Argentina | Nos falta una maestra: sobre Nancy Estela Godoy, docente rural de Esquina, Corrientes – Por Alejandra Rizzo
Nos falta una maestra: sobre Nancy Estela Godoy, docente rural de Esquina, Corrientes
Por Alejandra Rizzo*
I. Mujer: la geografía de la soledad
Hay una imagen que no se va. Una mujer de cincuenta y dos años sale de su casa en Esquina, una localidad de la provincia de Corrientes, en el nordeste de Argentina, antes del amanecer, viaja en camioneta hasta la entrada de una estancia, sigue en vehículo hasta un puesto y desde ahí continúa a caballo, durante horas, entre bañados y pajonales, sin señal de teléfono, para llegar a una escuela donde la esperan ocho niñxs. No es una postal del siglo XIX, es la Argentina de octubre de 2026.
Nancy Estela Godoy era la directora suplente —y la única maestra— de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, una zona rural de Corrientes, en el nordeste argentino. Se quedaba toda la semana y volvía los viernes, si la lluvia lo permitía. La noche del 7 de octubre le escribió a su hijo que había llegado bien, fue lo último que se supo de ella. Veintiún días después, dos policías que rastrillaban a caballo encontraron su cuerpo semisumergido en un bañado de la misma estancia donde funcionaba la escuela; la autopsia preliminar habló de múltiples heridas de arma blanca. La Justicia lo investiga como femicidio.
Decir mujer no es sólo un dato del expediente, sino la primera clave de lectura. Nancy estaba sola en un territorio donde casi todo —el camino, el caballo, la llave, el techo para pasar la noche— dependía de personas que no eran ni su familia ni sus compañeros de trabajo, sino el personal de un establecimiento privado. Una mujer sola, lejos, sin forma de pedir auxilio: esa es exactamente la geografía que el femicidio aprovecha, la geografía de la desigualdad estructural. El patriarcado no necesita monstruos excepcionales, le alcanza con el aislamiento, con la dependencia y con la certeza de que nadie va a preguntar, ni investigar, durante días. Y eso fue exactamente lo que pasó. La denuncia por su desaparición recién se radicó el 15 de octubre. Ocho días en los que una maestra pudo no estar, sin que ninguna institución lo registrara.
II. Educación y sueño: limpiar una escuela con las manos
¿Por qué alguien acepta ese viaje? Porque hay personas que todavía creen —en serio, con el cuerpo— que la escuela es la promesa más radical que una sociedad puede hacerle a un niño o una niña: que el hijo o hija de un peón pueda leer el mundo que lo gobierna, que pueda nombrarlo, y que algún día pueda discutirlo.
Nancy no encontró una escuela, encontró una ruina. Cuando asumió en agosto, el edificio no tenía agua, los inodoros estaban tapados de tierra, había humedad, libros arruinados, bancos rotos, y no existía documentación de 2024, 2025 ni 2026: como si durante tres años la escuela hubiera dejado de existir para el Estado aunque lxs niñxs siguieran ahí. Sin embargo, Nancy necesitó dos días solo para limpiarla, la filmó, la describió como totalmente abandonada.
Ese es el sueño de una maestra rural, y conviene no idealizarlo: no es un sueño abstracto ni romántico. Es una bomba de agua. Paredes sin grietas. Un techo que no se llueva. Ventanas. Un registro de asistencia. El sueño de Nancy era que lo público fuera, simplemente, público: que ocho chicos de un paraje perdido tuvieran lo mismo que cualquier chico de la capital. Que ese sueño tan modesto haya resultado tan difícil dice más de nosotros que de ella.
III. Compromiso: la carta del 15 de agosto
El compromiso no es una virtud decorativa. Es una forma de negarse a naturalizar. El 15 de agosto, frente a padres y vecinos, Nancy dejó constancia escrita del estado de la escuela y la elevó al Consejo General de Educación. Hizo algo más: denunció que el director titular había ido al establecimiento apenas tres veces en dos años mientras seguía cobrando su sueldo.
Piénsese en lo que significa ese gesto. Una suplente, recién llegada, sin estabilidad, sin respaldo, en un lugar donde dependía de la buena voluntad ajena hasta para moverse, decide ponerlo todo por escrito. Hace el trabajo que el sistema no hacía: inspecciona, documenta, denuncia. Según quienes reconstruyeron el caso, la única inspección de la 626 que figura en algún papel en los últimos años es la que hizo ella misma.
La respuesta a esa carta fue el silencio. Todo fue enviado a la supervisión de zona y, según la prensa de la provincia de Corrientes, nunca hubo respuesta. Nadie puede afirmar hoy que una intervención educativa hubiera evitado el crimen; eso lo dirá la investigación. Pero sí se puede afirmar algo más grave: que el Estado sabía, por escrito, que había una mujer sola sosteniendo una escuela abandonada en el fondo de un campo, y no hizo nada.
IV. La tierra: una escuela pública dentro de un latifundio
La Escuela 626 no está en un pueblo, ni junto a una ruta, ni frente a una plaza. Está al fondo de El Curupí, una estancia privada de unas 12.000 hectáreas. Para llegar a una escuela pública había que atravesar una propiedad privada, con la logística, los vehículos y el personal del establecimiento. Los alumnos eran hijos de los peones de esa misma estancia.
Hay que decirlo sin rodeos: esa disposición del espacio es una forma social. En las provincias del latifundio, la estancia no es solo una unidad productiva; es una pequeña soberanía. Dentro de la tranquera, la autoridad efectiva no es el ministerio ni la comisaría: es el patrón y, en su nombre, el capataz. Quién entra, quién sale, quién lleva, quién trae, quién sabe y quién calla. Lo público, ahí adentro, vive como inquilino de lo privado.
No se trata de atribuir a los propietarios un delito que nadie les imputa. La investigación penal tiene que determinar quiénes mataron a Nancy, y los detenidos —entre ellos el capataz de la estancia— tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que haya sentencia. Pero hay una pregunta que no es penal sino política, y que ningún juez va a responder: ¿por qué, en la Argentina de este siglo, una escuela del Estado tiene que pedir permiso para existir dentro de un campo de 12.000 hectáreas? ¿Por qué la educación de los hijos de los trabajadores depende de la infraestructura del empleador de sus padres?
Esa es la vieja trama de la tierra concentrada: la renta que se apropia del territorio y deja al Estado el rol de huésped. Donde la tierra tiene dueño, todo lo que está adentro empieza a comportarse como si también lo tuviera. Incluido el silencio. Una escuela verdaderamente pública en ese lugar hubiera sido, ella sola, una grieta en ese orden: el único espacio de la estancia que no le pertenecía a nadie más que a los chicos. Nancy trabajaba en esa grieta.
V. Los sindicatos: llegar con el duelo, no con la defensa
El 29 de octubre, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional y a una jornada de duelo. Hubo movilización en el Obelisco, monumento de Buenos Aires, capital argentina, y frente a la Casa de Corrientes en Buenos Aires bajo la consigna «Nos falta una maestra». El sindicato docente SUTECO paró en la provincia. Mientras otros sindicatos del sector como CEA, UDA y AMET hicieron su propia convocatoria. CTERA exigió a los gobiernos provincial y nacional que asuman su responsabilidad por la precariedad, el aislamiento y la desprotección en que Nancy trabajaba.
Todo eso es legítimo y necesario. Pero también es tarde.
La carta de agosto existía. El abandono de la 626 constaba en un expediente oficial desde hacía dos meses. ¿Dónde estaba el delegado? ¿Quién de las conducciones gremiales sabía que había una compañera sola, sin agua, sin señal, sin pareja pedagógica, dependiendo de terceros para llegar a su lugar de trabajo? Los sindicatos docentes son fuertes donde hay asfalto, escuelas grandes y padrones nutridos. La maestra rural de escuela unidocente —que no llena una asamblea ni define una elección interna— queda fuera del radar. Para ella no hubo paro preventivo, ni denuncia pública, ni reclamo por las condiciones de seguridad: hubo paro de duelo.
Y aun en el duelo, la representación de los trabajadores de la educación apareció dividida en convocatorias paralelas. La fragmentación sindical no es un detalle de organigrama: es menos fuerza, menos presión, menos capacidad de convertir el dolor en conquista.
Un paro de 24 horas se agota en el día. Lo que Nancy necesitaba —y lo que necesitan hoy miles de docentes rurales— es otra cosa: un protocolo de seguridad para escuelas aisladas, traslado garantizado por el Estado y no por particulares, comunicación satelital en cada escuela sin señal, ninguna docente sola en un establecimiento remoto, supervisión real y verificable. Si los gremios no convierten este duelo en esa plataforma y la sostienen hasta conquistarla, el paro habrá sido un ritual. Y los rituales no protegen a nadie.
Y hay un silencio todavía más elocuente: el de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el sindicato que representa a los trabajadores rurales. Los alumnos de Nancy eran hijos de peones; el crimen ocurrió dentro de una estancia, en el corazón mismo del mundo que ese gremio dice representar. Sin embargo, su voz no aparece en los reportes públicos del caso. Un sindicato rural que no tiene nada que decir sobre lo que pasa tranqueras adentro —sobre el aislamiento, la dependencia del patrón y la escuela abandonada de los hijos de sus afiliados— deja de ser la defensa del peón para volverse parte del paisaje de la estancia.
VI. La política: el silencio y el eufemismo
Durante los veintiún días de búsqueda, la ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, no habló en público. Cuando lo hizo, dijo que había callado por respeto a la familia y a la investigación judicial. Anunció un sumario interno con pedidos de informes urgentes a la supervisora y al director anterior. Y anticipó una «reorganización» de las escuelas rurales, recordando que la provincia tiene 866, de las cuales 265 tienen menos de cinco alumnos.
Hay que leer con atención esa última frase, porque ahí está el peligro. Ante una maestra asesinada por la desprotección, la respuesta no puede ser cerrar escuelas pequeñas. Eso sería castigar a los chicos por el abandono de los adultos; sería completar, por vía administrativa, el vaciamiento que el crimen dejó al desnudo. Una escuela con ocho alumnos no es un gasto ineficiente: es la única presencia del Estado en un paraje. Cerrarla es entregarle definitivamente el territorio a la tranquera.
El sumario llega tarde, y llega hacia abajo: a la supervisora, al director ausente. Están bien las responsabilidades administrativas, pero la pregunta política es otra. ¿Quién diseñó un sistema en el que un director puede cobrar dos años sin ir, una escuela puede pasar tres años sin registros, una denuncia escrita puede quedar sin respuesta y una mujer puede desaparecer ocho días sin que nadie lo note? Eso no es la falla de un funcionario. Es una forma de gobernar el interior: presente para la foto de inauguración y para el pésame, ausente todos los demás días. Los hijos de Nancy pidieron la renuncia de la ministra. Tienen derecho a pedirla.
Tampoco el Estado nacional puede mirar hacia otro lado. La retirada de lo público del territorio rural —en educación, en conectividad, en caminos, en seguridad— no es un problema correntino: es un problema federal, y el caso Nancy es su síntoma más brutal.
VII. Lucha: lo que nos deja
La lucha de Nancy no fue épica. Fue una carta, dos días de limpieza, un video grabado con el celular, horas a caballo cada semana, un pedido por una bomba de agua. Fue la lucha más difícil de todas: la de no acostumbrarse.
La nuestra tiene que estar a su altura. Justicia penal, primero: que se esclarezca todo, que se juzgue a quienes resulten responsables, que se investigue cada hipótesis sin apuros ni encubrimientos. Pero también justicia social, que es la que ningún tribunal dicta:
que ninguna docente trabaje sola en una escuela aislada;
que el traslado sea responsabilidad del Estado, no favor de un particular;
que toda escuela rural tenga agua, luz y forma de comunicarse;
que cada denuncia escrita tenga respuesta, plazo y responsable;
que ninguna escuela pública dependa de una tranquera privada;
que no se cierre ni una escuela rural en nombre de la «eficiencia».
Desde que Nancy desapareció, la Escuela 626 está cerrada. Ocho chicos se quedaron sin maestra. El mejor homenaje posible no es una placa, es que esa escuela vuelva a abrir con agua, con dos docentes, con un camino propio y con el Estado adentro. Que ningún chico tenga que aprender a leer en un lugar donde su maestra no estaba a salvo.
Ni una docente menos no puede ser solo una consigna. Tiene que ser una política.
Nos falta una maestra. Se llamaba Nancy Estela Godoy. Y tenía razón.
Nota: los datos corresponden a lo informado públicamente hasta el 30 de octubre de 2026. Las personas detenidas están imputadas y no condenadas; rige para ellas la presunción de inocencia.
*Alejandra Rizzo, es militante feminista argentina e integrante de la Colectiva Feminista Aquelarre en la provincia de San Luis, Argentina. Analista de NODAL
