló una doctrina de equidistancia: posicionarse de un lado de una guerra no contribuye necesariamente a resolverla. Colombia, Ecuador, Perú, Honduras y Guatemala simplemente no lo mencionaron.
Cuando la economía reemplaza al derecho, el conflicto deja de tener responsables y pasa a ser un fenómeno, como el clima: se padece, pero no se juzga. La equidistancia uruguaya tampoco se sostiene: el deber de prevenir el genocidio obliga a todos los Estados parte, estén del lado que estén.
Caso llamativo el de Delcy Rodríguez. En su primera intervención como presidenta encargada no hubo una sola mención a su predecesor, Nicolás Maduro, detenido en una cárcel de Nueva York, la misma ciudad que semanas atrás acogió a los mandatarios del mundo. Tampoco hubo una palabra sobre Palestina, una causa que el chavismo llevó durante dos décadas a esa misma tribuna. Hubo, en cambio, un agradecimiento “al presidente Donald Trump y a su gobierno” por retomar las relaciones diplomáticas. Venezuela extendió su solidaridad “a todos los pueblos que sufren la guerra”, sin nombrar a ninguno. Cuba, su aliada histórica, habló de genocidio; Caracas guardó silencio.
Donde sí se habló de Palestina fue en el Caribe anglófono. Guyana reclamó el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a una patria segura. Barbados nombró Gaza y Cisjordania, y exigió que el veto no paralice al Consejo de Seguridad frente a un genocidio. Santa Lucía pidió que Palestina sea miembro pleno de Naciones Unidas, y San Vicente y las Granadinas, un alto al fuego permanente. Los Estados más pequeños del continente fueron los que no tuvieron miedo de nombrar. Guyana, además, firmó la declaración del Escudo de las Américas esa misma semana, lo que prueba que salir en la foto no obliga a callar. En 2024, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas reconocieron al Estado de Palestina. Para estos países sin poder militar ni económico, el derecho internacional es la única protección efectiva frente a los poderosos; defenderlo en el caso palestino es defenderlo también para sí mismos.
Este año no se formó un bloque en contra de Palestina: simplemente dejó de ser nombrada. Y no debemos dejar de hablar de Palestina.
Se extraña a Petro. Hace un año, fue claro en ese mismo recinto: “La diplomacia ya acabó su papel en Gaza (…) cada segundo cae un misil y destroza los cuerpos de bebés inocentes.” Hoy, en cambio, el nuevo gobierno colombiano ni siquiera apoyó que Mahmud Abás hablara por video. El 25 de octubre, los brasileños deciden si esa voz continúa o se apaga. No estará en juego solo un cambio de gobierno, sino la posibilidad de que un gobierno de la región siga alzando la voz ante esta injusticia.
En 2014, en La Habana, la CELAC proclamó a América Latina y el Caribe como zona de paz. Doce años después lo sigue siendo, pero calla ante la mayor injusticia de nuestro tiempo. Si antes nos unió la solidaridad, hoy nos une la sumisión. Pero que esa sumisión se quede en los gobiernos, no en los pueblos.
*Docente universitaria y doctoranda en Estudios Globales
