Uruguay: aprueban ley que rediseña la educación militar y policial

La Cámara de Senadores aprobó ayer la ley que rediseña la educación militar y policial. Diputados deberá aprobar las modificaciones introducidas por la cámara baja.

La senadora Lucía Topolansky, miembro informante por el Frente Amplio, sostuvo que el objetivo del proyecto es lograr la “integración sin desdibujar las profesiones. Hay una formación general de ciudadanía y después hay especificados. Reconocemos que no es sencillo y es el desafío que tendrán las autoridades en la formación para lograrlo. La inamovilidad, no transforma nada”.

El proyecto define la educación policial como un sistema integrado por educación policial media y policial terciaria y cursos técnicos de carácter universitario y posgrados.

Señala además que “el objetivo de la educación militar sea fomentar una formación profesional que permita adquirir conocimientos, capacidad de análisis y formación crítica”.

Durante la sesión hubo un intercambio respecto al principio de disciplina. En la iniciativa que se convertirá en ley se contempla el principio de disciplina para militares pero no para policías, tema que para Topolansky está implícito.

“Los liderazgos y la disciplina se necesitan para todas las profesiones. El líder no impone, convence. Si lo miramos en cualquier disciplina funciona así. Nosotros para desarrollar debemos tener un plan y cumplirlo disciplinadamente. Esta ley que se enmarca en la ley de Educación, no lo dice explícitamente, para la policía, pero está implícito”, añadió Topolansky.

Armas: Diputados aprueba regulación

El proyecto que regula y penaliza la tenencia y tráfico de armas será debatido en el plenario de la cámara de Diputados el próximo martes. El presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, Aníbal Pereyra del MPP, informó a LA REPÚBLICA que la iniciativa fue aprobada ayer y se votará en el plenario de Cámara el día 20. Por las modificaciones que le introdujo la Diputados, el proyecto pasará al Senado para sancionarlo al día siguiente.

El proyecto penaliza con prisión el porte o tráfico de armas, establece un registro para quienes usen armas y otorga un plazo de 12 meses para que regularicen o entreguen las armas quienes no c cuentan con habilitación.

 

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