El gobierno de El Salvador analiza transición a modelo mixto de jubilaciones

“Se puede ser equitativo en el sistema de pensiones, pero no en uno totalmente privado, ya que el sistema privado ha demostrado que no puede resolver ni la pensión individual”, planteaba esta semana la diputada y dirigente del FMLN, Lorena Peña, mostrando su descontento, como lo hiciera más de 15 años atrás, con el sistema privado de pensiones.

Las declaraciones de Peña a un conocido programa de radio, vinieron precedidas del interés que tendría el FMLN por estudiar un modelo de pensiones en el que intervenga el modelo público y privado, para lo cual se conocerá la experiencia de otros países que ya lo contemplado

“Nosotros lo estamos estudiando. No hay una propuesta configurada, pero estamos en la fase de estudio”, señaló la diputada a ContraPunto.

No obstante, el entusiasmo por conocer modelos que han pasado de un modelo privado a uno de corte mixto es real y Peña ya anunció que en la comisión legislativa que ella preside, la de Hacienda y Especial de Presupuesto, ya está en agenda conocer el modelo mixto que se tiene en Uruguay.

La próxima semana, una delegación de diputados de la Comisión viajaría a Uruguay para cubrir una agenda del Banco de pensiones de dicho país, a la vez de reuniones con las AFP que allí operan, según confirmó Peña.

La diputada establece que estudiarán la reforma uruguaya para pasar de un modelo privado a uno mixto, en el que, las pensiones se manejan con una cuenta de acumulación individual (de índole público) y otra cuenta de reparto social (pública).

Asimismo señala que se estudiará el mecanismo de tasa de retorno usado en Uruguay, la política de género y la política de inversión usada en la nación sudamericana.

Lo que ahora tiene claro Peña es que su partido se niega a incrementar la edad de pensión o reducir la rentabilidad de las pensiones.

El problema en corto

Por hoy, los escenarios posibles del tema previsional forman parte de las peores pesadillas de especialistas económicos y es reconocido por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, como una de sus principales preocupaciones, aunada a los débiles niveles de crecimiento económico.

La deuda previsional suma 21.688,13 millones de dólares y aporta un 2.1por ciento al índice deficitario del país, que ronda 3.4 por ciento. Estas constituyen cifras divulgadas por Hacienda.

La última acción efectuada en este orden fue el aumento que se hizo en 2012 al monto de adquisición de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a las AFP del 30 al 45 por ciento del activo de fondo de pensiones.

Esta metodología ameritó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, que ya está estudiando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al respecto, el ministro Cáceres sostuvo en la rendición de cuentas de su cartera, que si la emisión de CIP es declarada inconstitucional, el gobierno no podría pagar las pensiones de los salvadoreños.

El funcionario cuestiona también lo que a su juicio es una “falta de voluntad política” para afrontar este tema y anunció que el gobierno estudia poner un piso y un techo a las emisiones de CIP, para intentar mitigar la situación.

 

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